El inminente comienzo de legislatura tendrá a las nuevas Cortes regionales pendientes de la resolución por el Congreso del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuya reforma plantea la caducidad del Trasvase Tajo-Segura en 2015, tras el acuerdo de la comisión negociadora PSOE-PP ratificado por el Parlamento presidido por José María Barreda. Es lo que algún inteligente diputado, reacio a la medida, se permitió llamar «esa manía que tienen ustedes con el agua». Es verdad, fuimos tan maniáticos en su tiempo que, después de tentativas inútiles, frustraciones y proyectos en la papelera, no logramos llevarla a nuestros grifos hasta que pasaron ochenta años.Pese a lo cual, aun tuvimos arrestos para dedicarle monumentos como el que el alcalde Pérez Castell, cada vez menos en funciones, acaba de colocar en una encrucijada urbana.

Digo la Fuente de las Ranas por la que fluyen unos hilos de agua, como si los batracios, sedientos tantos años, se la devolvieran al pequeño estanque, donde el circuito le da vueltas en este juego de ir y venir para que no falte. La fuente perdió su remate primitivo, una pieza barroca del maestro Tejados y ahora se queda también sin una falsa y horrible peineta metálica que maldita la falta que le hacía. No vamos a repetir tantas cosas que dijimos, en mucho tiempo, sobre este monumento, desalojado de su emplazamiento en la entonces Plaza de Canalejas por la denuncia de un ilustre vecino que la juzgó maloliente, acusación que le dio la puntilla en un primer traslado hasta ser desmontada, seguramente a la espera de un nuevo jardín donde quedarse otra temporada. Se reconstruyó para su instalación en el Parque Lineal, donde hasta hace poco ha sido el sombrero pétreo de un refrescante que ahora, según dicen, se convertirá en un restaurante al aire libre. Su destino actual, bien lavá y recién peiná, nos deja verla en todo su gracejo ornamental, como fue concebida por la Sociedad de Aguas de Albacete, en aquellos tiempos del quinqué, como homenaje a uno de sus principales promotores, un hombre llamado Dionisio Guardiola, a quien también se dedicaría una calle, todavía vigente, a costa de Carlos IV, que se cayó del cartel, lo que son las cosas, el hombre que salvó a la villa, después de un viaje en 1802 al comprobar sus gravísimas circunstancias de insalubridad, dando lugar a la construcción del que sería Canal de María Cristina. En un par de años se creó el cauce principal y sus ramales. Precisamente sobre esta obra, recientemente se publicó una edición del libro de Cano Manuel, donde se describe el desarrollo de las obras. La publicación reproduce también un croquis de los Ojos del Arquillo y un plano de la evolución de la ejecución del Canal. Es curioso que en algún momento se pensó en hacerlo navegable.Sería por nuestras manías irresistibles.

Y es que las cosas del agua nos han entretenido una barbaridaz, como las ciencias que cantaban en la castiza zarzuela y que adelantaban lo suyo. La misma agua que la famosa Sociedad, y sin necesidad de que hubiera elecciones, ofrecía después de constituirse, invitando a la gente a que suscribiese acciones para consolidar el proyecto de abastecimiento. En su compromiso figuraba la construcción de tres fuentes públicas donde se vendería el caudal a tres céntimos el cántaro, siendo la distribución sin cargo para el matadero, los mercados, las cárceles y las escuelas. Y es que vino otro rey, Alfonso XIII, para protagonizar la escena del balcón, cuando en el Ayuntamiento del Altozano pulsó un botón y empezó a salir un chorrito que venía del manantial de los Ojos de San Jorge, cedido por aquel santo republicano llamado Saturnino López, otro que se quedó sin calle, la actual de Zapateros, como ya ocurrió con el Corregidor Godino, activo impulsor de proyectos acuáticos, también desaparecido del callejero.

Así que más vale no extrañarse demasiado si lo que nos traemos entre manos ahora es el rescate del Tajo, y del uso que prácticamente nos margina cada vez que hectómetro arriba o abajo, se desliza cruzando nuestra tierra donde lo vemos pasar sin que deje aquí una gota. La reforma se explica por la necesidad objetiva de agua que tiene esta región, entre otras cosas por el crecimiento poblacional y urbanístico, aparte de que los regantes la necesitan para subsistir. Estos y otros argumentos conocidos -nuestras manías- sin vuelta de hoja.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, aseguró ayer que los regantes del Trasvase Tajo-Segura tendrían un “enfado mayor” si hubieran conocido que el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, “presentó la iniciativa para enviar agua a las Tablas de Daimiel desde la cabecera del Tajo hace más de tres meses, cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía tenían más de 100 hectómetros cúbicos menos que ahora”.

Para el presidente de la CHS, el PP presentó la iniciativa parlamentaria “con el objetivo de favorecer a su candidata en Castilla la Mancha”, en “plena precampaña electoral y cuando sabían que era imposible enviar una sola gota a las Tablas porque el cauce del río Cigüela estaba reseco”.

Por otra parte, Fuentes Zorita también se refirió a las declaraciones hechas por el presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, y al presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel del Toro, en las que el presidente de la CHS recordó que “una cosa es el agua de la cabecera del Tajo y otra distinta, cómo se puede utilizar, que está determinado por unas reglas de explotación que estableció el Partido Popular en 1997”.

Por ello, Fuentes Zorita señaló que “si el señor Valcárcel o el señor presidente de la CROEM dicen que no les gusta el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo o las reglas de explotación del Trasvase que estableció en su día el Partido Popular, por cierto con el señor Rajoy sentado en la mesa del Consejo de Ministros, pues que lo digan claramente y de paso pues que nos digan por qué no se opusieron en su día o por qué han sufrido en silencio durante más de 6 años sin decir ni pío mientras gobernó el PP”.

Restricciones para el regadío

El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, afirmó ayer que este verano está garantizada el agua para consumo humano en todo el territorio nacional aunque anunció que habrá restricciones para el regadío de cultivos aledaños a las Cuencas del Guadalquivir, Júcar y Segura ante la posibilidad de escasez de lluvias en otoño.

Palop se pronunció en estos términos en la presentación del Foro Internacional sobre la Sequía en Madrid, que se celebrará en la ciudad de Sevilla del 17 al 20 de este mes de junio donde expertos de todo el mundo debatirán sobre la gestión del agua en situaciones de escasez y la implicación de la sociedad y las instituciones públicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha consideró ayer positiva la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de Frutas y Hortalizas, aprobada el martes por unanimidad por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, ya que se han aceptado la mayoría de las peticiones planteadas por la comunidad autónoma.

Según informó ayer la Junta de Comunidades en una nota de prensa, este acuerdo será satisfactorio para el sector hortofrutícola de Castilla-La Mancha y afectará a cultivos de gran importancia para la región, como el melón, el ajo, la cebolla, el champiñón, el albaricoque, la almendra y el azafrán.

El Gobierno regional cree que la reforma mejorará la competitividad y la orientación al mercado del sector, reducirá las fluctuaciones de la renta derivadas de las crisis, fomentará el consumo y aumentará la protección del medio ambiente.

El acuerdo contempla que el núcleo de la reforma sean las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH), así como la flexibilización de su reconocimiento, postura planteada por Castilla-La Mancha, que ya en los presupuestos de 2007 incrementó en un 200 por ciento la partida destinada a la creación y mejora de estas estructuras.

Además, se aumenta el porcentaje de financiación del fondo operativo, con el que las OPFH financian su plan de acciones, que pasa del 4,1 al 4,6 por ciento del valor de la producción comercializada por las mismas, un incremento que, según el Ejecutivo regional, deberá destinarse a la prevención y gestión de crisis.

También se reduce al 10 por ciento la exigencia de dedicar el 20 por ciento del fondo operativo a medidas medioambientales.

El Gobierno regional también valora que se incentive el incremento de dimensión de las OPFH mediante la mayor participación en la financiación del fondo operativo (60 por ciento), que se fomente la comercialización en OPFH de la producción ecológica y la promoción con fondos del programa operativo, que se prevea la promoción de las frutas y hortalizas como alimento saludable en los centros escolares y que se de mayor libertad a las OPFH en la gestión de crisis.

También considera positivo para la Región que se contemple un período transitorio y voluntario de cuatro años (hasta 2011) para el desacoplamiento total de las ayudas a los productos transformados, que los productos importados de terceros países cumplan requisitos similares a los exigidos a los productos europeos y que no se puedan activar derechos de pago único en superficies de cultivos hortícolas al menos durante tres años.

Satisfacción en Coag

También la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural (COAG-IR) de Castilla-La Mancha mostró su satisfacción «moderada» por la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, pues «se partía de una nefasta propuesta de la Comisión», aunque aún hay «conceptos a los que nos oponemos frontalmente».

En una nota de prensa, COAG-IR cita entre los puntos con los que está en desacuerdo el desacoplamiento, la renacionalización de las ayudas y la liberalización comercial.

No obstante, valora la inclusión del azafrán como producto elegible dentro de la OCM, reivindicación que ha venido reclamando la organización agraria.

COAG-IR pide mantener la prudencia hasta que no se conozca el alcance de la reforma en la región, ya que es muy importante saber cuáles serán las opciones a desarrollar por los estados miembros, como la gestión de crisis a los no socios de las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas (OPFH).

Los afectados por las tormentas que asolaron varios municipios de La Mancha el pasado mes de mayo pueden solicitar ya las ayudas económicas que el Gobierno regional aprobó días después mediante Decreto. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó ayer cuatro órdenes que desarrollan esta normativa dónde se explica la cuantía y el procedimiento administrativo a seguir para solicitar las subvenciones.

Así lo avanzó ayer el vicepresidente primero, Fernando Lamata, antes de informar sobre los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno el pasado martes.

La primera de las órdenes, explicó Lamata, depende de la Consejería de Bienestar Social que convoca ayudas de emergencia social destinadas a paliar los daños materiales en viviendas y enseres ocasionados por las inundaciones.

La Consejería de Industria y Tecnología ha sacado también una Orden de ayudas destinadas a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas afectadas para «fomentar la inversión empresarial». Según Lamata, el temporal afectó gravemente a muchos talleres y comercios que ahora necesitan ayuda para relanzar su actividad.

La tercera de las órdenes es de la Consejería de Trabajo y Empleo, que concede ayudas a trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales para la financiación de las inversiones necesarias en las instalaciones dañadas por el agua.

Por último, la Consejería de Administraciones Públicas ha realizado una convocatoria extraordinaria de ayudas del Fondo Regional de Cooperación Local (Forcol) para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal dañados por los distintos fenómenos meteorológicos adversos.

Además de este «importante bloque de ayudas», Lamata recordó que ya está funcionando la actuación de emergencia que se puso en marcha de forma inmediata tras la catástrofe atmosférica para limpiar y reparar escuelas y centros sanitarios con el objetivo de que no se detuviera la acción de este tipo de servicios públicos.

Asimismo, apuntó que el Gobierno de CLM está trabajando y, espera que «se pueda completar ya esta semana», en la redacción de la orden de ayudas destinadas a los agricultores, tras mantener una serie de reuniones y negociaciones con las organizaciones profesionales agrarias.

El vicepresidente primero señaló que la cuantía económica total del paquete de medidas se ha determinado en 300 millones de euros, aunque esta cantidad, dijo, puede ser ampliada en función de las necesidades que vayan surgiendo.

Indicó que también se están valorando otros daños provocados en las provincias de Albacete y Cuenca por otras tormentas que se produjeron en los últimos días de mayo, y resaltó que con estas primeras respuestas el Gobierno de CLM da cumplimiento al compromiso adoptado por su presidente, José María Barreda, de contribuir a recuperar los daños que se produjeron hace unas semanas en estos municipios de la región.

Preguntado por la cuantía económica de las ayudas comprometidas por el Estado, Lamata reconoció desconocer aún la cifra exacta, aunque afirmó que se trabaja conjuntamente con la Delegación del Gobierno de España y con varias de sus instituciones para gestionar dichas subvenciones una vez se haya terminado la peritación de los daños, que es lo que se está llevando a cabo en estos momentos, comentó.

Por último, afirmó que la Junta intentará obtener más información sobre la situación de dos familias de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), una de las localidades más afectadas por las lluvias, que han hecho saber al concejal de Agricultura que sus hijos tendrán que abandonar los estudios para poder salir del bache en el que les metió las tormentas.

Lamata cree que Pardo y Moreno harán de las Cortes el foro de debate que necesita CLM

Salvo imprevistos de última hora, el Congreso de los Diputados aprueba hoy los porcentajes obligatorios de biocarburantes que se deberán usar a partir de 2008 en los vehículos, mezclados con las gasolinas y gasóleos convencionales.

Uno de los parlamentarios que ha seguido este asunto más de cerca es Alejandro Alonso, diputado nacional, portavoz de la Comisión de Agricultura del Congreso y ex-consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Alonso es, por tanto, una voz autorizada a la hora de opinar sobre esta nueva normativa y sobre sus consecuencias en el sector agrario, especialmente en el de nuestracomunidad autónoma, donde los cultivos energéticos se presentan como una propuesta de futuro para el campo.

¿Por qué tenemos establecer porcentajes obligatorios en el uso de biocombustibles?

Pues porque el sector está creciendo, y mucho, a causa del marco de apoyo a esta clase de productos, tanto en España como en toda la UE, pero este crecimiento no se traducía en un mayor uso de los biocombustibles en el sector de la automoción en nuestro país, que es el responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino en un aumento de las exportaciones de biocombustibles españolas al extranjero. Sirva de ejemplo que, durante el año pasado, el 80 por ciento de la producción de bioetanol de nuestro país se exportó.

¿A qué se debe?

A un cuello de botella en la distribución. Las grandes compañías que se dedican a la distribución de biocombustibles han sido muy reticentes, hasta la fecha, a comercializar estos productos en nuestro país, de forma que el gran potencial que tenemos en este terreno se iba, al final, hacia otros países. Por eso, este jueves, el Congreso aprobará una enmienda introducida por el Senado en el que se marca un tanto por ciento obligatorio, una proporción obligatoria de biocarburantes en las gasolinas y gasóleos que se utilizan habitualmente en los vehículos.

¿En qué consiste la enmienda que se aprobará hoy?

En primer lugar, define qué es y qué no es biocombustible. Y, a continuación, marca unos porcentajes de contenido de biocarburantes para los años 2008, 2009 y 2010. Para el 2008, será del 1’9%; el 2009, del 3’4% y el 2010, un 5’83% para ser exactos. Con una salvedad, y es que el objetivo que se fija para el año que viene es indicativo, mientras que los del 2009 y los del 2010 serán obligatorios, las distribuidoras tendrán que cumplirlos por ley.

¿Por qué aprobarlos por ley? ¿No es un procedimiento más complicado?

Pero es más efectivo. Una ley contempla, entre otras cosas, un régimen sancionador, lo que significa que tiene una fuerza normativa que, por ejemplo, no tiene un decreto. Nos dará la capacidad de multar, si llegase el caso, a las empresas que incumpliesen los porcentajes esitulados.

Usted es presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso y fue consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. ¿Cuál es el potencial de la región en cultivos energéticos?

Es enorme. Aunque hay que valorarlos en su justa medida, los cultivos energéticos son una realidad de futuro en nuestra región. En primer lugar, porque nos estamos situando en la vanguardia tecnológica del sector, tanto para producir bioetanol como biodiesel. En segundo, porque algunos de los cultivos con mayor potencial bioenergético, como la colza o el girasol, son viejos conocidos de los agricultores manchegos, estamos hablando de que su implantación no supone un problema, entre otras cosas, porque ya están aquí.

Dice usted que hay que valorarlos «en su justa medida»¿Están justificadas todas las expectativas de negocio que se están levantando?

Hombre, vamos a ver, todo tiene su justo término. Los cultivos energéticos para la producción de biocombustibles son una posibilidad más que se abre entre muchas, esto es, que además de destinar un cultivo, pongamos un herbáceo, para consumo humano o alimentación animal, hay un tercer mercado que se abre para el agricultor, que es vender su producción a las industrias energéticas. Pero ciertas exageraciones, como presentarlos como la panacea del futuro, o ciertos miedos, pensando que la industria energética va a quitarle materia prima a la fabricación de piensos y que el precio de éstos se va a disparar, pues no me parece que estén muy justificados, la verdad.

¿A que se debe ese miedo?

Creo que es un problema de información. Es cierto que los precios del cereal han subido, pero no es sólo por la demanda del sector de la energía. También es que este año hay varios grandes productores mundiales que han fallado. Australia, por ejemplo, que es uno de los mayores productores de grano del mundo, padece una sequía tan grave que sus cultivos se han quedado en la mitad y no es el único caso. Si a eso le juntamos la demanda de materias primas de todo tipo, cereales incluidos, que hay desde los países asiáticos, pues tenemos un escenario muy complicado donde se juntan una fuerte subida de la demanda y un bajón inesperado de la oferta donde los biocombustibles son un factor. Pero no justifica ciertos miedos y que, por ejemplo, un fabricante de piensos tema que llegue una petrolera y lo deje sin materia prima, eso no tiene por qué pasar si las cosas se planifican bien.

El comité de crisis de la cuenca del Segura decidió ayer en Murcia pedir el adelanto a la primera quincena de julio de la reunión prevista para finales de ese mes con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y convocar una concentración de protesta en Madrid el 24 de julio.

Francisco del Amor, presidente del sindicato central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y portavoz del comité de crisis, que reúne a sindicatos, empresarios y organizaciones agrarias de la cuenca del Segura, precisó que la concentración se realizará ante el Ministerio de Medio Ambiente en protesta por el que consideran «insuficiente» envío de 20 hectómetros cúbicos de agua para riego.

En cuanto al orden del día de la reunión que solicitarán a De la Vega, que el pasado 7 de mayo emplazó en Moncloa a los regantes a tratar el asunto del trasvase Tajo-Segura después de las elecciones, Del Amor indicó que exigirán al Gobierno que no apoye la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en sus actuales términos, debido a que fija expresamente la caducidad del acueducto en el 2015.

Los regantes quieren además que De la Vega se comprometa a reconocer por las concesiones de agua que la cuenca del Segura tiene de ese trasvase y que les adelante los términos en los que se llevará a cabo la redotación de caudales al Levante español con el segundo Programa Agua.

Por otro lado, Del Amor dio cuenta del acuerdo adoptado por la junta de gobierno del Scrats ante las declaraciones de anteayer del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y se ratificó en su petición de dimisión del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, por haber presentado una proposición a favor de un trasvase de agua a las Tablas de Daimiel. Valcárcel mostró ayer su apoyo a Zaplana al señalar que «el PP es un partido de corte nacional, que tiene la obligación de atender todos los puntos de España, y las Tablas de Daimiel estaban bajo mínimos».

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sido calificada por el Defensor del Pueblo como “administración entorpecedora” en su Informe Anual de 2006.

La CHJ se ha convertido, de esta forma, en el único organismo dependiente del Gobierno que ha sido calificado como “administración entorpecedora” de la labor de la Institución en 2006.

El organismo presidido por Enrique Múgica, que ayer intervino en la Comisión Mixta del Congreso de Relaciones con el Defensor del Pueblo, calificó de esta forma a la CHJ tras requerirle cuatro informes, en tres ocasiones cada uno de ellos, sin recibir contestación alguna.

El Informe del Defensor recuerda que el 29 de mayo de 2006 solicitó un informe a la CHJ sobre la disconformidad por una concesión de aguas. Tres requerimientos no sirvieron para que la Confederación le contestara.

La situación se volvió a repetir de nuevo tras solicitar a la Confederación del Júcar información sobre unas obras en el Serpis y en el río Polop. Los tres requerimientos volvieron a quedar sin respuesta.

Un mes después, el Defensor del Pueblo insistió y pidió información ambiental. Y, nuevamente, tras tres requerimientos se quedó sin respuesta.

En un ejemplo de persistencia, el Defensor del Pueblo volvió a reclarma a la CHJ información sobre otro proyecto. El mecanismo se repitió. Tres requerimientos más sin respuesta.

El Defensor del Pueblo acudió, en 2006 en cuatro ocasiones a la Confederación y en ninguna ocasión recibió contestación a los doce requerimientos que le remitió, por lo que ha optado por denunciar el entorpecimiento a su labor.

Como consecuencia de la falta de cooperación de la CHJ, el Defensor del Pueblo no tuvo más remedio que archivar los expedientes sin poder atender las quejas que le habían sido presentadas.

Informe anual
La comparecencia de Enrique Múgica ayer en la Comisión de las Cortes para dar a conocer el Informe de 2006 derivó en un debate sobre el Estatut de Cataluña por el recurso presentado ante el Constitucional por esta institución. Iniciativa per Catalunya y CiU llegaron a pedir su dimisión, aunque por la tarde se retractaron.

Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo en 2006 aumentaron en todas las comunidades españolas excepto en la Comunitat Valenciana, Navarra y Cantabria.

En la Comunitat Valenciana, el número de reclamaciones presentadas disminuyó un 2,9%. Por provincias, en Castellón se redujeron un 13,3% y un 7,3% en Alicante. En la de Valencia, aumentó un 3,1%.

Entre las quejas presentadas por los ciudadanos de la Comunitat destacan las de los que durante 2006 quisieron apostatar de la Iglesia Católica pidiendo su eliminación del libro de Bautismo. El Defensor del Pueblo no las admitió a trámite. En el informe precisa que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas “no tienen carácter de Administración Pública, por lo que no es posible intervención alguna”.

También resalta el “alto número” de quejas recibidas en contra de la “proliferación exagerada de actuaciones urbanizadoras”. El informe explica que las actuaciones objeto de reclamación suponen “duplicar e incluso triplicar” el número de habitantes de algunos municipios, crecimiento que “a todas luces parece incompatible con un desarrollo sostenible”.

Como ejemplo de la urbanización descontrolada, el informe cita las 15.000 denuncias que se han recibido en la Comisión Europea de pequeños propietarios. Asimismo, pone como ejemplo el “alto número” de peticiones que se han registrado para reclasificar casi 200 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha puesto a la Agencia Valenciana de Salud como ejemplo de la “insuficiente información” que dan algunos centros sanitarios a las reclamaciones de los pacientes al responder con “escuetas y lacónicas resoluciones”.

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, salió ayer en defensa del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, a quien el sindicato de regantes del acueducto Tajo-Segura ha pedido la dimisión por pedir agua para Castilla-La Mancha. Valcárcel defendió la posición de Zaplana y acusó de la polémica al vicepresidente del sindicato, el valenciano Manuel Serrano, al que acusó sin mencionarlo de introducir la política en la organización de regantes.

A menos de un año de las elecciones generales el PP no puede perder ni un sólo voto: ni en la Comunidad Valenciana, ni en la Región de Murcia, y mucho menos en Castilla-La Mancha, comunidad dominada desde el principio de la democracia por el PSOE. Quizá por eso el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, defendió ayer en Madrid que el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, presentase una proposición a favor de un trasvase de agua a las Tablas de Daimiel, «porque el popular es un partido nacional, que piensa en todos y cada uno de los puntos de España» y las Tablas de Daimel «están bajo mínimos». Valcárcel agregó que la Región de Murcia es «solidaria» con el resto del país y que en la cabecera del Tajo, tras las lluvias, «hay agua para dar».

Valcárcel inauguró ayer unas jornadas con una conferencia sobre la importancia del agua para Murcia. Después, y en declaraciones a los medios de comunicación, dio su opinión sobre la oposición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura a ese trasvase a las Tablas de Daimiel y la petición de dimisión a Zaplana por proponerlo.

El presidente murciano distinguió entre el Sindicato en su conjunto y «algún individuo que intenta introducir la política en lo que debe ser un sindicato reivindicativo». «Persona, además de la Comunidad Valenciana, de la cuenca del Segura, pero de la Comunidad Valenciana», añadió, sin citar nombres. «Cuando se pide este trasvase para recargar acuíferos, es porque hay una situación de sequía total que podría acabar con un ecosistema de la importancia de las Tablas», defendió el presidente de Murcia, para quien es obligación del PP proponer a quien gobierna «soluciones».

La Junta de Gobierno del Sindicato Central del Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) acordó el lunes solicitar la dimisión Zaplana y del director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, así como reprobar a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso por pedir un trasvase de 10 hectómetros cúbicos de agua para las Tablas de Daimiel.

Precisamente, el vicepresidente del Sindicato, Manuel Serrano, que es de la Comunidad Valenciana y quien compareció en rueda de prensa junto a Francisco del Amor para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno, rehusó valorar si la proposición sobre las Tablas presentada por Zaplana era una venganza hacia el PP valenciano, ya que «lo que haga el PP internamente no nos incumbe».

Sobre este punto, Valcárcel reiteró: «Que yo sepa no es el señor Zaplana quien gobierna España, no es Zaplana la señora Narbona. Por lo tanto, no está la solución en su mano. Él ha pedido, porque es su obligación, soluciones a problemas de España y Castilla-La Mancha es España. Desde Murcia se debiera de mantener una actitud solidaria y la mantenemos con el resto de España, por eso pedimos también solidaridad», insistió.

«No es muy entendible la actitud de los regantes», continuó el presidente murciano. «Yo no puedo estar pidiendo agua a Castilla-La Mancha, yo no puedo estar reclamando solidaridad de cualquier otro lugar de España y cuando ese lugar de España tiene un problema decir que no se les manda agua. Máxime cuando hay excedentes. En este momento hay agua para dar», manifestó.

Sobre este último punto, Valcárcel explicó que la cabecera del Tajo tiene «agua suficiente» para enviar a la cuenca del Segura más de la destinada por el Gobierno. «Quien gobierna, que no es el señor Zaplana, ha decidido enviar sólo 20 hectómetros cúbicos para regadío en tres meses, cuando podría enviarlos cada mes, porque la norma de explotación así lo precisa y porque en la cabecera del Tajo hay volúmenes suficientes», dijo.

El presidente de Murcia pidió reflexión al Sindicato de Regantes para evitar críticas a la Región de Murcia. «Si no, desde el resto de España en general y desde Castilla-La Mancha en particular, se dirá que los murcianos piden agua pero que, cuando se trata de resolver los problemas en Castilla-La Mancha, los murcianos se oponen. Y no son los murcianos, sino el Sindicato Central de Regantes y una persona perteneciente a otra región», concluyó.

El Ministerio de Industria se lo pensará doce meses más. Tras oir a las organizaciones agrarias, a las comunidades de regantes y al Ministerio de Agricultura, ha decidido aplazar -que no suspender- por un año la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas especiales para riego.

Según confirmaba ayer a EFE el director general de Desarrollo Rural, Francisco Amarillo, en los próximos días se publicará un Real Decreto con la prórroga de las actuales tarifas.

Amarillo indicó que la tarifa especial se mantendrá hasta el 1 de julio de 2008 y apuntó que probablemente pueda tener una actualización equivalente al IPC. La medida fue bien recibida por el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Agustín González.

«En esta parte de España, el precio del agua equivale prácticamente al precio de la energía», explicaba, «por lo que mi valoración es positiva, parece que Industria ha decicido hacer caso a Agricultura y a los productores».

González puso unos cuantos ejemplos numéricos. Así, según sus cálculos, una explotacion de 140 hectáreas de superficie dedicada en su mayor parte a cultivos herbáceos consume, como mínimo, 0,5 Megawatios al año en las actuales condiciones, y eso suponiendo que se acoja a todas las posibilidades del sistema tarifario.

«Si se acogiese a todo o, mejor dicho, si se pudiese acoger a todo , estaría pagando unos 5-6 céntimos de euro por metro cúbico», indicó, «pero lo normal es que esté pagando en torno a los 7-8».

El motivo es sencillo de explicar y «complicadísimo» de aplicar sobre el terreno. Por la mañana, se aplica la tarifa punta, 1,5 veces el precio normal. Por la tarde, la llano o normal y, por la noche, la valle, 0’4 veces el precio normal.

«El problema es que este horario no tiene en cuenta las necesidades de los regantes», señaló González, «porque la tarifa nocturna, la valle, nos viene de perlas, pero la normal, la llano, es inaplicable si eres regante, coincide con el horario en que se producen las mayores pérdidas por evaporación, así que muchas veces, para poder calcular el coste de la energía que necesitamos, hay que hacer muchísimos números».