Al Ministerio de Medio Ambiente, pese a su insistencia en el normal desarrollo de la ejecución de los trabajos, no le cuadran los plazos del Júcar-Vinalopó. El trasvase, que recibe 120 millones de financiación -sobre los 303 de coste total- a través de los fondos FEDER que concede Bruselas, podría incumplir según las previsiones del propio Gobierno el límite temporal que condiciona la citada inversión europea.

Así, según anunció ayer la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar), que promueve la infraestructura, se acaba de firmar el contrato definitivo para ejecutar las obras del tramo E -que discurre entre Moixent y La Font de la Figuera, en el límite con la provincia de Alicante y con los tramos respetados del trazado inicial-. Unas obras que, según los plazos establecidos en el pliego de condiciones, finalizarán bien entrado el año 2009.

Según admitió el consejero delegado de AcuaJúcar, José María Marugán, «el plazo de ejecución previsto es de 18 meses». Es decir, a menos que la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria acorte sensiblemente ese plazo, las obras del tramo E -y por tanto del trasvase en sí mismo- no finalizarán hasta finales de marzo de 2009. Tres meses después de la fecha límite para presentar ante Bruselas las certificaciones de obra y merecer los fondos.

La financiación que recibe el Júcar-Vinalopó -y todas las actuaciones del plan AGUA en la región- se enmarca en el plan operativo de la Comunidad Valenciana, que expira el 31 de diciembre de 2008. Tal como reconocía el propio Marugán en un informe publicado en su momento por ABC, de no llegar a tiempo los certificados de finalización de obra, los fondos recibidos hasta el momento deberían reintegrarse -con el consecuente riesgo para la viabilidad económica del proyecto-.

48 millones de euros

El presupuesto del último tramo adjudicado del nuevo Júcar-Vinalopó asciende a más de 48 millones de euros, y recorrerá algo más de 17 kilómetros. La UTE formada por Acciona y la valenciana Construcciones Luján deberá construir cinco acueductos para salvar desniveles orográficos, una balsa de regulación de 30.000 metros cúbicos y una estación de bombeo.

El tramo D, entre Llanera de Ranes y Moixent, se encuentra todavía pendiente de su adjudicación, que se ha fijado para «los próximos días».

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, considera que la compra-venta de derechos de regadío con destino al Levante puede llegar a ser «una especie de truco para saltarse la norma» de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo manifestó ayer después de comunicar que el Consejo de Gobierno decidió, el pasado martes, recurrir la autorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la venta de 36 hectómetros cúbicos de regantes del Canal de las Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En opinión de Lamata, «ese agua no debía haberse cedido» y matizó que la aprobación de esa venta se hizo con irregularidades, pues no se sometió a evaluación de impacto ambiental y hubo un error en el cálculo que se hizo de la dotación por hectárea.

Explicó el vicepresidente que la cantidad vendida, 36 hectómetros cúbicos correspondientes a 3.000 hectáreas, no se corresponde con la asignación que tienen por hectárea y año las parcelas de esa zona del Canal de las Aves, que es de 7.500 metros cúbicos, y añadió que sólo podría alcanzarse la cantidad de 36 hectómetros si la asignación por hectárea fuera de 12.000 metros cúbicos.

Desde el Gobierno regional se considera también que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la Lay de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Se considera rebasado ese volumen porque los 36 hectómetros cúbicos que se ceden deben ser computados como volúmenes trasvasados. En la fecha de firma del contrato de cesión, el 11 de julio de 2007, la dotación máxima ya estaba garantizada mediante los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros y, por tanto, no procedía autorizar el contrato, argumentan desde el Ejecutivo.

Situación crítica

A juicio de Lamata, esta compra-venta de derechos «es una forma de intentar alterar la aplicación de la norma» cuando ya estaban cubiertos los cupos que corresponderían en una situación crítica, en la que el Consejo de Ministros debe autorizar los trasvases en lugar de la Comisión de Explotación.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha recordó que en una situación crítica lo único que debe garantizarse es el abastecimiento a las poblaciones, pero una autorización para regadío «sería superexcepcional» y sólo podría ser para un «riego de socorro superjustificado» que no pusiera en riesgo el abastecimiento.

También indicó que hasta que las reservas de la cabecera del Tajo no alcancen la media de los últimos años, no se podrá hablar de hacer trasvases para regadío.

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, aseguró ayer que el parque natural de la Albufera “tiene un déficit hídrico de 100 hectómetros cúbicos al año por culpa de Zapatero y su Gobierno”, que derogó el trasvase del Ebro.

El principal problema del lago es, según el conseller, la falta de agua, que se solucionaría con la transferencia hídrica del Ebro. Esto posibilitaría liberar caudales del Júcar para que pudieran aportarse a la Albufera.

García Antón señaló que la Albufera seguirá siendo uno de los humedales más importantes del mundo gracias a la Generalitat, que seguirá invirtiendo ‘‘para garantizar los mejores y mayores aportes de agua posibles’’.

El conseller indicó que en los últimos tres años la Albufera ha recibido 160 hectómetros de agua procedente de la depuradora de Pinedo.

La sequía y la escasez de agua han dejado de ser un problema de la Europa seca y se han convertido ya en un una lacra comunitaria contra la que Bruselas empieza a mover sus peones. Sin embargo, la Comisión Europea parece haber olvidado que los que tienen verdadera experiencia en la gestión de recursos hídricos son precisamente las regiones más afectadas por la falta de agua, como es el caso de la Comunidad Valenciana, y ayer desdeñó la defensa de los trasvases que el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, hizo ante Comité de las Regiones para insistir en que lo que las regiones europeas tienen que hacer es ahorrar y, en todo caso, desalinizar o reutilizar el agua.

Rambla, que intervino en nombre de Camps como portavoz de los territorios europeos afectados por la sequía, defendió los trasvases como las infraestructuras «con menor impacto energético y medioambiental, además de ser baratas y sostenibles puesto que sólo son posibles en el caso de que haya cuencas excedentarias». Inspirado en su remota experiencia en la lucha contra la sequía, Rambla insistió en la necesidad de «infraestructuras complementarias considerando el impacto medioambiental, económico y social».

Reutilización y depuración

No obstante, la iniciativa de Rambla no se vio secundada por la de la Comisión Europea, cuya portavoz de la unidad del agua, Stephanie Croguennec, se empeñó en repetir la palabra «ahorro», obviando que la propuesta de invertir en trasvases para prevenir y responder ante la falta de agua en la UE viene de la mano de una de las comunidades que más agua ahorra.

Según datos proporcionados por la Generalitat Valenciana, la Comunidad ahorra con los regadíos modernizados más 100 hectómetros cúbicos anuales, depura 500 y de ellos reutiliza directamente 175 hectómetros cúbicos al año, lo que representa más del 50% de toda el agua que se reutiliza en España. Además, el consumo medio por habitante y día se sitúa en la Comunidad Valenciana por debajo de la media nacional y de autonomías como Castilla-la-Mancha, Andalucía, Cantabria y Aragón, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.

La CE instó a las regiones a atajar el problema reduciendo el consumo de agua a través de una «política de tarificación» del agua de manera que se cobre a un precio «justo», algo que fue sostenido por Rambla. Además, insistió en la necesidad de que cada región planifique y adapte su modelo económico a la disponibilidad de agua. «¿Hasta donde llegará esta medida?», respondió Rambla preguntándose si ello significaría «que los valencianos arranquen sus naranjos».

Rambla no se mostró sin embargo reacio a que las regiones con déficit estructural de agua pasen por el ahorro y una mejor planificación territorial, pero insistió en que a esas medidas habría que añadir «infrestructuras adicionales» como desalación, pantanos y trasvases. Por último, el vicepresidente instó a los agricultores a «reasignar los recursos» y a ceder su agua a las ciudades para que las aguas residuales, una vez depuradas, sean utilizadas para el riego.

Las propuestas presentadas ayer por Rambla y por la Comisión Europea no son más que el punto de partida para la elaboración del «Informe Camps», que pretende servir de inspiración a la UE para tomar de medidas comunitarias contra la sequía y la escasez de agua. Ahora las regiones europeas tiene la oportunidad de aportar sus ideas al informe, que será finalmente presentado y votado el próximo 10 de enero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha impugnará la última venta de derechos de agua de regantes del Canal de las Aves, en Aranjuez (Madrid), a regantes murcianos, que fue autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente el pasado 11 de julio. Así lo acordó ayer el Consejo de Gobierno, según informaron fuentes del Ejecutivo regional, que señalaron que la cantidad vendida alcanza los 36 hectómetros cúbicos.

Este es el tercer recurso que presenta el Gobierno socialista del socialista José María Barreda por la venta de derechos de agua de la cuenca del Tajo para regadíos en el Levante. Este recurso se apoya en la ausencia del informe de impacto ambiental, lo que, a su juicio, supone una falta de procedimiento y, en consecuencia, nulidad de pleno derecho. En este sentido, el Ejecutivo recuerda que la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha establece que este trámite debe ser cumplido para autorizar las cesiones de recursos hídricos, porque hay que determinar si puede provocar consecuencias negativas para el medio ambiente.

Otro motivo expuesto por la Junta de Castilla-La Mancha incide en los cálculos realizados por los regantes del Canal de las Aves, que consideran que dejar de regar 3.000 hectáreas sería suficiente para liberar los 36 hectómetros que se ceden a través del contrato.

El recurso plantea que, con ese cálculo, cada hectárea tendría una asignación de 12.000 metros cúbicos anuales y, sin embargo, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo establece para esa zona una asignación de 7.500 metros cúbicos por hectárea y año. Por último, el Ejecutivo presidido por Barreda considera que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la ley que regula la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Excedentes en la cabecera

Por otra parte, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura se reunirá mañana en Madrid, bajo la presidencia del director general del Agua, Jaime Palop. Sus miembros tendrán que decidir qué volúmenes se transfieren durante los próximos meses y para qué usos. El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura ha solicitado oficialmente un envío de 38 hectómetros para atender los cultivos del otoño. La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, a su vez, precisará su dotación para abastecer a la población, que ronda los 12 hectómetros por mes. Los pantanos de la cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buenía- almacenan actualmente unos 357 hectómetros cúbicos.

Según las reglas de explotación del acueducto, existen pues 117 hectómetros legalmente excedentarios. La actual situación es mejor que la del año pasado, cuando por estas fechas sólo había almacenados 253 hectómetros cúbicos. Aquella situación provocó que por vez primera en muchos años no se atendiera por completo la petición para los abastecimientos.

Dado que en esta ocasión los abastecimientos tienen garantizado el suministro hasta final de año, se dan las condiciones para que se puede derivar una parte de los excedentes para los regadíos del Segura. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, apuntó la semana pasada que se podría derivar agua para varios usos.

Los regantes del Tajo-Segura confían en que el nuevo año hidrológico se inicie con mejores perspectivas que el anterior. La prueba puede

estar en el Consejo de Ministros de esta semana o de la siguiente, que debe aprobar otro envío de agua desde la cabecera del Tajo. El presidente de la Confederación del Segura, Fuentes Zorita, está

«convencido» de que habrá un desembalse para riego, haciendo suyas las palabras de la ministra de Medio Ambiente. La situación en los embalses de la cabecera del Tajo ha mejorado, ya que almacenan 357 hectómetros, 137 de los cuales son oficialmente trasvasables. El año pasado almacenaban 253 hectómetros.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentran al 16,88 por ciento de su capacidad y almacenan 4,12 hectómetros cúbicos (hm3) de agua más que la semana anterior, ya que en total albergan 564,82 hectómetros cúbicos de los 3.346,6 de que disponen, según los datos facilitados hoy por este organismo.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 11,93 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 32,95 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 47,23 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 46,95 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 50,37 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 65,46 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 36,62 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 44,01 por ciento, el de Alarcón un 6,34 por ciento y el de Contreras en 5,19 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 68,48 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 91,59 por ciento, La Muela en un 77,30 por ciento, y El Naranjero al 67,68 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 11,64 por ciento; Escalona al 4,44 por ciento; y Bellus, al 12,65 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 10,46 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 62,80 por ciento, Benagéber al 34,46 por ciento, Loriguilla al 19,28 por ciento y Buseo al 38,32 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 57,26 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,65 por ciento; Arenós un 40,31 por ciento; María Cristina un 12,03 por ciento y Sichar el 71,38 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 68,55 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 52,30 por ciento.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aumentaron en 4,12 hectómetros cúbicos (hm3) durante la última semana y se situaron en 564,82 hectómetros, lo que supone un 16,88% de los 3.346 hectómetros cúbicos de su capacidad.

Según informaron fuentes de la CHJ, de los 27 embalses de la Confederación, 14 han aumentado el nivel de agua almacenada, 10 lo han disminuido y tres se han mantenido. El pantano de Alarcón, el de mayor capacidad, quedó al 6,34% tras el descenso de 0,60 Hm3.; Contreras aumentó en 0,35 hectómetros; Tous-La Ribera también subió en 0,46 hectómetros, mientras que Benagéber ganó 0,73 Hm3.

La reserva de agua en los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, que abastecen el trasvase al río Segura, permanece invariable respecto a la semana anterior, con 357 hm3.

A la Fiscalía del TSJ se le amontona el trabajo. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha denunciado ante el Ministerio Fiscal 28 casos de extracciones ilegales, vertidos contaminantes y aperturas de pozos a lo largo del año hidrológico que finalizó el domingo. Estas denuncias se suman a los 33 expedientes por motivos similares que se remitieron el año pasado. En estos casos la CHS considera que se han cometido delitos contra el medio ambiente y con daños al dominio público hidráulico que superan los 400 euros.

El presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, adelantó ayer algunos datos del balance de este año, en el que el organismo de cuenca ha abierto más de 500 expedientes sancionadores por diversos motivos. La Fiscalía del TSJ debe hacer frente asimismo a otro grupo de expedientes que corresponden a la investigación que se llevó a cabo sobre la gestión de la cuenca, principalmente en la etapa del PP. La causa general se archivó por no encontrarse una «trama organizada de robo de agua», pero sí se denunciaron en cada juzgado natural los casos particulares de aquella investigación.

Excedentes agrícolas

Fuentes Zorita destacó, no obstante, la ejecución presupuestaria de su departamento, que ha sido seis veces superior a la del año 2003, que atribuye a la herencia que dejó el PP en la Confederación. Según sus cifras, el organismo del Segura ha ejecutado inversiones por valor de 20,7 millones de euros, frente a los 3,2 millones de aquel año. Hay que contabilizar aparte los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y de sus organismo Acuamed, AcuaSegura y Canales del Taibilla.

La cuenca del Segura se mantiene oficialmente en situación de alarma, ya que el régimen de aportaciones en el año hidrológico que finaliza apenas ha sobrepasado los 211 hectómetros cúbicos (las necesidades se aproximan a los 2.000 hectómetros). El déficit se ha contrarrestado, según Fuentes Zorita, con 208 hectómetros cúbicos enviados desde la cabecera del Tajo para los abastecimientos y regadíos (30,5 de ellos mediante compra de derechos), así como la reutilización de aguas depuradas y los pozos de sequía. Éstos últimos han aportado 120 hectómetros a los regadíos. El presidente añade también la producción de agua desalinizada, que en la cuenca del Segura alcanza los 72 hectómetros cúbicos con el Programa Agua.

«A pesar de que hemos atravesado otro de los años más secos de la historia, el octavo peor estadísticamente, estas medidas han permitido atender todas las demandas de la población, de la industria y del sector turístico. Además, la agricultura no ha salido mal librada gracias ha que ha llovido más. Han existido incluso excedentes en algunas producciones. Lo importante es que no se ha producido el más mínimo corte de agua para la población, cosa que sí ocurrió en el año 2003 pese a haber entonces más agua».