Unas doscientas familias de Montealegre del Castillo se concentraron ayer en Murcia ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), para protestar por el recorte que ha sufrido su concesión de agua.

Responsables de la Sociedad Agrícola de Transformación Pozo El Estrecho, junto a representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Albacete se unieron a esta protesta.

La decisión de concentrarse se produjo tras el recorte sufrido en la concesión para regar de la SAT Pozo El Estrecho, al pasar ésta de un volumen de 654.000 a 266.000 metros cúbicos.

Esta drástica restricción, aprobada por la CHS, se produjo -explicó ayer la UPA- cuando los representantes de la SAT Pozo El Estrecho solicitaron que con la misma concesión, los 654.000 metros cúbicos iniciales, se les permitiese pasar de regar 254 hectáreas de distintos cultivos a realizar riegos de apoyo en un total de 654 hectáreas, sin aumentar la dotación de agua para regar.

Ante esa petición, explicó el secretario provincial de UPA de Albacete, Julián Morcillo, la Confederación decidió recortar la concesión inicial. La UPA asegura que no hay precedentes de una decisión tan grave, que afecta a una zona deprimida como es Montealegre del Castillo, comarca que apenas registra unas precipitaciones de unos 150 litros por metro cuadrado anualmente.

Pedro José Ibáñez Calero, presidente de la SAT Pozo El Estrecho, indicó que pretenden conseguir ahora, es que se reconozca el derecho adquirido de estos regantes y que se restablezca la concesión inicial.

La Junta Directiva de la SAT y miembros de UPA, se reunieron con el presidente de la Confederación, José Salvador Fuentes Zorita; y posteriormente con el comisario del organismo de cuenca, Manuel Aldeguer, para intentar alcanzar un acuerdo y restablecer el derecho al agua.

Se han dado unos días a la Confederación para buscar una solución justa para los intereses de los regantes, de no ser así, anuncian que se llevarán a cabo nuevas movilizaciones.

Por sistemas, los embalses del Júcar se encuentran al 13,33 por ciento de su capacidad; los del Túria tienen un 36,16 por ciento de agua embalsada; en Alicante, el sistema de la Marina Baja/Serpis dispone del 65,31 por ciento de agua, mientras que en Castellón, el sistema Palancia/Mijares/Cenia se encuentra al 46,11 por ciento de su capacidad.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 67,51 por ciento de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 80,77 por ciento. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 56,57 por ciento de su capacidad cubierta. En el sistema Júcar-Turia, La Toba está en el 39,13 por ciento, el de Alarcón un 5,86 por ciento y el de Contreras en 5,68 por ciento.

En el complejo de Cortes, El Molinar está en un 61,75 por ciento de su capacidad, Cortes II en un 95,47 por ciento, La Muela en un 52,04 por ciento, y El Naranjero al 75,85 por ciento. En el Bajo Júcar, el de Tous-La Ribera se encuentra al 18,90 por ciento; Escalona al 4,67 por ciento; y Bellus, al 27,09 por ciento. En el sistema del Magro, el pantano de Forata está al 11,91 por ciento de su capacidad.

En el Túria, el embalse de El Arquillo de San Blas está al 55,48 por ciento, Benagéber al 39,24 por ciento, Loriguilla al 21,17 por ciento y Buseo al 37,29 por ciento. En el sistema del Palancia, el de Regajo se encuentra al 60,36 por ciento de su capacidad y el Algar, al 0,00 por ciento.

En el sistema de Mijares, el de Alcora tiene almacenado un 69,26 por ciento; Arenós un 39,78 por ciento; María Cristina un 8,00 por ciento y Sichar el 70,12 por ciento. En el Cenia, el de Ulldecona está al 68,69 por ciento de su capacidad, mientras que en otros sistemas, el embalse de Almansa está al 0,00 por ciento y el de Onda al 54,05 por

Corría el mes de julio de 2004 y Rajoy se pronunciaba con contundencia en San Javier (Murcia) sobre la política hidráulica del PP: «La desalinización es un cuento chino. Si volvemos a ganar, el trasvase del Ebro se va a construir porque la opción de las desalinizadoras no tiene ningún sentido. Contaminan y además tampoco se van a hacer».
El pasado domingo, Rajoy lanzaba también en Murcia un mensaje más difuso pese a que en algunos medios se le había pedido expresamente siete palabras que no pronunció: «Si gobernamos haremos el trasvase del Ebro»
El presidente se comprometió únicamente a lograr «un acuerdo nacional sobre el agua en el que las cuencas deficitarias como la del Segura y Júcar reciban el agua sobrante de las cuencas excedentarias a través de trasvases».
Ayer, el consejero de Agricultura y Agua del gobierno de Murcia, Antonio Cerdá, justificaba a Rajoy al recordar que «en ningún programa del PP se ha hablado del trasvase del Ebro», y añadió que «si los técnicos dicen que hay que traer agua del río Amazonas pues se trae».
«Rajoy se ha comprometido con los trasvases, a llevar agua desde las cuencas excedentarias a las deficitarias y esto es importante», dijo Cerdá.
En Valencia, José Alberto Comos, presidente de la Fundación Agua y Progreso, responsable de la campañas publicitarias
José Aberto Comos habló inicialmente de «matices de redacción», aunque posteriormente afirmó que el discurso del PP es «claro y meridiano a favor del trasvase».
«Si no me falla la memoria, -añadió – en el antiguo plan electoral no había una alusión expresa al trasvase del Ebro».
Ayer, ninguna de las asociaciones de regantes de Murcia, Alicante y Castelló que han apoyado abiertamente el trasvase se pronunció sobre las palabras de Rajoy en Murcia. Sólo el presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, miembro de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) y vicepresidente de la Federación de Regantes Valencianos, José Pascual, respondía a este periódico para recordar que los regantes del Júcar «nunca» quisieron agua de «mala calidad» del Ebro a cambio de la que han utilizado siempre.

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, Fernando Lamata, afirmó ayer en Almagro que Castilla- La Mancha no puede aceptar por más tiempo el trasvase Tajo-Segura porque necesita toda el agua para mantener su agricultura y ganadería.

Lamata realizó estas declaraciones a petición de los periodistas momentos antes de la presentación de la denominación de origen del aceite Campo de Calatrava, y en respuesta a la última manifestación pública del líder popular, Mariano Rajoy, en Murcia, sobre el tema del agua y la necesidad de llegar a un pacto nacional sobre este asunto.

Lamata aseguró que «siempre es bueno llegar a un acuerdo, pero la premisa que ponen sobre la mesa del mantenimiento del trasvase Tajo-Segura es una premisa que no podemos mantener en CLM». Por lo tanto, aseguró, «acuerdo sí, pero para poner una fecha de caducidad, ya que el Tajo no da para repartir» y, por tanto, «no hay excedentes que compartir a través del trasvase»,

El vicepresidente de la Administración autonómica recordó que esta solución aparece recogida en la propuesta de Estatuto del Ejecutivo de José María Barreda, «Esperemos que la apoye el grupo popular para encaminarnos hacia el consenso, pero bajo la premisa de que en Castilla-La Mancha tenemos que seguir disponiendo del agua, precisamente para poder seguir sosteniendo nuestra agricultura y ganadería».

Por último, añadió que Castilla-La Mancha quiere el progreso para Murcia: «Nuestra región ha sido una región solidaria que ha contribuido al desarrollo del Levante español», manifestó el vicepresidente, quien no por ello dejó de insistir en su planteamiento:. «Ahora somos nosotros los que necesitamos esa agua para no sacrificar nuestro desarrollo».

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha hizo estas declaraciones en Almagro (Ciudad Real), minutos antes de participar en el acto de presentación de la Denominación de Origen ‘Aceites Campo de Calatrava’, en el que destacó la cada vez mayor calidad del aceite de oliva que se produce en CLM que, con un 40 por ciento de su producción amparada en alguna de las cuatro Denominaciones de Origen existentes, es un aval para el consumidor.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, aseguró ayer que la Junta estaría de acuerdo con un pacto nacional sobre el agua, pero siempre que éste fuera «para poner fecha de caducidad al Tajo-Segura». Lamata respondió así a preguntas de los periodistas respecto a la propuesta de dicho pacto, que el pasado domingo lanzó en Murcia el presidente del PP, Mariano Rajoy.

«Estamos seguros -dijo- de que puede haber acuerdo, queremos alcanzarlo en las Cortes según nuestro proyecto de Estatuto» y añadió que «siempre es bueno hablar y llegar a acuerdos, pero la premisa que ponía sobre la mesa Rajoy, que es el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, es algo que no podemos aceptar en Castilla-La Mancha».

Precisó que actualmente «el agua del Tajo no da para repartir» y explicó que la fecha de caducidad «la hemos propuesto en nuestro proyecto de Estatuto y tendrá ocasión el señor Rajoy, y el PP, de demostrar ese apoyo a nuestra propuesta de búsqueda de acuerdo».

«No hay excedentes»

Lamata afirmó que Castilla-La Mancha necesita el agua de dicho río para el desarrollo de su agricultura y ganadería y precisó que «cuando se habla de los excedentes que trasvasar, hay que contestar que no hay excedentes».

Por otra parte, el coordinador del Grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, criticó que Rajoy quiera «perpetuar» los trasvases, especialmente el del Tajo-Segura, y pidió a la presidenta regional del PP, Dolores de Cospedal, «que se muevan un poquito para evitarlo».

Alonso dijo que las declaraciones de Rajoy dejan claro que el líder del PP «sólo piensa en perpetuar el Tajo-Segura».

Por otra parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes castellano-manchegas, Encarnación Naharro, aseguró que las palabras de Rajoy «encajan perfectamente» con la voluntad del PP de Castilla-La Mancha de llevar agua a aquellas zonas donde no disponen de recursos suficientes. Naharro dijo que «Zapatero ha llevado a cabo una política hidráulica nefasta, porque apostó por las desaladoras, de las cuales sólo funciona una».

No es la única materia que ha generado recursos de inconstitucionalidad contra un buen número de los nuevos Estatutos de Autonomía que han ido entrando en vigor en los últimos años, pero sí que es una de las más destacadas. El agua se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos. El Estatuto de Andalucía ha introducido referencias a esta materia; el valenciano incluye el derecho a recibir aguas de cuencas excedentarias, lo que pretende abrir la puerta a un derecho al trasvase del Ebro; el aragonés defiende una reserva estratégica, propia, de agua a guardar en embalses de esta tierra y a tener que dar su opinión antes de que se hable de cualquier posible trasvase de aguas del Ebro a otras cuencas.

El caso es que, por el agua o por otros motivos, el caso es que hay un cruce de recursos de inconstitucionalidad realmente importante entre comunidades vecinas. A saber: Aragón ha recurrido el Estatuto valenciano por el agua y el catalán por sus disposiciones sobre el Archivo de la Corona de Aragón; La Rioja ha recurrido el Estatuto de Aragón por el agua; Baleares ha recurrido el Estatuto de Cataluña también por el Archivo de la Corona de Aragón; y Valencia ya anunció hace más de un año su lucha contra el Estatuto catalán a vueltas con las alusiones a la política hídrica.

En manos del Constitucional

En definitiva, un auténtico enjambre de recursos. Pero los juristas creen que, al final, todo será más sencillo de lo que parece. En Zaragoza, esta semana se han reunido expertos de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Es decir, los territorios que comparten historia común en el marco de lo que fue la Corona de Aragón.

Juristas de Aragón, Valencia y Baleares han coincidido en que, al final, habrá sido más «ruido mediático y político» que controversia legal. El profesor zaragozano Antonio Embid se muestra convencido de la constitucionalidad del contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón. Sin embargo, duda seriamente de que ocurra lo mismo con el valenciano: «El Estatuto de Valencia dice que los valencianos tienen derecho a las aguas sobrantes de cuencas excedentarias. y el primer problema es ver cuáles son esas cuencas, porque si están fuera de la Comunidad valenciana se han equivocado».

«El polvo y la paja»

Respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, el profesor Embid afirma que, a su juicio, «está sustancialmente ajustado a la Constitución, al margen de redacciones cuestionables de algún artículo». Este jurista aboga por «distinguir el polvo y la paja» e insiste en que será el Tribunal Constitucional el que, al pronunciarse ante los distintos recursos, ordenará definitivamente la cuestión.

Algo parecido opina el letrado mayor de las Cortes Valencianas, Javier Guillem. Evita pronunciarse directamente sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana en lo relativo al agua, porque «está recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos ejerciendo la defensa letrada, así que es un punto sobre el que justo no me puedo ni debo manifestar».

Eso sí, matiza que lo que ha hecho el Estatuto valenciano es incluir el agua en su Título II, no como un derecho directamente ejercitable por los ciudadanos valencianos, sino como «una manifestación programática, un principio». Advierte también que el agua y cualquier competencia sobre esta materia debe fijarse en todo momento «en el marco de la legislación del Estado».

La cohesión del Estado

Por su parte, el director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno aragonés, Xavier de Pedro, cree que las polémicas cruzadas con los Estatutos de Autonomía es algo que acabará salvándose sin más problemas y defiende el avance que suponen realmente como aportación jurídica al Estado de las Autonomías. Según Xavier de Pedro, «el tiempo irá demostrando que los nuevos Estatutos lo que pretenden es dar mayor cohesión al Estado de las Autonomías». De hecho, se autodeclara optimista y cree que hasta el catalán acabará contribuyendo a ello.

La jurista María Ángeles Berrocal, letrada de la Comunidad autónoma de Baleares, cree que a lo que conducirán las controversias será a «una solución de consenso, tanto entre las comunidades autónomas afectadas como con el Estado». Y eso que, en su caso, en lo relativo a las pugnas por las competencias hídricas, reconoce que en Baleares lo ven «desde la distancia».

El acto de ayer del PP en el Pabellón Príncipe de Asturias, en Murcia, fue una especie de orgía preelectoral. El presidente popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, fue agasajado con una manifestación masiva y entusiasta de cariño, y las más de 5.000 personas que abarrotaron el pabellón escucharon justo lo que querían oír: que Murcia es una tierra ejemplar y que tendrá más agua, un tren de alta velocidad decente y menos impuestos si Rajoy gana las próximas elecciones generales.

El líder del PP comenzó su intervención con una confesión: «Hoy estamos en el mejor momento político desde el año 2000, y no han sido fáciles estos años. Hemos tenido que dar batallas importantes en beneficio de los españoles, hemos defendido una nación de ciudadanos iguales que es España y hemos hecho oposición a las negociaciones con un grupo terrorista».

Rajoy no se hizo de rogar, y a la primera voz de entre el auditorio que clamó «¿Agua!», entró al trapo. «El agua es de todos -dijo-, y puede, debe y va a haber agua para todos». Frente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de «hacerse el sueco» en esta cuestión, el presidente del PP anunció que promoverá un acuerdo nacional sobre el agua que fije las infraestructuras a realizar.

Dicho acuerdo «sólo puede hacerse bajo la base de que el agua excedente vaya de las cuencas en las que sobra a las que son deficitarias, como la del Segura», precisó Rajoy, que también se comprometió a ejecutar las obras previstas en el Pacto del Agua de Aragón.

Con respecto al tren de alta velocidad, anunció también su propósito, si gana las elecciones de marzo, de «cumplir el acuerdo del año 2001» -suscrito en Murcia por los presidentes de la Región, Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha para la construcción del AVE Madrid-Levante- y aseguró que Murcia «tendrá un AVE por Levante y otro por Albacete a través de Cieza».

Sobre otro de los asuntos sensibles para la Región, como es la inmigración, se mostró «a favor de la inmigración legal, con contratos en origen, y en contra de las regularizaciones masivas», al tiempo que defendió para los inmigrantes «los mismos derechos y oportunidades» que los españoles, pero también «iguales deberes y obligaciones».

Más policías

Demostrando conocer la agenda política murciana, Rajoy aludió a la seguridad ciudadana, otro de los asuntos controvertidos en la Comunidad Autónoma, que ha reforzado las policías locales de los municipios al considerar insuficiente la dotación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. «El aumento de la Guardia Civil y de los policías es una obligación del Estado -dijo- y no son las comunidades las que deben gastarse el dinero en eso, a causa de la incompetencia del Ministerio del Interior».

Criticó la reciente ley de Memoria Histórica y los debates autonomistas al indicar que «llevan cuatro años ocupándose del pasado y de los derechos de los territorios, y yo me ocuparé del futuro y del derecho de las personas».

Acusó al Ejecutivo central de «jugar con el dinero del contribuyente», por «gastar más en anuncios publicitarios que en vivienda», y reivindicó cambios en la educación para dar mayor relevancia al inglés y a las nuevas tecnologías. «Para competir -declaró- hay que dedicar más tiempo al inglés, a las nuevas tecnologías y a digitalizar España, no a la educación para la ciudadanía».

El auditorio y el orador establecieron una comunicación fluida durante todo el discurso. El primero le interrumpía con vítores, cánticos o alusiones a algún asunto, y Rajoy se detenía, sonreía y contestaba.

Puso especial énfasis en su oferta de rebaja fiscal. Reiteró que «todos los que ganan menos de 16.000 euros no pagarán impuestos». «Es una acto de justicia», apuntó, cuya viabilidad defendió porque contribuirá a «incrementar la producción y aumentar los puestos de trabajo».

Menos impuestos

Avanzó también la receta fiscal de su programa para que las mujeres trabajadoras lleguen a final de mes, como reza uno de sus eslóganes de precampaña, y las empresas dispongan de más recursos para invertir. «Quiero que las mujeres se sientan fuertes y seguras, independientes con su trabajo, por eso voy a rebajar todos los impuestos a las mujeres trabajadoras», indicó, para, a renglón seguido, anunciar la rebaja del impuesto de sociedades con el fin de que las empresas puedan competir «en igualdad de condiciones» en Europa, en algunos de cuyos países este impuesto es la mitad que en España.

El mensaje de optimismo con el que Rajoy envolvió casi todo su mitin lo cerró con una exaltación patriótica: «Nunca vamos a tener petróleo ni gas, pero España tiene a los españoles, y yo convoco a los españoles para convertir la economía española en una de las más punteras de Europa. ¿Por qué no podemos tener en España el nivel de vida de Alemania, Francia y el Reino Unido?». El himno del PP a todo volumen apenas pudo ahogar la ovación.