La Comisión Europea ha expresado de nuevo su apoyo al actual trazado del trasvase Júcar-Vinalopó y ha rechazado la última queja en contra del proyecto. En una carta remitida el 2 de octubre a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que se opone a la obra en marcha, la dirección deneral de Política Regional destaca que la conducción -con la toma de agua en el Azud de la Marquesa- «puede aportar la solución adecuada, sostenible a largo plazo e integral de la gestión de aguas en la cuenca del Júcar». Añade la carta que el trasvase vigente, que el Gobierno modificó tras un exhaustivo análisis, «se completa con las desaladoras» aprobadas «y la mejora de la depuración de la cuenca» del Júcar. Todo ello redundará en la «recuperación de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Vinalopó».

Bruselas rechaza así la última propuesta de la Junta Central, que tras pedir que se retomara la toma origional del agua en Cortes de Pallás, pasó a exigir una nueva en Antella. Examinada la documentación aportada por la Junta y comparada con la solución actual, «la Comisión no considera que la alternativa mejore la propuesta de las autoridades españolas» que, además, ha recibido una ayuda de 120 millones de euros. Es más, la dirección regional afirma que el trazado en obras aportará más agua que desde Antella.

Las autoridades europeas advierten que «el tema de la conducción Júcar-Vinalopó está suficientemente examinado» e invitan a la Junta Central «a trabajar junto» al Gobierno en este proyecto. Los usuarios del Vinalopó, apoyados por la Generalitat, han intentado sin éxito que la Comisión apoyara su pretensión de mantener el trasvase original, rechazado por los regantes del Júcar, entre otros.

El Ministerio de Medio Ambiente destacó que la decisión de Bruselas «supone el apoyo a la política medioambiental del programa Agua», basado «en la sostenibilidad y la gestión integral de los recursos».

Acueducto Tajo-Segura

La Comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura propuso ayer al Consejo de Ministros un trasvase desde la cabecera del Tajo para este trimestre de 69 hectómetros cúbicos, de los que 37,6 serán para consumo humano y 31,4, para regadío. Tras la reunión, el director general del Agua, Jaime Palop, recordó que la sequía persiste en los embalses de Entrepeñas y Buendía.No obstante, la situación es mejor que la de los dos años anteriores «por la política de cautela» mantenida ante la sequía y por ser respetuosos con esas reglas de explotación del acueducto, añadió.

El trasvase garantiza el suministro de 2,5 millones de personas que abastece la Mancomunidad de Canales del Taibilla, entre ellas buena parte del sur de la provincia de Alicante. El Gobierno de Castilla-La Mancha, como en otras transferencias del Tajo-Segura, manifestó su oposición a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto por la «escasez» de agua en los embalses.

La Comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura propuso ayer al Consejo de Ministros una transferencia para el trimestre de 69 hectómetros cúbicos, máximo permitido, de los que 37,6 serán para consumo humano y 31,4, para regadío.

El director general del Agua, Jaime Palop, recordó que la sequía persiste en los embalses de Entrepeñas y Buendía, por lo que será el Gobierno el que lo autorice. Palop indicó también que, en cualquier caso, la situación es mejor que la de los dos años anteriores.

El Gobierno de Castilla-La Mancha manifestó su oposición por la escasez de agua en los embalses de cabecera del Tajo, ya que Entrepeñas y Buendía tienen almacenados 353 hectómetros cúbicos, una cifra que representa el 14% de su capacidad total. Adujeron que no está justificada la necesidad de agua para regadío, ya que no está en peligro la supervivencia por las últimas lluvias.

Pero la última palabra la tiene el Consejo de Ministros de hoy que, además, estudiará la situación hidrológica en España, la sostenibilildad de la costa y las obras contra la sequía. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentará tres informes de evaluación.

Unión Europea
Precisamente ayer el responsable de la Comisión Europea (CE) sobre los fondos para la Comunitat, Georgios Peroulakis, visitó las obras de la desalinizadora de Torrevieja, una de las infraestructuras hidráulicas emblemáticas del Gobierno. Cuenta con un presupuesto de 215 millones de euros (55 de ellos aportados por la UE). Peroulakis afirmó que existen contactos la Generalitat “para trabajar todos y que todo se cumpla en su tiempo”. García Antón indicó ayer, por su lado, que hay dudas “de que lleguen los fondos europeos ante la falta de trámites no cumplimentados por el Ministerio como la declaración de vertidos o la evaluación de impacto integrada”.

La empresa Acuamed tiene asignadas subvenciones europeas en la Comunitat Valenciana por un valor de 365 millones de euros hasta 2013, según informaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, quienes añadieron que estas ayudas, que en el período 2000-2006 ascendieron a 116 millones, “se duplicarán en el período 2007-2013”.

Por otro lado, la Comisión ha rechazado la petición de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó para realizar la toma del trasvase en Antella de forma que avala el proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, según fuentes de la Delegación del Gobierno. La Comisión considera, de esta forma, que la toma en el Azud de la Marquesa, junto a las desalinizadoras y la depuración de la cuenca “aporta la solución adecuada, sostenible a largo plazo” al problema hídrico.

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, explicó ayer sus prioridades para esta legislatura, entre ellas, conseguir que el cien por cien de los regadíos estén modernizados para optimizar los recursos hídricos, y que la reforma de la OCM del vino sea favorable y «se preocupe» del viticultor.

Gómez compareció ante la Comisión de Agricultura de las Cortes regionales para exponer las políticas en materia agraria que se van a seguir en los próximos cuatro años, que vendrán marcados por la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino y que, según la diputada popular Encarnación Naharro, es uno de los mayores problemas de la agricultura regional.

La consejera, que hizo un repaso de la situación actual de la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha, señaló que la optimización de la gestión de los recursos hídricos, para aumentar el ahorro de agua, es fundamental, por eso hay que tender a la modernización del cien por cien de los regadíos, aunque ya lo están el 92% de ellos, frente a, por ejemplo, el 72% de Murcia.

Una «única voz»

En cuanto a la OCM del vino, apuntó la necesidad de que en la comunidad autónoma haya una «única voz» y se mantenga firme en sus planteamientos, esto es, la defensa del viticultor, la diversificación de la producción con mosto y alcohol vínico, puesto que no hay salida en el mercado para tanto vino, y la mejora de la promoción y la comercialización.

Desglosó los dos ejes de ayudas al sector: la Política Agrícola Comunitaria (PAC), mediante el pago único, y el programa de Desarrollo Rural.

En relación con la PAC, se destinarán más de 3.000 millones de euros del sector público para mejorar el nivel de renta de los agricultores y ganaderos, quienes tendrán que realizar trámites más ágiles y sencillos. El programa de Desarrollo Rural, por su parte, recoge todas las actuaciones que se van a llevar a cabo entre 2007 y 2013, cofinanciadas por los fondos europeos Feader, entre las que recordó las ayudas a los agricultores jóvenes, entre 18 y 40 años, para su primera instalación, que pasan de los 20.000 euros actuales a los 34.000 y pueden llegar hasta 40.000.

También se establecen ayudas a la jubilación anticipada en el sector agrario, la implantación de servicios de asesoramiento y la modernización de las explotaciones, así como ayudas a las empresas y cooperativas agroalimentarias que crean riqueza y mano de obra. El citado programa también comprende ayudas agroambientales, por vez primera las destinadas al fomento de los agrosistemas de secano, la apicultura y la ganadería ecológica, y refuerza las que ya había para la agricultura ecológica y las razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción. Durante la presente legislatura se duplicarán los recursos para la comercialización y promoción de los alimentos de la comunidad autónoma, con el fin de competir en los mercados internacionales y fomentar su consumo y, en este sentido, la consejera dijo que ya se está trabajando en la puesta en marcha de la marca Alimentos de calidad diferenciada.

La posición del PP

También se está trabajando con las organizaciones agrarias para extender la contratación de seguros agrarios mediante fórmulas más atractivas para los agricultores.Mercedes Gómez recordó, por otra parte, que ya se ha solicitado al Ministerio de Agricultura el adelanto de las ayudas de la PAC al ovino, que se llevará a efecto a partir del 1 de noviembre, debido al «momento delicado» que atraviesa el sector, y añadió que se anticipará el 50% de las subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitaria para todas las especies ganaderas.

Por su parte, la portavoz del grupo popular en la Comisión de Agricultura, Encarnación Naharro, indicó que entre los principales problemas que hay en la región está la «crisis tan tremenda» que afecta al sector ganadero, así como la reforma de la OCM del vino cuya negociación está empezando. Consideró también que las materias de agua y desarrollo rural deberían incluirse en las competencias de Agricultura y lamentó los robos que han sufrido los agricultores el verano pasado.

Los estatutos de autonomía sobrevuelan las Comunidades españolas. Cada Gobierno regional «barre para casa» e intenta moldear un texto que proteja y defienda los intereses de cada territorio. Murcia, que no quiere «ver pasar el tren», se ha puesto a pulir su documento en base a dos grandes áreas: agua y financiación autonómica.
   Por tal motivo, el portavoz del PP en esta zona del levante, Juan Carlos Ruiz, recalcó ayer, en base al documento, que «éste debería incluir el modo de financiación, ya que de no ser así no veríamos ni un euro» procedente del Ejecutivo de la Nación. Y es que mucho se ha hablado, en los últimos días, acerca del monto económico que el Gobierno dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero va a enviar a un territorio gobernado por la mano popular, que no lleva rosa, y que actualmente es un bastión de la formación liderada por Mariano Rajoy.
   El partido político más votado en Murcia en las pasadas elecciones del 27-M denunció que a los Presupuestos Generales de 2008 les faltaban más de 500 millones de euros para equilibrar lo no ejecutado en la Comunidad en 2007. La no llegada de ese «pellizco» supone, según el diputado del PP, Andrés Ayala, que «la Región se quede en el 49 por ciento de la media de crecimiento de las inversiones de las demás Comunidades». Más claro. Una de las obras clave, la remodelación del «negro» Puerto de la Cadena, que une la capital con la ciudad de Cartagena y que se ha cobrado cientos de muertes, se ha retrasado un año por el deslizamiento de lo no invertido en 2007.
   Exigir como el que más
   En este sentido, el deseo del Grupo Parlamentario Popular es, tal como expresó Ruiz, que el nuevo Estatuto de la Región de Murcia «nazca fruto de las necesidades, deseos e ilusiones compartidas del proyecto común de todos los murcianos, ya que tenemos el legítimo derecho de regular nuestras normas de convivencia y exigir como los que más». «No permitiremos que nadie utilice su peso, población, extensión, coacción o coalición para excluir a nuestra Comunidad de la solidaridad que nos corresponde», subrayó un Ruiz que, además, manifestó que «como primera premisa para la creación de esta comisión especial hemos definido el marco del cual no pretendemos salir; esto es la Constitución Española».
   

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, ha manifestado a elfaro que esperan que el Consejo de Ministros apruebe el envío el próximo viernes “ya que en los pantanos de Entrepeñas y Buendía hay alrededor de 354 hectómetros cúbicos, cuando el año pasado la cantidad era de 242”. Respecto a las lluvias caídas en los últimos días, Del Amor afirma que han sido muy irregulares “y en los pantanos no han caído más de 10 litros por metro cuadrado”.

La comisión de explotación fijó un máximo de 23 hectómetros de agua trasvasables cada mes, por lo que si cumple este requisito se podrían ceder desde el Tajo hasta 69 hectómetros en los tres primeros meses.

Protesta en La Mancha
Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, manifestó ayer que la compra-venta de derechos de regadío con destino al Levante puede llegar a ser “una especie de truco para saltarse la norma” de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Lamata se manifestaba así, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, que ayer decidió recurrir la autorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la venta de 36 hectómetros cúbicos de regantes del Canal de las Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Lamata, que afirmó que “ese agua no debía haberse cedido”, consideró que la aprobación de esa venta se hizo con irregularidades, pues no se sometió a evaluación de impacto ambiental y hubo un error en el cálculo que se hizo de la dotación por hectárea. Así, explicó que la cantidad vendida, 36 hectómetros cúbicos correspondientes a 3.000 hectáreas, no se corresponde con la asignación que tienen por hectárea y año las parcelas de esa zona.

La gota fría pasa de largo por la Región debido a la falta de viento

Las tormentas previstas para la jornada del martes, que hicieron activar la alerta naranja en la Región, se localizaron en los alrededores de la Sierra de la Pila, donde cayeron alrededor de 40 litros por metro cuadrado. En Yecla el agua caída no superó los 20 litros y en Cieza si bien sólo cayeron 8 litros, la tormenta destacó por su intensidad, ya que apenas duró 10 minutos. En el litoral apenas hubo lluvia y sólo en lugares muy localizados como San Javier cayó un litro.

Según el meteorólogo Luis Bañón, el viento fue el factor que impidió que se produjeran las lluvias previstas, así como la orografía.

Para hoy, la previsión es de intervalos nubosos, más frecuentes por la tarde, con chubascos dispersos moderados, que pueden ir acompañados de tormenta.

El Consell permitía los vertidos al Segura

Los ex presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Antonio Nieto y Juan Cánovas explicaron ayer al juez que no podían prohibir a los ayuntamientos que dejasen de verter residuos al río ya que éstos tenían una autorización provisional de la Generalitat. Nieto y Cánovas prestaron declaración como acusados durante la tercera sesión del juicio que se sigue en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, por presuntamente consentir vertidos ilegales al río Segura antes de 2002. Además de estos dos ex mandatarios del CHS, están acusados siete empresarios.

Al Ministerio de Medio Ambiente, pese a su insistencia en el normal desarrollo de la ejecución de los trabajos, no le cuadran los plazos del Júcar-Vinalopó. El trasvase, que recibe 120 millones de financiación -sobre los 303 de coste total- a través de los fondos FEDER que concede Bruselas, podría incumplir según las previsiones del propio Gobierno el límite temporal que condiciona la citada inversión europea.

Así, según anunció ayer la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), que promueve la infraestructura, se acaba de firmar el contrato definitivo para ejecutar las obras del tramo E -que discurre entre Moixent y La Font de la Figuera, en el límite con la provincia de Alicante y con los tramos respetados del trazado inicial-. Unas obras que, según los plazos establecidos en el pliego de condiciones, finalizarán bien entrado el año 2009.

Según admitió el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán, «el plazo de ejecución previsto es de 18 meses». Es decir, a menos que la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria acorte sensiblemente ese plazo, las obras del tramo E -y por tanto del trasvase en sí mismo- no finalizarán hasta finales de marzo de 2009. Tres meses después de la fecha límite para presentar ante Bruselas las certificaciones de obra y merecer los fondos.

La financiación que recibe el Júcar-Vinalopó -y todas las actuaciones del plan AGUA en la región- se enmarca en el plan operativo de la Comunidad Valenciana, que expira el 31 de diciembre de 2008. Tal como reconocía el propio Marugán en un informe publicado en su momento por ABC, de no llegar a tiempo los certificados de finalización de obra, los fondos recibidos hasta el momento deberían reintegrarse -con el consecuente riesgo para la viabilidad económica del proyecto-.

48 millones de euros

El presupuesto del último tramo adjudicado del nuevo Júcar-Vinalopó asciende a más de 48 millones de euros, y recorrerá algo más de 17 kilómetros. La UTE formada por Acciona y la valenciana Construcciones Luján deberá construir cinco acueductos para salvar desniveles orográficos, una balsa de regulación de 30.000 metros cúbicos y una estación de bombeo.

El tramo D, entre Llanera de Ranes y Moixent, se encuentra todavía pendiente de su adjudicación, que se ha fijado para «los próximos días».

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, considera que la compra-venta de derechos de regadío con destino al Levante puede llegar a ser «una especie de truco para saltarse la norma» de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo manifestó ayer después de comunicar que el Consejo de Gobierno decidió, el pasado martes, recurrir la autorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la venta de 36 hectómetros cúbicos de regantes del Canal de las Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En opinión de Lamata, «ese agua no debía haberse cedido» y matizó que la aprobación de esa venta se hizo con irregularidades, pues no se sometió a evaluación de impacto ambiental y hubo un error en el cálculo que se hizo de la dotación por hectárea.

Explicó el vicepresidente que la cantidad vendida, 36 hectómetros cúbicos correspondientes a 3.000 hectáreas, no se corresponde con la asignación que tienen por hectárea y año las parcelas de esa zona del Canal de las Aves, que es de 7.500 metros cúbicos, y añadió que sólo podría alcanzarse la cantidad de 36 hectómetros si la asignación por hectárea fuera de 12.000 metros cúbicos.

Desde el Gobierno regional se considera también que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la Lay de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Se considera rebasado ese volumen porque los 36 hectómetros cúbicos que se ceden deben ser computados como volúmenes trasvasados. En la fecha de firma del contrato de cesión, el 11 de julio de 2007, la dotación máxima ya estaba garantizada mediante los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros y, por tanto, no procedía autorizar el contrato, argumentan desde el Ejecutivo.

Situación crítica

A juicio de Lamata, esta compra-venta de derechos «es una forma de intentar alterar la aplicación de la norma» cuando ya estaban cubiertos los cupos que corresponderían en una situación crítica, en la que el Consejo de Ministros debe autorizar los trasvases en lugar de la Comisión de Explotación.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha recordó que en una situación crítica lo único que debe garantizarse es el abastecimiento a las poblaciones, pero una autorización para regadío «sería superexcepcional» y sólo podría ser para un «riego de socorro superjustificado» que no pusiera en riesgo el abastecimiento.

También indicó que hasta que las reservas de la cabecera del Tajo no alcancen la media de los últimos años, no se podrá hablar de hacer trasvases para regadío.

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, aseguró ayer que el parque natural de la Albufera “tiene un déficit hídrico de 100 hectómetros cúbicos al año por culpa de Zapatero y su Gobierno”, que derogó el trasvase del Ebro.

El principal problema del lago es, según el conseller, la falta de agua, que se solucionaría con la transferencia hídrica del Ebro. Esto posibilitaría liberar caudales del Júcar para que pudieran aportarse a la Albufera.

García Antón señaló que la Albufera seguirá siendo uno de los humedales más importantes del mundo gracias a la Generalitat, que seguirá invirtiendo ‘‘para garantizar los mejores y mayores aportes de agua posibles’’.

El conseller indicó que en los últimos tres años la Albufera ha recibido 160 hectómetros de agua procedente de la depuradora de Pinedo.

La sequía y la escasez de agua han dejado de ser un problema de la Europa seca y se han convertido ya en un una lacra comunitaria contra la que Bruselas empieza a mover sus peones. Sin embargo, la Comisión Europea parece haber olvidado que los que tienen verdadera experiencia en la gestión de recursos hídricos son precisamente las regiones más afectadas por la falta de agua, como es el caso de la Comunidad Valenciana, y ayer desdeñó la defensa de los trasvases que el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, hizo ante Comité de las Regiones para insistir en que lo que las regiones europeas tienen que hacer es ahorrar y, en todo caso, desalinizar o reutilizar el agua.

Rambla, que intervino en nombre de Camps como portavoz de los territorios europeos afectados por la sequía, defendió los trasvases como las infraestructuras «con menor impacto energético y medioambiental, además de ser baratas y sostenibles puesto que sólo son posibles en el caso de que haya cuencas excedentarias». Inspirado en su remota experiencia en la lucha contra la sequía, Rambla insistió en la necesidad de «infraestructuras complementarias considerando el impacto medioambiental, económico y social».

Reutilización y depuración

No obstante, la iniciativa de Rambla no se vio secundada por la de la Comisión Europea, cuya portavoz de la unidad del agua, Stephanie Croguennec, se empeñó en repetir la palabra «ahorro», obviando que la propuesta de invertir en trasvases para prevenir y responder ante la falta de agua en la UE viene de la mano de una de las comunidades que más agua ahorra.

Según datos proporcionados por la Generalitat Valenciana, la Comunidad ahorra con los regadíos modernizados más 100 hectómetros cúbicos anuales, depura 500 y de ellos reutiliza directamente 175 hectómetros cúbicos al año, lo que representa más del 50% de toda el agua que se reutiliza en España. Además, el consumo medio por habitante y día se sitúa en la Comunidad Valenciana por debajo de la media nacional y de autonomías como Castilla-la-Mancha, Andalucía, Cantabria y Aragón, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.

La CE instó a las regiones a atajar el problema reduciendo el consumo de agua a través de una «política de tarificación» del agua de manera que se cobre a un precio «justo», algo que fue sostenido por Rambla. Además, insistió en la necesidad de que cada región planifique y adapte su modelo económico a la disponibilidad de agua. «¿Hasta donde llegará esta medida?», respondió Rambla preguntándose si ello significaría «que los valencianos arranquen sus naranjos».

Rambla no se mostró sin embargo reacio a que las regiones con déficit estructural de agua pasen por el ahorro y una mejor planificación territorial, pero insistió en que a esas medidas habría que añadir «infrestructuras adicionales» como desalación, pantanos y trasvases. Por último, el vicepresidente instó a los agricultores a «reasignar los recursos» y a ceder su agua a las ciudades para que las aguas residuales, una vez depuradas, sean utilizadas para el riego.

Las propuestas presentadas ayer por Rambla y por la Comisión Europea no son más que el punto de partida para la elaboración del «Informe Camps», que pretende servir de inspiración a la UE para tomar de medidas comunitarias contra la sequía y la escasez de agua. Ahora las regiones europeas tiene la oportunidad de aportar sus ideas al informe, que será finalmente presentado y votado el próximo 10 de enero.