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Tres barones del PP pugnan con Arias Cañete por la política de agua

Cospedal logró que se retirara del BOE el plan de cuenca del Tajo.

El Gobierno recupera al ideólogo del Plan Hidrológico para negociar con Fabra y Valcárcel

La unanimidad de color político en la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y en el Ministerio de Medio Ambiente no ha enterrado del todo la guerra del agua. Sí la ha silenciado. Las discrepancias sobre el plan de cuenca del Tajo —esencial porque regula el abastecimiento de Castila-La Mancha y Madrid y de Alicante y Murcia a través del trasvase— llegó incluso a que Medio Ambiente parara la publicación de un plan que ya estaba enviado al Boletín Oficial del Estado, según fuentes próximas a las negociaciones. Los tres barones pugnan con el ministerio para defender sus intereses. Oficialmente, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete niega las tensiones; afirma que hay decenas de reuniones para buscar el consenso, y que en dos semanas habrá un plan, que debería haber estado hace años y que llega tarde por el Ejecutivo socialista.

Los planes de cuenca son complejos documentos técnicos que regulan los usos del agua. Su revisión debía estar lista a final de 2009, pero el Gobierno anterior no aprobó los más polémicos con el argumento de que la bronca política impedía el consenso. La clave está en los ríos Tajo y Segura, conectados por un trasvase que ha sido criticado en la cuenca cedente.

La obra abastece a 79 municipios de Alicante y Murcia y permite regar miles de hectáreas de rentables frutales. Por eso es clave políticamente en las tres regiones. El PP fraguó su amplia mayoría en Murcia y Alicante gracias, en parte, a la defensa del trasvase. Y Cospedal ve cómo la oposición socialista le reclama la reivindicación del Tajo, que por Toledo pasa contaminado y con poca agua.

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo y elaboración propia. / EL PAÍS

Las condiciones de los últimos años no ayudan al consenso. El curso hidrológico 2011-2012 fue el más seco de la serie histórica, que comenzó hace un siglo.

La revisión de los planes busca, entre otras cosas, mejorar el estado ecológico de los ríos. Así lo manda Bruselas. El anterior Gobierno, del PSOE, alegó ante la Comisión Europea que era imposible poner de acuerdo a las comunidades afectadas y solo aprobó los planes menos conflictivos. La respuesta de la Comisión fue que si Europa había logrado poner de acuerdo a 14 Estados con el Danubio no podía ser tan difícil el pacto en Júcar y Tajo. “España debe acabar con las guerras del agua entre regiones”, declaró en noviembre en Madrid el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik. Un mes antes, el Tribunal de la UE condenó a España por el retraso, algo que puede acarrear una multa millonaria.

El ministerio se ha comprometido ante Bruselas a tener los planes aprobados a final de año, pero para eso ya debían estar listos. Obligatoriamente hay un periodo de seis meses de alegaciones.

A principios de año, Cañete se reunió en Toledo con Cospedal, Fabra y Valcárcel y sus consejeros responsables de agua, según fuentes del sector. En la negociación ha aparecido una persona sin cargo. Se trata, según dichas fuentes, de Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua en Murcia e ideólogo del Trasvase del Ebro con Aznar. Ese Plan Hidrológico, de 2001, logró el apoyo de Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia y Cabezas recibió el encargo de ayudar a deshacer el nudo.

Liana Ardiles, directora general del Agua, no lidera la negociación, según estas fuentes. Ardiles llegó al cargo en septiembre tras la destitución de Juan Urbano.

Un portavoz del ministerio insiste, en cambio, en que es ella quien pilota las negociaciones y lamentó el retraso del Gobierno socialista en aprobar los planes de cuenca. Afirma que el plan está solo pendiente de detalles que se perfilan en decenas de reuniones. Fuentes del Gobierno valenciano dicen que no hay tensión, sino que faltan detalles técnicos. Otra fuente destaca la influencia que Cabezas tiene en Murcia.

El caso lleva más de un año en negociación con sordina, ya que la orden a los implicados es la de guardar silencio. Castilla-La Mancha ya no recurre a los tribunales los periódicos trasvases.

A principios de mes, el ministerio creyó tener ya el nuevo plan con el visto bueno de Cabezas. Incluso llegó a mandar al Boletín Oficial del Estado el anuncio de que salía a exposición pública y así fue comunicado al sector. A última hora, Cospedal logró retirarlo del BOE por la discrepancia con los caudales ecológicos en Aranjuez y Talavera. Cuanto mayores sean estos caudales, menos agua habrá para trasvasar.

Sí está cerca el acuerdo sobre la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara), de los que parte el trasvase. Actualmente, cuando llegan a 240 hectómetros cúbicos se cierra el trasvase y el nuevo plan puede elevar esa reserva para Castilla-La Mancha a 400 hectómetros cúbicos pero en unos años.

Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con Cabezas, que ha defendido los trasvases del Tajo y el Ebro, algo fuera de la agenda por los recortes y porque el PP gobierna en Aragón con el antitrasvasista Par.

Al comenzar la legislatura, Cañete ya temía que el agua fuese su mayor quebradero de cabeza y no veía con malos ojos que pasara a Fomento. Anunció que recentralizaba la gestión del agua al rebajar de rango las confederaciones hidrográficas, pero el poder de los barones sigue ahí. Con su política de pasar bajo el radar, el ministro ha llegado a ser el mejor valorado, según el CIS. Por el momento ha conseguido mantener también el agua en un segundo plano.

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo hace tiempo que tienen terminado el plan. Tanto, que la anterior presidenta, la socialista Mercedes Gómez, colgó en la web en 2011 un borrador que consideraba el trasvase “inviable” por la caída de las aportaciones, el aumento del consumo en la cuenca y la mejora del caudal ecológico. El Gobierno del PSOE lo retiró de la web e hizo que Gómez asumiese el error de publicarlo. En Castilla-La Mancha mirarán con lupa los cambios

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Cañete defiende que la ayuda a los cultivos sea igual en todas las regiones

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido esta semana que la distribución de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) se aplique a nivel nacional único, aunque ha asegurado que esta posición será sometida a la consideración de los 17 consejeros autonómicos y de la conferencia sectorial como he hecho con la estrategia de negociación. Arias Cañete aprovechó su intervención en el Pleno del Senado para subrayar que el «problema empieza ahora», una vez que Bruselas ya ha decidido el reparto de las ayudas comunitarias al campo y a la ganadería  europea.
En este sentido, reconoció que España tiene ahora dos modelos a seguir para distribuir los fondos comunitarios de la PAC. El primero se centra en tomar las decisiones iguales para todo el territorio. «Es decir, se coge este sobre de 35.000 millones y se aplica en todo el territorio (…) eso garantizaría teóricamente que cada territorio no pierde dinero, pero dentro de cada territorio los consejeros tienen que tomar decisiones a ver si favorecen al olivar, a la leche, a la agricultura de montaña o a quién», explicó.
No obstante, advirtió: «Si vamos a 17 sistemas autonómicos fragmentados podemos correr el riesgo de que los sistemas peculiares de redistribución interna no sean entendidos conforme por la Unión Europea y haya territorios que empiecen a perder ayudas cuando se inspeccione por las autoridades comunitarias».
La segunda opción, más «complicada», según el ministro, es buscar un modelo que elimine en lo posible trasvases importantes de un territorio a otro y, dentro de un territorio, de los productores del propio territorio al del término municipal de al lado.
Ante estos dos modelos, Arias Cañete reconoció que ya ha habido comunidades que se han pronunciado claramente a favor de fragmentar la política agraria nacional, aunque insistió en que él propone una «política nacional» porque garantiza la igualdad a los productores en el mercado.

Otros problemas. El segundo problema a afrontar a partir de estos momentos es la posibilidad de que se «diluyan y bajen» las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos por hectárea, después de que la normativa comunitaria permita a partir de ahora que tierras marginales, zonas de pasto o zonas destinadas a frutales, hortalizas o vino, puedan ser elegibles para las ayudas. «Si la ayuda nacional está en una media de 240 euros por hectárea de media para 21 millones, y meto 17 millones de hectáreas más, la ayuda baja a cerca de 119 o a una cifra similar», explicó, para desvelar a continuación que está buscando una fórmula que permita al Gobierno español limitar las hectáreas para que los actuales productores sigan percibiendo un nivel importante de ayuda.
No obstante, sí aseguró que «está desterrada» la idea de que en el 2019 haya una ayuda por hectárea igual. «Creo que la hemos podido parar, pero recuerdo que el Gobierno socialista era partidario de una ayuda inicial de 100 euros por hectárea que, en su momento, me parecía descabellada y, ahora, estamos peleando por todo lo contrario».
El tercer problema que debe solucionar el Gobierno es cómo lograr la convergencia interna y, por ello, dijo que está luchando para poder  modular el apoyo a los cultivos en función de las necesidades reales de cada uno para compensar sus costos de producción. Por ello, aseguró que luchará para evitar «situaciones absurdas», como el hecho de que explotaciones que no hayan estado cultivadas o con carga ganadera pasen a tener ayudas espectaculares, mientras que quienes se han dejado la vida en el campo ven reducidas las ayudas a la mitad.
«La propuesta que se hizo de la PAC era descabellada. Está pensada para  países muy homogéneos, sin diversidad productiva. Pero España tiene toda la diversidad productiva del mundo (…).Tenemos una riqueza productiva que hace imposible una ayuda homogénea por hectárea.. La ayuda homogénea por hectárea sería la sentencia de muerte del campo español y estamos tratando de cambiar estas protestas», afirmó.

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El Partido Castellano pide que Cuenca sea sede de la nueva Confederación Hidrográfica del Júcar

La agrupación provincial ha exigido “firmeza e ideas claras” a la presidenta Cospedal en “el conflicto abierto por el control del río Júcar que vive estos días una encarnizada batalla entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana”
 

La agrupación provincial en Cuenca del Partido Castellano (PCAS) ha exigido “firmeza e ideas claras” a la presidenta Cospedal en “el conflicto abierto por el control del río Júcar que vive estos días una encarnizada batalla entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana”.

Desde el partido consideran que “pese a que es Castilla quien aporta la mayor superficie y caudal al río, son los valencianos quienes mandan y extraen beneficios económicos y políticos del mismo. Con la excusa de que el agua es de todos, la realidad es que se la quedan ellos y que no pagan un euro a Castilla por la misma”. El nuevo Decreto de Demarcación Hidrográfica del Júcar así como el Plan Hidrológico de Cuenca que se negocia estos días, “debe dejar claro de una vez por todas qué ríos y cuencas hidrográficas son del Júcar y cuáles no, debe cumplir escrupulosamente la sentencia del Tribunal Supremo de 2004, actuar en consecuencia y separar la gestión de todos los ríos independientes del Júcar. Entendemos que no hacerlo contribuye a perpetuar lesivamente los intereses del interior castellano (Cuenca y Albacete)”.
 
Además, indican que tradicionalmente “se han unido a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ríos independientes del mismo, ríos que no son afluentes del mismo tanto por el norte (Castellón) como por el sur (Alicante), triplicando la superficie y la población de la misma de forma artificial por conveniencia política de la costa. El caso más clamoroso es el Turia, pero también el Palancia, o el Cenia. La razón que explica esto, a juicio del Partido Castellano, es un intento de la costa de añadir territorios y población y poder así hacerse con el control político efectivo del río”.
 
En el Partido Castellano (PCAS) exigen igualmente a la Junta de Comunidades “que denuncie y exija daños y perjuicios al Ministerio de Medio Ambiente por incumplir durante años la sentencia del Júcar emitida por el Tribunal Supremo en octubre de 2004 y por dedicarse a darle la vuelta a la situación, mediante informes ‘técnicos’ que interpretan torcidamente la ley para no asumir las consecuencias de su aplicación”.
 
En el PCAS creen “que ha llegado la hora de reclamar la gestión de todos nuestros ríos y de olvidarse del criterio nacional que solo favorece al vecino. No es de recibo que en la práctica, no podamos ni utilizar aquí ni vender el agua, solo dejar que corra y otros sí la utilicen. Que cada cual gestione su tramo y emplee sus recursos para su propio desarrollo económico y social. Esta opción es la más coherente con la de un Estado Federal no asimétrico real y auténtico al que se supone que vamos. Si a Portugal no le dejamos que gestione más que sus tramos de los ríos compartidos, no vemos por qué no hemos de hacer lo mismo por el Este”.
 
En el Partido Castellano (PCAS) entienden que “el marco jurídico-administrativo hidrográfico  actual es claramente injusto y perjudicial para los intereses de Castilla. Basta comprobar cómo los trasvases de agua, por cuanto no recibimos compensación económica efectiva real alguna (y si muchos perjuicios económicos en forma de valles expropiados, inundados y comarcas aisladas condenadas a la emigración), son un claro expolio auspiciado por el Estado para mayor gloria de la periferia”. Consideran “que el actual modelo solo ha favorecido a la periferia, donde incluso se toleran miles de hectáreas de regadío ilegales, mientras aquí se ha prohibido de facto todo tipo de uso del agua”.

El Partido Castellano “exige al gobierno de Cospedal que no reconozca ni el actual plan del Júcar ni el convenio para la gestión del embalse de Alarcón y pide a todos los ayuntamientos conquenses y albacetenses (tal y como ya hace el ayuntamiento de Albacete), que se nieguen a pagar a los regantes valencianos por el suministro de aguas superficiales del río Júcar procedentes del pantano conquense”. Solicitan, además, “que dicho pantano, ya amortizado, sea expropiado, pase a ser gestionado por la Junta de Comunidades y se ponga fin a décadas de política hidráulica franquista pro periferia”.

Igualmente, en el Partido Castellano (PCAS) piden para Cuenca “la sede de la nueva Confederación Hidrográfica del Júcar, hecho que entendemos nos corresponde por cuanto somos la única ciudad importante por la que discurre directamente el río, con el consiguiente traslado de funcionarios, empleo, rentas y poder administrativo, político y económico que eso supondría para nuestra ciudad”.

 
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Alejandro Alonso: «El ministro Arias Cañete miente, y lo sabe»

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, aseguró ayer que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, «miente» cuando afirma que España cobrará más dinero de la Política Agrícola Común (PAC) porque, en realidad, pierde una «notable» parte de los recursos para la agricultura. «Miente y lo sabe», exclamó, en declaraciones a La Tribuna.
Por ello, subrayó que el PSOE seguirá «luchando» en el Parlamento Europeo para lograr un incremento de las ayudas económicas que recibirá nuestro país. «Arias Cañete hace malabarismos para justificar la negociación, pero la realidad es que España sufre una notable pérdidas de recursos, en torno al 17%, sobre las cifras actuales».
El parlamentario socialista por Toledo argumentó que el titular de Agricultura compara los presupuestos del 2010 con las cifras que se prevén en el 2020, pero sin tener en cuenta algunos elementos básicos en cualquier previsión económica, como los efectos de inflación o el incremento del índice del precio al consumo.
En consonancia con esta posición, el PSOE ha presentado una propuesta de resolución en el Congreso de los Diputados, con motivo del debate sobre el Estado de la Nación, donde advierte que es una cuestión de «supervivencia» que la reforma de la PAC garantice al campo español el mantenimiento de las ayudas que viene disfrutando.
Alonso también ha anunciado que el PSOE defenderá un modelo de reparto de las ayudas comunitarias que no distorsione la competencia interna y de un tratamiento homogéneo a los diferentes sector productivos en todo el territorio nacional.
No obstante, declinó pronunciarse más abiertamente sobre esta cuestión hasta conocer de primera mano la propuesta que debe presentar el Ministerio de Agricultura que, en principio, coincidirá en términos globales con las posiciones socialistas.

Privatización del agua. En materia de ganadería, el parlamentario socialista ha exigido al Ministerio de Agricultura que declare sectores sensibles al del vacuno, carne y al de la leche, que serán los más perjudicados por el nuevo mecanismo de reparto de ayudas que prevé Bruselas.
Por otra parte, entre las propuestas de resolución registradas por el PSOE en la Cámara Baja, figura la petición de derogar todas las medidas que se hayan adoptado que, de facto, supongan una “privatización y mercantilización” del agua a través de un mercado de derechos concesionales entre particulares, como sucede en algunas zonas de Castilla-La Mancha.
Finalmente, el Partido Socialista pide la protección del patrimonio forestal, con el fin de impedir su privatización, y la articulación de políticas activas de prevención y lucha contra los incendios forestales, incluida la activación de programas de reforestación con suficiente apoyo presupuestario.

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Agricultura anuncia cambios en las ayudas a las inversiones en regadíos

La secretaria general del Ministerio de Agricultura y Alimentación, Isabel García Tejerina, desveló esta semana que ya se han acordado modificaciones con la UE en aspectos «tan sensibles» para España como las condiciones de ayuda a las inversiones en regadíos. Isabel García Tejerina dijo que las negociaciones sobre la propuesta para el desarrollo rural «se encuentran en una fase muy avanzada», y añadió: «La voluntad del Departamento es mejorar el diseño y la ejecución de la programación de desarrollo rural para el periodo 2014 – 2020, tanto en cuanto al cumplimiento de objetivos de la política de desarrollo rural, como en términos económicos».
Así lo explicó durante la inauguración de las Jornadas con las comunidades autónomas sobre la programación de desarrollo rural para el próximo periodo de programación que, organizadas por el Ministerio se celebrar en el Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares, en Madrid.
La número dos del Ministerio de Agricultura explicó que en el momento actual de las negociaciones de la política de Desarrollo Rural es preciso analizar los principales elementos de la estrategia que debe definirse para España de cara al próximo periodo.

satisfechos con el resultado. En su intervención, García Tejerina destacó los buenos resultados conseguidos en las negociaciones sobre Marco Financiero Plurianual para la UE, que permitieron «acordar un presupuesto para la política de desarrollo rural de 95.577 millones de euros a precios corrientes, mejorando sensiblemente la propuesta que se planteó en noviembre de 2012». «Podemos estar todos satisfechos con el resultado y los agricultores y ganaderos españoles pueden tener la tranquilidad de que España va a seguir percibiendo el mismo nivel de apoyos que viene percibiendo actualmente», añadió. «Es ahora -dijo- cuando debemos entrar en la fase de aceleración y trabajar en equipo para lograr la mejor programación de desarrollo rural para el conjunto de nuestro país, de nuestro sector y de nuestro medio rural».
Sobre la política de desarrollo rural en España, García Tejerina sostuvo que tiene que organizarse de manera que permita afrontar los desafíos estructurales que condicionan el logro de un nivel de vida digno en el medio rural y, en definitiva, su sostenibilidad».

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Fresneda confía en que la reforma penal logre acabar con los robos en los campos

Una problemática casi eterna. Los robos en campos y explotaciones agrarias han sido denunciados públicamente en numerosas ocasiones por las organizaciones agrarias y de hecho se han llevado a cabo muchas manifestaciones por este motivo. Pese a todo, solo han obtenido una respuesta, tal y como recordaba ayer el secretario general de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y esa respuesta pasa por la modificación del código penal.
En este sentido, recordó que se han reunido con el delegado del Gobierno para exponer este problema y saben que no se puede agilizar el trámite parlamentario. Sin embargo, Asaja calcula que a principios de la primavera podría ver la luz la modificación del código penal y mientras tanto Fresneda aseguró que «estamos haciendo lo que podemos», así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que el invierno es una etapa bastante mala que provoca más miedo si cabe entre los agricultores, por lo que esperan que se apruebe cuanto antes la reforma.
Fresneda confía en ese cambio en la normativa porque «va a haber muchas medidas coercitivas para aquel que se atreva a robar». No obstante, no ocultó que es un asunto que preocupa mucho al sector y que podría haberse modificado ya el código penal hace años, desde la primera denuncia que se produjo. «Esperamos que en dos meses, más o menos, pudiera ver la luz la reforma del código penal», reiteró, porque es «la única solución».
El presidente de la organización, Fernando Villena, recordó que ha habido detenciones recientemente de personas que han cometido numerosos robos en los campos pero cree que el fallo es que cuando llega al juzgado la denuncia los fiscales no presentan cargos y lo único que hay es la declaración de la Guardia Civil al detener al autor o autores del robo.

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Entrevista a .José Mansilla Martínez Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete.

Los ingenieros agrónomos han experimentado una bajada de trabajo «importante» pero afrontan optimistas el futuro

José Mansilla Martínez Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Albacete

LAS CLAVES

«El precio de los productos agrícolas ha subido y eso posibilita continuar sobreviviendo»

«Estamos pendientes de la Ley de Servicios Profesionales que está en trámite»

Su labor está ligada al sector agrario y los problemas de éste, como el incremento de los costes de producción, afectan de lleno a su actividad. Los ingenieros agrónomos, «como el resto de profesionales de este país», atraviesan por una situación «muy complicada», aunque se vislumbran elementos positivos como la subida de los precios agrícolas. Así lo indica el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete, José Mansilla.

-Recientemente han celebrado una charla sobre riegos en el sector del maíz. ¿Preocupa mucho a los profesionales el tema de los costes de producción, en este caso referidos a los recursos hídricos y la electricidad?

-Los costes de producción preocupan a cualquier persona o empresa que se dedique a producir algún bien, y los agricultores no son una excepción, ya que además son un eslabón muy importante dentro del sistema productivo de nuestra región. En el sector agrario, la superficie de regadío tiene un peso importante y concretamente en nuestra provincia la mayor parte del agua que se utiliza para el riego es subterránea, con unos niveles freáticos a mucha profundidad, lo que conlleva unos costes añadidos de elevación e impulsión que se agravan por las altísimas subidas de las tarifas eléctricas en los últimos años, causa que está poniendo en muchas dificultades la supervivencia de muchos regadíos.

Insumos

¿Qué otros asuntos suponen, en la actualidad, un quebradero de cabeza para los agricultores?

-Son muchos los asuntos que actualmente preocupan a los agricultores. Por decir algunos, la futura PAC que se está negociando en Bruselas y que aún no se sabe cómo va a afectar a nuestras explotaciones; la subida del gasóleo agrícola, de los fertilizantes, de las semillas y del resto de insumos. Hay que señalar que, paralelamente, también han subido estos últimos años el precio de los productos agrícolas, lo que ha posibilitado poder continuar sobreviviendo.

-¿Cuál es la situación de los ingenieros agrónomos? ¿Cómo ve el futuro del sector?

-La situación de los ingenieros agrónomos, como del resto de los profesionales de este país, es muy complicada. Por un lado, falta financiación a las empresas agroalimentarias, igual que a nivel general le sucede al sector empresarial, y la financiación es imprescindible para que se reactive el sector y cree trabajo, ya que estos últimos años ha habido una bajada importante. Yo espero que estemos al final de la crisis y empiece a reactivarse la economía. Por otro lado, estamos pendientes de la Ley de Servicios Profesionales, consecuencia de la aplicación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus), que está en trámite y tiene que ser aprobada en el Parlamento y que sin duda tendrá una enorme repercusión en el desarrollo de las distintas profesiones y en concreto de la arquitectura y las ingenierías.

Visado de proyectos

-¿Qué actividades está llevando a cabo el Colegio para dinamizar la actividad y apoyar a los profesionales?

-Las actividades que desarrolla el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, además de las propias del normal funcionamiento, son: el visado de proyectos, información actualizada de todo lo que pueda ser de interés a nuestros colegiados a través de la página web del Colegio, un funcionamiento ágil y eficaz de la bolsa de trabajo, y diversos convenios con entidades bancarias, idiomas, ocio y sociedades médicas, todo ello en beneficio al colegiado. Este año hemos integrado la central de compras del Colegio, con objeto de promocionar entre nuestros colegiados los productos agroalimentario de nuestra zona. En cuanto a los jóvenes titulados, el Colegio pone a su disposición información sobre trabajos profesionales, y se brinda asesoramiento que haga más fácil su incorporación al mundo laboral. Se organizan cursos de formación y puesta a punto de acuerdo a las nuevas tecnologías y disposiciones administrativas, así como toda clase de información de utilidad para el desarrollo de nuestra profesión. En definitiva, pretendemos ser un centro de unión entre todos los colegiados tratando de fomentar la unión y el compañerismo de todos los ingenieros agrónomos. En cuanto a las funciones que tiene encomendadas la entidad, quiero destacar la de ‘garantía a los clientes y usuarios del Colegio y de sus colegiados’, ya que es garante para el ciudadano del buen hacer de sus colegiados y permite aclarar las posibles dudas o reclamaciones que éstos puedan tener. Al ser una corporación de derecho público, nuestra obligación es la defender los intereses de nuestra profesión con la vista siempre puesta en el interés general. Asimismo, el Colegio convoca el Premio San Isidro al Mejor Proyecto Fin de Carrera de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y celebra anualmente, en la sede colegial, un acto de bienvenida a los alumnos del último curso de la ETSIA de Albacete para que conozcan nuestro Colegio y todas las actividades que se llevan a cabo cuando terminan sus estudios y acceden al mundo profesional. En nuestra web corporativa (www.agronomosalbacete.org) se puede encontrar más información sobre los servicios del Colegio, la profesión y colegiación, y un directorio de los ingenieros agrónomos colegiados de nuestra provincia.

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La región seguirá recibiendo cerca de 1.000 millones de la PAC al año

Castilla-La Mancha seguirá recibiendo cerca de 1.000 millones de euros anuales en el período 2014-2020 de la Política Agrícola Común (PAC), según aseguró la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, poco después de participar en la conferencia consultiva del Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas para pactar estos fondos. Soriano subrayó la importancia de estos fondos comunitarios, que significan aproximadamente el 40 por ciento de la renta de los agricultores y ganaderos de la región. «En esta negociación nos estábamos jugando mucho y, por eso, para nosotros, lo más importante era conseguir que el presupuesto no variase, y se va a mantener para los próximos seis años. De ahí que estemos satisfechos y tengamos cierta tranquilidad para el futuro», afirmó. España recibirá de la PAC en concepto de ayudas directas del orden de 35.700 millones de euros para el periodo 2014-2020, lo que supone alrededor de 286 millones de euros más que en el periodo actual.
En el capítulo de desarrollo rural, la cifra que baraja el Ministerio es de 8.291 millones de euros, es decir, 238 millones más que en el periodo actual y, en medidas de mercado, la cifra estimada es de 4.200 millones de euros, que permitirá financiar todas las medidas de mercado que están en vigor en la actualidad.
Una vez conocidas las cifras globales, la titular de Agricultura explicó que ahora se iniciará un proceso de negociación interna, aunque aseguró que la idea del Ministerio y de las comunidades autónomas es que los diferentes sectores puedan mantener las ayudas que están recibiendo. «Aunque tenemos que avanzar a la convergencia, Castilla-La Mancha es una región que está por debajo de la media nacional y, por tanto, creemos que lo único que puede hacer la región en esta reforma es salir reforzada y beneficiada», afirmó.
No obstante, reconoció la satisfacción del Gobierno autonómico por los resultados de los acuerdos en Bruselas porque España ha logrado seguir siendo «beneficiario neto» de los presupuestos comunitarios, pese a que la tendencia en Europa ha sido ir a la reducción.
«Creemos que ha sido una labor extraordinaria de nuestros negociadores, es decir, de nuestro presidente Mariano Rajoy y también del Ministerio. Lo que queremos ahora es que se mantenga y consolide el presupuesto y podamos tener esa estabilidad para agricultores y ganaderos hasta el año 2020».

Satisfacción. En este sentido, recordó que hay otros capítulos de gran importancia, como es el haber logrado que las comunidades dispongan de una flexibilidad del 15% del presupuesto que le corresponda sobre los fondos de los pilares I y II, es decir, de los que son pagos directos a desarrollo rural, o viceversa.
De igual modo, también reconoció su satisfacción ante la decisión de Bruselas de flexibilizar los requisitos fijados para la aplicación del ‘greening’. «Es una política que nos preocupa, pero que parece que van a dar también a los estados miembros cierta flexibilidad para que puedan incorporar medidas que puedan ser alternativas».
Por todo ello, además de la posibilidad de los gobiernos autonómicos de disponer de tres años para desarrollar proyectos de desarrollo rural, dijo que el gobierno autonómico está satisfecho con la negociación llevada a cabo por el ministro. «La PAC se recorta un 13%, pero el presupuesto de España sí se mantiene. Los agricultores están satisfechos porque están viendo que hay un gobierno que ha defendido el campo y que ha sabido buscar alianzas», concluyó.

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Arias Cañete pide a la oposición que no intente meter miedo a los agricultores

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer, en el pleno del Senado, que España está «muy satisfecha» de los resultados de la negociación de la PAC porque permitirá al país tener 35.705 millones de euros en ayudas directas y 8.291 millones en desarrollo rural. «Vamos a tener aproximadamente 520 millones de euros más en dinero que va a llegar al campo español; vamos a tener para todos los años cerca de 44.000 millones de euros de ayudas directas y desarrollo rural más las medidas de mercado», afirmó.
Miguel Arias Cañete, que respondió de este modo a una pregunta del senador popular Diego Sánchez, advirtió de que lo más complicado en la negociación no ha comenzado. «Ahora, tenemos que discutir si se meten más hectáreas, cómo se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y los sectores. Ahora hay mucha batalla», explicó.

La cuota sube al 39%.

En este sentido, el titular de Agricultura destacó el hecho de que la participación de la Agricultura en el presupuesto comunitario subió hasta el 39% respecto del 37% en la propuesta de la Comisión, y pidió a la oposición que no intenten meter miedo a los agricultores diciéndoles que van a descender las prestaciones que han recibido hasta el momento.
Previamente, en otra pregunta parlamentaria, la diputada socialista Fuensanta Coves rechazó el optimismo del ministro, y recordó que es la primera vez que la Unión Europea aprueba unos presupuestos restrictivos e inferiores al marco anterior, y es la primera vez que la PAC pierde recursos. «Señor ministro, a estas alturas solo la señora Merkel, el señor Cameron y usted se encuentran satisfechos con este presupuesto. En el resto de Europa se encuentran cuando menos defraudados», exclamó.
Finalmente, en este contexto, calificó de «increíble»que el Gobierno mantenga que España va a percibir 286 millones más que en el marco presupuestario anterior porque en el primer pilar el presupuesto baja 40.700 millones, un 13%.
Por su parte, la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, explicó que, una vez asegurado el marco financiero, ahora las miras de la Junta están centradas en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), aunque reconoció que es posible que ésta no entre en vigor en 2014, sino que se prorrogue un año ante el escaso tiempo del que se dispone para cerrar un texto tan complejo.

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Embalses del Júcar están al 42,7% de su capacidad

19 feb (EFE).- Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentran al 42,7% de su capacidad, dos décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura están al 56,4%, una décima más que hace siete días.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 66 % de su capacidad total, con 36.500 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa un aumento de 394 hectómetros, el 0,7 % más con respecto al nivel de la semana anterior, con variaciones entre 4 hectómetros cúbicos menos en Cuencas Internas de Cataluña y 138 más hectómetros cúbicos en Duero.

La del Júcar es la cuenca con menor porcentaje de agua embalsada (42,7%), seguida de la del Tajo (50,3%), CCII Cataluña (51,8%), Duero (54,3%) y Segura (56,4%).

Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, las variaciones afectan a la cuenca del Miño-Sil que ha perdido 58 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Duero ha aumentado 261 hectómetros cúbicos.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua embalsada

==============================================================

Cantábrico 633 573 90,5 %

Miño-Sil 3.030 2.465 81,4 %

Galicia Costa 684 606 88,6 %

P. Vasco 21 21 100,0 %

Duero 7.507 4.070 54,3 %

Tajo 11.012 5.538 50,3 %

Guadiana 8.635 6.394 74,0 %

C.Atl.And. 1.880 1.543 82,1 %

Guadalquivir 8.101 6.682 82,5 %

C.Med.And. 1.177 868 73,7 %

Segura 1.141 643 56,4 %

Júcar 3.336 1.424 42,7 %

Ebro 7.494 5.313 70,9 %

Cataluña.CC I. 677 351 51,8 %

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Total 55.328 36.500 66,0 %

EFE

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