El agua del trasvase Tajo-Segura se pone por las nubes. No llega a ser tan cara como la desalinizada, pero los nuevos incrementos de precios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente resultan porcentualmente astronómicos por culpa, sobre todo, de la factura energética. Las nuevas tarifas harán que se incremente el agua del Tajo para los regadíos en un 55% el año que viene.

Para los abastecimientos, la subida será del 44%. Eso representa que los caudales para la agricultura alcanzarán los 15,4 céntimos por cada metro cúbico. Mientras que para la llamada agua de boca aumentará 18,1 céntimos, según informó ayer el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Con motivo de la aprobación del último desembalse del Tajo al Segura, el Ministerio ya avisó de que iban a aumentar estas tarifas.

La repercusión sobre los usuarios, en el caso de la población, se empezará a notar principalmente después de marzo, una vez pasadas las elecciones generales. Será cuando estén en producción las nuevas desalinizadoras de Valdelentisco (Cartagena) y Alicante II. A partir de ahí, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ajustará las nuevas tarifas del agua.

Ya se conoce un dato: la carestía del agua de la cabecera del Tajo tendrá una repercusión en el recibo de un 6%, a lo que habrá que sumar el incremento correspondiente a la inyección de más agua desalinizada en las redes de abastecimiento.

No variará

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad, Isidoro Carrillo, indicó ayer que el recibo actual de 43,26 céntimos el metro cúbico (es lo que este organismo factura a los 77 ayuntamientos de Murcia, Alicante y Albacete) no variará en los próximos meses.

Pero ¿qué ha sucedido para que se produzca un aumento tan alto? Tanto Isidoro Carrillo como Francisco del Amor, presidente de los regantes del trasvase, lo atribuyen a dos factores: por un lado que la tarifa estaba congelada desde mayo del año 2005. Y por otro lado, el aumento espectacular de los gastos energéticos.

Para que el agua llegue a la cuenca del Segura hay que bombearla hasta los 300 metros de altura en el punto de salida. De esta forma, la factura eléctrica aumentará hasta un 72,4%.

Amortización

La parte de la tarifa que menos sube es la amortización de las obras, que en realidad corresponde a las indemnizaciones que reciben los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura a cambio de los envíos de agua. Entre los años 2003 y 2006 estas comunidades autónomas han recibido 82 millones de euros de parte de los regantes murcianos y alicantinos, y otros 259 millones con cargo a los desembalses para dar de beber a 2,5 millones de habitantes.

Estas indemnizaciones se han pagado en el transcurso de una de las sequías más graves que se han registrado, puesto que los gobiernos de estas tres comunidades no han condonado la parte de sus tarifas, cosa que sí ha hecho el Gobierno central.

Las nuevas tarifas se encuentra en la fase de presentación de alegaciones y deberán ser aprobadas primero por la Comisión central de Explotación del Trasvase. Después tendrá que ser ratificadas por el Consejo de Ministros.

Los regantes del Tajo-Segura van a solicitar una nueva reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para solicitarle que se agilice el otorgamiento de las concesiones de agua de la cabecera del Tajo, actualmente en trámite por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Sentencia del Supremo

Los regantes le han visto las orejas al lobo tras la recientes jornadas sobre el ordenamiento jurídico del Tajo-Segura, habida cuenta de que el Tribunal Supremo mantiene en sus sentencias que los agricultores no disponen de un derecho real sobre los excedentes de los pantanos de la cabecera del Tajo.

El Sindicato Central considera que ahora cobra más importancia que se otorguen los títulos de concesión sobre los sobrantes del Tajo para disponer de mayor cobertura jurídica. Su presidente, Francisco del Amor, discrepa de las sentencias del Supremo y considera que los magistrados del alto tribunal deberían tener un conocimiento más preciso de las leyes de aprovechamiento y explotación del acueducto.

En este sentido, solicitarán al Ministerio de Justicia que se imparta un cursillo a los magistrados del Supremo sobre la legislación del Tajo-Segura, con el fin de que dispongan de todas las claves.

Francisco del Amor considera «un éxito» las jornadas jurídicas celebradas en Murcia, ya que a su juicio los expertos «han ratificado que tenemos derechos reales sobre los excedentes del Tajo, porque así viene recogido en las leyes».

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, terció ayer en este asunto y «agradeció» al magistrado de la Audiencia Nacional José Guerrero «que haya recordado en Murcia que el Tajo-Segura no es un derecho de los regantes del Levante», informa Efe. Así se refirió el titular de la materia hidráulica del Ejecutivo castellano-manchego a la advertencia que el magistrado hizo en Murcia, donde recordó que la jurisprudencia determina la discrecionalidad para la aprobación de trasvases.

Por la caducidad

«Las palabras del magistrado han sido muy oportunas para que en el Levante español se tenga información más clara de este asunto», dijo Sánchez Pingarrón, quien ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha «seguirá trabajando por la caducidad» del Trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se retire el dinero necesario para construir la desalinizadora de Torrevieja.

Los populares consideran que «no se estima conveniente los fines perseguidos con esta partida presupuestaria».

La anualidad para esta fábrica de agua, actualmente en obras, asciende a 57,1 millones de euros, y tiene como finalidad garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, según consta en el texto de la enmienda a la que ha tenido acceso este periódico.

80 hectómetros al año

La desalinizadora de Torrevieja, que tendrá una producción inicial de 80 hectómetros cúbicos anuales, cuenta con el rechazo del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que aduce motivos medioambientales.

La mayor parte de la producción va destinada a los regadíos y abastecimientos de la Región de Murcia. Los regantes del Tajo-Segura no han firmado todavía el convenio con la sociedad estatal Acuamed que, no obstante, les ofrecerá el agua desalinizada mediante concurso.

Siete cuencas de ríos tienen en la actualidad menos agua que en las mismas fechas de 2005, el año más seco desde 1947, cuando el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a realizar mediciones. La costa de Galicia, Guadiana, la cuenca atlántica andaluza, la cuenca mediterránea andaluza, Guadalquivir , Ebro y las cuencas interiores de Cataluña reservan un total de hectómetros cúbicos de agua inferior al de dos años atrás (ver gráfico).

Las cifras de agua embalsada en la Península se aproximan peligrosamente a las de 2005. De una capacidad total de 54.148 hm³; actualmente, tenemos 22.809 hm³ de reserva; en 2006, contábamos con 25.828; y en 2005, con 21. 643.

Sin embargo, hasta el momento, sólo se ha activado la alarma en cinco cuencas. Las de los ríos Segura, Júcar, cabecera del Tajo, Guadalquivir y algunos embalses de Galicia se encuentran en sequía, es decir, sus reservas son escasas para el consumo humano, según aseguraron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente a 20 minutos.

Las cifras se aproximan peligrosamente a las de 2005

Similar a la sequía de hace dos años

El director general del Agua, Jaime Palop, lo confirmó hace unos días al asegurar que «la sequía es similar a la de hace dos años». Para paliar el desastre, el Gobierno ya ha aprobado medidas urgentes en estas cinco zonas.

La razón de que las reservas estén tan bajas se encuentra en la falta de precipitaciones durante este otoño y en que estas cuencas no se acabaron de recuperar en 2006. «El año pasado subieron las reservas pero en algunos embalses esta tendencia no se consolidó», afirma un portavoz de Medio Ambiente.

Las cantidades de agua embalsada han ido descendiendo progresivamente a lo largo de 2007. Actualmente, se encuentran al 42,1% de su capacidad total. Sólo cuatro meses atrás, los embalses estaban al 60,1% de su capacidad.

Falta de lluvia

Del 1 de octubre al 6 de noviembre pasados, las precipitaciones medias fueron de 51 litros por m², cuando lo normal son 84, explica el portavoz del Instituto Meteorológico Nacional , Ángel Rivera.

«Excepto en la Comunidad Valenciana y en Baleares, en el resto de España hay un déficit de lluvia. En Galicia es alarmante: han caído sólo 10 litros por metro cuadrado cuando lo normal para estas fechas es que se recogieran hasta 250 litros», sentencia Rivera.

Madrid tiene un 65,5% de reserva

Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran a un 65,5% de su capacidad total de agua, según explicaron a este diario fuentes del Canal de Isabel II.

Los embalses de Madrid se encuentran al 65,5%

El agua que se consume en los hogares de la región proviene del río Tajo, pero no se encarga de gestionarla la Confederación Hidrográfica de este río, sino el Canal de Isabel II.

En los dos últimos años, las reservas de las presas madrileñas han tenido una evolución positiva. En 2005 se encontraban al 34,52% de su capacidad total y ya en 2006 llegaban al 52,13%.

Por lo tanto, la situación de Madrid es buena y no hay atisbo de alarma, según afirman fuentes del Canal.

Los presidentes de Murcia y de la Generalitat Valenciana están preparándose para pedir compensaciones en el futuro al Gobierno de España por dejar de utilizar el trasvase Tajo-Segura. Así lo aseguró ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, al ser preguntado por las intervenciones de Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps en la jornada de Ordenación Jurídica del Trasvase Tajo-Segura que se celebró el pasado martes en Murcia. Para Lamata, tanto Camps como Valcárcel mantuvieron una «actitud defensiva» porque, en su opinión, «están inquietos» por las razones de «mucho peso» que contra el trasvase se están manifestando desde Castilla-La Mancha y están preocupados porque «el tiempo se está agotando». Al respecto reiteró que 2015 es la fecha límite para la utilización del trasvase, aunque advirtió de que es probable que antes de esa fecha no puedan hacerse derivaciones en aplicación de la ley, que otorga la prioridad del uso de esas aguas a la cuenca cedente.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, el socialista Julián Rebollo, no se mostró tan optimismo como Lamata y criticó que desde Castilla-La Mancha «no se está luchando con uñas y dientes» para defender el agua ante las pretensiones de Valencia y Murcia.

«Pensamiento único»

En este sentido, el Gobierno murciano, a través de su consejero de Agricultura y Agua, volvió a reclamar ayer la continuidad de la infraestructura. Antonio Cerdá -tras la clausura de las Jornadas sobre la Ordenación Jurídica del Tajo-Segura- aseguró que la caducidad del trasvase supondría la desaparición de 40 millones de árboles frutales, al tiempo que criticó lo que calificó como «pensamiento único» en torno a la desalación por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El consejero tildó de «irresponsable» a la ministra de Medio Ambiente porque, según dijo, «abdica de sus responsabilidades jurídicas y legales sobre el trasvase y da por cerrada una cuestión que debería resolver antes de terminar su mandato», informa Efe. A su juicio, «lo que tiene que decir es que el Tajo-Segura es intocable», en referencia a las declaraciones de Cristina Narbona en su visita del pasado martes a Murcia en las que aseguró que la decisión sobre la caducidad del trasvase que contempla el Estatuto de Castilla-La Mancha recaerá en la persona que salga elegida en la próxima legislatura. «El trasvase Tajo-Segura es y seguirá siendo una obra de Estado», subrayó Cerdá, quién destacó el carácter «vertebrador e integrador» de la obra.

Sin embargo, en su intervención ayer durante la última jornada sobre ordenación jurídica del trasvase, el magistrado de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional José Guerrero Zaplana recordó que muchas de las sentencias dictadas hasta ahora por el Tribunal Supremo en materia de trasvases de agua del Tajo al Segura han sido contrarias a las pretensiones del Sindicato Central de Regantes de reconocer como un derecho el envío de agua.

«Molesta que llegue más agua»

Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente volvió a defender su política hidráulica al asegurar que la Comunidad Valenciana y Murcia acabarán la legislatura con más agua disponible que hace cuatro años, a la vez que se mostró convencida de que eso «le molesta al PP». Cristina Narbona aseguró en el Congreso que cuando finalice la legislatura la Comunidad Valenciana dispondrá de 335 hectómetros cúbicos más de agua que al empezar y la murciana de 135.

La portavoz popular en materia de Medio Ambiente, Teresa de Lara, tachó de «bajeza» decir que al PP le molesta que llegue más agua a Valencia y Murcia y acusó a la ministra de mentir por reiterar que el trasvase de agua desde el Ebro -derogado por Zapatero- no contaba con el respaldo de la Comisión Europea y que no iba a ser por lo tanto cofinanciado.

Los murcianos y alicantinos dejarán de beber el próximo año agua dura y cargada de sales. Será posible a partir de marzo cuando lleguen al pantano del Cenajo -el mayor de la cuenca del Segura con 457 hectómetros de capacidad- las aguas de la cabecera del Tajo.

Ayer se dio el principal paso con el calado del túnel que comunica este embalse con el del Talave, situado a unos diez kilómetros, en una de las principales obras de infraestructura hidráulica que ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente en esta cuenca y que garantiza la continuidad del acueducto Tajo Segura, al menos para los abastecimientos para la población.

«Bypass»

Este «bypass» entre los dos pantanos no beneficiará a los caudales que se trasvasan para los regadíos, puesto que la capacidad de transporte del túnel se redujo sensiblemente por exigencias del Gobierno de Castilla-La Mancha. En lugar de pasar hasta 60 metros cúbicos por segundo, será seis veces menos. La obras las lleva a cabo la sociedad Aguas de la Cuenca del Segura.

El pantano del Talave tiene escasa capacidad, por lo que esta obra también contribuirá a reducir los riesgos de avenidas en la zona al poder canalizarse las aguas de uno a otro embalse.

Ahora será necesario revestir un pequeño tramo a cielo abierto, para evitar que haya filtraciones de agua en la Rambla del Algarrobo. El túnel se encuentra a unos 30 kilómetros de Hellín, dentro de territorio castellano manchego.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, destacó ayer la importancia de un proyecto largamente demandado por la población murciana. «Esta obra es un alarde de ingeniería. Es el túnel mas grande de la cuenca que permitirá mejorar el agua». Destacó, asimismo, que no se ha producido ningún herido durante las obras.

Fuentes Zorita señaló por otra parte que desde la Confederación Hidrográfica del Segura nunca se ha hablado de caducidad del trasvase del Tajo. Apuntó que las inversiones que se están llevando a cabo son importantes como para mantener esa hipótesis.

El PSOE murciano, a su vez, señaló que esta obra demuestra la apuesta del Gobierno de la Nación por el futuro del trasvase Tajo-Segura, ya que de lo contrario no se invertirían 47,1 millones de euros.

La Confederación Hidrográfica del Segura, por otra parte, ha sacado a concurso público las aguas desalinizadas de la planta de Valdelentisco (Cartagena). Ha puesto a disposición de los regantes 37 hectómetros cúbicos anuales, y sólo podrán optar aquellos que tengan concesiones reconocidas por el organismo de cuenca.

La planta dará servicio a una amplia zona que abarca los municipios de Mazarrón, Cartagena, Murcia y Fuente Álamo. Otros 20 hectómetros se destinarán a los abastecimientos urbanos.

La tarifa será más barata que la pactada en el año 2004, cuando se adjudicaron las obras todavía bajo mandato del Partido Popular.

Los embalses del Talave y Cenajo, que quedaron conectados ayer, garantizan la continuidad del Tajo-Segura _ El túnel transportará seis veces menos de agua por exigencia de Castilla-La Mancha

EFE

Momento en que la tuneladora llegó, ayer, a la zona del embalse del Talave

El director general de Mejora de Explotaciones Agrarias, Juan Manuel Suárez, ofreció una ponencia sobre “Medidas agrarias en el Plan Especial del Alto Guadiana”, en el marco de la Jornada que ha organizado la Comunidad General de Usuarios del Acuífero de La Mancha Occidental sobre la “Situación actual, real y burocrática del Acuífero 23”, que ha tenido lugar en Tomelloso (Ciudad Real).

Suárez comenzó su intervención haciendo mención a la importancia del Plan Especial del Alto Guadiana, porque con su aplicación se contribuirá especialmente al “desarrollo sostenible de los usos agrícolas y económicos de la zona”, ya que permitirá la corrección de un déficit hídrico estructural existente en la actualidad.

En el transcurso de su ponencia, el director general recordó que la actividad agraria de la Mancha Occidental tiene un gran impacto socioeconómico sobre la zona y supone el sustento de la renta de numerosas familias.

A lo largo de los últimos años, el regadío ha permitido una mayor generación de riqueza, empleo, fijación de la población y vertebración del territorio, pero a costa de comprometer las posibilidades de desarrollo en el futuro, el abastecimiento urbano, la calidad de las aguas y tras haber dañado parajes de un alto valor medioambiental.

Por todo esto, el director general de Mejora de Explotaciones Agrarias aseguró que la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana es absolutamente necesaria, “porque va a suponer estabilidad, seguridad y garantía de futuro: estabilidad para los agricultores, porque se va a poner orden en una situación que hasta ahora generaba dudas todos los años; seguridad porque el Plan Especial del Alto Guadiana sirve para preservar el agua para el futuro y contribuirá a dedicar los recursos justos y necesarios para el sector agrario; y futuro, porque asegura las rentas de nuestros agricultores”.

Además, Suárez abordó los ejes sobre los que debe girar el modelo agrario en la zona. El Plan Especial del Alto Guadiana consta de una serie de medidas generales y otras específicas de índole hídrica, ambiental, agrícola y de reconversión socio-económica, pensadas para que sirvan de apoyo a las medidas generales y garanticen su viabilidad, aplicación y efectividad.

En este apartado, el director general señaló que una de las medidas específicas, que tiene una financiación de 940 millones de euros, es el programa de reconversión agrícola que cuenta entre sus directrices más importantes con “un aumento de la eficiencia en la gestión y uso del agua disponible, el desarrollo de un modelo de gestión de los recursos hídricos y la puesta en marcha de un programa de apoyo a la agricultura de secano, para aquellos que se acojan al sistema de venta de derechos de agua al banco creado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, combinando las medidas agroambientales con las de apoyo a zonas agrarias desfavorecidas, y potenciando la agricultura ecológica”.

Además, se establecen medidas de modernización de los regadíos y otras encaminadas a la diversificación de nuestra agricultura y de la industria agroalimentaria de la zona.

La Consejería de Agricultura cree firmemente que en la agricultura de esta zona, con el apoyo de todos los agentes sociales implicados en el Alto Guadiana, se puede conseguir el desarrollo sostenible de 125.000 hectáreas con 200 hm3 asignados.

El Ministerio de Medio Ambiente continúa su particular cruzada contra los intereses económicos de la Comunidad. Tras las furibundas críticas al modelo urbanístico y las discrepancias en materia de agua y trasvases, el departamento que dirige Cristina Narbona volvió ayer a la carga, esta vez a cuenta del turismo, pero con afectación en otros sectores.

El Gobierno dio a conocer ayer el contenido de un informe sobre el uso del agua en la economía española, en el que se aboga por implantar una «tarifa turística» que grave con mayor intensidad el consumo del líquido elemento en hoteles y segundas residencias.

El documento, presentado ayer en Valencia, concluye que si no se aplica dicho recargo, el aumento del turismo y la estacionalidad provocará un incremento del precio que «tendrá que aguantar la población residente».

No obstante, de acuerdo con el informe, el consumo turístico apenas representa el 23% del total del gasto de agua en la etapa estival de máxima afluencia de visitantes. Este porcentaje se reduce hasta el 6% en la temporada baja.

La media anual del consumo «turístico» se sitúa en el 11,8% del agua facturada para consumo humano en España -372 hectómetros cúbicos-.

En relación a los hoteles, Medio Ambiente cifra el gasto hídrico en 394 litros diarios, que en el caso de los establecimientos de cinco estrellas se eleva a 594.

Con todo, el Ministerio está por la labor de que se extienda el empleo de las tarifas diferenciada del agua, que en España únicamente se aplican en la localidad andaluza de El Ejido y en Palma de Mallorca. Para sus autores, «la estacionalidad del turismo complica la gestión del abastecimiento y tiene efectos sobre los precios».

El presidente de Hosbec, principal patronal del sector, Pere Joan Devesa, consideró que esta medida supondría «un paso más para acabar con el turismo, después de intentar lo mismo con la construcción».

El dirigente empresarial subrayó que aplicar una subida en las tarifas «está fuera de lugar y parece una broma, siempre que el Gobierno no explique qué alternativas tiene para sustituir la contribución económica del sector turístico». Para Devesa, «se trata de una irresponsabilidad que ahuyentará a los visitantes y beneficiará a otros destinos».

El presidente de los hosteleros de Valencia, Juan Carlos Gelabert, se mostró más tibio y partidario de «empezar a valorar la medida». En todo caso, recordó que los hoteles ya apuestan por un consumo razonable del agua y reclamó la complicidad para todas las Administraciones.

Turismo «depredador»

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -dependiente del Ministerio- ejerció de anfitriona del seminario donde se hizo público el estudio y su presidente, Juan José Moragues, aprovechó la coyuntura para cargar contra el «turismo depredador».

A su juicio, la actividad turística que consume social, económica y medioambientalmente los recursos no renovables «está abocado al fracaso» y supone «una irresponsabilidad para generaciones futuras».

En el foro organizado por la CHJ también salió a relucir el problema urbanístico, que la ministra Narbona situó como causante de las trágicas riadas acontecidas en Alicante. Sin embargo, y frente a estas posiciones hostiles, el sector de la construcción sigue dando síntomas de desaceleración que podrían tener un importante coste en términos laborales.

La necesidad de obra pública

En esta línea, el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) advirtió ayer de la posible pérdida de entre 30.000 y 40.000 empleos en la Comunidad salvo que «se ponga de forma inmediata en carga la ejecución de nuevos proyectos de infraestructuras».

Los datos del informe elaborado por IPE alertan de la caída de los visados de viviendas en la Comunidad . En todo caso, estas cifras constatan que la región, en contra de la creencia generalizada y frente a las críticas del PSOE, ha perdido peso en relación a los proyectos visados e iniciados en España desde el año 2000 hasta el cierre del pasado ejercicio.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, coincidieron ayer en señalar que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) debe hacer compatible la recuperación de los acuíferos de la zona, 23 y 24, y el desarrollo económico y social de la comarca.

Ambos realizaron estas manifestaciones durante el acto de la firma del protocolo de colaboración entre los Gobiernos autonómico y central para desarrollar este plan, que contempla una inversión de 3.000 millones de euros durante los próximos 20 años, informa Ep.

El plan, pendiente sólo ya de que el Consejo de Ministros apruebe el correspondiente decreto para que entre en funcionamiento, se aplicará sobre una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca, en los que se asientan 169 municipios y unos 600.000 habitantes.

Narbona señaló que uno de los principales objetivos es «frenar la sobreexplotación» de los acuíferos, indicando que se pretende ahorrar unos 200 hectómetros cúbicos de agua, que dejarán de extraerse de los acuíferos 23 y 24.

Así, explicó que desde el Ministerio se han puesto en marcha ofertas públicas de adquisición de derechos de agua por 40 millones. Asimismo recordó que se han comprado unas 900 hectáreas en el entorno de Las Tablas de Daimiel, cuya recuperación es prioritario.

Plan de forestación

La ministra destacó la trascendencia del plan de forestación que lleva asociado el PEAG, y en el que se invertirán 1.185 millones.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, destacó que actuar para parar la sobreexplotación de los acuíferos era algo «urgente y necesario», dado que los acuíferos de la zona hacía demasiado tiempo que estaban en «números rojos».

Al igual que Narbona, consideró que es posible un desarrollo sostenible en la zona, salvaguardando los recursos naturales y manteniendo el nivel de renta de los agricultores.

Para alcanzar sus objetivos, sostenibilidad de la actividad económica, conservación de los recursos para el futuro y la consecución de los objetivos ambientales, se aplicarán varios programas, entre ellos, la reordenación y compra de terrenos y derechos de agua (810 millones), medidas de control del consumo de agua con la instalación caudalímetros (432 millones) y medidas de apoyo a los usuarios (34 millones).

Asimismo, se contempla un programa de ayudas para el mantenimiento de regadío o su transformación a secano, en el que se invertirán 940 millones.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, abundó ayer en el discurso mantenido por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, respecto a las inundaciones al solicitar la revisión del Plan de Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad (Patricova) para que no obvie «la influencia de las nuevas urbanizaciones».

Así lo manifestó ayer en la población valenciana de Miramar, tras la presentación de un proyecto contra las avenidas del barranco Sotaia que tendrá un presupuesto de cerca de 770.000 euros. Moragues señaló que «el urbanismo tiene que estar al servicio del Medio Ambiente y no al revés», y lamentó que sus tesis hayan sido «premonitorias».

Medio Ambiente mantiene que «las urbanizaciones tienen que adaptarse a cauces y barrancos», planteamiento que «hemos seguido desde el principio y que nos ha causado muchos problemas». A su juicio, el Patricova «fue en su momento un buen plan» pero «es necesaria su revisión».

La suciedad de los cauces

Moragues consideró que «no contemplaba la influencia de nuevas urbanizaciones en zonas de riesgo; se preguntó qué pasa cuando se urbaniza la ladera de una montaña o un centro comercial cerca de un barranco», y no incluía a los municipios de El Verger o Beniarbeig como «zonas de riesgo».

Asimismo, debería contemplar la pérdida de suelo agrícola «que antes absorbía los primeros 40 ó 50 litros», y puso como ejemplo las Salinas de Calpe. En cambio, Moragues defendió que «no hay ninguna relación entre la vegetación del cauce y las consecuencias de las lluvias».

Suspenden el PAI de Orxeta

Por otra parte, el Ayuntamiento alicantino de Orxeta -gobernado con mayoría simple por el PSOE- desistió ayer de seguir adelante con el PAI que contemplaba 2.225 viviendas (en un municipio de 700 habitantes) y un campo de golf, y que afectaba principalmente a suelo propiedad de los ediles o de sus familias.

El PSOE, que ayer votó en pleno contra su propia propuesta, atribuyó su decisión a la falta de apoyo del edil del PP, de quien depende esta legislatura para gobernar.

El trasvase Júcar-Vinalopó original, denostado por el Gobierno tras paralizarlo y modificarlo, contaba con el respaldo técnico del Banco Europeo de Inversiones, que lo llegó a calificar de «ejemplar». La conducción que se ejecuta en la actualidad, en cambio, no goza de ningún aval técnico emitido por instancias europeas.

Paradójicamente, el plante de la Comisión Europea (CE) a los regantes alicantinos -con los que se había comprometido a estudiar la toma intermedia al trasvase, en el azud de Antella- ha privado al actual Júcar-Vinalopó de la posibilidad de recabar el citado respaldo técnico. De haber cumplido su compromiso, cabía la posibilidad de que una instancia de la Unión Europea (UE) avalase técnicamente el trazado actual, en lugar del propuesto por los regantes.

En el Astoria

El responsable de los fondos europeos para la Comunidad, el europarlamentario griego Georgios Peroulakis, se comprometió con el representante de los usuarios alicantinos, Andrés Martínez, a sufragar un estudio que comparase el Júcar-Vinalopó actual con el anteproyecto propuesto por los regantes. Según desveló Martínez a ABC, dicho acuerdo se alcanzó tras la reunión que ambos mantuvieron en el hotel Astoria de Valencia, el día 13 del pasado mes de junio.

Según la versión del presidente de la Junta de Usuarios del Vinalopó, el europarlamentario se comprometió a sufragar un estudio comparativo de ambos trazados de carácter técnico, que dilucidase cuál era la mejor opción. El coste habría corrido a cuenta de la partida destinada al programa operativo de la Comunidad -es decir, los mismos que cofinancian el programa AGUA en el que se incluye la infraestructura-.

«Presiones del Gobierno»

Sin embargo, la CE respondió el pasado 8 de octubre a los regantes alicantinos que mantenía su respaldo al actual trazado, por lo que no llegará a estudiar su propuesta. En realidad, esta respuesta no significa que considere mejor el trazado actual que el propuesto, sino que no llegará a compararlos.

La documentación a la que se refiere la CE, esgrimida como aval por parte de Medio Ambiente, se refiere a dos correos electrónicos que Martínez remitió a Peroulakis tras el citado encuentro, a mediados de junio. En éstos le anticipaba que un mes más tarde remitiría el anteproyecto de la toma intermedia, como hizo en julio. Los regantes alicantinos atribuyen el cambio de postura del europarlamentario griego, ante el que se muestran sorprendidos, a «presiones del Gobierno» socialista para evitar que se cuestione el actual Júcar-Vinalopó, en ejecución al 50%.

Los acuíferos subterráneos del Segura están siendo sometidos a un régimen de sobre explotación por la sequía que debe frenarse, según los empresarios. Estos exponen un dato: en 2005 se triplicaron las extracciones de agua por la sequía y a la falta de aportaciones de otras cuencas.

Oficialmente, en el año 2004 se bombearon 130,4 hectómetros cúbicos para la agricultura. En 2005, esa cifra ascendió a 343,6 hectómetros, según los datos del INE relativos a las concesiones legales de agua en Murcia. «La situación no ha mejorado mucho en los dos últimos años y existe un aumento de costes asociado al uso de agua desalinizada, lo que puede poner en riesgo el futuro del sector que es rentable siempre que disponga de agua», apunta el secretario general de Croem, Clemente García.

Señala la patronal que los recursos hídricos destinados al sector agrario regional descendieron en 2005, prolongando así la tendencia iniciada en 2002. De este modo, las concesiones de agua para el sector agrario en 2005 fueron de 586,1 millones de metros cúbicos, un 10,1% menos que en 2004, si bien su distribución es muy heterogénea según su origen.

Compensación

La sequía que atraviesa Murcia condiciona que los descendentes recursos superficiales -que han pasado de 491,3 millones de metros cúbicos en 2004 a 158,7 en 2005-, hayan sido compensados por los de origen subterráneo, que se han triplicado. La región abarca el 3,2% de los recursos nacionales para uso agrícola (el 1,1% de los superficiales, el 10,8% de los subterráneos y el 45,4% de otros recursos, incluidas las desalinizadoras).

«Esta cifra se sitúa muy por debajo de la participación murciana en el VAB agrario nacional (5%), lo que sirve para dar idea de la alta eficiencia hídrica del sector primario. Es más, la técnica de riego más eficiente, el goteo, es utilizada para gestionar el 84,3% del agua destinada a fines agrícolas. Sólo Andalucía (53,8%) y Valencia (48,7%) siguen de lejos a Murcia», dice el informe.