Las reservas de agua siguen muy bajas en los embalses de los ríos Júcar y Cabriel y los agricultores de la comarca valenciana de la Ribera, que se surten de ellos para regar, temen que el próximo verano se impongan serias restricciones, a no ser que mejore la situación en los próximos meses con lluvias extraordinarias en las cabeceras de las cuencas. Para intentar la salvación de sus cultivos, algunos productores intentan recuperar viejos pozos que han estado abandonados, pero las soluciones que plantean, que son posibles desde el punto de vista técnico, chocan con la actual legislación en materia de aguas. Probablemente van a tener muy difícil conseguir las autorizaciones necesarias.

Algunos agricultores de la Ribera ya han intentado legalizar sus viejos pozos y perforaciones ante la autoridad en la materia, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y se han encontrado con la sorprendente respuesta de que no es posible resolverles sus casos, al menos como ellos desean, según informan los servicios técnicos de la Asociación Valenciana de Pozos de Riego, adscrita a la organización agraria AVA-ASAJA.

La respuesta oficial que les han dado a estos solicitantes consiste en que tendrían que renunciar a sus derechos de agua del río (que tienen como regantes de la Acequia Real del Júcar u otras comunidades a las que pertenecen) y seguir un largo camino para poner en marcha sus pozos con todas las de la ley, constituyéndose en comunidades aparte.

Pero lo primero que ocurre es que estos agricultores no quieren renunciar bajo ningún concepto a sus derechos de agua del río, naturalmente; sólo buscan aportar soluciones particulares de emergencia, para salvar esta época de aguda sequía y con sus propios medios, sin reclamar ayudas económicas.

El problema principal estriba en que la ley de aguas no contempla una peculiaridad muy propia del campo valenciano, donde muchos agricultores cuentan con alternativas para poder regar, y si falla una acuden a otra (de río y de pozo o de varios pozos), sino que la norma impone la obligación de contar con una única fuente.

Derechos entrecruzados
El objetivo que se busca es, presumiblemente, el de evitar despilfarros y promover el ahorro, pero resulta evidente que si un agricultor cuenta con derechos de agua de más de un sitio, y se los ha costeado de su bolsillo, no es una inversión que se haya hecho por capricho, ni con la intención de regar un mismo mampo ahora de una fuente y mañana de otra. A esto se ha llegado por la evolución natural de las cosas. Las sucesivas sequías han dejado exhaustos ríos y pozos y los agricultores, si han tenido alguna opción, la han buscado y la han pagado.

Por eso existen multitud de pozos, en zonas de huertas de las planas litorales y valles fluviales, de los que son propietarios agricultores y agrupaciones de regantes que normalmente riegan con agua de río, pero si esta falla, recurren al pozo. Y si un pozo falla, se recurre a otro. De ahí que sea habitual que muchos agricultores sean socios de más de un pozo a la vez. Algo que los funcionarios de la administración hidrológica no acaban de entender y que suscita innumerables problemas, hasta el punto de exigir que se evite lo que se denomina como ‘solapamiento’ de parcelas. Cada parcela se entiende que debe regar de una fuente única. Y si se han de poner soluciones de emergencia, ya lo hará la Administración.

De hecho, tanto la Confederación Hidrográfica como la Generalitat han aflorado en los últimos años innumerables ‘pozos de sequía’ para reponer parte de los caudales que escasean en los ríos. Sin embargo no se está a favor -por ahora- de reconocer la ayuda ejemplar de los agricultores que pretende recuperar con el misma finalidad sus viejos pozos olividados.

Como en las últimas décadas no hicieron falta estos pozos, nadie se preocupó de inscribirlos en el Catálogo de Aguas Proivadas. Ahora han pasado todos los plazos posibles. La única opción sería constituir nuevas comunidad de regantes, pero para eso deberían renunciar a pertenecer a las que encuadran actualmente a estos usuarios para emplear el agua del río, y eso no lo van a hacer. En ocasiones, la burocracia complica en exceso soluciones que a pie de campo se ven lógicas y fáciles.

La Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura se reunirá mañana para analizar la situación en la que se encuentran los embalses de la cabecera del Tajo y realizar una propuesta al Consejo de Ministros para que estudie un posible riego de socorro para los regadíos de la Cuenca del Segura.

La Comisión, presidida por el director general del Agua, Jaime Palop, se reunirá un día antes del último Consejo de Ministros del año, donde la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trasladará la necesidad de realizar un riego de socorro para la agricultura en la cuenca del Segura.

La vicepresidenta segunda de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, ha manifestado hoy que el Gobierno regional es absolutamente contrario a dicho trasvase, pues «las condiciones de la cuenca cedente no lo hacen aconsejable»

El Gobierno castellanomanchego ha subrayado que no aprecia «que se den las circunstancias que hagan imprescindible esta derivación en la cuenca cedente».

Entre tanto, el Sindicato Central de Regantes ha indicado que se necesitan 60 hectómetros cúbicos para el primer trimestre del año en la cuenca del Segura.

Según la última medición facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la reserva de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha registrado un descenso de nueve hectómetros cúbicos y se sitúa en 322 hectómetros cúbicos, el 13,01 por ciento de su capacidad total, que es de 2.474 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó por última vez un trasvase el 5 de octubre, cuando decidió enviar al Segura 69 hectómetros cúbicos durante el último trimestre de 2007, el primero del año hidrológico, de los que 37,6 han ido para consumo humano y 31,4 para riego en las zonas servidas con aguas procedentes del acueducto Tajo-Segura.

La aprobación de trasvases de agua por el acueducto corresponde al Consejo de Ministros mientras la reserva de agua en Buendía y Entrepeñas se sitúe por debajo de 450 hectómetros cúbicos y por encima de 240 hectómetros cúbicos, reserva mínima por debajo de la cual no se puede trasvasar.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) celebró hoy en Albacete la última reunión anual de su Junta de Gobierno, aunque habitualmente este tipo de reuniones se celebran en la sede de la Confederación en Valencia.

En esta reunión, la última del año, se tratarán asuntos relacionados con la planificación hidrológica, y la delicada situación que debido a la sequía tiene el Júcar, sobre todo en la zona alta, otro aspecto inusual, debido a la ausencia de lluvias en los tramos alto y medio del río.

En el orden del día, según señaló el jefe de la oficina de planificación, Javier Ferrer, destaca la preparación de los trabajos previos al borrador del plan hidrológico de cuenca, que deberá estar acabado a finales de 2008, adaptándolo a la directiva marco del agua.

En lo que se refiere a la situación del río, en el cuarto año de sequía se ha planteado por segundo año consecutivo una oferta pública de adquisición de derechos de riego en la Mancha Oriental, con fines medio ambientales, que de llevarse a efecto en su totalidad alcanzarían los 50 hectómetros cúbicos, garantizando los riegos de primavera, y cultivos hortícolas de verano.

Esta medida afectaría a un total de 25.000 hectáreas, y un desembolso económico para la Confederación de 12 millones de euros, pagándose entre 0’20 y 0’25 euros el metro cúbico. Esta oferta pública de adquisición de derechos de agua de riego, supondrá para los agricultores que se acojan el 5 por ciento de sus derechos.

Sobre las previsiones de utilización de aguas subterráneas, tanto el comisario Manuel Alcántara, como el jefe de planificación Javier Ferrer han señalado, en rueda de prensa, que se podría disponer de entre 300 y 320 hectómetros cúbicos para la próxima campaña, aunque todo depende de la evolución de aquí al mes de marzo, y los niveles pluviométricos que se recojan.

Lo que todavía es prematuro, señalaron, es conocer la cantidad de aguas superficiales de la que podrán disponer los regantes de la Mancha Oriental, para sustitución de bombeos en la próxima campaña de riegos.

El jefe de planificación hidrológica, Ferrer, a preguntas de los periodistas señaló que aunque mediaticamente los textos de los estatutos de autonomía, puedan afectar a la planificación hidrológica, la competencia en las cuencas intercomunitarias es exclusivamente del Estado, aunque en las confederaciones tengan representación las entidades regionales y locales, además de los propios usuarios.

La Confederación Hidrográfica del Júcar iniciará el próximo año una nueva Oferta Pública de Adquisición de derechos del agua con el objetivo de ahorrar agua en una de las cuencas más castigadas por la sequía de España. La Junta de Gobierno de la Confederación del Júcar se reunió ayer en Albacete (donde no lo hacía desde el 2001), encuentro en el que se revisaron las principales líneas de actuación del organismo de cuenca para el año 2008 y en el que se informaron de las actuaciones de la Comisión de la Sequía, así como de los avances del proceso de planificación hidrológica de la cuenca del Júcar.

De cara al próximo ejercicio, la medida más importante para paliar la situación de sequía que vive la cuenca del Júcar es la nueva Oferta Pública de Adquisición de derechos de agua que sólo afectará al tramo medio del río comprendido entre los embalses de Alarcón y de El Molinar, es decir en todo su recorrido albaceteño. El objetivo de esta oferta es «fundamentalmente ecológico», según explicó el comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde, que señaló que la situación hidrológica de la cuenca, «está siendo complicada» porque se están produciendo pocas entradas de agua. Por ello, para evitar posibles problemas ecológicos a lo largo del año que viene se ha planteado de cara al próximo año la realización de esta oferta y se circunscribe al acuífero del mioceno «que es el que tiene una relación más acusada río acuífero» y que se corresponde con el tramo medio del río.

Diferencias

La oferta de este año tiene sensibles diferencias con la que se realizó el pasado año, que no tuvo mucho éxito entre los regantes. De este modo, se buscará concentrar las extracciones de agua en la época de primavera «de manera que los usuarios con derechos remanentes de agua que no oferten podrán utilizarlos durante la época de primavera y de esta manera se podrá seguir realizando cultivos que hará posible que una serie de sectores productivos que desarrollan su actividad en torno a la agricultura puedan seguir desarrollándola». De este modo, para Alcalde, la oferta de este año «tiene un contenido social que la del año pasado no tenía». Además, se ha establecido la posibilidad de que parte de esos recursos sean utilizados durante el verano para salvar determinados cultivos que estén ligados a contratos, fundamentalmente de horticultura.

Para desarrollar la oferta la Confederación destinará doce millones de euros con los que se espera llegar a en torno 25.000 hectáreas de regadío de la provincia de Albacete, y se habrían adquirido por parte del organismo de cuenca unos 48 hectómetros cúbicos de agua, que podrían llegar a un ahorro de unos 50 hectómetros cúbicos por el 5% al que tendrían que renunciar los usuarios que se acojan a la oferta. El comisario de Aguas confió en que no en el caso de que esta medida que busca el ahorro de agua en el tramo medio del río, «y en función de la situación hidrológica». Este año se pagará entre 20 y 25 céntimos de euros por metro cúbico, algo más que el año pasado cuando se pagaba 19.

Por primera vez en esta época del año, el embalse de Tous tiene un nivel de reservas mayor que el del embalse de Alarcón, situado aguas arriba de la cuenca hidrográficaE.F.

Por primera vez, el pantano de Tous rebosa agua, mientras que el de Alarcón se las ve y se las desea para mantener un nivel mínimo que asegure un caudal ecológico suficiente en el Júcar.

Para ser exactos, Tous dispone de algo más de 82 hectómetros cúbicos; Alarcón, de 66 y Contreras, de 50. De hecho, la cuenca del Júcar tiene unos 50-51 hectómetros cúbicos más de agua que hace un año, y la mayoría están en Tous.

Este simple hecho ha condicionado y condiciona toda la gestión de la cuenca en este arranque del año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre. Y fue el gran protagonista de la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tuvo lugar ayer en Albacete, en el parador Nacional de la Mancha.

Poco antes de iniciarse la reunión, a la cual asistió medio centenar de personas, en representación de usuarios e instituciones, comparecieron en rueda de prensa el presidente de la CHJ, José Manuel Moragues; el comisario de Aguas, Manuel Alcalde, y el jefe de la oficina de planificación hidrológica, Javier Ferrer.

Moragues explicó a los medios albaceteños que «el orden del día de la Junta de Gobierno de hoy (por ayer) contempla, por una parte, las líneas de actuación de la Confederación para el próximo año, así como dar cuenta de las últimas decisiones adoptadas en el marco de la Comisión Permanente de la Sequía».

Dentro de esas decisiones, se encuentra la recién aprobada Oferta Pública de Adquisición de Derechos de Agua u ‘OPA del agua’ que precisamente, se ha aprobado para garantizar el caudal ecológico del río en un año que los propios gestores consideran anómalo respecto a la media.

Según explicó el comisario de Aguas, Manuel Alcalde, esta oferta, que es «completamente voluntaria» se abre para uns superficie de 25.000 hectáreas situadas en la zona del acuífero 18 (Macha Oriental) que se conoce como «acuífero Mioceno». Se trata de la zona más próxima al río, la que más interacciones tiene con él.

casi 50 hectómetros. «El objetivo es el de llegar a los 48 hectómetros cúbicos de ahorro», señaló, «y para ello se ha arbitrado una cantidad de 2 millones de euros, con un precio que oscilaría en tre los 0,20 y 0,25 euros el metro cúbico».

Alcalde, además, recordó que esta OPA incluye una serie de medidas «de contenido social» que no se incluyeron en la oferta del año pasado para, precisamente, favorecer el éxito de la oferta.

Entre ellas, destacan que ningún regante podrá ceder el 100% de sus derechos, para garantizar que todas las explotaciones agrarias mantengan una actividad mínima, vital para el sostenimiento económico de las comunidades agrarias.

También recordó que, aunque la idea de la OPAes la de favorecer los cultivos de invierno y primavera, en detrimento de los estivales, se hace una reserva para garanticar que los horticultores, especialmente los productores de cebollas, producción en la que Albacete es la líder nacional, mantengan su actividad.

Este hecho fue celebrado por el director general del Agua de la Junta de Conunidades, Fernando Ortega, quien estuvo entre los asistentes al Junta de Gobierno de ayer. «Es importante ahorrar agua -señaló- pero también es importante que las explotaciones agrarias no se paren por completo».

«Nosotros habríamos preferido no parar», indicó, «pero es preciso garantizar un mínimo de caudal circulante en el río, por lo que no nos parece mal esta oferta de adquisición de derechos, que es completamente voluntaria y que comprende una serie de medidas correctoras que el año pasado no se dieron».

A preguntas de los periodistas, además, Alcalde y el propio presidente de la CHJ, Juan José Moragues, señalaron que será comienzos de la próxima primavera, sobre los meses de marzo y abril, cuando se podrá determinar si habría agua suficiente para proseguir con el programa de sustitución de bombeos en la Mancha Oriental.

«Estamos aún al inicio del año hidrológico -indicó Moragues- y por el momento sería prematuro hablar de previsiones sobre este asunto; para poder hablar de ello habrá que ver el resultado de otras medidas, como por ejemplo la oferta de adquisición de derechos de agua».

En un orden más político, el responsable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHJ, Javier Ferrer, recordó que el organismo de cuenca se encuentra inmerso en un proceso de planificación hidrológica para revisar el plan de cuenca de 1997. Y, en ese sentido, los medios manchegos le preguntaron sobre posibles ‘interferencias’ entre dicha revisión y la revciente sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana.

«La planificación hidrológica sigue estando en manos del Estado», señaló con rotundidad, «y en esto el marco legal es muy claro, independientemente de que las regiones tengan cada vez más que decir en campos como la calidad de las aguas o la depuración».

La cuenca del Júcar ya ha iniciado la nueva planificación hidrológica que terminará en la redacción de un nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que deberá estar redactado a finales del 2009 para cumplir con los plazos establecidos por la directiva marco comunitaria.

El pasado 25 de julio arrancó la fase de consulta pública que se prolonga durante seis meses y ya se han celebrado varias reuniones con los organismos e instituciones interesadas. El jefe de la oficina de Planificación de la Confederación del Júcar, Javier Ferrer, explicó que el proceso se encuentra ahora mismo en la fase de participación de todos los organismos implicados con la celebración de reuniones sectoriales para la organización de todo el procedimiento.

El segundo «hito» que destacó ayer el jefe de la oficina de Planificación fue la elaboración de lo que la directiva denomina esquema de temas importantes, mediante el que se deben analizar los principales problemas a los que se enfrentan así como aportar soluciones y alternativas. De este modo, se abordarán cuestiones como la atención de las demandas, la consecución de los objetivos medioambientales o la reducción de los efectos de la sequía.

El tercer hito será la elaboración de un borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, que deberá estar aprobado en diciembre del 2009.

Ferrer confió en que las polémicas suscitadas en torno al agua entre varias comunidades autónomas por la aprobación de los estatutos de autonomía no interfieran en la planificación hidrológica. No obstante, dejó claro que las competencias en materia de planificación hidrológica es del Estado, aunque admitió que las regiones tienen peso en la elaboración de los planes de cuenca.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó ayer el Sistema de Información del Agua (SIA), la primera base de datos capaz de integrar y relacionar todos los datos relevantes en la gestión del agua en España, siguiendo los principios y visión integradora de la Directiva Marco del Agua.

Esta nueva herramienta garantizará el acceso de todos los ciudadanos a una amplía y diversa información relacionada con el agua, fomentando la participación pública en la toma de decisiones y permitiendo, además, la interacción con otros sistemas de información y herramientas digitales informáticas de utilidad. La información se acompaña con gráficos y mapas adaptables a las necesidades del usuario.

El SIA representa un nuevo punto de encuentro a partir del cual se puede obtener toda la información relativa al agua de forma tal que todos los usuarios, bien sean organismos públicos o entidades privadas, puedan trabajar sobre la misma base de información y compartir rápidamente sus progresos con los demás.

El sistema es capaz de integrar la información allí donde se encuentre su fuente y su sistema de adquisición y consolidar todos los datos en una base de datos única. Cabe destacar que esa versatilidad no se configura solamente a nivel de las herramientas técnicas del sistema sino que también se aplica en el diseño de los procedimientos de trabajo y la organización que soportan la explotación del sistema.

La implantación de este sistema de información no es un proyecto informático, aunque la informática tenga, casi siempre, un papel relevante en estas iniciativas. El objetivo es satisfacer las necesidades de información a diferentes tipos de usuarios: desde el más generalista hasta el más experto. Por otro lado, dejar atrás la actual situación en la que cada fuente de datos es almacenada y recogida en un sistema de información distinto. Por un lado, ofrece una web pública que con acceso libre a los datos, estructurada en base a temáticas de estudio particulares De esta forma, el usuario podrá acceder a todos los aspectos relevantes en la gestión del ciclo integral del agua: desde el marco físico que condiciona el curso de los ríos, la climatología, las presiones sobre el medio de diversos tipos como la población, la agricultura y la ganadería hasta los elementos de gestión como las redes de medida, los programas de actuaciones o los indicadores de estado.

Asimismo, dispondrá de una Intranet especializada de acceso a los datos para especialistas, que ofrece una serie de herramientas especializadas y avanzadas para el estudio y la interpretación técnica de esta información.

El tercer elemento del sistema desarrolla un concepto de divulgación de la información medioambiental relativa al agua, permitiendo un acceso rápido e intuitivo que permite satisfacer las necesidades del público en general. Se trata de un ‘Libro del Agua en formato Digital’, que junto a un texto explicativo de carácter divulgativo integra los mapas, gráficos y tablas con la información de la base de datos.

Los mapas temáticos son también dinámicos y navegables. Puede consultarse el valor de una medida directamente sobre el mapa y el dibujo puede exportarse para su utilización en otros documentos.

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra el Estatuto de la Comunitat Valenciana por el derecho que la norma establece para los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias, al considerar que este precepto no supone «imposición alguna» al Estado en los términos en los que se redacta. Esta decisión ha contado con el voto particular de los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Roberto García-Calvo y Montiel, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y Ramón Rodríguez Arribas.

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El alto tribunal se ha pronunciado de esta manera después de que el Ejecutivo aragonés interpusiera un recurso contra el artículo 17 del Estatuto valenciano, que señala que «se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad» y «el derecho de redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación actual».

Los valencianos, indica el citado artículo, tienen derecho a «gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura para atender sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la ley». «Toda persona tiene derecho a gozar de una vida y un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado», por lo que la Generalitat valenciana «protegerá el medio ambiente, la diversidad ecológica, los procesos ecológicos y otras áreas de especial importancia ecológica», señala el segundo apartado del mismo.

Ante ello, el tribunal expone que el precepto recurrido no incurre en infracción del artículo 149.1.22 de la Constitución -precepto que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma- al considerar que los Estatutos de Autonomía tienen capacidad para establecer las competencias de las comunidades, delimitando indirectamente las del Estado.

Con ello, explica que la posibilidad de que los valencianos disfruten de agua de calidad en cantidad suficiente, y que accedan a la redistribución de los caudales, está sujeta a lo que acuerde o disponga la legislación estatal en el marco de las previsiones constitucionales. De manera que si dicha legislación estatal no lo dispone, no se concretará el derecho. En lo relativo al derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad suficiente y segura, también se somete a lo que disponga la ley ‘in genere’. Así pues, el precepto impugnado no supone «imposición alguna» al Estado en los términos en que se redacta.

El alto tribunal expone que este derecho estatutario no podrá ser ejercitable de modo directo e inmediato en vía jurisdiccional, sino cuando los poderes autonómicos lo instrumenten y de acuerdo con la Constitución, la legislación estatal o la ley estatal o autonómica, según los casos.

De esta manera, el precepto estatutario recurrido no vincula la función legislativa del Estado, que podrá ejercerla sin condicionamiento alguno, es decir, con plena libertad de criterio desde la observancia de todos los preceptos constitucionales pertinentes, entre ellos, los que imponen la primacía del interés general, la garantía de la solidaridad y del equilibrio territorial, la misma protección del medio ambiente o el mandato de equiparación del nivel de vida de todos los españoles.

Criterios de sostenibilidad
Considera, así pues, que del enunciado del artículo 17.1 del Estatuto autonómico «no se desprende que haya de producirse ningún privilegio económico o social» para la Comunitat Valenciana, máxime cuando el precepto atiende a que se habrán de tener en cuenta para la modulación del derecho los «criterios de sostenibilidad» del recurso hidráulico, lo que se acomoda a los criterios propios del principio de solidaridad. Este hecho, según se expone en la sentencia, acredita que el derecho al abastecimiento de agua de los valencianos «debe sustentarse en la utilización racional del recurso» y, por tanto, «se ajusta a las exigencias de la doctrina sobre el principio de solidaridad».

La decisión adoptada por el tribunal supone el primer pronunciamiento del alto tribunal sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados durante la presente legislatura contra los nuevos textos impulsados por cuatro comunidades autónomas. Durante la legislatura se presentaron un total de 11 recursos de inconstitucionalidad contra los estatutos de cuatro comunidades autónomas. La excepción es el caso balear, cuyo nuevo estatuto es el único que no ha terminado en el alto tribunal, y por el momento del de Castilla y León, que finalizó su tramitación a finales del pasado mes de noviembre.

«Poca claridad
La sentencia cuenta con varios votos particulares, que coinciden en destacar la «poca claridad» de la misma. Así, el voto del magistrado Vicente Conde Martín expone que existe una «difusa distinción» entre validez y eficacia de los estatutos cuando pueden entrar en colisión con leyes orgánicas llamadas por la Constitución a regular determinadas materias; y discrepa en la interpretación del artículo 139 de la Constitución, en su función de principio general de organización territorial del Estado; y en la interpretación del artículo del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, cree el precepto contrario al artículo 149.1 de la Constitución respecto al derecho a la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, pues, a su juicio, con un criterio de «mínimo realismo» y atendido el dato «innegable» de que en la Comunitat no existen «aguas sobrantes de cuencas excedentarias», la referencia legal a estas aguas «no puede aludir sino a las de cuencas situadas fuera del territorio de esa comunidad».

A partir de este dato, «resulta claro que el precepto está invadiendo un área competencial que corresponde al Estado, al tiempo que excede en su ordenación del límite territorial en que debe operar el Estatuto de Autonomía». Además, expone que si el objeto de la redistribución son «los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias», es «innegable» que el precepto «se está refiriendo a ellas, y es esa referencia lo que le hace problemático e inconstitucional», dice.