El Gobierno y el sector agrario, reunido hoy en la Mesa de la Sequía, crearán un grupo de trabajo para evaluar en el plazo de una semana las posibles medidas de apoyo para los agricultores y ganaderos afectados, entre las que no se descartan las financieras, las fiscales o las ayudas «de minimis». Así lo ha avanzado en rueda de prensa el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Jaime Haddad ha presidido dicha Mesa en la que han participado representantes de Cooperativas Agro-alimentarias, de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, de la federación de regantes Fenacore, y el Ministerio de Hacienda.

“Espero que en esta semana lleguemos a una definición de medidas en colaboración con el sector, siempre dentro de las limitaciones presupuestarias que vienen marcadas por la actual situación económica”, ha señalado el subsecretario.

Según ha explicado el subsecretario, en esta reunión se ha analizado la situación de los sectores más afectados por la sequía, concretamente, la ganadería por el incremento de costes al tener que alimentar al ganado con piensos ante la falta de pastos, y el cereal de invierno, que está viendo afectado su crecimiento por la falta de lluvias.

El subsecretario ha puesto de manifiesto que, pese a padecer una situación de sequía meteorológica importante, el nivel de los embalses sigue estando por encima de la media de otros años, en torno a un 62%.

Durante la reunión se ha recordado que España tiene un seguro agrario que cubre los riesgos de sequía, “un seguro agrario que probablemente es uno de los más desarrollados de Europa y que, en estos momentos, ya está trabajando para valorar los daños irrecuperables y para indemnizarlos”.

En este sentido, el subsecretario ha indicado que se está en contacto con Agroseguros para plantear el adelanto de las indemnizaciones para todos aquellos ganaderos que tengan asegurada la cabaña, con el fin de dar liquidez al sector.

El subsecretario también ha señalado que el adelanto de las ayudas de la PAC “beneficiaría considerablemente a los sectores afectados que, debido al incremento de los costes, lo que necesitan en estos momentos es liquidez”. “Para nosotros, ha añadido Jaime Haddad, el adelanto de las ayudas de la PAC sería muy necesario y tendría un impacto positivo dentro del sector”.

Por otra parte, Jaime Haddad no ha descartado medidas de tipo fiscal, siempre en el contexto de las limitaciones presupuestarias actuales, así como la posibilidad de adoptar medidas de carácter financiero y todas aquellas medidas que puedan ayudar al sector en estos momentos.

Opiniones de las organizaciones agrarias

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, ha pedido ayuda al Ministerio para afrontar los «abusivos» costes energéticos que tienen los regadíos, que según sus datos desde 2008 se han incrementado en un 450 % en términos fijos y en un 80 % en consumo.

Para el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando Marcén, la falta de lluvias pone en peligro la trayectoria positiva en términos de creación de empleo y exportaciones de este tipo de empresas, así como contratos de suministro con clientes y en otros países que «había costado mucho conseguir».

El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha apuntado que la falta de lluvias afecta a casi todas las regiones y, en muchos casos, se suman a las pérdidas causadas por las últimas heladas, por lo que urge medidas fiscales como una moratoria en los créditos y cuotas a la seguridad social, rebajas en la factura de insumos y tarifas eléctricas o instalación de puntos de agua.

Según el secretario general de COAG, Miguel Blanco, la situación es crítica para los cereales de secano, de los que se podría perder un tercio de la producción si no llueve lo suficiente en una semana, con daños por valor de mil millones de euros, así como en la ganadería extensiva, que habría perdido más de 500 millones.

Por parte de UPA, su vicesecretaria general, Montserrat Cortiñas, ha recordado que, aunque la situación presupuestaria es «complicada», «peor sería dejar caer» un tejido productivo como el ganadero que, en su opinión, necesita de medidas «urgentes» como las adoptadas en anteriores sequías para aportarles liquidez.

El ministro Arias Cañete pide el adelanto de las ayudas comunitarias

Por otro lado, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha señalado que España solicitará “un adelanto de las ayudas comunitarias, fundamentalmente del pago único desacoplado y las primas ganaderas, porque tiene una gran trascendencia para nuestro país ya que hablamos de cifras muy importantes” que contribuirían a paliar el difícil momento que atraviesan los agricultores.

El ministro explicaba así las gestiones que se están realizando en el ámbito comunitario en relación con la sequía, en declaraciones realizadas a la entrada del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebra este martes en Bruselas. “Estas ayudas podrían adelantarse al mes de octubre, ya que algunas se pagan en diciembre y otras se prorrogan hasta el mes de junio, y ese adelanto sería de gran importancia para aliviar la carga financiera de las explotaciones agrarias”, ha añadido. 

En definitiva, lo que se pedirá hoy es que se pongan en marcha los mecanismos en el Comité de Gestión de la UE, que es el grupo que adoptaría la decisión formal de autorizar el adelanto de los fondos, ha resumido.

Arias Cañete ha avanzado que también se han llevado a Bruselas otras peticiones destinadas a la ganadería. “Vamos a pedir que haya flexibilidad en las ayudas en las primas ganaderas, estableciendo, en la prima a la vaca nodriza, que no se pierdan los derechos que no se utilicen plenamente, en un año tan intenso como el actual en el que la situación de los pastos es muy preocupante”. 

España, junto con Portugal, expondrá en Bruselas la necesidad de actuaciones inmediatas porque “la situación de la agricultura y la ganadería cuando la pluviometría es un 49% inferior a la media de los últimos años, cumple todos los parámetros para que haya actuaciones tanto en el ámbito de la UE como de los gobiernos nacionales”.

Mesa de la sequía

El ministro se ha referido a la celebración, en la sede del Ministerio este lunes, de la “mesa de la sequía”. Arias Cañete ha señalado que “junto con las organizaciones agrarias tendremos la posibilidad de analizar el impacto territorial y las posibilidades que se podrán poner en marcha”. En este sentido, ha matizado que “la evaluación de daños es muy compleja en una agricultura como la española, muy de secano, donde solo se podrá hacer una evaluación cuando se aproxime el momento de la cosecha, por lo que ahora son evaluaciones muy provisionales”. 

En relación con las consecuencias de la sequía, Arias Cañete ha puntualizado también que “hay que tomar en cuenta que muchos de los daños están asegurados, porque España, a diferencia de Portugal, tiene un nivel de seguro muy potente y así, en los cereales de invierno, por ejemplo, hay un alto grado de aseguramiento”.

En cualquier caso, ha añadido el ministro, “está claro que la actividad ganadera está muy afectada” por la situación de los pastos que provoca que se esté alimentando el ganado a base de piensos. “En el resto habrá que ver la evolución de las lluvias de los próximos meses y analizar los datos en el momento en que lleguen las cosechas, pero la reunión de la mesa de hoy permitirá conocer los sectores más afectados y las posibles medidas para paliar los efectos de una sequía que está siendo muy dura, sobre todo en algunos territorios en España”.

La Mesa de la Sequía, que se reunirá el próximo 20 de marzo para analizar las repercusiones de la falta de lluvias en las producciones, integrará a representantes de Cooperativas Agro-alimentarias, de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y de los regantes de la Federación Fenacore. Así lo ha detallado hoy el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un comunicado, en el que precisa que el subsecretario del Ministerio, Jaime Haddad, presidirá esta Mesa, que también contará con un representante del Ministerio de Hacienda.

Además, España pedirá a la Unión Europea el próximo martes que se pueda hacer uso de las ayudas agrícolas para paliar la sequía que afecta a algunos países del sur del continente, en el caso de que la situación no mejore en el futuro.

El punto se tratará en un Consejo de ministros de Agricultura a petición de España y Portugal, países que ya abogaron por una respuesta comunitaria frente a la sequía en una reunión de ministros de Medio Ambiente celebrada el pasado 9 de marzo.

Pérdidas de empleo

Por otro lado, l

En concreto, el sindicato demanda que la cobertura de los seguros agrarios para los trabajadores autónomos se extienda a los asalariados, en el marco de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), según un comunicado.

La Federación Agroalimentaria de CCOO ha recordado que el invierno hidrológico ha sido «excepcionalmente seco y frío», y que las heladas ya han supuesto pérdidas «importantes» en producciones hortofrutícolas.

Ha añadido que la sequía tendrá repercusiones directas en muchos cultivos de secano como los cereales, que podrían extenderse al olivar, el viñedo y otros productos hortofrutícolas «si no llueve próximamente».

El sindicato ha subrayado que las pérdidas de producción por heladas y sequía han comportado reducciones en los ingresos de los empresarios agrarios, así como en el número de jornales de los asalariados que realizan la recolección, un colectivo que reúne a más de 830.000 personas en España y que sufre «de forma más cruel» estas pérdidas.

Para representar sus intereses, CCOO reclama la presencia sindical en los foros y mesas que se constituyan para abordar el impacto del frío y la falta de lluvias, pues considera «inadmisible» que la Administración excluya a estos trabajadores.

El sindicato ha trasladado al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, la necesidad de tener en cuenta en los medidas que se adopten a los trabajadores a sueldo, que constituyen «la parte más débil de la cadena», ya que pierde «lo único que tiene, su empleo».

a Federación Agroalimentaria de CCOO ha reclamado hoy su participación en la Mesa de la Sequía que se reunirá el día 27 y que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) tenga en cuenta el impacto que puede tener en el empleo asalariado del sector agroalimentario.

La vigésima edición del Salón Internacional del Agua y del Riego, Smagua, reunirá desde mañana, martes, en la Feria de Zaragoza a 1.037 expositores nacionales y extranjeros, que presentarán al mundo sus principales innovaciones tecnológicas.

EFE.- Del total de expositores, el 60 por ciento son extranjeros, un total de 629, procedentes de los cinco continentes, sobre todo de Alemania, Italia y Estados Unidos, aunque también de Taiwán, China, Australia o Japón.

El Salón se celebrará hasta el viernes día 9 de marzo, cuatro jornadas en las que Zaragoza se convierte en «referente mundial del agua» por el número de expositores, por la tecnología que se expone y por las novedades que aquí se presentan.

Durante el evento se van a celebrar más de 200 misiones comerciales de unos 80 países que se desarrollarán en la feria.

Los sectores de la exposición son prospección y alumbramiento; conducción, transporte y almacenamiento; tratamiento y depuración del agua; equipos para riego y otros equipamientos; ingenierías y publicaciones técnicas; entorno energético; tratamiento de residuos e ingeniería medioambiental.

Se esperan 40.000 visitantes, todos ellos profesionales de empresas del sector publico y privado; técnicos especializados en medioambiente y recursos hidráulicos; investigadores; ingenieros y consultores; representantes de la Administración Pública; institutos de investigación, y otras industrias vinculadas al agua, el riesgo y el medioambiente.

Se presentarán 31 novedades a nivel mundial por parte de 25 empresas, y de ellas dos son aragonesas: Iverna 2000, que presenta un accesorio para evitar robos de tapas y rejas en viales; y Contazara, que dará los detalles sobre un contador volumétrico para agua con electrónica para su gestión.

En el marco de la feria se celebrarán los encuentros bilaterales Be2Ween, promovidos por la Confederación de Empresarios de Aragón y en los que participan un buen número de empresas europeas; misiones comerciales de la Asociación de Fabricantes de Tecnologías de Agua; el Foro Internacional Tecnología Española del Agua: Proyección y Oportunidades de la marca España; y una jornada técnica sobre «Gestión, mantenimiento y optimización de plantas depuradoras».

También se van a desarrollar un curso sobre manipulación de agua de consumo y jornadas sobre «Ahorro energético en el ciclo urbano del agua», «La gestión de lodos de depuradora y su valoración energética» o «Aspectos técnicos y legales relacionados con el tratamiento del agua en edificios».

Un decreto ley frenó en seco en 2004, al poco de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, el proyecto para trasvasar aguas del Ebro al litoral levantino. Con aquella obra, el gobierno precedente, presidido por José María Aznar, pretendía paliar las dificultades hídricas de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.

La alternativa de los socialistas, aprobada en septiembre de ese mismo año, se bautizó «Programa AGUA», sigla de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua. Con él buscaba hacer llegar a la costa mediterránea, desde Gerona a Málaga, 1.063 hectómetros cúbicos de agua, algo más de los 1.050 que preveía el trasvase derogado. Para ello se preveía un total de 105 actuaciones, aunque el grueso del programa era la construcción de plantas desaladoras que permitieran emplear el agua del mar tanto para el consumo humano como para la agricultura. En definitiva, «más agua y más barata», rezaba el eslogan.

Agua, más cara

Sin embargo, el resultado del programa al cabo de más de siete años se quedó lejos de los objetivos. Según los datos ofrecidos en el Congreso por el nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de las 51 desaladoras que se preveía construir, solo hay 17 en funcionamiento y otras 15 en construcción y los 678 hectómetros cúbicos que deberían generar estas instalaciones se han quedado en 111, el 16,5%. Además, el coste de producción por metro cúbico es para el regadío de 1,10 euros, cuatro veces más que los 0,30 «que puede soportar el usuario», según Arias Cañete.

En concreto, en el litoral Mediterráneo solo hay una veintena «censadas» por Acuamed (ver gráfico), de las cuales solo una cuarta parte están plenamente en servicio, informa Manuel Buitrago.

La sequía que viene padeciendo España, después de unos años de relativa abundancia de agua en los embalses, ha hecho saltar las alarmas de los regantes y puede devolver al primer plano la falta de infraestructuras hidráulicas necesarias. Y no solo el Mediterráneo sigue padeciendo los problemas que el Gobierno socialista pretendía resolver. Tampoco en Aragón, a pesar de haber frenado el trasvase del Ebro, se han solucionado sus dificultades para acceder al agua que atraviesa su territorio. En esta Comunidad, la sequía sigue siendo un mal endémico y el Ebro, en años de bonanza , continúa perdiendo miles de hectómetros porque siguen sin hacerse los embalses. La bandera de la «nueva cultura del agua» que enarboló el PSOE dejó aparcadas las obras de regulación que aún espera Aragón.

La «España verde» se seca

En Huesca, en plena geografía de la «España verde», siguen esperando desde hace décadas el embalse de Biscarrués, uno de los previstos en el Pacto del Agua. Tanto se ha retrasado la construcción de Biscarrués que los sistemas de riego están hechos por los regantes y, sin embargo, no hay embalse. Se han invertido del orden de 300 millones de euros en transformar en regadíos miles de hectáreas de los Monegros, que siguen esperando la presa.

En el año 2009, en la primera mitad del año, el Ebro vertió al mar 2.400 hectómetros cúbicos solo en un mes, en enero, porque las presas que hay operativas no podían guardar más agua. Otro ejemplo: en 2010, en solo dos meses —enero y febrero—, el Ebro había vertido al Mediterráneo 2.500 hectómetros cúbicos. Y los regantes ven cómo esos caudales se dejan correr a sabiendas de que llegarán años de sequía.

Con el agua que se ha dejado perder en 2009 y en 2010, Aragón tendría garantizado ahora el suministro de amplias zonas que sufren, resignadas, una sequía provocada por la falta de lluvias. También el Gobierno aragonés, que ahora preside la popular Luisa Fernanda Rudi, reclama a Cañete la urgente necesidad de los embalses del Pacto del Agua.

Con ellos, además, se podrá cumplir de forma efectiva un derecho reconocido a Aragón en su Estatuto de Autonomía: disponer de una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos de agua del Ebro para rentabilizar el agua, uno de los mayores recursos que tiene Aragón. En esta Comunidad existe una opinión compartida por todos los partidos de que si estuvieran hechos los embalses y Aragón, de una vez por todas, pudiera aprovechar esa reserva de 6.550 hectómetros cúbicos, el Ebro dejaría de tener aguas «excedentarias». Por eso Rudi no duda en advertir que no aceptará que se resucite el trasvase del Ebro.

La reciente intervención de Arias Cañete en el Congreso, en la que anunció un nuevo Plan Hidrológico «solidario» y se mostró favorable a los trasvases, amenazó con reabrir la «guerra del agua» entre comunidades.

Tal vez por eso Cañete ha aclarado en los últimos días que el Pacto Nacional del Agua «no es inminente». El ministro señaló que los planes de cuenca están «muy retrasados» y que el Gobierno se ha marcado el objetivo de que estén concluidos «antes de septiembre de 2013». Será después de esa fecha cuando se propondrá «como broche», un gran pacto que derive en un Plan Hidrográfico Nacional, explicó.

La falta de lluvias de los últimos meses está sembrando la alarma en el campo, sobre todo por la ausencia de las obras hidráulicas necesarias. «Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena», afirma el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ante la que considera ya «la peor sequía de los últimos 70 años». Para Del Campo, la escasez no solo debe combatirse con soluciones «sobre el papel», en alusión a los decretos especiales y planes de emergencia, sino también con un Plan Hidrológico Nacional «coherente» que avance en la construcción de obras «capaces de asegurar el abastecimiento en periodos de escasez».

Fenacore, que considera «infrautilizadas» las desaladoras que impulsó el Gobierno socialista, estima que serían necesarias medio centenar de nuevas presas para afrontar las sequías cíclicas. Las obras de regulación, sostiene, «permitirían almacenar el agua e impedir las inundaciones, evitando desperdiciar recursos que luego se necesitarían en épocas de escasez».

La sequía meteorológica, advierten los regantes, es «preocupante» para el sector agrario, que se ha visto obligado a llevar a cabo riegos de emergencia para asegurar la producción de los cultivos de invierno. Las plantaciones de secano— el 85 por ciento de la superficie agraria útil— «están seriamente dañadas y, si se prolonga la sequía, pronto estarán ya perdidas», sostienen.

Además, los cultivos de regadío necesitarán de riegos más abundantes para sobrellevar los calurosos meses de verano, lo que agravará la situación económica del sector, con mayores costes de agua y energía. La ausencia de precipitaciones puede derivar en sequía hidrológica, a pesar de que los embalses aún se encuentren a un 60% de su capacidad. «Si estuvieran construidas las obras hidráulicas necesarias, hoy no estaríamos hablando de esto», afirma el representante de los regantes.

En la misma línea, la organización agraria Asaja da por perdidos los cultivos herbáceos de Aragón, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, si no llueve en los próximos 15 días.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1114704

Los regantes han pedido hoy un Plan Hidrológico Nacional (PHN) «coherente» que avance en la construcción de embalses y trasvases para luchar contra la sequía no solo con soluciones «sobre el papel» como decretos especiales y planes de emergencia de las cuencas.

Así lo ha explicado en un comunicado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, quien critica que «solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena».

Ha recordado que los agricultores defienden la construcción sostenible de embalses y trasvases desde 2004, cuando se derogó el trasvase del Ebro y se aprobó como alternativa el programa AGUA, «con las desaladoras como medida estrella, hoy infrautilizadas».

Según Del Campo, uno de los mayores ejemplos de ausencia de obras de regulación en España está en la Cuenca del Ebro.

En su opinión, «no se puede concebir» que «cada vez que llueve se inunde la zona media y cabecera del río, obligando a liberar el exceso de caudal anegando tierras agrícolas cercanas al cauce» y unos meses después exista un déficit en una gran parte de la cuenca, como ocurre actualmente en el margen izquierdo».

España atraviesa el periodo más seco de los últimos setenta años; una sequía meteorológica «preocupante» para el sector agrario, que se ha visto obligado a llevar adelante riegos de emergencia para asegurar la producción de los cultivos de invierno, según Fenacore.

En la actualidad, las plantaciones de secano, que representan el 85 % de la superficie agraria útil, están «seriamente dañadas» y si se prolonga la sequía, «pronto estarán ya perdidas».

La falta de lluvias «también puede ser particularmente grave en el caso de los cultivos» de irrigación que necesitarán de riegos más abundantes para soportar los meses de verano.

Con ello, subirán los costes de agua y energía para el agricultor, lo que reducirá sus márgenes y competitividad y «agravará la situación económica del sector».

Y si la ausencia de precipitaciones se prolongara en el tiempo, «podríamos llegar a una sequía hidrológica», avisa Fenacore, aunque matiza que los agricultores se encuentran en mejores condiciones que en décadas anteriores para afrontarla, se han suscrito seguros agrarios para evitar «situaciones catastróficas» y se cuenta con tecnología de riego para producir «más con menos agua».

«Es verdad que la experiencia de sequías anteriores nos permitirá afrontar con más organización la falta de lluvias; pero, desde luego, si estuvieran construidas las obras hidráulicas necesarias, hoy no estaríamos hablando de esto y no sería noticia», ha argumentado la Federación.

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El pacto PP-PAR alcanza a la presidencia de la CHE, pese a los recelos de algunos colectivos de regantes y ecologistas

La pugna por el control de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se ha inclinado a favor de Aragón, fruto de los pactos en vigor desde mediados del año pasado entre PP y PAR. El PP aragonés liderado por la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, ha cedido a la petición del PAR de ocupar la presidencia de la CHE. Rudi no ve con malos ojos que sus actuales socios tengan presencia destacada en ciertos órganos en los que —como es el caso de la CHE— puede haber necesidad de presionar en defensa de intereses estratégicos para la región.

Así las cosas, todo apunta a que el nuevo presidente de la CHE será el aragonesista Xavier de Pedro, de la plena confianza del líder del PAR, José Ángel Biel. Esto no significa que el gobierno de las aguas del Ebro quede en mano del PAR, pero, de facto, sí evidencia que el Gobierno de Rajoy da relevancia a los pactos entre ambos partidos en una cuestión sensible como es la política hídrica.

Y, para Rudi, supone hacer valer también los compromisos asumidos del pacto con el PAR como «escudo» para retos espinosos: negativa a cualquier hipotético trasvase del Ebro; exigir al Estado que otorgue a Aragón de forma efectiva la gestión de los 6.550 hectómetros cúbicos de aguas del Ebro que le reconoce el Estatuto de Autonomía (ley orgánica) como reserva exclusiva de esta región; dar prioridad a la construcción de los embalses pendientes en Aragón; y contrarrestar la aspiración catalana de controlar los caudales del Ebro, porque la Generalitat, desde hace años, intenta que el caudal ecológico del Delta sea algo a negociar bilateralmente entre ellos y el Estado.

Los nacionalistas catalanes quieren elevar sustancialmente el caudal ecológico fijado actualmente, y eso limitaría el aprovechamiento de las aguas del Ebro en las regiones situadas más arriba, entre ellas Aragón.

Todo eso son asuntos pendientes que pueden generar tensiones. Y, de momento, el primer capítulo —la pugna por la presidencia de la CHE— se ha inclinado del lado del PAR por su pacto con el PP. Y eso a pesar de que la cuestión ha generado recelos entre algunos colectivos políticos, de regantes y ecologistas, que —con distintos argumentos— critican que un partido regionalista presida un organismo en el que están representadas otras ocho regiones —Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña—.

Desde Riegos del Alto Aragón, la comunidad de regantes más extensa de la región con 2.500 kilómetros cuadrados de superficie de influencia y más de 25.000 familias dependientes de la agricultura, sostienen que debe ser un técnico y no un político quien ocupe el cargo, ya que en juego está la politización del agua. Su presidente, César Trillo, asegura que será «un error monumental» que un político de un partido regionalista se haga cargo de la CHE. Trillo apuesta por que sea un técnico o bien un político de ámbito nacional quien dirija la Confederación. Es —dice— la única forma de que se mantenga el principio de unidad de Cuenca y de unidad de gestión. Algo que los regantes defienden por encima de todo.

Razones bien distintas llevan a los ecologistas a oponerse al nombramiento de un aragonesista al frente de la CHE. En este caso, su posición a favor de construir los embalses pendientes en Aragón es lo que lleva a estas organizaciones a rechazar la posibilidad de que el PAR controle el Ebro.

Menor rango

Por otra parte, la decisión del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de rebajar el rango de los presidentes de las confederaciones limitará su margen de maniobra. Las decisiones de más calado se tomarán desde Madrid. A partir de ahora los presidentes de las confederaciones hidrográficas serán subdirectores generales, dependientes del secretario de Estado y del director general del Agua del Ministerio.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Agraria- Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha se reunió el martes con la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, para tratar diversos temas de interés que afectan al desarrollo del sector agrario y ganadero de la región, informa la organización en una nota. Uno de los principales asuntos que centró la reunión fue el estado en el que se encuentran los pagos correspondientes a determinadas ayudas como las específicas de programas agroambientales (ayudas al pastoreo, razas autóctonas, agricultura y ganadería ecológica…), asesoramiento de explotaciones y zonas desfavorecidas, entre otras.

La Organización Agraria, después de un análisis pormenorizado de cada una de las líneas, ha planteado a la Administración regional la necesidad de que abone a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Manchas las ayudas pendientes que, en algunos casos, se remontan a compromisos adquiridos en 2007.

En este sentido, la Organización Agraria ha pedido a la Administración regional que realice las gestiones oportunas ante las entidades financieras para que éstas tengan en cuenta las resoluciones aprobatorias de las ayudas a la hora de adelantar las mismas a los agricultores y ganaderos que así lo demanden.

La modificación del Plan de Desarrollo Rural, el agua, las tarifas eléctricas y las medidas para combatir la plaga de conejos han sido otros temas abordados con la consejera de Agricultura en dicha reunión.

Asimismo, y en cuanto a la modificación del Plan de Desarrollo Rural la Organización Agraria se ha comprometido a remitir sus propuestas en el plazo de quince días después de que se convoque a su Sectorial de Desarrollo Rural.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por holgada mayoría el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que abre las puertas a los productos de la huerta marroquí, contra lo que han luchado hasta el último minuto los agricultores hortofrutícolas españoles. El acuerdo ha recibido 369 votos a favor, 225 en contra y 50 abstenciones.

Análisis: El acuerdo con Rabat revela un conflicto de intereses

El acuerdo de asociación de la Unión Europea con Marruecos, ratificado este jueves por el Pleno de la Eurocámara, revela el conflicto de intereses económicos ante la progresiva liberalización comercial, con el tomate como principal damnificado.

La Comisión Europea cree que el tratado -respaldado por el Consejo, la Comisión, el Ejecutivo marroquí y ahora también por el Parlamento Europeo- es «equilibrado» y reforzará las relaciones entre ambos, pero el sector hortofrutícola español lo rechaza como «la amenaza más grave desde la adhesión de España a la UE».

El acuerdo aumentará las importaciones a tipos reducidos para tomate, berenjena, calabacín, ajo, pepino, naranjas, clementinas, melones y fresas marroquíes, y Marruecos se compromete también a liberalizar el 45 % de las importaciones agrarias de la Unión Europea (UE) de inmediato, el 61 % en cinco años y el 70 %, en diez.

España es el segundo exportador al país tras Francia, y Marruecos el principal destino de nuestras exportaciones a África.

Empresas españolas están presentes en Marruecos en sectores como el textil, la agricultura -frutas y verduras, legumbres, cereales, plásticos para invernaderos, maquinaria, herramientas, agroquímicos, semillas o plantas- o el pesquero, como las conservas.

Además, los acuerdos comerciales de Rabat con EEUU, con países árabes del mediterráneo y con Turquía permitirán el acceso preferencial a estos mercados para firmas españolas que se instalen en Marruecos, país con economía al alza y 32 millones de habitantes.

España exportó a Marruecos por valor de 3.760 millones de enero a noviembre de 2011, según datos oficiales, mientras que importó por 2.798,80 millones, con un saldo positivo de casi un millón de euros.

Destacaron los envíos, en valor, de tecnología industrial, medio ambiente y energía, moda, industria auxiliar y de construcción, materias primas e industria química, mientras que España importó de Marruecos moda, tecnología industrial, pescados, químicos y hortofrutícolas (en este último caso, por 147 millones de euros).

La UE exportó en 2010 a Marruecos por valor de 13.680 millones e importó por 7.700 millones, según la Oficina de Estadísticas de la UE (Eurostat), mientras que las exportaciones de Marruecos a la UE llegaron a 7.364 millones, aunque sus compras fueron mayores, hasta 13.600 millones.

La Unión Europea compra a Marruecos productos manufacturados y ropa, productos agrícolas, pesqueros, lubricantes o mineros, mientras que le vende maquinaria y equipos de transporte, bienes manufacturados, químicos y productos agrícolas o pesqueros, entre otros.

Pero los agricultores españoles critican el «drama» que supondrá el nuevo acuerdo para un sector que suma el 63 % de la producción agraria (8.600 millones año) y el 60 % del empleo (450.000 activos).

La competencia alauí, que ha sido creciente en virtud de las relaciones institucionales UE-Marruecos y que tienen como punto de partida el Acuerdo de Asociación, en vigor desde 2000, le ha costado a España 300.000 toneladas de exportación y 15.000 trabajadores sólo en los dos últimos años, sobre todo en tomate, según el sector.

Unas 26 empresas canarias, ocho alicantinas y cinco murcianas han cerrado por esta presión, han asegurado desde la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), que detalla que por cada 1.000 toneladas que dejen de exportarse se pierden 50 empleos en beneficio de Marruecos -donde los temporeros cobran 60 céntimos al día, frente a 7-8 de España-.

El acuerdo crearía «un nuevo marco de competencia totalmente desconocido» hasta ahora, ha asegurado el director general de Fepex, José María Pozancos.

Se ataca al «único» sector capaz de crear empleo, ha indicado desde Cooperativas Agro-alimentarias Cirilo Arnandis, y sería «la puntilla» para el campo, según el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos.

«Ni nos gusta, ni nos interesa» ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato, mientras que el secretario general de COAG, Miguel López, ha insistido en que Rabat vulnera los cupos de entrada.

El acuerdo beneficiará sobre todo a grandes firmas franco marroquíes -Azura y Soprofel- y otra de capital marroquí, Dominios Agrícolas, propiedad de la familia real alauí, que controlan el 90 % de la producción del país, según critican desde el campo español.

El eurodiputado José Bove -vicepresidente de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara y ponente del informe sobre el acuerdo- suma al debate su afirmación de que el acuerdo no es sostenible -para exportar 250.000 toneladas de tomate alauí se necesitan 25 millones de metros cúbicos de agua-, y de que beneficia a grandes agronegocios.

El acuerdo «ha llevado a agentes financieros a anticiparse y posicionarse a las puertas de la Unión», ha puntualizado Bové, quien asegura que un fondo de Abu Dhabi cuenta con autorización para cultivar 700.000 hectáreas cerca de Guelmin, al sur de Marruecos, con nuevas plantaciones de cítricos, olivos y hortícolas.

La inclusión del Sahara en el acuerdo también levanta ampollas.

Para el delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, un dictamen de Naciones Unidas de 2002 «deja claro» que no pueden firmarse acuerdos que exploten recursos de un territorio no autónomo como el Sahara, más aún cuando -a su juicio- no beneficia a su población.

Pero, según Beyun, mil hectáreas de invernaderos de tomate y flores se han construido a las afueras de Dakhla (Sahara) impulsadas por la Casa Real alauí, que consumen «un bien escaso en el desierto» como el agua.

Asaja exigirá "rigor y vigilancia extremos" para que Marruecos cumpla

El sector hortofrutícola español se muestra totalmente decepcionado por el resultado de la votación en el Pleno del Parlamento Europeo este jueves de la ratificación del Acuerdo UE Marruecos que implica mayores concesiones en el apartado agrícola al reino de Marruecos y que perjudica de forma directa a nuestros productores de frutas y hortalizas. ASAJA exigirá a la UE el establecimiento de compensación destinadas a paliar las pérdidas que sufrirán los productores españoles así como el máximo rigor y vigilancia extrema para que las importaciones procedentes de Marruecos cumplan con todas las condiciones fijadas para acceder al mercado comunitario, subraya ASAJA en una nota.

Tras el resultado de la votación, el propio ponente José Bové ha decidido retirar su nombre del Dictamen. Hay que recordar que la Comisión de Agricultura del PE rechazó la ratificación del Acuerdo, mientras que la Comisión de Negociaciones Internacionales enmendó el Dictamen de Bové hasta darle una orientación contraria a la inicial que era la de oponerse a las pretensiones de la Comisión Europea de ratificar el Acuerdo.

Durante el debate que tuvo lugar el pasado martes en Estrasburgo, ya se pudo observar que la delegación española se quedaba prácticamente sola en su rechazo al Acuerdo y que buena parte de los diputados se decantaría por hacer caso omiso a las consideraciones de la Comisión de Agricultura.

El Pleno del PE ha ignorado por completo las consideraciones del Informe Bove, donde además del conflicto del Sahara Occidental, se pone de manifiesto la falta del preceptivo estudio de impacto económico; el incumplimiento sistemático de las cláusulas del Acuerdo en vigor por parte de los exportadores marroquíes y los operados en la UE; las irregularidades aduaneras, y la falta absoluta del mas mínimo principio de reciprocidad en las condiciones de producción y venta.

Tras este inmerecido castigo a las producciones españolas, que ven como anualmente este Acuerdo supone perdidas para el sector de 2.240 millones de euros (un 16% de su facturación), es de vital importancia que nuestra Administración centre sus esfuerzos en que las autoridades comunitarias establezcan compensaciones económica para paliar dichas pérdidas y apliquen las cláusulas del Acuerdo con total y absoluto rigor, impidiendo fraudes e irregularidades en las importaciones y nuevos incumplimientos sistemáticos de las condiciones, cantidades, calendarios y precios de entrada de productos importados de Marruecos.

Estos esfuerzos deben centrarse no solo en una nueva reglamentación comunitaria que no de lugar a interpretaciones que desvirtúen el Acuerdo, sino también a la puesta en marcha de recursos suficientes para que la Unión Europea disponga de una verdadera frontera común, y que determinados puertos europeos dejen de ser el “coladero” que actualmente son.

El PSOE acusa al PPE de votar contra las compensaciones a los agricultores

El PSOE ha acusado al el partido popular europeo (PPE) de rechazar las compensaciones a los agricultores españoles que serán víctimas del cuerdo agrícola entre la UE y Marruecos.

En un comunicado, la delegación socialista del Parlamento Europeo denuncia que el PPE «ha votado en contra de una enmienda socialista que pedía compensaciones económicas a los agricultores ante el impacto negativo que pudiera tener este acuerdo».

A ese texto, la eurodiputada valenciana Josefa Andrés había introducido una enmienda pidiendo compensaciones, enmienda que no ha conseguido el apoyo necesario del pleno.

«A pesar de todos los esfuerzos de la Delegación Socialista Española, el Partido Popular Europeo ha tumbado la enmienda que pedía compensaciones económicas para resarcir a los agricultores más afectados», señala el comunicado.

La eurodiputada Josefa Andrés ha calificado la actitud del PP de «deplorable e incomprensible».

Sin embargo, aunque el grueso del PPE ha votado a favor del acuerdo, el PP español ha votado en contra de forma distinta y en contra del acuerdo, tal y como han confirmado a Efe fuentes parlamentarias.

Andrés ha asegurado que «a pesar del rechazo de la enmienda de las compensaciones, «los eurodiputados socialistas nos comprometemos a continuar trabajando desde hoy para conseguir las peticiones básicas que los agricultores nos han venido pidiendo para defender sus intereses».

La petición de compensaciones empezará ante la Comisión Europea, que, según la eurodiputada socialista, «se comprometió en la sesión plenaria, haga un seguimiento estricto de los volúmenes importados y de la calidad sanitaria, sobre todo en los productos más delicados».

El PP replica que fue el Gobierno socialista el que respaldó el acuerdo

Así lo ha afirmado en declaraciones a Efeagro el portavoz popular de agricultura en el Congreso, José Cruz Pérez Lapazarán, quien ha puntualizado que su partido siempre ha mantenido una posición unánime contra el acuerdo, liderada entre otros por el líder del PP andaluz Javier Arenas, mientras que es el PSOE, a su juicio, quien no es «coherente».

Lapazarán ha asegurado que la ministra del ramo del anterior Gobierno socialista, Rosa Aguilar, «dijo en su día que el acuerdo no iba a influir» sobre los productores de frutas y hortalizas, tesis que también sostuvo -ha aseverado- su secretario de Estado Josep Puxeu.

«El PSOE votó el año pasado a favor del acuerdo en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo», según Lapazarán, para quien «ese cambio de posición ha venido a influir en esta votación tan desagradable» de hoy en la Eurocámara.

«No es de recibo que proteste (el PSOE) y reclame al PP lo que ellos no han sabido hacer», ha argumentado.

Respecto a la posición del PP en el tiempo, ha destacado que siempre han mantenido coherencia en sus planteamientos contrarios al acuerdo, lo que dejaron claro en las reuniones con alcaldes de pueblos que podrían verse afectados o con las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, y que pidieron además al PSOE que presionara al Grupo Socialista Europeo para no ratificarlo.

Sobre la votación en la Eurocámara, el diputado del PP ha señalado que han prevalecido los intereses de los países del norte de Europa -con oportunidades de negocio en sectores como el lácteo o los cereales-, «que han podido con los países del sur».

Ahora -ha esgrimido- sólo queda vigilar que se cumple el acuerdo en sus «estrictos términos» y evitar que las fronteras sigan siendo «un coladero», como hasta ahora, lo que ha permitido que Marruecos haya venido exportando más de lo que tiene reconocido, una evidencia que reconoció la propia Comisión Europea pero que negó -ha criticado el diputado- la también ministra de un Gobierno socialista, Elena Espinosa.

«Hay que recuperar ahora la senda del equilibrio, vigilar fronteras y que se cumplen los términos del acuerdo», ha concluido.

UPA condena "rotundamente" la aprobación del acuerdo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha condenado rotundamente la decisión del Parlamento Europeo de aprobar un acuerdo de liberalización comercial entre la Unión Europea y Marruecos que es “absolutamente injusto” según la organización agraria. El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha declarado desde Bruselas que rechaza “firmemente” la decisión del Parlamento y ha lamentado que una mayoría de eurodiputados haya hecho “oídos sordos” a sus reivindicaciones tras” años de trabajo y negociaciones”.

Lorenzo Ramos ha declarado que “España, y sus agricultores, volvemos a ser moneda de cambio en Europa. El Parlamento justifica la aprobación del acuerdo en temas que nada tienen que ver con la cadena agroalimentaria”.

El nuevo acuerdo liberaliza el comercio de todos los productos agroalimentarios, excepto de tomate, pepino, fresa, clementina, ajo, calabacín y azúcar, que ven incrementados sus cupos de forma notable. De este modo, en tomate se pasaría de las 233.000 toneladas anuales a las 285.000 toneladas en 2014, siendo el producto más afectado. El de calabacín ascendería de 25.000 a 50.000 toneladas: el de pepino, de las 5.600 a las 15.000: el de clementina, de 130.000 a 175.000, y el de ajo, de 1.000 a 1.500 toneladas. Por otra parte, prevé la apertura de dos nuevos contingentes para la fresa de 3.600 y 1.000 toneladas.

Una vez aprobado el acuerdo, desde UPA han exigido participar en los mecanismos de control de las importaciones, ya que a juicio de la organización el anterior acuerdo se incumplió de forma sistemática en cuanto a cupos y precios de entrada, y el nuevo acuerdo podría sufrir las mismas deficiencias. Exigimos que, al menos, el nuevo acuerdo sea un acuerdo “con garantías”.

UPA ha pedido “garantías para los agricultores españoles para que podamos competir en un mercado justo y transparente; garantías para los consumidores de toda Europa, para que vean asegurada la sanidad, calidad y seguridad de los productos hortícolas que consumen; garantías para la agricultura familiar de Marruecos, para que verdaderamente se vean beneficiados por este acuerdo, y no sólo las 3 empresas de capital franco-marroquí que el propio Parlamento Europeo reconoce que se lleva el 70% de los beneficios de este acuerdo; garantías para los trabajadores de Marruecos, para que vean protegidos sus derechos laborales, evitando la explotación y el trabajo infantil; y garantías para el Sáhara Occidental, territorio donde se ubican varias explotaciones que explota Marruecos en los territorios ocupados”.

El secretario general de UPA ha exigido compensaciones para los agricultores más afectados por el nuevo acuerdo: “Somos los paganos de esta decisión europea, y es de justicia que seamos compensados por el perjuicio tan grave al que se verán sometidas nuestras explotaciones”.

Fepex prevé consecuencias "catastróficas"

En declaraciones a Efeagro, el director de Fepex, José María Pozancos, ha criticado el «planteamiento egoísta» de la Eurocámara, al apoyar el convenio con la esperanza de colocar excedentes de otras producciones europeas, como cereales y leche, en el mercado marroquí, sin valorar los efectos para el empleo en las regiones hortofrutícolas.

También ha considerado «ficticia» la «ilusión» compartida por un «amplio grupo de eurodiputados» sobre las posibilidades de la Primavera Árabe.

Pozancos ha destacado que el acuerdo es para los productores españoles «como si a la Europa industrial le colocasen a China en la frontera», recordando que Marruecos cuenta con una superficie de cultivo de un millón de hectáreas y unos costes laborales de 60 céntimos la hora.

Sobre la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), Pozancos ha indicado que es imposible que paralice el impacto de la inmediata entrada en vigor del protocolo agrícola, debido a los largos plazos del procedimiento, que puede durar tres años.

Los productores españoles se verán obligados, ha añadido, a buscar un «plan B» desde el punto de vista productivo, con la modificación de calendarios y variedades, lo que en su opinión «distorsionará todo el sector hortofrutícola europeo y creará muchos problemas en toda la Unión».

Fepex considera que el acuerdo agravará la crisis y la destrucción de empleo en España.

Según sus datos, sólo en el sector de tomate y en el último año, el acuerdo en vigor ya ha provocado la destrucción de 12.500 empleos en comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Valencia o Murcia, con tasas de paro superiores al 30 %.

También considera necesaria la plena integración en el régimen de ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) para el sector de frutas y hortalizas, la aprobación de medidas de gestión de crisis eficaces y la reforma del sistema de precios de entrada que gravan las importaciones.

Decepción entre los agricultores europeos

El secretario general del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas de la UE (Copa-Cogeca), Pekka Pesonen, ha afirmado en un comunicado que el acuerdo «amenazará miles de empleos» en las zonas rurales de la UE, ya gravemente afectadas por la crisis.

En su opinión, la Comisión Europea tendría que haber efectuado una evaluación previa del impacto socioeconómico antes de seguir adelante con este acuerdo.

Pesonen ha destacado que las importaciones de Marruecos no deben respetar las elevadas normas de producción de la UE, lo cual «es motivo de gran preocupación» para el Copa-Cogeca.

Explicó que el acuerdo agrícola con Marruecos introducirá contingentes de importación significativamente más elevados en comparación con el acuerdo anterior para seis productos sensibles: tomates, calabacines, pepinos, ajos, cítricos y fresas.

«Ello favorecerá aún más la balanza comercial ya positiva de Marruecos, y tendrá un impacto desastroso sobre el empleo en las zonas rurales de la UE», ha señalado.

No obstante, Pesonen ha acogido favorablemente el hecho de que los eurodiputados hayan aportado algunas ligeras mejoras al acuerdo, como, por ejemplo, cambios al sistema europeo de controles y de salvaguardas a las importaciones de Marruecos, que se ha revelado ineficaz en el pasado.

En este sentido, ha instado a la Comisión Europea a asegurar la correcta aplicación de dichos controles y salvaguardas, con el fin de evitar serias perturbaciones del mercado.

«La Comisión Europea debe también trabajar sobre el sistema de precio de entrada y gestionar los contingentes mensuales de forma apropiada», ha subrayado.

Los agricultores marroquíes, satisfechos

El presidente de la Confederación Marroquí de Agricultura y de Desarrollo Rural (COMADER), Ahmed Uayach, dijo a Efe que la aprobación de dicho acuerdo «dará un nuevo impulso a las relaciones marroco-europeas y es una señal política clara para promover las relaciones entre ambas partes».

«Esperamos con ello abrir una nueva página entre España y Marruecos porque hay una complementariedad económica entre ambos países, concretamente en el ámbito agrario», aseveró Uayach quien precisó que la relación entre Marruecos y la Unión Europea está basada en el principio de «ganador y ganador».

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Marroquí de Productores y Productores Exportadores de Frutas y Verduras (APEFEL), Younes Zrikem manifestó su «satisfacción y alivio» por la aprobación del acuerdo agrícola que según él «pasó por un proceso largo y complejo».

Para Zrikem, el acuerdo es «favorable para ambas partes» y tendrá «un impacto positivo sobre las relaciones entre Marruecos y la UE».

El embajador europeo en Rabat, Eneko Landáburu, consideró en un comunicado que la aprobación del acuerdo «es de extrema importancia en este momento en que emprendemos una nueva era de partenariado» y traduce el hecho de que la UE «está comprometida más que nunca con su apoyo al proceso de modernización (de Marruecos)».

Canarias ve "inaudito" un acuerdo contra la producción local

Juan Ramón Hernández no entiende cómo se puede mantener la competitividad de las producciones canarias frente a las que tienen controles fitosanitarios distintos, y ha comentado, en declaraciones a Efe, que da la sensación de que el acuerdo se ha adoptado contra Canarias.

El consejero no entiende que se firme el acuerdo agrícola y no el pesquero y consideró que ahora sólo queda como alternativa la revisión del reglamento de precios de entrada a la Unión Europea, algo que el Gobierno canario exigirá al español para que lo haga valer ante la Unión Europea.

Juan Ramón Hernández indicó que con el acuerdo aprobado hoy por el Parlamento europeo entrarán en la Unión Europea 65.000 toneladas más de productos marroquíes mientras que las producciones canarias están en recesión.

Insistió el consejero en que no es posible competir cuando tanto los controles fitosanitarios como los costes laborales son muy inferiores en Marruecos con respecto a España.

Juan Ramón Hernández está de acuerdo en que Marruecos es un país amigo y debe tener un trato preferente con la Unión Europea «pero no hasta el punto de perjudicar» a la producción local.

Unió de Pagesos ve el acuerdo "un despropósito"

UP, la principal organización agraria de Cataluña, asegura en un comunicado que este nuevo acuerdo acentuará aún más la competencia desleal que sufren los productos catalanes en relación con los procedentes de países terceros a causa de la elevada exigencia de las normas de producción europeas.

Además, sostiene, «legalizará prácticas ilegales que se venían realizando en las importaciones de fruta y hortalizas procedentes de Marruecos».

UP cree que el Parlamento Europeo está llevando a cabo una política «errática y contradictoria» en materia agrícola, ya que por un lado reconoce que los payeses europeos representan un sector estratégico, mientras que por otro les obliga a soportar costes de producción muy superiores a los de los competidores de fuera de la UE y permite que productos procedentes de países con normativas muy laxas compitan con los europeos.

Las cooperativas exigen "contundencia" en el control

La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) ha lamentado la aprobación del nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos y ha exigido contundencia en los mecanismos de control y ayudas para mejorar la competitividad de las empresas cooperativas.

En un comunicado, FAECA advierte de las consecuencias negativas para la agricultura andaluza, principalmente para el sector hortofrutícola, del nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que ha aprobado hoy el Parlamento Europeo.

Ha lamentado que los eurodiputados «hayan desoído a quienes se oponían al acuerdo por desequilibrado y por los perjuicios que ocasionará a los sectores más importantes de la agricultura andaluza».

En cambio, el Parlamento Europeo ha primado las relaciones políticas con el Magreb, el interés económico de determinados sectores industriales y de la agricultura continental, así como la inclinación favorable de determinados Estados miembro, según FAECA.

FAECA ha exigido contundencia en la aplicación de los mecanismos de control y las cláusulas de salvaguardia para que a partir de ahora se vigilen eficazmente las cantidades y precios de entrada de todos los productos y no como hasta ahora venía sucediendo.

Asimismo, ha urgido como contraprestación herramientas para optimizar la competitividad del sector agrario y de las empresas cooperativas, vía mejora de las estructuras de producción -a través de ayudas a la inversión- y mediante el acceso a los mercados.

El Consell cree que desprotege al consumidor

El Consell ha asegurado que la ratificación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos «deja desprotegidos» a los consumidores, ya que el tratado «no contempla mecanismos efectivos de control».

Así lo ha manifestado la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, quien ha calificado de «muy grave» la aprobación de este texto que se ha quedado ratificado en el pleno del Parlamento Europeo, según informa la Generalitat en un comunicado.

La titular de Agricultura ha criticado que se haya dado luz verde a un acuerdo que «no contempla mecanismos efectivos de control» en los precios de entrada para evitar el fraude de forma, a su juicio, los consumidores quedan «totalmente desprotegidos».

Según Hernández, el tratado «consolida una situación de competencia desleal» por parte de las producciones marroquíes y en especial a cultivos como el tomate o los cítricos.

Por ello, la consellera ha reiterado que los consumidores «no tendrán las mismas garantías» en lo referente a calidad y seguridad, algo que «no ocurre» con los alimentos producidos en la Comunitat y en España.

Hernández ha apostado por aprovechar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para establecer un marco normativo que exija las mismas condiciones de producción a los alimentos obtenidos en los Estados Miembros que a los procedentes de países terceros para su comercialización en Europa.

Asimismo, ha exigido revisar las condiciones de aplicación de contingentes y los precios de entrada, además de extremar los controles en este campo para evitar que el sector compita en condiciones desiguales.

Valcárcel lo califica de "injusto y desiquilibrado"

En un comunicado de prensa Valcárcel ha dicho este acuerdo «atenta contra los muy legítimos intereses de la agricultura tanto española como murciana, así como de los agricultores de toda la Unión Europea», al tiempo que ha afirmado que «no ofrece garantías de ningún tipo sobre los controles fitosanitarios y las exigencias de la UE que se aplican a la agricultura murciana y española», además de que «incumplir» los cupos y los precios de referencia.

El presidente murciano ha criticado la «hipocresía de quienes ahora cambian el sentido de su voto y, sobre todo, critican la actitud del Partido Popular, cuando éste ha dicho y hecho hoy lo que siempre dijo que haría, que es votar en contra de este acuerdo porque perjudica a los agricultores españoles».

En este sentido, ha asegurado que «el grupo parlamentario popular ha dicho en Estrasburgo exactamente lo que dijo que iba a hacer y se ha mostrado totalmente contrario a la ratificación de este acuerdo», al tiempo que ha criticado que el PSOE dijese que iba a votar a favor y hoy votase en contra, aunque se ha alegrado por ello.

«Cuando fui a ver al señor Juan Fernando López Aguilar, presidente del grupo parlamentario socialista y portavoz en esa Cámara europarlamentaria, para pedirle que apoyara la decisión de no ratificar y poder tumbar el acuerdo con Marruecos, me dijo personalmente que lo sentía, pero estaba a favor del acuerdo con Marruecos», ha explicado.

Aunque, tal y como estaba previsto, el acuerdo ha quedo aprobado, el presidente murciano ha conseguido que se incorpore al texto una resolución para aumentar la vigilancia y el seguimiento de las exportaciones de productos agrícolas de Marruecos, en la que se establecen medidas correctoras para mejorar el control de las importaciones y acabar con la entrada fraudulenta de productos.

Además, según Valcárcel, el Gobierno español mantendrá las reivindicaciones ante la UE para que la futura reforma de la PAC incluya una «profunda modificación» de los mecanismos de precios de entrada para evitar la «competencia desleal» de países terceros, como consecuencia de los acuerdos comerciales internacionales, como el de Marruecos.

«Sería otra oportunidad que en el documento y en la negociación de la futura PAC se debata y al final se adopte como principio básico no conceder nada que signifique un perjuicio para los intereses de los agricultores murcianos», ha remarcado Valcárcel.

Hortyfruta calcula que se perderán 12.000 empleos

En un comunicado, la Interprofesional ha exigido al Gobierno que solicite a UE compensaciones para el sector hortofrutícola español por el impacto económico negativo y la pérdida de empleo que tendrá la entrada en vigor del nuevo acuerdo.

Hortyfruta ha calculado unas pérdidas medias por campaña de un millón de euros para cada empresa comercializadora, y de entre 8.000 y 10.000 euros para cada agricultor por la «sustitución» en los mercados de la producción andaluza por la de Marruecos.

Asimismo, ha advertido de que el descenso de los precios por la «entrada masiva» de tomate y el exceso de oferta en los mercados implicará la «desaparición» de muchas explotaciones.

A medio plazo, podrían perderse 4.000 hectáreas de cultivo, más de 2.000 agricultores y un 15 por ciento del volumen de comercialización de frutas y hortalizas, ha señalado.

Hortyfruta ha subrayado que es «imposible competir con un país cuyos costes medios de producción son la mitad que los andaluces y los costes totales que incluye la puesta en el mercado (confección, transporte y otros gastos) son un 23 por ciento inferiores».

Además, ha señalado que el acuerdo «no garantiza la igualdad de condiciones y de oportunidades entre ambas partes» y tampoco incluye «un sistema de control de cantidades y precios eficaz».

Asimismo, ha recordado que «Marruecos ha incumplido sistemáticamente los términos de los acuerdos comerciales con la UE sin que la Comisión Europea actúe».

Por ello, ha pedido a la UE «que mejore el código aduanero para controlar que se cumplan las cuotas y los precios de entrada establecidos» y que en caso de incumplimiento «imponga las sanciones pertinentes».

La Interprofesional ha considerado que «es el momento de que la Unión Europea ofrezca soluciones ante las continuas crisis de mercado y se defina una Política Agraria Común en la que se establezca una gestión de crisis útil y efectiva para el sector».

También ha reclamado una «mayor operatividad» para las organizaciones interprofesionales, de modo que «puedan actuar efectivamente en momentos de crisis de mercados».

Hortyfruta ha advertido de que las producciones de frutas y hortalizas afectadas por el acuerdo se localizan principalmente en regiones con una alta tasa de paro, «como es el caso de Andalucía».

Además, ha añadido, el acuerdo llega en un momento en el que el sector atraviesa una «profunda crisis económica y de consumo que está lastrando la rentabilidad de los agricultores».

La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha advertido de las «consecuencias económicas y sociales devastadoras» que tendrá el nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, ya que según sus cálculos supondrá la pérdida de 12.000 empleos a medio plazo.El presidente de Murcia y vicepresidente primero del Comité de las Regiones (CDR), Ramón Luis Valcárcel, ha calificado de «injusto y desequilibrado» el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos que ha sido aprobado por el Parlamento Europeo.El sindicato agrario Unió de Pagesos (UP) ha considerado «un despropósito» que el Parlamento Europeo haya ratificado el acuerdo agrícola con Marruecos y ha lamentado que Europa dé de esta manera «la espalda» a la producción mediterránea.El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario, Juan Ramón Hernández, ha dicho que es «inaudito» que el Parlamento Europeo haya aprobado hoy el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que va, ha añadido, contra la producción de Andalucía, Murcia y Canarias.Los representantes de agricultores marroquíes expresaron su satisfacción por la ratificación del acuerdo agrícola aprobado hoy por el Parlamento Europeo con mayoría holgada (369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones).Los agricultores europeos han expresado su profunda decepción por la aprobación en la Eurocámara del acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, y han advertido del drástico impacto que tendrá ese convenio sobre el sector de las frutas y hortalizas y en particular los tomates.La Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) prevé que el acuerdo agrícola con Marruecos que ha ratificado el Parlamento Europeo tendrá consecuencias «catastróficas» para el sector español, que se notarán ya en la próxima campaña.El PP ha calificado de mala noticia la ratificación del acuerdo con Marruecos en Estrasburgo, al tiempo que replica a las críticas del PSOE, que acusó al presidente del Gobierno Mariano Rajoy de «no mover un dedo para evitarlo», porque según ha recalcado fue un Ejecutivo socialista quien lo respaldó.Ginés Mena/EFE

Xavier de Pedro, dirigente del Partido Aragonés, podría ser el próximo presidente del organismo que gestiona los recursos del Río Ebro en nueve comunidades autónomas

ABC / MADRID

Día 17/02/2012 – 05.43h

La Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo que regula y gestiona los recursos del Río Ebro a su paso por nueve comunidades autónomas, podría pasar a depender del Partido Aragonés (PAR), formación con la que el PP gobierna en coalición en Aragón y que tiene en el «no» a los trasvases una de sus principales banderas. Fuentes cercanas a la formación regionalista dan por hecho que la presidencia recaerá en Xavier de Pedro, director general de Desarrollo Estatutario y miembro de la ejecutiva del PAR. La Confederación, que desde 2008 está presidida por Rafael Romeo, tiene entre sus misiones la elaboración del plan hidrológico de cuenca, es decir, el documento que, entre otras cuestiones, fijaría posibles excedentes de agua, una vez detraídos los caudales necesarios para el mantenimiento ecológico del cauce y las reservas para usos industriales, agrícolas y de boca.

Este organismo será clave desde el punto de vista técnico en el futuro plan hidrológico nacional que quiere redactar el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En una reciente comparecencia en la Comisión de Agricultura del Congreso, el titular del ministerio, Miguel Arias Cañete, anuncio este nuevo plan con trasvases de agua «excedentaria», aunque en ningún momento llegó a mencionar la posibilidad del Ebro. El nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, en cuya redacción participó De Pedro, fija una reserva exclusiva para la Comunidad aragonesa de 6.500 hectómetros cúbicos, lo que imposibilitaría que futuros trasvases partiesen de la Cuenca del Ebro.

El Partido Aragonés, en el que milita Xavier de Pedro, tiene en el «no» al trasvase uno de sus principales idearios. El compromiso del PP en Aragón de negarse a cualquier intento de trasvases fue determinante para que el partido que dirige el ahora presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, aceptase formar coalición de gobierno con los populares y, recientemente, entrar a formar parte del Ejecutivo.