¿Para qué la fecha del 2015? A Castilla-La Mancha no le hace ninguna falta poner en marcha el reloj para conseguir la «definitiva extinción» del Acueducto Tajo-Segura, como pretende la reforma de su Estatuto de Autonomía que ya ha entrado en el Congreso de los diputados. Si se analiza el texto pactado entre el PSOE y el PP de la vecina región -capítulos 98 a 105, junto a la disposición transitoria- se comprobará que el año 2015 es un señuelo, un llamativo dato periodístico, incluso prescindible, que distrae de otras intenciones de mayor calado, por lo demás políticamente legítimas.

Lo realmente preocupante para la Región de Murcia y la provincia de Alicante es que se trata de un asalto competencial en toda regla contra la política estatal de aguas, que tiene como objetivo -más allá de una simple fecha- aniquilar por otros medios más sutiles los envíos de agua a Murcia y dejar en manos del Gobierno castellano-manchego el uso en provecho propio de este acueducto, presto a cumplir los 30 años.

Cómo matar el trasvase

Que el Congreso de los diputados mantenga o no la fecha en cuestión no es demasiado trascendental, puesto que el verdadero peligro está en el pretendido control de Castilla-La Mancha de las aguas del Tajo a través de la fijación de un caudal ecológico mínimo que dejaría sin excedentes trasvasables a Entrepeñas y Buendía, amen de sus informes preceptivos y determinantes sobre cualquier trasvase; de la prohibición de cualquier transferencia de agua que perjudique los

intereses de Castilla-La Mancha dentro de las cuencas hidrográficas que afectan a su territorio, entre la que se incluye la del Segura; de su participación en el nuevo Plan de Cuenca que debe estar terminado en el 2009, y que será confeccionado con los patrones diseñados por José María Barreda y María Dolores de Cospedal.

También quiere decidir la comunidad vecina el establecimiento de los caudales futuros para sus necesidades; la disposición efectiva de las reservas almacenadas en sus pantanos; y controlar los futuros bancos de agua, que deberán ser autorizados por el Gobierno de Toledo, entre otras competencias.Con todo esto, ríanse de la fecha del 2015. Sólo con que Castilla-La Mancha consiga la mitad de todas estas prerrogativas, de las que apenas se habla, el trasvase estará liquidado.

¿La rendición del Estado?

En el Gobierno de la Nación anida el convencimiento de que «algo hay que darle a Castilla-La Mancha», ya que se guía por la máxima de hacer compatible el interés territorial con el general. Por un lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayan que no hay prevista ninguna fecha de caducidad del Tajo-Segura. Aunque no apartan la Espada de Damocles que pende sobre el Tajo-Segura para la próxima legislatura, según viene recogido en la ley del Plan Hidrológico.

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, se inclina hacia algunos postulados de Castilla-La Mancha, después de que recientemente declarara que los ciudadanos de muchos territorios de esta comunidad «están viendo pasar el agua» sin poder abastecerse de ella. ¿A qué le suena eso? Más claramente, el director general del Agua, Jaime Palop, mostró en Zaragoza una comprensión hacia las exigencias autonomistas que rozan la rendición del Estado. Cabe interpretar además de sus palabras la suerte de Murcia por tener el mar al lado para desalinizar «un recurso infinito». Los antecedentes de los estatutos de Cataluña y Andalucía, y en menor medida de Aragón -que está en trámite en el Congreso- permiten vislumbrar hasta dónde puede llegar el Estado en la cesión de sus competencias sobre agua. En el caso de Castilla-La Mancha, son tantas las líneas abiertas contra el Tajo-Segura en el texto estatutario que es imposible predecir su alcance real.

Artículos «letales»

En las competencias sobre la Política del Agua, el nuevo Estatuto indica que corresponde a los poderes públicos de esta comunidad «velar para evitar cualquier transferencia de agua de las cuencas hidrográficas» que perjudique los intereses de Castilla-La Mancha.

Aquí no se alude directamente al Tajo-Segura, pero está implícito por cuanto la cuenca del Segura ocupa buena parte de Albacete. Asimismo, estipula que la Junta de Comunidades participará con el resto de poderes públicos en la planificación de los recursos, que deben garantizar agua para todos los proyectos que garanticen su crecimiento, sobre la base de que la cuenca cedente tiene «derecho al uso preferente». Algo que nadie discute, aunque se redacta de tal forma que no establece los mecanismos que deben justificar unas nuevas demandas que se antojan infinitas. Al establecer sus nuevas competencias sobre las cuencas intercomunitarias -aquí incluye a los ríos Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero- la Junta también pretende intervenir en el proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones hidrográficas. De esta forma, participará «en las decisiones de asignación o reserva de los recursos hídricos disponibles a las demandas planteadas». Supone esto que reclama algo más que voz y voto en la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Tajo.

Informes «determinantes»

En cuanto a los trasvases, cesiones de derecho y futuros bancos de agua, el Estatuto señala literalmente que «la Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante -no dice vinculante, a la vista de los intentos de otros estatutos- ante cualquier trasvase, cesión, transferencia, transacción o cualquier otro modo de intercambio de aguas tanto públicas como privadas -ojo- dentro de una misma cuenca hidrográfica o entre cuencas hidrográficas de la Comunidad autónoma que se plantee y que afecte a los cauces, recursos o infraestructuras que discurran total o parcialmente dentro de su territorio». Traducido: Del Tajo al Segura. Se trata de una redacción hábil, puesto que no habla de trasvases entre comunidades autónomas, sino entre cuencas hidrográficas, como

marca la ley. Pero la gran extensión de Castilla-La Mancha hace que su territorio se vea afectado nada menos que por siete demarcaciones hidrográficas. Llevado a su extremo, podría incluso decidir (o codecidir) sobre hipotéticos trasvases del Ebro y del Duero.

La puntilla

Queda además una extensa disposición transitoria dedicada exclusivamente a la extinción a plazos del trasvase Tajo-Segura, que debe iniciarse inexorablemente en cuanto se apruebe el nuevo Estatuto, hasta su liquidación en 2015. Antes de eso, el nuevo Plan de Cuenca del Tajo deberá «fijar la dotación suficiente para las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha» en el año 2009. Igualmente, se deberá aumentar el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez y Toledo, lo que supone reducir drásticamente los excedentes trasvasables hacia Murcia, Alicante y Almería.

Los regantes del Tajo-Segura no piensan quedarse de brazos cruzados. Encargarán un estudio para comprobar losefectos de un incremento del caudal ecológico en Aranjuez, ahora de 6 metros cúbicos por segundo como mínimo. De modo que la fecha es lo de menos, ya que cuando llegue 2015 las transferencias del Tajo al Segura casi habrán desaparecido. O sólo habrá trasvases de socorro para la población.

El ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono dijo ayer que los ríos “no son propiedad de ninguna comunidad autónoma, ni de grupos de regantes, ni de los usuarios”, pues, según agregó, “la ordenación de este recurso escaso que genera riqueza corresponde al Estado”.

Bono, quien participó en un acto político del PSPV-PSOE en Elche, respondió así a preguntas de los periodistas sobre la política hídrica incluida en las propuestas de reforma de los estatutos de Andalucía y Castilla-La Mancha.

Según Bono, “el agua no es de nadie en particular porque es de todos en general” y quien tiene más derecho al agua, agregó, “es quien más la necesita”. “Hay que hacer planteamientos solidarios y no electorales”, subrayó.

El también ex ministro de Defensa expresó su opinión “favorable” al programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente, el cual, según afirmó, “ha permitido que en un año de sequía haya habido menos necesidad de restricciones” que en años anteriores”. Según Bono, este programa va hacia delante y “cada vez hay menos argumentos” en su contra.

Mientras el ex ministro hacía estas declaraciones en Elche, en Valencia concluía el congreso internacional sobre La importancia estratégica del trasvase del Ebro para la Comunitat Valenciana. A la clausura de la jornada asistió el conseller de Agricultura, Juan Cotino, quien lamentó que el Ebro haya lanzado al mar “dos trasvases de agua que nosotros necesitamos”.

“Cuando hay gente que se ampara en viejos argumentos para rechazar el trasvase diciendo que el río se quedaría sin agua o que afectaría al Delta del Ebro. Eso, como se suele decir, supone marear los argumentos”, explicó Cotino.

En opinión del responsable autonómico, “lo que ocurre es que el partido Socialista no tiene una solución para el agua, y la única solución para el agua está incluida en el Plan Hidrológico Nacional”.

Coincidió con Bono en que el agua no puede ser propiedad de nadie, “el agua es de todos. Como es de todos, le corresponde al Estado español, que esperamos que nos defienda a todos, traer agua desde donde sobra hacia donde hace falta”, indicó.

Sobre las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en las que señala que no tenía sentido suprimir el trasvase del Ebro, el conseller ha explicado que ahora mismo “estamos en una incoherencia total”, que en el caso de Zapatero se ha visto también en el caso del vino o en sus opiniones ante la situación del sector citrícola de nuestra Comunitat.

La diputada del PSPV en las Corts Josefa Andrés afirmó ayer que las declaraciones del conseller Cotino “carecen de todo fundamento”, y añadió que el Consell ha “despilfarrado” más de dos millones de euros en la Fundación Agua y Progreso.

Para Josefa Andrés “es inadmisible que la Fundación Agua, o lo que es lo mismo, el PP se apropiara en 2004 de 600.000 euros para su propio beneficio, dinero que, como todos sabemos, procede directamente de las arcas públicas de la Generalitat”.

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura estudiará el próximo martes una petición de un envió de 40 hectómetros cúbicos de agua que han solicitado los regantes del acueducto.

El consejero de agricultura murciano, Antonio Cerdá, recalcó el apoyo del Ejecutivo murciano a la petición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), y advirtió que la cabecera del Tajo (embalses de Entrepeñas y Buendía, Guadalajara) se encuentran «con reservas suficientes para satisfacer esta petición», agregó.

Añadió que los cultivos, «conforme nos vamos acercando a la primavera, irán demandando más agua, debido al aumento de las temperaturas».

«Si no autorizan el desembalse al final acabará afectando no solo a los cultivos hortícolas, sino también al arbolado, lo que supondrá la desaparición de miles de puestos de trabajo», afirmó.

Recordó que en la anterior junta de explotación del trasvase se concedieron 11 hectómetros, que, según dijo, «se dieron por misericordia».

Por último, criticó que el Gobierno central no ofrezca una solución a medio y largo plazo ante la falta de agua en la cuenca del Segura, y para resolver el problema que tiene la agricultura de la zona con la escasez de recursos hídricos.

A principios de esta semana, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acudía a los desayunos de Europa Press para hablar del agua. Y, actualidad manda, las crónicas de su intervención se abrían con el Trasvase Tajo-Segura y la carrera de los estatutos.

Pero Narbona también habló del precio del agua. Sobre este asunto, la ministra indicó que éste debe «ayudar a avanzar en su uso eficiente», y así lo recogerá la reforma de la Ley de Aguas. Así, la modificación legislativa contemplará «una modificación del régimen económico y financiero», pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua.

La ministra aseguró que se tendrá que analizar «cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura», y el efecto de este cambio legislativo será «distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad».

La responsable de Medio Ambiente recordó que según la directiva europea «los precios del agua deben reflejar la totalidad de sus costes», y que se pueden plantear excepciones como en el caso de España y el ámbito agrario.

En las grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia, los precios del agua «están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento», según Narbona, por lo que el debate se centrará en «cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la mayor o menor eficiencia en el consumo del agua».

Narbona puntualizó que son los ayuntamientos los que «se ocupan de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento», y son quienes «deciden cómo trasladar a los ciudadanos el coste del saneamiento y del abastecimiento, y tienen un importante papel en la fijación de los precios».

Valencia consume un caudal de agua potable de 4,2 metros cúbicos por segundo procedente de los ríos Júcar y Turia, lo que supone un 56% de lo que realmente podría llegar a solicitar.

El concejal del Ciclo Integral del Agua, Ramón Isidro Sanchis, amplió las declaraciones de la alcaldesa apuntando que la ciudad y su área metropolitana tienen derecho a una cantidad de hasta 7,5 metros cúbicos, por lo que rechazó que el proyecto del Parque Central derive en un problema de abastecimiento.

El agua potable que se consume en la ciudad procede de ambos ríos. En la planta de Picassent se depuran 1,8 metros cúbicos, mientras que en la presa de Manises la cantidad es de 2,4.

La ciudad dispone de una concesión administrativa sobre parte del agua del Júcar por un plazo de 99 años (el acuerdo se plasmó en papel en 1974) y sobre parte del caudal del Turia, en este caso, sin fecha de caducidad y que se renueva automáticamente cada 99 años (ya se ha consumido el primer ciclo y apenas se han llegado a los cinco primeros años del segundo).

El concejal quiso destacar que mediante campañas de concienciación ciudadana se ha conseguido reducir el consumo. Igualmente, mediante la red de baja presión, se consigue aprovechar el agua procedente de ríos subterráneos (nivel freático), que pese a no ser apta para el consumo humano, permite que todos los trabajos de baldeo de calles, regado de plantas y jardines o actuaciones de los bomberos se puedan nutrir de los recursos procedentes de los 36 pozos que sacan agua del subsuelo de la ciudad.

“Para la expansión de muchos pueblos no se ha solicitado el informe sobre si existen recursos o no”, se quejó Sanchis, quien contraatacó con un nuevo dato: el 82% del agua que corre por la red se aprovecha. “Somos la ciudad que menos agua pierde por las fugas”, señaló. Según el concejal, la optimización de los recursos hídricos se consigue gracias a la revisión periódica de la red mediante aparatos de última tecnología que detectan las pérdidas de agua por pequeñas que sean. Los colectores transitables son revisados de forma manual.

El Ayuntamiento ha lamentado en las últimas semanas la falta de control sobre los vertidos en el Turia, lo que ha provocado 12 paradas en el proceso de depuración, debido a la necesidad de tratar ese caudal con mayor intensidad para conseguir que sea apto para el consumo humano.

“Realmente, a quien están perjudicando con toda esta polémica es a los vecinos del entorno del Parque Central al retrasarse el proyecto”, concluyó el concejal.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, anunció ayer, respecto a que Extremadura y Castilla-La Mancha puedan recurrir el nuevo Estatuto de Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC), que el Gobierno andaluz «hará lo que esté en sus manos para convencer a Ibarra y a Barreda de que no hay nada por lo que preocuparse» en el nuevo texto.

En este sentido, Zarrías argumentó, dirigiéndose al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que «Extremadura no va a perder nada de lo que tiene, ni un milímetro cúbico de agua (al asumir Andalucía competencias sobre la cuenca del Guadalquivir), porque no es ese, ni mucho menos, el objetivo de Andalucía».

Respecto a Castilla-La Mancha, Zarrías señaló que lo que ha planteado el presidente de dicha comunidad autónoma, José María Barreda, está en su derecho a hacerlo», aunque el consejero andaluz dijo estar seguro de que cuando Barreda estudie el nuevo Estatuto andaluz «verá que no hay ningún tipo de problema, y que el cinco por ciento de la cuenca del Guadalquivir que está en el territorio de Castilla-La Mancha, aguas arriba, no va a sufrir ningún deterioro, ya que la planificación general de la cuenca corresponderá al Gobierno de la Nación, y la administración y la gestión de las aguas que discurren por Andalucía serán de la Junta de Andalucía». IU de Andalucía realizó una defensa del recién aprobado Estatuto de Andalucía, tras el que prometió velar por el autogobierno del que dota a la región, para que este no se vea afectado por el «desconcierto interno sobre política territorial que sufre el PSOE» que, a su juicio, demuestran los recursos que Extremadura y Castilla-La Mancha meditan presentar ante el TC.

Por su parte, el ex presidente de Castilla-La Mancha José Bono dijo ayer que los ríos «no son propiedad de ninguna comunidad autónoma, ni de grupos de regantes, ni de los usuarios», pues, según agregó, «la ordenación de este recurso escaso que genera riqueza corresponde al Estado».

HUESCA.- La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) manifiesta en un comunicado, “ante la decisión de algunas Comunidades Autónomas de ‘hipotecar’ a través de reformas estatutarias el agua de los ríos que pasan por sus territorios”, que “la planificación hidrológica nacional es competencia única y exclusiva del Estado central en las cuencas que discurren por varias regiones”. Una competencia que, según explica Fenacore, se reconoce en la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

La organización insiste en que los ríos que atraviesan varias Comunidades Autónomas “deben ser planificados y gestionados por el Estado, con el fin de evitar la instrumentalización del uso del agua que sólo conduce a ‘hipotecar’ los ríos existentes y a provocar ‘guerras’ del agua”.

La Federación añade que la “contaminación política del agua ha causado durante estos últimos años desencuentros poco afortunados entre las distintas administraciones públicas y un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológica nacional”.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aseguró ayer que no hay “ningún razonamiento intelectual que justifique la derogación del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura y, sin embargo, un trasvase que se hace desde la cabecera, como es el caso del Tajo, me parece una incongruencia enorme”.

De este modo, Barreda puso ayer en entredicho una decisión adoptada por José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno y secretario general de su partido, el PSOE, y ejecutada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el 18 de junio de 2004: la derogación del trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos anuales de aguas del Ebro para la Comunitat Valenciana, Murcia, Almería y el área metropolitana de Barcelona, cuya construcción ya había iniciado el anterior Ejecutivo central.

Barreda, además, estudia “muy seriamente” sumarse a la “situación planteada” por el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el estatuto de Andalucía, por las competencias que se atribuye sobre el Guadalquivir.

Según Barreda, que hizo estas declaraciones en la emisora Onda Cero, las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda y ordenación del territorio, deben de formar parte de los órganos de gestión y planificación del agua.

Contra el Tajo-Segura
Así, indicó que Castilla-La Mancha forma parte “de la España seca y por ello tenemos un problema estructural de falta de agua” y que en los años de sequía el trasvase Tajo-Segura se pone todavía más en evidencia.

El presidente de Castilla-La Mancha explicó que su Gobierno está estudiando “muy seriamente” sumarse a Extremadura en el recurso contra el estatuto andaluz, dado que un 7,13% de la cuenca del Guadalquivir se enmarca dentro de sus límites territoriales. En este sentido, Barreda indicó que la región “necesita también las aguas superficiales del Tajo, porque pronto vamos a ser dos millones de castellano-manchegos. Cuando se dice agua para todos, yo estoy de acuerdo, pero inmediatamente añado: también para Castilla-La Mancha”.

La decisión de Rodríguez Ibarra y el anuncio de Barreda de seguir los pasos del presidente autonómico de Extremadura ante el estatuto de su compañero de partido, Manuel Chaves, tienen, a juicio del conseller de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón una causa común: la política hídrica de Rodríguez Zapatero.

‘‘Ibarra va a recurrir al Constitucional el estatuto de Andalucía, Castilla-La Mancha parece que también. Cada autonomía va a recurrir, a defender sus intereses específicos y eso se debe a que se está practicando una política de autarquía con el agua’’, señaló el titular de Infraestructuras.

Para García Antón, el culpable de esta política de autarquía ‘‘es el Gobierno. No se puede dejar el agua en manos de cada comunidad autónoma. El agua es un recurso escaso y una cuestión de Estado. Recuerdo cuando en 1993 el PSOE defendía que era el único partido político de España que podía elaborar un Plan Hidrológico Nacional solidario y no lo hizo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y este es el resultado’’.

El melón de la insolidaridad
El conseller García Antón abogó por una política de agua ‘‘nacional, de solidaridad, de gestión y de distribución’’.

El titular de Infraestructuras indicó que la derogación del trasvase del Ebro a las cuencas mediterráneas ‘‘abre el melón de la insolidaridad entre comunidades autónomas’’. Eso implica, a juicio del conseller, que se convierta en ‘‘imposible’’ cualquier política de cesión de recursos hídricos de una cuenca excedentaria a otra que no lo sea.

‘‘Con la derogación de la transferencia del Ebro se cargaron la vertebración, la política hídrica global. Se inicia en el Ebro, que fue la espoleta, y después se pone en cuestión el trasvase Tajo-Segura. Recordemos que la ministra Cristina Narbona ha dicho en más de una ocasión, aunque después rectificara, que la conducción Tajo-Segura tenía los días contados’’, afirmó García Antón.

Para el conseller de Infraestructuras y responsable de la política de aguas que desarrolla la Generalitat, el argumento del presidente de Castilla-La Mancha para exigir la extinción del trasvase Tajo-Segura es la anulación del trasvase del Ebro, ‘‘el ejemplo que Zapatero y Narbona han dado sobre la política de la insolidaridad’’.

El conseller, que acepta las políticas de desalinización de agua como un complemento a los trasvases entre cuencas, se mostró absolutamente disconforme con que esa sea la única solución del Gobierno central frente a la sequía, como propone el director general de Agua, Jaime Palop.

‘‘La desalinización masiva no soluciona el problema. Es inviable para los agricultores y condena a muerte la agricultura mediterránea. Al final tendremos que trasvasar agua del mar a Castilla-La Mancha’’, dijo.

‘‘Cualquier reivindicación de Castilla-La Mancha es como una orden para el Ministerio de Medio Ambiente’’. Esta frase de tintes lapidarios salió ayer de los labios del conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, para referirse a la futura composición de la demarcación hidrográfica del Júcar, porque tal y como la ha diseñado la ministra Cristina Narbona, Castilla-La Mancha ganará protagonismo y poder de decisión sobre la cuenca del Júcar en detrimento de la Comunitat Valenciana.

No obstante, la representación que tenga la Comunitat en el consejo del agua de la futura demarcación del Júcar todavía va a ser mayoritaria. No obstante, la población de toda Castilla-La Mancha no llega a los dos millones de habitantes y la valenciana asciende a 4,5 millones.

García Antón reconoció que la representación valenciana será del orden ‘‘de dos tercios, entre un 60 o un 65% de representantes de la Comunitat y un 30 o 35% corresponderá a los castellano manchegos’’.

Actualmente la proporción es del 80% de valencianos y 20% de manchegos.

Esta representación es clave de cara a las decisiones que se adopten en la revisión del plan de cuenca del Júcar, que se iniciará en 2008 y, en teoría, debe de estar finalizada en 2009.

Esta revisión del plan de cuenca sólo se ejercerá en aquellos ríos de la actual Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que discurran por más de una comunidad autónoma, y el plan se abordará en el conjunto de estos ríos, no por separado, según declaró ayer el presidente de este organismo estatal, Juan José Moragues.

Cuencas intracomunitarias
Respecto a los otros ríos, los que nacen y mueren dentro del territorio valenciano, tendrá que asumir su gestión la Generalitat. ‘‘Evidentemente, no podemos planificar sobre estos ríos’’, indicó Moragues.

‘‘Hemos solicitado a la Generalitat hasta 20 veces por carta que se hagan cargo de sus cuencas pero no hemos tenido respuesta. También hay que entender que estos son malos momentos. Pasada la época electoral será cuestión de pocos meses’’, puntualizó el responsable de la CHJ.

‘‘No tenemos inconveniente en asumir nuestras competencias, pero antes, el Ministerio y nosotros tenemos que sentarnos y definir las cuencas y el litoral. El Ministerio tiene nuestras propuestas’’, contestó García Antón.

‘‘Es verdad que hay una sentencia del Supremo (dictada en 2005) que obliga a separar las cuencas intercomunitarias de las intracomunitarias. Pero el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido tiempo de sobra para solventar los problemas legales con un decreto y no tener que separar la gestión de las cuencas’’, según afecten a una sola autonomía o a más de una. Cierto es que los ríos y barrancos que gestionará la Generalitat aportan poca agua.

Para preparar esos trabajos la CHJ ha juntado a 37 personas, con representación paritaria entre miembros de Castilla-La Mancha y la Comunitat. Su objetivo es preparar un plan de recuperación del río Júcar. Los documentos que preparen sobre calidad de las aguas, aumento de caudales, restauración de ecosistemas, protección frente a riadas y revalorización sociocultural, serán la base para debatir sobre el nuevo plan del Júcar.

La Confederación del Júcar ha impulsado la puesta en marcha de un plan de recuperación integral del río, con el objetivo de desarrollar actuaciones que permitan obtener una mejora de sus caudales y de la calidad de sus aguas, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua..Para su desarrollo se creará una mesa de participación