La aprobación del Plan hidrológico de la Cuenca del Júcar ayudaría a abordar con garantías este nuevo periodo de sequía en el que nos adentramos. Así lo ha señalado el presidente de la Junta de regantes de la mancha oriental, cuando se cumplen 9 meses sin llover en la provincia.
La presidenta del Júcar tendrá listo el plan de cuenca en un año
D. MARTÍNEZ / ALICANTE
Día 24/03/2012
La flamante nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, debutó ayer en el cargo con una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el director general de Agua, Juan Urbano, a la que asistieron el resto de presidentes de organismos de cuenca. El objetivo de la reunión era abordar la planificación hidrológica de los próximos meses y, sobre todo, agilizar la elaboración de los nuevos planes de cuenca, que deben estar listos el próximo año.
Tal como adelantó en exclusiva ABC el pasado jueves, Ureña —secretaria autonómica en la época del fallecido José Ramón García Antón como conseller de Agua— fue nombrada presidenta de la CHJ a propuesta del PPCV, que logra instalar así sus tesis hídricas en el organismo de cuenca. El primer reto de Ureña será precisamente culminar la elaboración del nuevo plan de cuenca, que estaba ya muy avanzado en 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno, y que se comenzó a redactar desde cero bajo la presidencia del socialista Juan José Moragues.
El plan de cuenca del Júcar fue además motivo de enfrentamiento entre el Gobierno socialista y los regantes, dado que Moragues pretendía borrar de un plumazo 40.000 hectáreas de regadío en la Comunidad, al convertirlas en parcelas «potencialmente regables», lo que habría limitado los derechos sobre los caudales de los usuarios valencianos. Los regantes confían en que, bajo la presidencia de Ureña, se revise la valoración del regadío.
En el encuentro, celebrado en Madrid, el secretario de Estado de Medio Ambiente trasladó a los presidentes de las cuencas hidrográficas que el objetivo del Gobierno es «lograr una gestión unificada y coordinada del agua, con la prioridad de garantizar su suministro en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio nacional», según fuentes del Ministerio.
En este sentido, el segundo gran asunto que deberá abordar Ureña como presidenta de la CHJ es el desbloqueo del trasvase Júcar-Vinalopó, en el que el PP apuesta por recuperar la toma original. Si bien Ureña es natural de Sueca, cuya comunidad de regantes se opone al cambio, está plenamente identificada con las tesis del exconseller García Antón, que abogaba por la vuelta al trazado original.
María Ángeles Ureña, que hasta las pasadas elecciones autonómicas era secretaria autonómica de Agua, ha desarrollado una intensa carrera en la Administración autonómica, a la que se incorporó como jefa de gabinete de García Antón en 1998. Ha sido directora general de Arquitectura y secretaria autonómica de Medio Ambiente. Licenciada en Derecho, es funcionaria de carrera desde 1983.
El Gobierno ha cubierto finalmente, con veinte días de retraso, la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), vacante desde finales de febrero, cuando cesó el socialista Juan José Moragues. Según explicaron fuentes conocedoras de la operación, el Ministerio de Medio Ambiente confirmó ayer por la tarde a la exsecretaria autonómica María Ángeles Ureña que ha sido designada para el cargo.
Ureña trabajó como secretaria autonómica de Medio Ambiente a las órdenes del fallecido exconseller José Ramón García Antón, cuya apuesta por la solidaridad entre cuencas y los trasvases ha guiado la política hídrica del Consell y del PPCV desde 2004. Antes, había ejercido el cargo de jefa de gabinete de García Antón en la misma Conselleria. Fuentes políticas consultadas por ABC no dudaron en definirla como «la mano derecha, y también la izquierda, de García Antón».
La llegada de Ureña a la Confederación, que se hará oficial cuando se publique el nombramiento, cumple así la aspiración de la Generalitat de situar a un presidente de cuenca alineado con las tesis hídricas del PPCV. Según las mismas fuentes, Ureña es sensible a la problemática de los trasvases, en especial el Júcar-Vinalopó —cuyo cambio de trazado para recuperar la toma original comprometió el PP en la campaña de las generales—, pero también el Tajo-Segura.
Asimismo, conoce de primera mano la situación de los regadíos valencianos, que iban a verse mermados en un 40% según el Plan de Cuenca que empezó a tramitar el anterior presidente del organismo.
El cargo de presidente de la CHJ iba a ser ocupado en principio, tal como publicó ABC el pasado 9 de febrero, por José María Benlliure, otro estrecho colaborador del exconseller García Antón que ocupa en la actualidad el cargo de director general del Agua en la Generalitat. No obstante, el nombramiento de Benlliure se paralizó hace veinte días, dados los recelos que había despertado —por su beligerancia en defensa de los trasvases— en la segunda región que integra la cuenca del Júcar, Castilla-La Mancha.
En cualquier caso, las mismas fuentes explicaron que, una vez nombrada María Ángeles Ureña como presidenta de la CHJ, Benlliure se integrará casi con toda seguridad como director técnico de la Confederación. De hecho, el actual director general del Agua de la Generalitat ya había trabajado en el organismo de cuenca antes de incorporarse a la Administración autonómica de la mano de García Antón.
En cambio, en la Confederación Hidrográfica del Segura —de la que forma parte la mitad sur de la provincia de Alicante—, sí se cumplió lo previsto, y el hasta entonces director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, tomó posesión del cargo hace tres semanas. Ródenas y Benlliure habían colaborado estrechamente los últimos años.
El Gobierno y el sector agrario, reunido hoy en la Mesa de la Sequía, crearán un grupo de trabajo para evaluar en el plazo de una semana las posibles medidas de apoyo para los agricultores y ganaderos afectados, entre las que no se descartan las financieras, las fiscales o las ayudas «de minimis». Así lo ha avanzado en rueda de prensa el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Jaime Haddad ha presidido dicha Mesa en la que han participado representantes de Cooperativas Agro-alimentarias, de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, de la federación de regantes Fenacore, y el Ministerio de Hacienda.
“Espero que en esta semana lleguemos a una definición de medidas en colaboración con el sector, siempre dentro de las limitaciones presupuestarias que vienen marcadas por la actual situación económica”, ha señalado el subsecretario.
Según ha explicado el subsecretario, en esta reunión se ha analizado la situación de los sectores más afectados por la sequía, concretamente, la ganadería por el incremento de costes al tener que alimentar al ganado con piensos ante la falta de pastos, y el cereal de invierno, que está viendo afectado su crecimiento por la falta de lluvias.
El subsecretario ha puesto de manifiesto que, pese a padecer una situación de sequía meteorológica importante, el nivel de los embalses sigue estando por encima de la media de otros años, en torno a un 62%.
Durante la reunión se ha recordado que España tiene un seguro agrario que cubre los riesgos de sequía, “un seguro agrario que probablemente es uno de los más desarrollados de Europa y que, en estos momentos, ya está trabajando para valorar los daños irrecuperables y para indemnizarlos”.
En este sentido, el subsecretario ha indicado que se está en contacto con Agroseguros para plantear el adelanto de las indemnizaciones para todos aquellos ganaderos que tengan asegurada la cabaña, con el fin de dar liquidez al sector.
El subsecretario también ha señalado que el adelanto de las ayudas de la PAC “beneficiaría considerablemente a los sectores afectados que, debido al incremento de los costes, lo que necesitan en estos momentos es liquidez”. “Para nosotros, ha añadido Jaime Haddad, el adelanto de las ayudas de la PAC sería muy necesario y tendría un impacto positivo dentro del sector”.
Por otra parte, Jaime Haddad no ha descartado medidas de tipo fiscal, siempre en el contexto de las limitaciones presupuestarias actuales, así como la posibilidad de adoptar medidas de carácter financiero y todas aquellas medidas que puedan ayudar al sector en estos momentos.
Opiniones de las organizaciones agrarias
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, ha pedido ayuda al Ministerio para afrontar los «abusivos» costes energéticos que tienen los regadíos, que según sus datos desde 2008 se han incrementado en un 450 % en términos fijos y en un 80 % en consumo.
Para el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando Marcén, la falta de lluvias pone en peligro la trayectoria positiva en términos de creación de empleo y exportaciones de este tipo de empresas, así como contratos de suministro con clientes y en otros países que «había costado mucho conseguir».
El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha apuntado que la falta de lluvias afecta a casi todas las regiones y, en muchos casos, se suman a las pérdidas causadas por las últimas heladas, por lo que urge medidas fiscales como una moratoria en los créditos y cuotas a la seguridad social, rebajas en la factura de insumos y tarifas eléctricas o instalación de puntos de agua.
Según el secretario general de COAG, Miguel Blanco, la situación es crítica para los cereales de secano, de los que se podría perder un tercio de la producción si no llueve lo suficiente en una semana, con daños por valor de mil millones de euros, así como en la ganadería extensiva, que habría perdido más de 500 millones.
Por parte de UPA, su vicesecretaria general, Montserrat Cortiñas, ha recordado que, aunque la situación presupuestaria es «complicada», «peor sería dejar caer» un tejido productivo como el ganadero que, en su opinión, necesita de medidas «urgentes» como las adoptadas en anteriores sequías para aportarles liquidez.
Por otro lado, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha señalado que España solicitará “un adelanto de las ayudas comunitarias, fundamentalmente del pago único desacoplado y las primas ganaderas, porque tiene una gran trascendencia para nuestro país ya que hablamos de cifras muy importantes” que contribuirían a paliar el difícil momento que atraviesan los agricultores.
El ministro explicaba así las gestiones que se están realizando en el ámbito comunitario en relación con la sequía, en declaraciones realizadas a la entrada del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebra este martes en Bruselas. “Estas ayudas podrían adelantarse al mes de octubre, ya que algunas se pagan en diciembre y otras se prorrogan hasta el mes de junio, y ese adelanto sería de gran importancia para aliviar la carga financiera de las explotaciones agrarias”, ha añadido.
En definitiva, lo que se pedirá hoy es que se pongan en marcha los mecanismos en el Comité de Gestión de la UE, que es el grupo que adoptaría la decisión formal de autorizar el adelanto de los fondos, ha resumido.
Arias Cañete ha avanzado que también se han llevado a Bruselas otras peticiones destinadas a la ganadería. “Vamos a pedir que haya flexibilidad en las ayudas en las primas ganaderas, estableciendo, en la prima a la vaca nodriza, que no se pierdan los derechos que no se utilicen plenamente, en un año tan intenso como el actual en el que la situación de los pastos es muy preocupante”.
España, junto con Portugal, expondrá en Bruselas la necesidad de actuaciones inmediatas porque “la situación de la agricultura y la ganadería cuando la pluviometría es un 49% inferior a la media de los últimos años, cumple todos los parámetros para que haya actuaciones tanto en el ámbito de la UE como de los gobiernos nacionales”.
Mesa de la sequía
El ministro se ha referido a la celebración, en la sede del Ministerio este lunes, de la “mesa de la sequía”. Arias Cañete ha señalado que “junto con las organizaciones agrarias tendremos la posibilidad de analizar el impacto territorial y las posibilidades que se podrán poner en marcha”. En este sentido, ha matizado que “la evaluación de daños es muy compleja en una agricultura como la española, muy de secano, donde solo se podrá hacer una evaluación cuando se aproxime el momento de la cosecha, por lo que ahora son evaluaciones muy provisionales”.
En relación con las consecuencias de la sequía, Arias Cañete ha puntualizado también que “hay que tomar en cuenta que muchos de los daños están asegurados, porque España, a diferencia de Portugal, tiene un nivel de seguro muy potente y así, en los cereales de invierno, por ejemplo, hay un alto grado de aseguramiento”.
En cualquier caso, ha añadido el ministro, “está claro que la actividad ganadera está muy afectada” por la situación de los pastos que provoca que se esté alimentando el ganado a base de piensos. “En el resto habrá que ver la evolución de las lluvias de los próximos meses y analizar los datos en el momento en que lleguen las cosechas, pero la reunión de la mesa de hoy permitirá conocer los sectores más afectados y las posibles medidas para paliar los efectos de una sequía que está siendo muy dura, sobre todo en algunos territorios en España”.
La Mesa de la Sequía, que se reunirá el próximo 20 de marzo para analizar las repercusiones de la falta de lluvias en las producciones, integrará a representantes de Cooperativas Agro-alimentarias, de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y de los regantes de la Federación Fenacore. Así lo ha detallado hoy el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un comunicado, en el que precisa que el subsecretario del Ministerio, Jaime Haddad, presidirá esta Mesa, que también contará con un representante del Ministerio de Hacienda.
Además, España pedirá a la Unión Europea el próximo martes que se pueda hacer uso de las ayudas agrícolas para paliar la sequía que afecta a algunos países del sur del continente, en el caso de que la situación no mejore en el futuro.
El punto se tratará en un Consejo de ministros de Agricultura a petición de España y Portugal, países que ya abogaron por una respuesta comunitaria frente a la sequía en una reunión de ministros de Medio Ambiente celebrada el pasado 9 de marzo.
Por otro lado, l
En concreto, el sindicato demanda que la cobertura de los seguros agrarios para los trabajadores autónomos se extienda a los asalariados, en el marco de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), según un comunicado.
La Federación Agroalimentaria de CCOO ha recordado que el invierno hidrológico ha sido «excepcionalmente seco y frío», y que las heladas ya han supuesto pérdidas «importantes» en producciones hortofrutícolas.
Ha añadido que la sequía tendrá repercusiones directas en muchos cultivos de secano como los cereales, que podrían extenderse al olivar, el viñedo y otros productos hortofrutícolas «si no llueve próximamente».
El sindicato ha subrayado que las pérdidas de producción por heladas y sequía han comportado reducciones en los ingresos de los empresarios agrarios, así como en el número de jornales de los asalariados que realizan la recolección, un colectivo que reúne a más de 830.000 personas en España y que sufre «de forma más cruel» estas pérdidas.
Para representar sus intereses, CCOO reclama la presencia sindical en los foros y mesas que se constituyan para abordar el impacto del frío y la falta de lluvias, pues considera «inadmisible» que la Administración excluya a estos trabajadores.
El sindicato ha trasladado al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, la necesidad de tener en cuenta en los medidas que se adopten a los trabajadores a sueldo, que constituyen «la parte más débil de la cadena», ya que pierde «lo único que tiene, su empleo».
a Federación Agroalimentaria de CCOO ha reclamado hoy su participación en la Mesa de la Sequía que se reunirá el día 27 y que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) tenga en cuenta el impacto que puede tener en el empleo asalariado del sector agroalimentario.
La vigésima edición del Salón Internacional del Agua y del Riego, Smagua, reunirá desde mañana, martes, en la Feria de Zaragoza a 1.037 expositores nacionales y extranjeros, que presentarán al mundo sus principales innovaciones tecnológicas.
EFE.- Del total de expositores, el 60 por ciento son extranjeros, un total de 629, procedentes de los cinco continentes, sobre todo de Alemania, Italia y Estados Unidos, aunque también de Taiwán, China, Australia o Japón.
El Salón se celebrará hasta el viernes día 9 de marzo, cuatro jornadas en las que Zaragoza se convierte en «referente mundial del agua» por el número de expositores, por la tecnología que se expone y por las novedades que aquí se presentan.
Durante el evento se van a celebrar más de 200 misiones comerciales de unos 80 países que se desarrollarán en la feria.
Los sectores de la exposición son prospección y alumbramiento; conducción, transporte y almacenamiento; tratamiento y depuración del agua; equipos para riego y otros equipamientos; ingenierías y publicaciones técnicas; entorno energético; tratamiento de residuos e ingeniería medioambiental.
Se esperan 40.000 visitantes, todos ellos profesionales de empresas del sector publico y privado; técnicos especializados en medioambiente y recursos hidráulicos; investigadores; ingenieros y consultores; representantes de la Administración Pública; institutos de investigación, y otras industrias vinculadas al agua, el riesgo y el medioambiente.
Se presentarán 31 novedades a nivel mundial por parte de 25 empresas, y de ellas dos son aragonesas: Iverna 2000, que presenta un accesorio para evitar robos de tapas y rejas en viales; y Contazara, que dará los detalles sobre un contador volumétrico para agua con electrónica para su gestión.
En el marco de la feria se celebrarán los encuentros bilaterales Be2Ween, promovidos por la Confederación de Empresarios de Aragón y en los que participan un buen número de empresas europeas; misiones comerciales de la Asociación de Fabricantes de Tecnologías de Agua; el Foro Internacional Tecnología Española del Agua: Proyección y Oportunidades de la marca España; y una jornada técnica sobre «Gestión, mantenimiento y optimización de plantas depuradoras».
También se van a desarrollar un curso sobre manipulación de agua de consumo y jornadas sobre «Ahorro energético en el ciclo urbano del agua», «La gestión de lodos de depuradora y su valoración energética» o «Aspectos técnicos y legales relacionados con el tratamiento del agua en edificios».
Un decreto ley frenó en seco en 2004, al poco de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, el proyecto para trasvasar aguas del Ebro al litoral levantino. Con aquella obra, el gobierno precedente, presidido por José María Aznar, pretendía paliar las dificultades hídricas de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.
La alternativa de los socialistas, aprobada en septiembre de ese mismo año, se bautizó «Programa AGUA», sigla de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua. Con él buscaba hacer llegar a la costa mediterránea, desde Gerona a Málaga, 1.063 hectómetros cúbicos de agua, algo más de los 1.050 que preveía el trasvase derogado. Para ello se preveía un total de 105 actuaciones, aunque el grueso del programa era la construcción de plantas desaladoras que permitieran emplear el agua del mar tanto para el consumo humano como para la agricultura. En definitiva, «más agua y más barata», rezaba el eslogan.
Sin embargo, el resultado del programa al cabo de más de siete años se quedó lejos de los objetivos. Según los datos ofrecidos en el Congreso por el nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de las 51 desaladoras que se preveía construir, solo hay 17 en funcionamiento y otras 15 en construcción y los 678 hectómetros cúbicos que deberían generar estas instalaciones se han quedado en 111, el 16,5%. Además, el coste de producción por metro cúbico es para el regadío de 1,10 euros, cuatro veces más que los 0,30 «que puede soportar el usuario», según Arias Cañete.
En concreto, en el litoral Mediterráneo solo hay una veintena «censadas» por Acuamed (ver gráfico), de las cuales solo una cuarta parte están plenamente en servicio, informa Manuel Buitrago.
La sequía que viene padeciendo España, después de unos años de relativa abundancia de agua en los embalses, ha hecho saltar las alarmas de los regantes y puede devolver al primer plano la falta de infraestructuras hidráulicas necesarias. Y no solo el Mediterráneo sigue padeciendo los problemas que el Gobierno socialista pretendía resolver. Tampoco en Aragón, a pesar de haber frenado el trasvase del Ebro, se han solucionado sus dificultades para acceder al agua que atraviesa su territorio. En esta Comunidad, la sequía sigue siendo un mal endémico y el Ebro, en años de bonanza , continúa perdiendo miles de hectómetros porque siguen sin hacerse los embalses. La bandera de la «nueva cultura del agua» que enarboló el PSOE dejó aparcadas las obras de regulación que aún espera Aragón.
En Huesca, en plena geografía de la «España verde», siguen esperando desde hace décadas el embalse de Biscarrués, uno de los previstos en el Pacto del Agua. Tanto se ha retrasado la construcción de Biscarrués que los sistemas de riego están hechos por los regantes y, sin embargo, no hay embalse. Se han invertido del orden de 300 millones de euros en transformar en regadíos miles de hectáreas de los Monegros, que siguen esperando la presa.
En el año 2009, en la primera mitad del año, el Ebro vertió al mar 2.400 hectómetros cúbicos solo en un mes, en enero, porque las presas que hay operativas no podían guardar más agua. Otro ejemplo: en 2010, en solo dos meses —enero y febrero—, el Ebro había vertido al Mediterráneo 2.500 hectómetros cúbicos. Y los regantes ven cómo esos caudales se dejan correr a sabiendas de que llegarán años de sequía.
Con el agua que se ha dejado perder en 2009 y en 2010, Aragón tendría garantizado ahora el suministro de amplias zonas que sufren, resignadas, una sequía provocada por la falta de lluvias. También el Gobierno aragonés, que ahora preside la popular Luisa Fernanda Rudi, reclama a Cañete la urgente necesidad de los embalses del Pacto del Agua.
Con ellos, además, se podrá cumplir de forma efectiva un derecho reconocido a Aragón en su Estatuto de Autonomía: disponer de una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos de agua del Ebro para rentabilizar el agua, uno de los mayores recursos que tiene Aragón. En esta Comunidad existe una opinión compartida por todos los partidos de que si estuvieran hechos los embalses y Aragón, de una vez por todas, pudiera aprovechar esa reserva de 6.550 hectómetros cúbicos, el Ebro dejaría de tener aguas «excedentarias». Por eso Rudi no duda en advertir que no aceptará que se resucite el trasvase del Ebro.
La reciente intervención de Arias Cañete en el Congreso, en la que anunció un nuevo Plan Hidrológico «solidario» y se mostró favorable a los trasvases, amenazó con reabrir la «guerra del agua» entre comunidades.
Tal vez por eso Cañete ha aclarado en los últimos días que el Pacto Nacional del Agua «no es inminente». El ministro señaló que los planes de cuenca están «muy retrasados» y que el Gobierno se ha marcado el objetivo de que estén concluidos «antes de septiembre de 2013». Será después de esa fecha cuando se propondrá «como broche», un gran pacto que derive en un Plan Hidrográfico Nacional, explicó.
La falta de lluvias de los últimos meses está sembrando la alarma en el campo, sobre todo por la ausencia de las obras hidráulicas necesarias. «Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena», afirma el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ante la que considera ya «la peor sequía de los últimos 70 años». Para Del Campo, la escasez no solo debe combatirse con soluciones «sobre el papel», en alusión a los decretos especiales y planes de emergencia, sino también con un Plan Hidrológico Nacional «coherente» que avance en la construcción de obras «capaces de asegurar el abastecimiento en periodos de escasez».
Fenacore, que considera «infrautilizadas» las desaladoras que impulsó el Gobierno socialista, estima que serían necesarias medio centenar de nuevas presas para afrontar las sequías cíclicas. Las obras de regulación, sostiene, «permitirían almacenar el agua e impedir las inundaciones, evitando desperdiciar recursos que luego se necesitarían en épocas de escasez».
La sequía meteorológica, advierten los regantes, es «preocupante» para el sector agrario, que se ha visto obligado a llevar a cabo riegos de emergencia para asegurar la producción de los cultivos de invierno. Las plantaciones de secano— el 85 por ciento de la superficie agraria útil— «están seriamente dañadas y, si se prolonga la sequía, pronto estarán ya perdidas», sostienen.
Además, los cultivos de regadío necesitarán de riegos más abundantes para sobrellevar los calurosos meses de verano, lo que agravará la situación económica del sector, con mayores costes de agua y energía. La ausencia de precipitaciones puede derivar en sequía hidrológica, a pesar de que los embalses aún se encuentren a un 60% de su capacidad. «Si estuvieran construidas las obras hidráulicas necesarias, hoy no estaríamos hablando de esto», afirma el representante de los regantes.
En la misma línea, la organización agraria Asaja da por perdidos los cultivos herbáceos de Aragón, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, si no llueve en los próximos 15 días.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1114704
Los regantes han pedido hoy un Plan Hidrológico Nacional (PHN) «coherente» que avance en la construcción de embalses y trasvases para luchar contra la sequía no solo con soluciones «sobre el papel» como decretos especiales y planes de emergencia de las cuencas.
Así lo ha explicado en un comunicado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, quien critica que «solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena».
Ha recordado que los agricultores defienden la construcción sostenible de embalses y trasvases desde 2004, cuando se derogó el trasvase del Ebro y se aprobó como alternativa el programa AGUA, «con las desaladoras como medida estrella, hoy infrautilizadas».
Según Del Campo, uno de los mayores ejemplos de ausencia de obras de regulación en España está en la Cuenca del Ebro.
En su opinión, «no se puede concebir» que «cada vez que llueve se inunde la zona media y cabecera del río, obligando a liberar el exceso de caudal anegando tierras agrícolas cercanas al cauce» y unos meses después exista un déficit en una gran parte de la cuenca, como ocurre actualmente en el margen izquierdo».
España atraviesa el periodo más seco de los últimos setenta años; una sequía meteorológica «preocupante» para el sector agrario, que se ha visto obligado a llevar adelante riegos de emergencia para asegurar la producción de los cultivos de invierno, según Fenacore.
En la actualidad, las plantaciones de secano, que representan el 85 % de la superficie agraria útil, están «seriamente dañadas» y si se prolonga la sequía, «pronto estarán ya perdidas».
La falta de lluvias «también puede ser particularmente grave en el caso de los cultivos» de irrigación que necesitarán de riegos más abundantes para soportar los meses de verano.
Con ello, subirán los costes de agua y energía para el agricultor, lo que reducirá sus márgenes y competitividad y «agravará la situación económica del sector».
Y si la ausencia de precipitaciones se prolongara en el tiempo, «podríamos llegar a una sequía hidrológica», avisa Fenacore, aunque matiza que los agricultores se encuentran en mejores condiciones que en décadas anteriores para afrontarla, se han suscrito seguros agrarios para evitar «situaciones catastróficas» y se cuenta con tecnología de riego para producir «más con menos agua».
«Es verdad que la experiencia de sequías anteriores nos permitirá afrontar con más organización la falta de lluvias; pero, desde luego, si estuvieran construidas las obras hidráulicas necesarias, hoy no estaríamos hablando de esto y no sería noticia», ha argumentado la Federación.
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La pugna por el control de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se ha inclinado a favor de Aragón, fruto de los pactos en vigor desde mediados del año pasado entre PP y PAR. El PP aragonés liderado por la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, ha cedido a la petición del PAR de ocupar la presidencia de la CHE. Rudi no ve con malos ojos que sus actuales socios tengan presencia destacada en ciertos órganos en los que —como es el caso de la CHE— puede haber necesidad de presionar en defensa de intereses estratégicos para la región.
Así las cosas, todo apunta a que el nuevo presidente de la CHE será el aragonesista Xavier de Pedro, de la plena confianza del líder del PAR, José Ángel Biel. Esto no significa que el gobierno de las aguas del Ebro quede en mano del PAR, pero, de facto, sí evidencia que el Gobierno de Rajoy da relevancia a los pactos entre ambos partidos en una cuestión sensible como es la política hídrica.
Y, para Rudi, supone hacer valer también los compromisos asumidos del pacto con el PAR como «escudo» para retos espinosos: negativa a cualquier hipotético trasvase del Ebro; exigir al Estado que otorgue a Aragón de forma efectiva la gestión de los 6.550 hectómetros cúbicos de aguas del Ebro que le reconoce el Estatuto de Autonomía (ley orgánica) como reserva exclusiva de esta región; dar prioridad a la construcción de los embalses pendientes en Aragón; y contrarrestar la aspiración catalana de controlar los caudales del Ebro, porque la Generalitat, desde hace años, intenta que el caudal ecológico del Delta sea algo a negociar bilateralmente entre ellos y el Estado.
Los nacionalistas catalanes quieren elevar sustancialmente el caudal ecológico fijado actualmente, y eso limitaría el aprovechamiento de las aguas del Ebro en las regiones situadas más arriba, entre ellas Aragón.
Todo eso son asuntos pendientes que pueden generar tensiones. Y, de momento, el primer capítulo —la pugna por la presidencia de la CHE— se ha inclinado del lado del PAR por su pacto con el PP. Y eso a pesar de que la cuestión ha generado recelos entre algunos colectivos políticos, de regantes y ecologistas,
Desde Riegos del Alto Aragón, la comunidad de regantes más extensa de la región con 2.500 kilómetros cuadrados de superficie de influencia y más de 25.000 familias dependientes de la agricultura, sostienen que debe ser un técnico y no un político quien ocupe el cargo, ya que en juego está la politización del agua. Su presidente, César Trillo, asegura que será «un error monumental» que un político de un partido regionalista se haga cargo de la CHE. Trillo apuesta por que sea un técnico o bien un político de ámbito nacional quien dirija la Confederación. Es —dice— la única forma de que se mantenga el principio de unidad de Cuenca y de unidad de gestión. Algo que los regantes defienden por encima de todo.
Razones bien distintas llevan a los ecologistas a oponerse al nombramiento de un aragonesista al frente de la CHE. En este caso, su posición a favor de construir los embalses pendientes en Aragón es lo que lleva a estas organizaciones a rechazar la posibilidad de que el PAR controle el Ebro.
Menor rango
Por otra parte, la decisión del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de rebajar el rango de los presidentes de las confederaciones limitará su margen de maniobra. Las decisiones de más calado se tomarán desde Madrid. A partir de ahora los presidentes de las confederaciones hidrográficas serán subdirectores generales, dependientes del secretario de Estado y del director general del Agua del Ministerio.