TOLEDO. Las Cortes de Castilla-La Mancha abrieron ayer un período extraordinario de sesiones para tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía, que permitirá enmiendas al texto hasta el día 19, un dictamen de la comisión permanente el día 22 y la convocatoria el día 24 de un pleno que se celebrará el 29, 30 ó 31.

Ése es el calendario previsto por la Mesa en su reunión de ayer, dado a conocer por el secretario de este órgano, Jesús Fernández Vaquero, al término de un encuentro caracterizado, según explicó, por la continuidad del compromiso entre los dos grupos de la Cámara para que cualquier modificación al texto sea presentada de forma conjunta. Fernández Vaquero subrayó que el Estatuto castellano-manchego será el único de que, de momento, se reforma con el consenso de todos los grupos parlamentarios regionales en las enmiendas y proposiciones de ley que alteren el texto pactado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, José Molina, aseguró que el nuevo Estatuto mantendrá la fecha de fin del trasvase Tajo-Segura en 2015 porque es una apuesta «firme que no va a ser modificada», Además, sostuvo que «salvo el elemento de la caducidad del trasvase» no habrá ningún punto «que suponga problemas o contradicciones» con otros intereses en su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Tras asegurar que espera que la reforma se tramite «con agilidad» por parte de las Cortes Generales, Molina confirmó que no habrá modificaciones en relación al agua pese a las consideraciones realizadas en relación a la caducidad de la derivación a Levante que realizó Ecologistas en Acción, que prácticamente pretendía la supresión del Título en el que se trata este aspecto.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, José Molina, se mostró ayer convencido de que puede haber un buen acuerdo sobre el agua en la III Conferencia de Presidentes Autonómicos prevista para este jueves en el Senado.

Molina recordó que para Castilla-La Mancha era muy importante la participación de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de las cuencas hidrográficas, una ‘batalla’ que destacó como largamente deseada y que aseguró que fue suscitada por primera vez en Castilla-La Mancha.

El portavoz socialista consideró evidente que la posición de Castilla-La Mancha y de su presidente, José María Barreda, ha sido determinante para que este tema figure en la agenda política de la Conferencia, y por ello recalcó que Barreda defenderá los intereses de Castilla-La Mancha independientemente del color político.

Preguntado por las críticas del secretario general del PP en la región, Vicente Tirado, sobre las supuestas «reuniones secretas» entre Zapatero y los presidentes autonómicos socialistas con carácter previo a la Conferencia, Molina matizó que no hubo reuniones secretas, sino que éstas fueron de trabajo, igual que la mantenida ayer entre dirigentes ‘populares’.

Expresó su esperanza de que la Conferencia de Presidentes sea para trabajar y no para la confrontación política y partidaria, y por ello pidió al PP que tenga lealtad institucional y no ponga «chinitas en las ruedas».

Actividad legislativa. Por otro lado, el portavoz socialista vaticinó una importante actividad legislativa hasta que las Cortes regionales sean disueltas para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo. Previó que puedan ser aprobadas en torno a una decena de leyes si éstas llegan con tiempo suficiente al Parlamento autónomo y son registradas a lo largo del mes de febrero, porque más tarde afirmó que sería difícil que salieran adelante, y reiteró que al término de esta legislatura Castilla-La Mancha habrá dado un «paso de gigante» en infraestructuras de transporte y de agua, pero, sobre todo, en contar con un nuevo Estatuto de Autonomía «que mejorará las condiciones de vida de los castellano-manchegos». Sobre la reforma estatutaria, aseguró que Barreda «no consentirá» que el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP sobre el contenido del documento se rompa y agregó que se mantendrá la caducidad del trasvase Tajo-Segura y el 2015 como fecha para aquélla.

Encuestas y ETA. Interrogado por el «cambio de tendencia» en la intención de voto en Castilla-La Mancha que el ‘popular’ Vicente Tirado dijo ayer percibir analizando las encuestas, respondió manifestando que «el señor Tirado no ha salido aún del sueño navideño y es posible que confunda sus deseos con la realidad». Afirmó que el PSOE regional también está muy satisfecho con sus propias encuestas y aseveró que los ‘populares’ «saben que a los que les va mal es a ellos».

En cuanto a política antiterrorista, recomendó al PP que reflexione si hay que atacar y criticar al Gobierno o a ETA, porque «últimamente parece que lo hace más al Ejecutivo que a ETA», concluyó.

La proximidad de las elecciones autonómicas está poniendo de los nervios a más de uno. El pasado 28 de diciembre no fue un día tan inocente como los santos a los que se conmemoraba.

9 de enero de 2007.  La inocentada de ese día hubiera podido plasmarse en un titular de este tenor: «Barreda hace intensas gestiones para que no haya un trasvase al Segura para regadío». Pero la prensa no recogió el 28 de diciembre nada en ese sentido. Lo hizo al día siguiente. El 29 por la mañana Barreda expresaba su esperanza en que no se autorizara un trasvase para regadío. Al mediodía el Consejo de Ministros autorizó un nuevo trasvase para abastecimiento humano, pero negó el de regadío.

Inmediatamente salió el viceportavoz del Grupo Socialista de las Cortes, José Manuel Caballero, asegurando que «La firmeza de Barreda ha propiciado que se atiendan las demandas de Castilla-La Mancha». Y ya no era el día de los Santos Inocentes. Tanto Barreda como «Josele» Caballero habían dejado claro que el día anterior el presidente castellano-manchego se había reunido con la vicepresidenta segunda del gobierno de la nación, María Teresa Fernández de la Vega, y con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, «para explicarles la posición de Castilla-La Mancha».

Sin embargo, cinco días después, la ministra negó que el objetivo de la reunión con Barreda del día 28 «fuera para paralizar el envío de agua del Tajo para el riego en el Segura». Todavía puede leerse en la web del PSOE de Castilla-La Mancha, porque es la información con la que abren, un pie de foto en el que dice: «Barreda realizó intensas gestiones para que no haya un trasvase para regadío».

O mintió Barreda o mintió la ministra  ¿O quizá mintieron ambos?

La información de este lunes de El País aclara algo las cosas. Es cierto que hubo reunión. Y efectivamente en ella estuvieron la vicepresidenta del Gobierno y la ministra Narbona. Pero también asistieron el secretario de organización del PSOE, José Blanco, y Barreda y el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias; y el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; y el de Andalucía, Manuel Chavez…, y etcétera. Y también hablaron del agua, pero para elaborar una propuesta de pacto nacional con vistas a la Conferencia de Presidentes del jueves en el Senado. Dicha propuesta, por cierto, no incluye la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura.

El PP puso ayer el acento en el carácter secreto de la reunión del 28 y lo condenó. Pero lo importante no es que fuera secreta pues el PSOE tiene derecho a celebrar sus reuniones como le venga en gana. Lo importante es que se ha dado una información sesgada, manipulada y en parte falsa de dicha reunión. Y encima, en pocas semanas se aprobará un trasvase para regadíos. Y si no, al tiempo.

Una semana más, los embalses de la Cuenca Hidrográfica del Júcar registran ligeros incrementos en el volumen de agua embalsada aunque por debajo de los que son habituales en esta época del año y en todo caso muy alejados de los que serían necesarios para invertir la actual situación de sequía.

La subida experimentada en el volumen de agua embalsada es de 7,31 hectómetros cúbicos hasta alcanzar los 486,84 hm3 que suponen un 14,55% de su capacidad total. Según informaron ayer fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, quince han aumentado el nivel del agua almacenada, siete lo han disminuido y cinco lo han mantenido. Los aumentos más significativos afectan a los embalses de Tous, con un incremento de 1,79 hectómetros cúbicos; el de Arenós, con un aumento de 1,25 hectómetros cúbicos; y Alarcón, que almacena 1,14 hectómetros cúbicos más que la pasada semana.

La sociedad estatal Aguas del Júcar, ahora integrada en Acuamed, ha decidido modificar nuevamente el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó con el objetivo de reducir el previsible impacto ambiental de la obra, según aseguraron fuentes de la empresa pública.

Los cambios se producen a un mes vista del inicio de las obras -en torno al 14 de febrero- que podría ir precedido de la colocación simbólica de la primera piedra a cargo de la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.
Las modificaciones son consecuencia de las aportaciones de las empresas que han resultado adjudicatarias del proyecto y ejecución de los distintos tramos y de algunos ayuntamientos que habían planteado objeciones al trasvase.
Los cambios afectan a los tramos A,C, D y E, aunque tras ser analizados por la Secretaria General para la prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente, este organismo ha concluido que no requieren la formulación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental que hubiera provocado importantes retrasos en la ejecución de las obras.Los cambios en el nuevo trazado arrancan en el mismo azud de La Marquesa, donde Aguas del Júcar ha optado por una modificación sustancial que reduce la longitud de la tubería desde los 6.873 metros iniciales a 5.690 (1.183 menos), incluyendo un tramo de 210 metros que conduce el agua desde la obra de toma ea 50 metros aguas arriba del azud hasta la estación de bombeo, que se separa en esa longitud (210 metros) del margen del Júcar. La modificación permite reducir también la longitud afectada por la obra en la zona húmeda Marjal y Estany de la Ribera Sur del Xúquer (1.350 metros menos) lo que a juicio de los proyectistas constituye una «notable» mejora medioambiental. Según el informe remitido al ministerio, la separación de la estación de bombeo del margen del río Júcar «supone importantes ventajas desde el punto de vista estructural, al mejorar considerablemente las condiciones de cementación de la estación». Además, el trazado se resuelve «con curvas suaves, eliminando una seria de codos bruscos que eran necesarios para ajustar el trazado a una serie de caminos existentes.
«De este modo- se afirma- se mejoran las condiciones hidráulicas de la impulsión».

Un sifón más corto

Quizá la modificación más relevante en el trazado respecto al proyecto informativo que recibió la Declaración de Impacto Ambiental favorable el 8 de mayo de 2006 es la referida a los cambios sufridos por el denominado sifón de Barxeta, de 19.814 metros de longitud.
El sifón, formado por tubería de 1.930 milímetros arrancará en el lugar previsto aunque desde ese momento modifica su trazado en unos 10 kilómetros lo que permite reducir su longitud final en 1.814 metros. El cambio, introducido a instancias del Ayuntamiento de Barxeta, discurre mayoritariamente por terrenos de labor y no por terrenos forestales abruptos y tiene un menor coste, según fuentes de Aguas del Júcar.
Finalmente, los tramos A y D también sufrirán cambios al modificarse la ubicación de la denominada balsa de la Venta del Potro, de donde partía la impulsión que conecta con el antiguo tramo V de la viaje conducción Cortes de Pallás-Vinalopó.
La balsa se desplaza 4,5 kilómetros aguas arriba sobre la traza inicial y permitirá un ahorro en longitud de algo más de cuatro kilómetros además de evitar la construcción de varios tanques de hormigón de unos 1.000 metros cúbicos de capacidad destinados a evitar los temidos golpes de ariete. Los cambios, que afectan también al tendido eléctrico que alimentará las estaciones de bombeo se justifica, según Aguas del Júcar en razones «ambientales» y «técnico económicas» que mejoran el trazado y suponen «una importante reducción del presupuesto de las obras

Los socialistas murcianos han calificado de «hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia» que se convoque a los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto del agua.

8 de enero de 2007.  El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha calificado de «hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia que por primera vez el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, convoque a todos los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto en materia de agua».

En este sentido, Jara destacó que «a diferencia de Aznar, que se dedicó a enfrentar a los territorios y a los ciudadanos, José Luis Rodríguez Zapatero está promoviendo el diálogo y el acuerdo en el tema del agua, algo que para la Región de Murcia es prioritario».

Para Jara, «la solución a los problemas hídricos se sostiene sobre dos pilares: el primero, las necesidad de inversiones millonarias, algo que el Gobierno de España ya está haciendo en la Región, donde ha destinado mil millones de euros para desalinización; y el segundo, alcanzar un acuerdo en materia de agua entre todas las comunidades autónomas».

Jara indicó que «es esto precisamente lo que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Valcárcel está instalado en la defensa del agua para la especulación y en el insulto al Gobierno de España».

A juicio del portavoz del PSRM-PSOE, «Valcárcel está más preocupado de su futuro personal que del futuro de los murcianos», indicaron fuentes socialistas.

La Fundación Agua y Progreso se gastó durante el ejercicio de 2005 más de 100.000 euros en ayudas monetarias dirigidas a entidades afines al PP. Según desvela el último informe de la Sindicatura de Comptes, la entidad, que se nutre fundamentalmente de los presupuestos de la Generalitat, repartió parte de sus fondos entre asociaciones agrarias y de regantes que han secundado la estrategia hídrica del Consell y de los populares valencianos. Así, la auditoría privada realizada a Agua y Progreso(y que el Síndic incluye en su informe) recoge dentro de la partida Ayudas monetarias distintas aportaciones a la Junta Central de usuarios del Vinalopó, a la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana, a la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) y a Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova). El importe global de estas aportaciones asciende a 105.000 euros y se justifican, según la auditoría, por la firma de una serie de convenios de colaboración, cuyo contenido no aclara.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que preside Andrés Martínez, es el colectivo que más dinero recibió: 70.000 euros. Este colectivo y su presidente han colaborado activamente con el Consell en la defensa del trasvase del Ebro y en las distintas acciones de protesta contra la política hídrica del Gobierno central. La misma colaboración ha encontrado el Consell en la Federación de Comunidades de Regantes que preside el concejal del PP de Castelló, José Pascual. La Federación obtuvo 20.300 euros, aunque tuvo que devolver 109 por gastos no justificados. Por otro lado, la auditoría habla de un total de 13.000 euros dirigidos a la Asaja. No se especifica a qué rama provincial de esta asociación de ámbito nacional se ha dado el dinero. No obstante, tanto AVA (Asociación Valenciana de Agricultores) como los Jóvenes Agricultores de Alicante secundaron en su día la manifestación organizada por el PP contra la derogación del trasvase del Ebro. Jóvenes Agricultores de Alicante, con su presidente Eladio Aniorte al frente, ha sido uno de los grandes aliados del PP valenciano. Asaja reintegró 602 euros por gastos no justificados. Por último, Agua y Progreso firmó otro convenio con Favcova en virtud del cual desembolsó a este colectivo 2.400 euros. Favcova, impulsada por Carlos Ruiz, es una organización vecinal que ha servido en numerosas ocasiones a la causa popular.
La Fundación Agua y Progreso fue creada por el Gobierno de Camps como un instrumento para su estrategia en materia hídrica basada en el enfrentamiento contra el Gobierno central por la derogación del trasvase del Ebro. Desde su constitución, la oposición ha criticado el funcionamiento de esta entidad pública al entender que ha actuado como un instrumento de propaganda del PP. Además, también ha cuestionado su política de contratación de personal. La Fundación tiene en nómina a miembros del PP, entre ellos al secretario provincial de Valencia. Como asesora trabaja Carmen Vila, quien recientemente envío mensajes SMS contra el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la misma tarde del atentado de ETA. Desde el grupo socialista, el diputado José Camarasa anunció ayer que pedirá copia de todos los convenios firmados por la Fundación para saber en qué se ha destinado el dinero y si este se ha destinado a defender los intereses de todos los valencianos «o sólo los de una parte». «Mucho nos tememos -añadió Camarasa- que el dinero se haya usado en connivencia con el PP para acciones de protesta contra Zapatero»

«El trasvase del Ebro planteado por Aznar está enterrado»; hay que defender «lo nuestro», el río Júcar, que se muere por «el pacto de Zaplana con Bono de 1997»; mantener el trasvase del Tajo al Segura, y ejecutar el Programa Agua, que podría incluir minitrasvases del Ebro al norte de Castellón. Son «prioridades» que conforman el «pacto del agua» que ayer propuso el líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a tres días de la conferencia de presidentes autonómicos convocada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Camps debe enterarse de que «el trasvase del Ebro de Aznar está enterrado», dice Pla

Ya está bien de «lloriqueos y quejas», conminó Pla. Es la hora de gobernar «sin partidismos» y «presentar propuestas para toda España». Por ello, planteó la conveniencia de establecer una «estrategia conjunta» ante la reunión del jueves con el presidente del Gobierno, que tratará sobre el agua, la inmigración e I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).

Esta estrategia partiría de la «defensa del Júcar, que está siendo esquilmado y maltratado mientras él mira para otro lado». Se refería el secretario general del PSPV a los problemas generados por la distribución del agua del río, que habría beneficiado a Castilla-La Mancha, en detrimento del caudal del Júcar a su paso por tierras valencianas. En este sentido, Pla no tuvo reparos en poner nombres al pacto de 1997 que originó esta situación, señalando al ex presidente socialista de Castilla-La Mancha, José Bono, y al ex presidente valenciano Eduardo Zaplana, del PP.

A pesar de la negativa del PP a discutir la conferencia de presidentes en un pleno en las Cortes, Pla dijo que está dispuesto a hablar «mañana mismo» [por hoy] con Camps. «Nadie puede tener ningún tipo de exclusividad ni trocear las conferencias hidrográficas ni atribuirse el caudal de un río», agregó.

El dirigente socialista reiteró que «el trasvase del Ebro está enterrado», apostillando en cada ocasión que aludía al «trasvase de Aznar». Respondió más tarde que estaba abierta la puerta a posibles trasvases entre cuencas, incluyendo minitrasvases del Ebro a Castellón, fruto de un «riguroso análisis» de la situación y de la ejecución del Programa Agua.

Pla incidió en las posiciones contrapuestas del PP aragonés y valenciano en materia de agua, sobrevoló por las posiciones en el seno del PSOE e incidió en que la única forma de alcanzar una solución es el diálogo y el consenso.

El líder socialista preguntó a Camps si está dispuesto a asumir todas las competencias en materia de agua de la reforma del Estatuto y si continúa «pensando en boicotear la acción del gobierno de España concretada a través del Programa Agua». Este programa ha permitido que «en la peor época de sequía de la historia de esta comunidad, por primera vez no haya cortes de suministros ni abastecimiento a nuestros pueblos y ciudades». Añadió que da la «impresión de que los populares tienen interés en que no llegue ni una gota de agua a la Comunitat para tener un arma arrojadiza más contra Zapatero».

En materia de inmigración, Pla indicó que la política del Consell «ha brillado por su ausencia» y se preguntó si Camps va a equiparar los recursos para favorecer la integración a los que destina el Gobierno. Sobre las inversiones en I+D+i, afirmó que la solución «más equitativa» es que la distribución de los fondos se lleve a cabo «no sólo en función de la situación de atraso de cada comunidad», sino en función de las mejoras que cada autonomía «pueda realizar y establecer con recursos propios y la presentación de proyectos».

Por otro lado, el secretario general del PSPV sostuvo que «no tiene ningún sentido» y es «absurdo» que la Generalitat catalana pida al Gobierno que fije una armonización de los impuestos autonómicos de sucesiones y donaciones en todas las comunidades y que limite su reducción para evitar que las comunidades entren en competencia. Pla respondió a los informadores que el planteamiento del Gobierno catalán es «un poco contradictorio con la conformación del Estado autonómico y con las reformas estatutarias». Sería «mejor» exigir que se produjera «un cumplimiento estricto y específico de la ley de Estabilidad», de forma que cada autonomía «hiciese su política fiscal», pero que cuando «haya problemas de situaciones de endeudamiento y mala gestión financiera como tiene la Generalitat valenciana no hubiese márgenes sino que se fuera muy estricto». A su juicio, «no es normal» que Camps «vaya presumiendo de que rebaja un tipo de impuesto y los valencianos debamos más que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial por el despilfarro y el derroche».

El discurso del Consell sobre la permanente denuncia de una supuesta discriminación de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está oradando, gota a gota, los cimientos electorales del PSPV.De entre los cuatro jinetes del apocalipsis, en versión PP (la política del agua, la falta de inversión en el AVE e infraestructuras, la insuficiente financiación y la inseguridad), la cuestión hídrica, es, sin duda, el argumento estrella. Por eso el líder de los socialistas intentó ayer mojarle la pólvora al presidente Francisco Camps y le propuso sentarse a consensuar un «gran pacto» del agua para que lo lleve a la III Conferencia de Presidentes que se celebra este jueves.

En su primera comparecencia ante la prensa del nuevo año, Pla subrayó la necesidad de que los dos partidos mayoritarios diseñen una «estrategia conjunta» en torno a la inmigración, a las políticas de I+D+i y al agua, asuntos que se tratarán en la cumbre autonómica. Pla se pronunció, en la misma longitud de onda que Zapatero, sobre la urgencia de un «pacto autonómico» del agua con acuerdos entre comunidades vecinas.

El PSPV pide «altura de miras»

Pla reclamó a Camps «altura de miras» y le pidió que deje de «anteponer los intereses de su partido a los de la Comunitat». «No nos gustaría que en la Conferencia de Presidentes actuara al dictado de Génova», en la alusión de la sede nacional del PP. El secretario general del PSPV conminó a Camps a «dejar la línea argumental del pasado y en vez de reclamar el trasvase ya enterrado del señor Aznar, debería defender claramente lo nuestro, que es el Júcar, un río esquilmado y maltratado». Hasta ahora, el Consell «da la sensación de no querer que llegue una gota de agua porque lo utiliza como arma arrojadiza». Ahora, argumentó Pla, debe decidir «si quiere colaborar o continuar con el lloriqueo y la queja permanente». El líder socialista quiere pactar sobre la base, explicó de «la defensa del Júcar, estableciendo las prioridades del uso de agua, el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y un compromiso de análisis pormenorizado y riguroso de la ejecución del Programa Agua», determinando las necesidades y, a medio plazo, podría plantearse un acuerdo «con las comunidades vecinas», que contemplaría «minitrasvases, entre otros desde el Ebro». Esto es, nada nuevo sobre la posición del PSPV en los últimos años. El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, explicó en un comunicado que dialogarán de agua «siempre que Joan Ignasi Pla se muestre a favor del trasvase del Ebro». Agregó que el socialista «tiene la oportunidad de ponerse del lado de los valencianos y defender el necesario e irrenunciable trasvase del Ebro», pero el trasvase «de los 350 hectómetros cúbicos», aclaró. Para Campos, Pla «debe sentarse a negociar sin condiciones previas». El portavoz del Consell, Vicente Rambla, fue mucho más explícito al asegurar, según la Agencia Efe, que la propuesta de estrategia conjunta sobre la Conferencia de Presidentes del próximo jueves, llega «tarde y mal». Recordó que «hace sólo unas semanas» el líder socialista se negó a consensuar el desarrollo legislativo del Estatut.

 A pesar de la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas, a cinco meses vista, el Gobierno central tratará de que en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo jueves en el Senado los máximos dirigentes de las comunidades eleven la mirada y muestren receptividad para consensuar líneas conjuntas de actuación en la política del agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación.

El Ejecutivo ofrecerá la participación de las autonomías en la gestión de los dos primeros asuntos, aunque se reservará la planificación general de ambas materias. Así se acordó en una reunión secreta celebrada el pasado jueves, 28 de diciembre, con miembros del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el secretario de organización, José Blanco, y los presidentes autonómicos socialistas.

Antes de proponer líneas de actuación conjunta a gobiernos de otros colores políticos, lo primero es que la familia vaya unida. Y parece que se ha conseguido. Los socialistas tuvieron una primera reunión, el jueves 28 de diciembre, en la que sin la presión mediática ni de la opinión pública han preparado la III Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 11 de enero. Política del agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación son los tres asuntos que se abordarán en la misma.

Las propuestas concretas se han empezado a elaborar, aunque las líneas de actuación ya se han marcado. El Gobierno central ofrecerá a las comunidades autónomas su participación en las Confederaciones Hidrográficas y en los órganos de gestión y planificación del agua.

En esta reunión, algunos de los presidentes autonómicos, singularmente los más concernidos en materia de agua -Marcelino Iglesias, de Aragón, y José María Barreda, de Castilla-La Mancha-, llamaron la atención sobre la incongruencia de que las autonomías tengan competencia exclusiva en materias como agricultura, ordenación del territorio y urbanismo, que necesitan  el agua, y, sin embargo, no están en ningún órgano de gestión del agua.

Algunas comunidades, como Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, del PSOE, o Valencia, del PP, han introducido en sus reformas estatutarias artículos para arañar competencias en materia de política hidráulica.

La concreción de las medidas que el Gobierno pretende consensuar con las comunidades autónomas se hará en la propia Conferencia de Presidentes, aunque en esta reunión se remachó que este foro, creado a iniciativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es de reflexión, deliberación y puesta en común de ideas.

Aun así habrá propuestas claras, como la creación de un Consejo Sectorial del Agua en el que estarán representadas las comunidades autónomas. En todo caso, las medidas serán tendentes a fomentar «la corresponsabilidad» del Gobierno central y los autonómicos en materia de agua.

Al comienzo de la reunión de los dirigentes socialistas, que continuó en un almuerzo sin salir de la sede del partido, María Teresa Fernández de la Vega hizo una intervención sobre los objetivos de la conferencia. El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, continuó con el uso de la palabra y en tono de broma invitó al presidente castellano-manchego a que «dijera lo que tenía que decir». Barreda ha acordado con el PP una reforma estatutaria en la que da por enterrado el trasvase de agua de su comunidad a Murcia en 2015.

Barreda y Marcelino Iglesias, que también ha incorporado a su Estatuto un máximo de hectómetros cúbicos que se deben quedar en Aragón cada año, coincidieron en suponer que el PP querrá poner sobre la mesa «la resurrección del Plan Hidrológico y del trasvase del Ebro», para concluir que los socialistas deben mantenerse firmes y seguir adelante con las «políticas de futuro».

En el terreno interno también se acordó no llevar a la mesa de la Conferencia de Presidentes los asuntos que dividen a los socialistas, aunque también al PP, como son algunas de las referencias del Estatuto de Aragón -en fase de enmiendas en el Congreso- y de Castilla-La Mancha, todavía sin debatir en su propio parlamento.

Los interlocutores consultados señalan que la reserva de agua que quiere establecer Aragón, o la petición de caducidad del trasvase del Tajo al Segura que se refleja en el texto de Castilla-La Mancha, no tiene nada que ver con las propuestas de políticas comunes que el Gobierno quiere hacer a todas las comunidades. Además, dan por seguro que los gobernantes del PP, presos de la misma división entre regiones, tampoco lo pondrán a debate.