La Comisión de Explotación del Trasvase solicita al Consejo de Ministros un desembalse de 48,8 hectómetros del Tajo, de los que 11 se destinarían a la agricultura

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura decidió ayer, en su última reunión del año 2007, solicitar al Gobierno una transferencia de 48,8 hectómetros cúbicos desde los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía- tanto para abastecimiento como para regadío. Desembalse que deberá ser aprobado hoy por el Consejo de Ministros.Para los comuneros murcianos y alicantinos los 11 hectómetros que se destinarán al campo «saben a poco», según indicó ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, ya que habían solicitado 60 hectómetros, teniendo en cuenta que en la cabecera del Tajo hay actualmente 322 y, según las reglas de explotación del acueducto, por encima de los 240 todo es trasvasable. De los 48,8 hectómetros propuestos por la Comisión de Explotación al Gobierno central para los próximos tres meses, 37,8 se destinarán a consumo humano, de los que 33,3 serán para las comunidades abastecidas por la Mancomunidad de Canales del Taibilla y los 2,5 restantes serán para los municipios de Almería que se sirven del trasvase.Del Amor explicó que aún quedan por llegar 20 hectómetros de los 69 que se aprobaron en la reunión de octubre y que «aunque parece complicado, esperamos que se solucione este problema y los Reyes nos echen agua porque no se le puede pedir más sacrificio a los regantes».Los 11 hectómetros que, previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros, deben servir para regar los cultivos del Segura durante los próximos tres meses, sin embargo, el presidente de los regantes no descarta que si se produjera una mejoría en la situación de cabecera del Tajo vuelvan a solicitar una reunión extraordinaria. Aunque aseguró que tanto la vicepresidenta del Gobierno como las ministras de Agricultura y Medio Ambiente dejaron claro que hasta que no pasen las elecciones de marzo no habrá un nuevo encuentro, por lo que dijo que «si hubiera un cambio de Gobierno deberíamos empezar otra vez de cero».Los regantes de Alicante valoraron ayer «el esfuerzo» de la Comisión de Explotación al pedir «un riego de socorro», aunque puntualizaron que los 11 hectómetros serán «insuficientes». Mientras que el director general del Agua del Ministerio, Jaime Palop, recordó que España se encuentra en «registros secos históricos» y agradeció el esfuerzo que está realizando el conjunto de la población. Desde el Gobierno murciano, el director general del Agua, Miguel Ángel Ródenas, consideró «un parche» la propuesta ya que «con esa cantidad sólo se atendería la sexta parte de las peticiones de los regantes» y comparó «los 322 hectómetros de la cabecera del Tajo con los 19 de la cuenca del Segura».Por su parte, el director del Agua de Castilla-La Mancha, Fernando Ortega, consideró «imprudente» e «injusto» que se puedan trasvasar 11 hectómetros para regadío al Segura, «ya que no hay problemas para los cultivos». Además, según datos de Medio Ambiente, los pantanos del Segura tienen unas reservas de 161 hectómetros, por lo que ganan siete hectómetros cúbicos en relación a la semana pasada.

Con las obras contempladas se pone fin con un año de antelación a las obras del PNR, superando la inversión inicialmente prevista en el 216% y la superficie afectada en el 105%. Una cantidad similar será aportada por los usuarios afectados, invirtiéndose así, a través de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias, un total de 175,6 millones de euros

28. Diciembre ´07 – El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se aprueba la financiación para las obras con las que se cierra, con un año de antelación sobre el plazo previsto, el Plan Nacional de Regadíos. La financiación extraordinaria aprobada para inversiones en estas últimas obras de mejora y consolidación del regadío del primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos, es de 87,8 millones de euros, con los que se incrementan el capital social conjunto de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias para finalizar las actuaciones programadas.

El Plan Nacional de Regadíos (PNR) tenía como horizonte de terminación el 31 de diciembre de 2008. Además del adelantamiento de la fecha de finalización, este Plan ha sido superado, tanto en términos de inversión, como de superficie, y muy ampliamente en lo que respecta a mejora y consolidación de regadíos (216 % en términos de inversión y 105% en superficie). Sin embargo, restaba, de manera especifica en determinados territorios, acometer algunas obras contempladas en el PNR, que se abordan en el presente Real Decreto, poniendo fin y culminando los objetivos previstos en el PNR, con un año de antelación.

Para ejecutar el programa de mejora y consolidación de regadíos pendiente, SEIASA del SUR y ESTE recibirá 17,8 millones de euros para las obras en su ámbito de actuación territorial, SEIASA de la MESETA SUR16,8 millones de euros, SEIASA del NORTE 32,8 millones de euros y SEIASA del NORDESTE un total de 20,4 millones de euros.

Los usuarios afectados aportarán también la misma cantidad, invirtiéndose de esta manera, y a través de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias un total de 175,6 millones de euros para acometer las últimas obras del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008.

De esta manera, y mediante un esfuerzo financiero, se pondrá a disposición de las SEIASAS el presupuesto necesario para la ejecución de las obras, al haberse utilizado los recursos del Plan Nacional de Regadíos en las actuaciones necesarias que exigían las necesidades de modernización de infraestructuras y el ahorro de agua del Plan de Choque de medidas urgentes para la mejora y consolidación de regadíos.

En todas las obras previstas, se tendrá como elemento destacado la creación de setos vivos en las lindes, la regeneración de elementos de lagunaje y las medidas necesarias para mejorar y conservar la flora y la fauna de la zona de actuación.

Sabido es que el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de Aragón contra el artículo 17.1 (en la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2006) del Estatuto de la Comunitat Valenciana. Dentro del Título II de la norma de cabecera autonómica («De los derechos de los valencianos y valencianas») se vino en introducir un «derecho madre» como es el de «abastecimiento», y, derivativamente, dos expresiones del mismo como son: a) el derecho a los sobrantes de cuencas que sean excedentarias; y b) el derecho a una cantidad de agua de calidad. No obstante lo cual, al menos en este aspecto, se hizo bien, en la medida en que estableció para los dos primeros, dos condiciones o sujeciones exógenas: a) el criterio de «sostenibilidad»; y b) el sometimiento al dictado de la «Constitución y a la legislación estatal» (Ley de aguas y Plan Hidrológico Nacional). Y respecto del derecho a una cantidad de agua de calidad se señala que aquélla garantía se hará «de acuerdo con la ley».
El gobierno de Aragón entendió que había plurales vicios de inconstitucionalidad en esa norma. Así, consideraba -con el reconocimiento de tales derechos estatutarios- que a) se excedía o desbordaba el contenido constitucionalmente lícito de un Estatuto de Autonomía. El TC responde que el contenido estatutario no puede entenderse de acuerdo con una interpretación literal del artículo 147 CE que refleja el «contenido mínimo», coligiendo que, aparte los cuatro subapartados referidos en aquél, todo Estatuto de Autonomía puede «regular aspectos complementarios a los señalados tanto en su dimensión material como organizativa», y máxime cuando afecta a las condiciones de vida de sus ciudadanos, teniendo como tiene la Comunitat Valenciana competencia en materia hidráulica. Igualmente, b) consideraba el recurso que con aquel precepto valenciano se rompía la «igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en cualquier parte del territorio español», vulnerando, por ende, el artículo 139.1 en relación con el artículo 149.1 CE. El TC dice que no le infringe. Que lo garantizado no es derecho fundamental (no podría serlo por más que se intentara), ni derecho subjetivo. No se está ante un derecho constitucional. Se está, tan sólo, ante un mero principio rector de la política social y económica y que sólo vincula y mandata a los poderes públicos valencianos dentro de su haz competencial, y a nadie más. Es decir, que se está ante una inequívoca autoexigencia autonómica no proyectable hacia el exterior.
Decía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno de Aragón que conculcaba aquel precepto, además, c) las competencias estatales en materia de agua (aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma). Pero, de forma clara y nítida, el TC señala que no vincula al Estado aquel pronunciamiento normativo contenido en el artículo 17.1. Tampoco zahiere la garantía institucional de dominio público hidráulico, ni, consecuentemente, los principios de equilibrio territorial ni de solidaridad. Argüía, además, el gobierno de Aragón en su recurso que d) ese reconocimiento afectaba a diversas competencias de la misma Comunidad Autónoma Aragonesa. El TC señala que no perturba su ejercicio. E igualmente se argumentaba, por último, que e) el reconocimiento de ese derecho por el Estatuto valenciano no tenía acogida en la interpretación internacionalista de los derechos y libertades fundamentales del artículo 10.2 CE, considerado como un derecho emergente de tercera generación. Se indica que el artículo 10.2 CE se refiere a «los derechos fundamentales y a las libertades públicas que la CE reconoce y que exige deban ser interpretadas conforme a la Declaración Universal y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es cierto que sólo se habla de «derechos fundamentales», y el derecho al agua no lo es, aunque se trate de un derecho emergente de tercera generación. El TC concluye que los tratados internacionales no constituyen canon de constitucionalidad de los derechos, sino elementos de interpretación de los constitucionalmente proclamados. Recordemos, que este derecho al agua no está proclamado en nuestra Constitución de 1978.
No puede haber, pues, lecturas interesadas de la sentencia, porque la resolución es muy clara, aparte de repasar constitucionalmente el papel del Estatuto Autonómico, y los principios constitucionales que asientan el modelo autonómico. Así, en modo alguno mandata -como se ha dicho por ahí- al Estado a establecer lo necesario para propiciar trasvase alguno. Esa es constitucionalmente la realidad. El vicepresidente del Consell señalaba, en reacción a la resolución del Constitucional, refiriéndolo al derecho de los valencianos al agua sobrante recogido en el EA, que ello era «un derecho plenamente constitucional, como así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional». Bueno, pues hay que indicar que ello no responde a la verdad. Que el fundamento jurídico 20 de la sentencia señala literalmente que «el precepto estatuario (refiriéndose al artículo 17.1 Estatuto valenciano) tampoco quebranta el artículo 149.1.1 CE (competencia exclusiva del Estado: regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales), pues no estamos ante un derecho constitucional, por lo que, de acuerdo con nuestra doctrina, expuesta supra FJ 17, no cabe proyectar sobre el mismo la señalada regla constitucional». Lo más que podemos decir es que, al menos sobre ese precepto, no hay tacha constitucional alguna, y eso nos debe de alegrar a todos los valencianos.

Justo Gil Sánchez es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante.

La vicepresidenta segunda de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, aseguró ayer en Cuenca que el Gobierno regional es absolutamente contrario a que el Consejo de Ministros apruebe mañana viernes un nuevo trasvase desde la cabecera del Tajo al Levante.

Araújo, a preguntas de los periodistas en la inauguración del Parque Rústico de la ciudad de Cuenca, indicó que la Junta no comparte la posibilidad de que se apruebe una derivación de agua porque «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable, y eso es lo que dice la ley que hay que analizar en primer lugar».

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura se reunirá hoy para analizar la situación en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo y realizar una propuesta al Consejo de Ministros para que estudie un posible riego de socorro para los regadíos de la Cuenca del Segura.

La Comisión, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop, se reúne un día antes del último Consejo de Ministros del año, donde la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trasladará la necesidad de realizar un riego de socorro para la agricultura en la cuenca del Segura.

María Luisa Araújo manifestó que el Gobierno regional es contrario a este trasvase, pues «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable». Añadió, asimismo, que desde la Junta de Comunidades «tampoco creemos que se den las circunstancias que hagan imprescindible esta derivación en la cuenca cedente, y por eso esperaremos la decisión, pero anticipamos que nuestra posición es absolutamente contraria».

Entre tanto, el Sindicato Central de Regantes ha indicado que se necesitan 60 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año en la cuenca del Segura. Según la última medición facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha registrado un descenso de nueve hectómetros cúbicos y se sitúa en 322 hectómetros cúbicos, el 13,01% de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó por última vez un trasvase el 5 de octubre, cuando decidió enviar al Segura 69 hectómetros cúbicos durante el último trimestre de 2007, el primero del año hidrológico, de los que 37,6 han ido para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240 hectómetros cúbicos, reserva mínima por debajo de la cual no se puede trasvasar.

Las reservas de agua siguen muy bajas en los embalses de los ríos Júcar y Cabriel y los agricultores de la comarca valenciana de la Ribera, que se surten de ellos para regar, temen que el próximo verano se impongan serias restricciones, a no ser que mejore la situación en los próximos meses con lluvias extraordinarias en las cabeceras de las cuencas. Para intentar la salvación de sus cultivos, algunos productores intentan recuperar viejos pozos que han estado abandonados, pero las soluciones que plantean, que son posibles desde el punto de vista técnico, chocan con la actual legislación en materia de aguas. Probablemente van a tener muy difícil conseguir las autorizaciones necesarias.

Algunos agricultores de la Ribera ya han intentado legalizar sus viejos pozos y perforaciones ante la autoridad en la materia, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se han encontrado con la sorprendente respuesta de que no es posible resolverles sus casos, al menos como ellos desean, según informan los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Pozos de Riego, adscrita a la organización agraria AVA-ASAJA.

La respuesta oficial que les han dado a estos solicitantes consiste en que tendrían que renunciar a sus derechos de agua del río (que tienen como regantes de la Acequia Real del Júcar u otras comunidades a las que pertenecen) y seguir un largo camino para poner en marcha sus pozos con todas las de la ley, constituyéndose en comunidades aparte.

Pero lo primero que ocurre es que estos agricultores no quieren renunciar bajo ningún concepto a sus derechos de agua del río, naturalmente; sólo buscan aportar soluciones particulares de emergencia, para salvar esta época de aguda sequía y con sus propios medios, sin reclamar ayudas económicas.

El problema principal estriba en que la ley de aguas no contempla una peculiaridad muy propia del campo valenciano, donde muchos agricultores cuentan con alternativas para poder regar, y si falla una acuden a otra (de río y de pozo o de varios pozos), sino que la norma impone la obligación de contar con una única fuente.

Derechos entrecruzados
El objetivo que se busca es, presumiblemente, el de evitar despilfarros y promover el ahorro, pero resulta evidente que si un agricultor cuenta con derechos de agua de más de un sitio, y se los ha costeado de su bolsillo, no es una inversión que se haya hecho por capricho, ni con la intención de regar un mismo mampo ahora de una fuente y mañana de otra. A esto se ha llegado por la evolución natural de las cosas. Las sucesivas sequías han dejado exhaustos ríos y pozos y los agricultores, si han tenido alguna opción, la han buscado y la han pagado.

Por eso existen multitud de pozos, en zonas de huertas de las planas litorales y valles fluviales, de los que son propietarios agricultores y agrupaciones de regantes que normalmente riegan con agua de río, pero si esta falla, recurren al pozo. Y si un pozo falla, se recurre a otro. De ahí que sea habitual que muchos agricultores sean socios de más de un pozo a la vez. Algo que los funcionarios de la administración hidrológica no acaban de entender y que suscita innumerables problemas, hasta el punto de exigir que se evite lo que se denomina como ‘solapamiento’ de parcelas. Cada parcela se entiende que debe regar de una fuente única. Y si se han de poner soluciones de emergencia, ya lo hará la Administración.

De hecho, tanto la Confederación Hidrográfica como la Generalitat han aflorado en los últimos años innumerables ‘pozos de sequía’ para reponer parte de los caudales que escasean en los ríos. Sin embargo no se está a favor -por ahora- de reconocer la ayuda ejemplar de los agricultores que pretende recuperar con el misma finalidad sus viejos pozos olividados.

Como en las últimas décadas no hicieron falta estos pozos, nadie se preocupó de inscribirlos en el Catálogo de Aguas Proivadas. Ahora han pasado todos los plazos posibles. La única opción sería constituir nuevas comunidad de regantes, pero para eso deberían renunciar a pertenecer a las que encuadran actualmente a estos usuarios para emplear el agua del río, y eso no lo van a hacer. En ocasiones, la burocracia complica en exceso soluciones que a pie de campo se ven lógicas y fáciles.

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura se reunirá mañana para analizar la situación en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo y realizar una propuesta al Consejo de Ministros para que estudie un posible riego de socorro para los regadíos de la Cuenca del Segura.

La Comisión, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop, se reunirá un día antes del último Consejo de Ministros del año, donde la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trasladará la necesidad de realizar un riego de socorro para la agricultura en la cuenca del Segura.

La vicepresidenta segunda de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, ha manifestado hoy que el Gobierno regional es absolutamente contrario a dicho trasvase, pues «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable»

El Gobierno castellanomanchego ha subrayado que no aprecia «que se den las circunstancias que hagan imprescindible esta derivación en la cuenca cedente».

Entre tanto, el Sindicato Central de Regantes ha indicado que se necesitan 60 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año en la cuenca del Segura.

Según la última medición facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha registrado un descenso de nueve hectómetros cúbicos y se sitúa en 322 hectómetros cúbicos, el 13,01 por ciento de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó por última vez un trasvase el 5 de octubre, cuando decidió enviar al Segura 69 hectómetros cúbicos durante el último trimestre de 2007, el primero del año hidrológico, de los que 37,6 han ido para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240 hectómetros cúbicos, reserva mínima por debajo de la cual no se puede trasvasar.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) celebró hoy en Albacete la última reunión anual de su Junta de Gobierno, aunque habitualmente este tipo de reuniones se celebran en la sede de la Confederación en Valencia.

En esta reunión, la última del año, se tratarán asuntos relacionados con la planificación hidrológica, y la delicada situación que debido a la sequía tiene el Júcar, sobre todo en la zona alta, otro aspecto inusual, debido a la ausencia de lluvias en los tramos alto y medio del río.

En el orden del día, según señaló el jefe de la oficina de planificación, Javier Ferrer, destaca la preparación de los trabajos previos al borrador del plan hidrológico de cuenca, que deberá estar acabado a finales de 2008, adaptándolo a la directiva marco del agua.

En lo que se refiere a la situación del río, en el cuarto año de sequía se ha planteado por segundo año consecutivo una oferta pública de adquisición de derechos de riego en la Mancha Oriental, con fines medio ambientales, que de llevarse a efecto en su totalidad alcanzarían los 50 hectómetros cúbicos, garantizando los riegos de primavera, y cultivos hortícolas de verano.

Esta medida afectaría a un total de 25.000 hectáreas, y un desembolso económico para la Confederación de 12 millones de euros, pagándose entre 0’20 y 0’25 euros el metro cúbico. Esta oferta pública de adquisición de derechos de agua de riego, supondrá para los agricultores que se acojan el 5 por ciento de sus derechos.

Sobre las previsiones de utilización de aguas subterráneas, tanto el comisario Manuel Alcántara, como el jefe de planificación Javier Ferrer han señalado, en rueda de prensa, que se podría disponer de entre 300 y 320 hectómetros cúbicos para la próxima campaña, aunque todo depende de la evolución de aquí al mes de marzo, y los niveles pluviométricos que se recojan.

Lo que todavía es prematuro, señalaron, es conocer la cantidad de aguas superficiales de la que podrán disponer los regantes de la Mancha Oriental, para sustitución de bombeos en la próxima campaña de riegos.

El jefe de planificación hidrológica, Ferrer, a preguntas de los periodistas señaló que aunque mediaticamente los textos de los estatutos de autonomía, puedan afectar a la planificación hidrológica, la competencia en las cuencas intercomunitarias es exclusivamente del Estado, aunque en las confederaciones tengan representación las entidades regionales y locales, además de los propios usuarios.