El colectivo Xúquer Viu ha hecho llegar al Ministerio de Medio Ambiente su malestar por lo que califica de « insuficientes » recortes al regadío en La Mancha Oriental, que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha situado en el 20%.

Los ecologistas valoran que se haya producido un aumento de las reducciones respecto al año pasado aunque recuerdan que se han autorizado extracciones de entre 260 y 270 hectómetros cúbicos que suponen «el doble de lo que desde el punto de vista de Xúquer Viu habrían de realizarse para mantener el equilibrio en el propio acuífero y en el río». En este sentido apuntan que la extracción máxima sostenible del acuífero debe determinarse de acuerdo a los criterios de la Directiva Marco del Agua y no puede limitarse a situaciones de sequía.
Además, añaden que las restricciones aprobadas y las previsiones respecto a las que se dictarán para el regadío de la Ribera del Júcar consolidan un trato más favorable al regadío manchego. «Si se consideran las medidas aprobadas en los dos últimos años, se observa que las restricciones sobre las extracciones en la Mancha Oriental son del 35% mientras que las anunciadas sobre el regadío de la Ribera estarían entre un 70 y un 75%, de manera que por segundo año consecutivo los regadíos de La Mancha consumirán más agua que los regadíos tradicionales valencianos» , recuerdan.
Además, creen que el Gobierno debería haber optado directamente por la expropiación, justificada en la situación de sequía, sin tener que indemnizar a los regantes de la Mancha por dejar de utilizar las aguas subterráneas. En ese sentido recuerdan que las restricciones establecidas para el riego con aguas superficiales no han generado indemnizaciones ni en tierras manchegas ni en Valencia.

La reserva de agua en los embalses peninsulares ha subido en la última semana en 1.424 hectómetros cúbicos y se sitúa ya en el 59,6% de su capacidad total. Esta cifra representa un incremento de 10,9 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, medio punto menos que hace cinco y 4,3 menos que hace 10 años.

Según los últimos datos del ministerio de Medio Ambiente, los pantanos contienen en la actualidad 32.295 hectómetros, con variaciones que van desde el Segura (15,5% del agua que puede contener) a Norte II (Asturias y Cantabria), donde están al 90,8%.

En los últimos siete días los embalses, cuya capacidad total ascienden a 54.148 hectómetros, han subido un 2,6%.

A pesar de que las precipitaciones han sido abundantes en toda la península, no en todos ha aumentado la reserva y hay diferencias tan notables como la de la Cuenca del Duero, que ha subido 368 hectómetros, y la de las cuencas internas de Cataluña, que han bajado 6 hectómetros.

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, aseguró ayer que los diputados valencianos del PSOE “se opondrán a cualquier intento de ponerle fecha de caducidad al Tajo-Segura” votando en contra del Estatuto castellano-manchego en el Congreso.

Signes se pronunció de esta forma tan contundente el día después de que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, volviera a rechazar que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pusiera caducidad al trasvase y sugiriera que el texto será modificado durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del PSPV aseguró ayer que estas palabras de la responsable de Medio Ambiente “vuelven a poner en evidencia el discurso victimista de Camps”.

Para el dirigente socialista, la postura del Gobierno refleja que la discriminación de la Comunitat Valenciana “sólo existe en la mente de Camps, que la utiliza para ocultar sus errores y debilidades”.

De hecho, el portavoz socialista aseguró que Camps no ha sido capaz de enfrentarse a sus compañeros de partido en Castilla-La mancha para defender los intereses de la Comunitat. “Si fuiera por Camps, el Tajo-Segura ya tendría fecha de caducidad”, proclamó.

Signes consideró que ya han sido “muchas las cesiones del PP valenciano ante las pretensiones de Castilla-La Mancha” y recordó que ya lo hicieron con el AVE, con el Júcar y ahora con el Tajo-Segura.

Por todo ello, reclamó a Camps que “inste a Les Corts a realizar una declaración institucional rechazando cualquier fecha de caducidad para el Tajo-Segura”.

En el pleno de Les Corts celebrado en Elche, la Cámara ya aprobó por unanimidad una declaración de rechazo a que Castilla-La Mancha ponga fin al Tajo-Segura. Y el Consell ya ha anunciado que presentará un recurso contra el texto si incluye ala caducidad del trasvase.

Silencio
En la réplica, el secretario ejecutivo de Política Autonómica y Local del PPCV, César Augusto Asencio, lamentó que el PSPV “asuma el papel de único defensor del Tajo-Segura” cuando “ha estado tres años ignorándolo mientras el Gobierno valenciano y el PP han reivindicado hasta la última gota que corresponde a los alicantinos”.

Según Asencio, Signes “ha dado una nueva muestra de cinismo” ya que “nadie en el PSPV abrió la boca cuando la ministra Narbona aumentó el precio del agua de la Mancomunitat del Taibilla y programó una reducción en los de aportes del Tajo al Segura”.

“Sólo ahora que la ministra se ha pronunciado, se hacen eco de sus palabras” lo que demuestra que, “hasta que Madrid no respira, el PSPV no se moja”. Destacó que “si alguien ha defendido no sólo el trasvase Tajo-Segura sino el del Júcar-Vinalopó, el del Ebro y, en definitiva, la llegada de agua a la Comunitat, ha sido el PP y ha sido Francisco Camps”.

MURCIA. Más expedientes sancionadores que en años anteriores. El celo y control de la Confederación Hidrográfica del Segura contra las extracciones no permitidas de agua, los riegos ilegales y los vertidos clandestinos se tradujo el año pasado en un incremento del número de expedientes abiertos hasta sumar los 567. De esta cantidad, la gran mayoría se consideran infracciones leves; mientras que once fueron graves y se remitieron a la ministra de Medio Ambiente para que decida la sanción correspondiente. Sólo uno se consideró muy grave y se ha remitido al Consejo de Ministros.

El escenario ya se conoce: la cuenca del Segura atraviesa el tercer año de fuerte sequía, sin apenas recursos propios y con riegos de socorro desde la cabecera del Tajo a cuentagotas. El resto de los caudales necesarios para la agricultura se capta a través de pozos.

Según informó ayer el organismo de cuenca, en los tres últimos años no ha caucado ningún expediente sancionador. Asimismo, a día de hoy ya están resueltas o en tramitación todas las sanciones levantadas en el ejercicio anterior, según informó ayer el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita, quien precisó que el objetivo es «evitar cualquier posible caducidad en la actividad sancionadora y, por consiguiente, el riesgo de impunidad».

La Confederación abrió el año pasado 99 expedientes por construcción y explotación de pozos; 56 por riego ilegal; 93 por vertido a cauces; 15 por depósitos de escombros o inertes; 177 por obras y ocupación de cauces; y 127 por otros motivos, tales como el incumplimiento de una resolución, desobediencia a requerimientos, incumplimiento de condiciones, extracción de áridos, derivación de aguas, modificación de características, depósitos ilegales, y modificación de la «fase atmosférica».

Más de 400 expedientes

De acuerdo con la cuantía de las sanciones, el organismo de cuenca ha incoado 408 expedientes leves y 147 menos graves (en ambas categorías son resueltos por la propia CHS); once graves (que se remiten a la ministra de Medio Ambiente); y uno muy grave (que debe ser resuelto por el Consejo de Ministros). De los doce expedientes graves o muy graves, cuatro han sido abiertos por explotación de pozos; otros cuatro por riegos ilegales; y el resto por derivar más agua de la pemitida. Asimismo, 34 expedientes han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de delito, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

Los infractores han tenido que abonar a la Confederación 560.119 euros en concepto de daños al dominio público hidráulico. Esta cantidad se reinvierte íntegramente para la recuperación medioambiental de la cuenca del Segura.

La Confederación aprecia que, «con las medidas ejemplarizantes» se ha detectado una disminución de las irregularidades graves, «a pesar de la delicada situación que atraviesa la cuenca en su tercer año consecutivo de grave sequía hidrológica». Esta apreciación, no obstante, no concuerda con los datos de los dos años anteriores, en los que hubo menos sanciones graves y muy graves.

Fuentes Zorita ha mostrado su «reconocimiento a los colectivos y organismos que han colaborado a la hora de denunciar cualquier tipo de actividad irregular».

ZARAGOZA. La representante del Ministerio de Medio Ambiente para el Secretariado de la Década del Agua de la ONU (2005-2015), Helena Caballero, participará hoy por primera vez en un acto público en la capital aragonesa, a pesar de haber sido designada para el puesto el pasado mes de abril.

Como viene informando ABC, Caballero no ha dado muestras de su actividad en relación con este Secretariado, que tendrá su sede en Zaragoza, desde que fue designada para el puesto por la ministra Cristina Narbona. Hasta hoy, no se le ha visto intervenir en actos públicos, a pesar de que hace unos meses se celebró en Zaragoza la presentación de la versión en castellano del segundo Informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos, y tampoco ha dado muestras de la labor desarrollada. De hecho, las distintas instituciones relacionadas en esta iniciativa -Ayuntamiento, Gobierno de Aragón o Confederación Hidrográfica del Ebro- apenas han sabido de ella en este tiempo.

La ubicación en la ciudad del Secretariado de la Década del Agua fue recibida con alborozo en su día por suponer un espaldarazo para el proyecto de la Expo 2008, que lleva por lema «Agua y desarrollo sostenible». Helena Caballero accedió a la representación en esta oficina de la ONU después de una polémica gestión al frente de la Confederación Hidrográfica del Duero, donde tuvo sonados encontronazos con las organizaciones agrarias, la Junta de Castilla y León, los trabajadores del propio organismo de cuenca e, incluso, miembros del PSOE.

Helena Caballero intervendrá hoy, en el marco de la llamada Tribuna del Agua, en el VI Foro Permanente «Agua y Sostenibilidad», que debatirá acerca de la «funcionalidad de las cuencas hidrográficas. Elementos para su recuperación y gestión sostenible». Caballero aparece en el programa como jefa de Área de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Rambla indicó que «desde la Conselleria de Hacienda se les va a dar cumplida información de los detalles en relación al mismo, teniendo en cuenta que parece ser que no tiene esta persona o entidad que reclamaba información, la legitimación adecuada para tener dicha información». Por tanto, según manifestó, se trata de una cuestión «estrictamente jurídica».

Por su parte, la Conselleria de Economía defendió que la concesión del aval a los Usuarios del Vinalopó se hizo con «la más estricta legalidad» y que quienes tienen derecho a exigir información sobre ello «son las personas físicas o jurídicas que han ejercido la acción requerida o tienen un interés legítimo en el tema».

Según la Conselleria, la Junta de Usuarios del Vinalopó, formada por 120 comunidades de regantes, 35 ayuntamientos y la Sociedad de Aguas Municipalizadas de Alicante SA, se constituyó como entidad de derecho público sin ánimo de lucro «y por tanto puede ser beneficiaria de un aval de la Generalitat», de acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2006.

Además, la Conselleria expone que la principal función de esa entidad es gestionar el caudal a trasvasar dentro del proyecto «Trasvase Júcar-Vinalopó», cuya financiación inicialmente era sufragada, aproximadamente en tercios, por fondos Feder, AcuaJúcar (sociedad estatal promotora del proyecto, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y la Junta de Usuarios.

La Junta de Usuarios, para cumplir su compromiso de financiación, que ascendía a 75.126.513 euros (el 32,61% del coste total del trasvase), suscribió un préstamo sindicado con diversas entidades financieras por ese importe, así como dos pólizas de crédito.

«Mentiras y demagogia»

Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acusó a la sociedad estatal AcuaJúcar de contar «mentiras», hacer «demagogia» y «chantajear todos los días» a los regantes en relación con el proyecto. García Antón dijo que la actuación de l AcuaJúcar es «vergonzosa y vergonzante» y apuntó que esta sociedad «parece que se ha dedicado en los últimos años a deshacer toda la política hídrica que había en la Comunidad.

La Consejería de Obras Públicas ha puesto en marcha una campaña a través de la cual se están distribuyendo en las poblaciones más pobladas de la región unos sencillos economizadores de agua para fomentar el ahorro de este elemento. A través de esta campaña, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende fomentar el ahorro de agua y lograr un uso racional y eficiente de este recurso.

En total se repartirán más de 300.000 economizadores de agua para los hogares, que van a contribuir a ahorrar anualmente 4.000 litros por persona de este imprescindible recurso. Esta acción pretende demostrar que las pequeñas acciones y la responsabilidad de cada ciudadano pueden contribuir a realizar un consumo responsable y eficiente de agua.

El uso racional del agua es en estos momentos uno de los principales retos en la gestión hidráulica ya que se trata del factor natural de mayor relevancia de cara a posibilitar un desarrollo sostenido y sostenible. Con esta iniciativa, y a través de la implicación de administraciones y ciudadanos, podemos contribuir a seguir demostrando la importancia que los castellano-manchegos damos a este recurso.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo inversor, en colaboración con todas las administraciones, para dotar a nuestra comunidad autónoma de las infraestructuras necesarias para garantizar un suministro de agua en cantidad y calidad, pero también renovando las redes de abastecimiento municipales para evitar las fugas y pérdidas de agua.

Además, y en esta línea por un desarrollo sostenido y sostenible, se están ejecutando infraestructuras en materia de depuración que van a permitir que el 98 por ciento de la población de Castilla-La Mancha en el horizonte de 2008 cuente con un sistema de depuración adecuado a sus necesidades.

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar han vuelto a experimentar esta semana una ligera subida en sus reservas, 17 hectómetros cúbicos, lo que deja los pantanos en 551 hectómetros, el 16,5% de su capacidad total.

Por primera vez, el pantano de Alarcón, el más grande de la cuenca del Júcar, se ha beneficiado de las últimas precipitaciones registradas en la cabecera del río. Sin embargo, todavía está a menos del 7% de su capacidad. También ha experimentado una subida destacable el pantano de Tous, con 3,6 hectómetros cúbicos. El embalse de Contreras, por su parte, ha incrementado el agua embalsada en 1,4 hectómetros.

Esta semana en cambio los embalses del Turia no han registrado cambios importantes, un hectómetro cúbico en total.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que la competencia de la estructura y la gestión de un trasvase entre cuencas “es del Gobierno de la Nación, y lo seguirá siendo porque así está claramente establecido en nuestra Constitución”. Narbona respondió así a la propuesta del Estatuto de Castilla-La Mancha que recoge la finalización del trasvase Tajo-Segura en 2015, y que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Narbona señaló que una cosa “son los proyectos de estatutos que hacen las comunidades autónomas y otra lo que sale del Parlamento de la Nación” y recordó que ya ha habido ejemplos de cómo “el Parlamento de la Nación ajusta esas propuestas al orden constitucional y al reparto de competencias”.

La titular de Medio Ambiente consideró “legítima” la reivindicación de Castilla-La Mancha en su estatuto, pero advirtió que en otros proyectos de estatutos ya ha habido “centenares” de modificaciones en el Congreso de los Diputados, y “España no se ha roto con el Estatuto de Cataluña”.

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente indicó que el precio del agua debe “ayudar a avanzar en su uso eficiente”.

Así, la modificación legislativa contemplará “una modificación del régimen económico y financiero”, pero no cuantificará el incremento en el recibo del agua. La ministra aseguró que se tendrá que analizar “cuenca a cuenca y cultivo a cultivo en el caso de la agricultura”, y el efecto de este cambio legislativo será “distinto en función de los distintos usuarios del agua y en particular de la agricultura, y distinto en las ciudades, ya que el recibo de agua en unas ciudades no tiene nada que ver con el recibo de otra ciudad”. En Valencia, así como en otras ciudades como Madrid o Barcelona, los precios del agua “están bastante cerca de cubrir los costes totales de abastecimiento y saneamiento”, según Narbona, por lo que el debate se centrará en “cómo se distribuyen los costes entre los distintos usuarios del agua dentro de una ciudad de acuerdo con la eficiencia en el consumo del agua”. Narbona puntualizó que son los Ayuntamientos los que se ocupan “de la correcta distribución del agua para su uso en la ciudad y del saneamiento”.

LA «ÚLTIMA OPCIÓN» DEL TRASVASE.

   Otra de las propuestas incluidas en el documento es la relativa al agua. El PSOE plantea los trasvases entre cuencas «sólo como última opción», si «resultan viables en términos económicos, ambientales y sociales y si su gestión garantiza el desarrollo adecuado de la cuenca cedente, que tiene carácter preferente en el uso de sus aguas».

   El agua precisamente fue motivo de enfrentamiento, en el último Comité Federal del PSOE, entre los ‘barones’ de las Comunidades Autónomas afectadas por este problema, especialmente, entre los dirigentes de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. Entre otros motivos, la intención de los manchegos, de acuerdo con el PP, de que su Estatuto de Autonomía ponga fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura.

   Los socialistas explican en el documento que el Gobierno central tiene que garantizar el «interés general» a través de la legislación básica, a través de las confederaciones hidrológicas y de la «concertación» con las Comunidades. «Asimismo –añaden–, todas las administraciones tienen que garantizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en el ejercicio de sus competencias».

   Entre las propuestas que en esta materia se incluyen en el documento, se encuentra la creación de una Conferencia Sectorial del Agua como el foro donde se produzca esa concertación entre Gobierno central y CCAA; también, la participación autonómica en las confederaciones y que los gobiernos regionales asuman algunas «funciones ejecutivas» en la gestión de las cuencas de sus territorios, «de acuerdo con la legislación básica y la planificación hidrológica para cada demarcación».