Ni vinculantes, ni determinantes. El Gobierno de la Nación seguirá manteniendo el control de los grandes ríos para decidir futuros trasvases. El Ejecutivo de Aragón y los partidos de aquella comunidad no podrán impedir que el Estado plantee futuras transferencias del Ebro a otras cuencas hidrográficas, en caso de que sea necesario. Los aragoneses no podrán vetar legalmente esta posibilidad, aunque de facto pongan todas las trabas imaginables. Aragón podrá emitir informes preceptivos ante cualquier nueva transferencia, pero no serán vinculantes. Tampoco podrán hacerlo Cataluña ni Andalucía; esta última en el caso del Guadalquivir.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobada el pasado jueves en el Congreso, deja la planificación última del Ebro en mano del Estado, con la participación de las comunidades. Las regiones ribereñas tendrán mayor participación que antes, pero no decisión sobre los trasvases y la planificación general. Otra cosa distinta es la voluntad política del momento de promover o arrinconar esta opción. También es cierto que el Estado tenía antes las manos más libres que ahora en la gestión de las cuencas intercomunitarias y en la política trasvasista.

La conclusión del Estatuto de Aragón es un nuevo aviso a las pretensiones de Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma que más ha legislado sobre la política del agua en su nuevo texto estatutario con el propósito de controlar al máximo los ríos Tajo, Guadiana y Júcar, principalmente. La norma seguida en el Congreso de los Diputados con los cinco estatutos aprobados hasta ahora, de salvaguardar las competencias exclusivas del Estado sobre los ríos intercomunitarios, se aplicará igual en Castilla-La Mancha, aseguran desde el Ministerio de Medio Ambiente y el PSOE murciano.

De esta forma, se da por hecho que será eliminada del texto la alusión a la fecha de extinción del trasvase Tajo-Segura en el año 2015. Políticamente, el Gobierno central ya se ha pronunciado en diversas instancias sobre la continuidad del acueducto. Asimismo, podría corregirse gran parte de la redacción de la disposición transitoria que establece la necesidad de un informe «precepctivo y determinante» de la Junta de Comunidades sobre cualquier trasvase o intercambio de agua. Con el uso de la palabra «determinante», en lugar de «vinculante», se pretende evitar que ocurra lo mismo que en Cataluña, donde quedó eliminada esta prerrogativa del texto final.

En la oportunidad de esos informes se incluyen además las cesiones de derechos y los futuros bancos de agua, que rechaza abiertamente Castilla-La Mancha. En el último año y medio se ha autorizado el envío de casi 130 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura en cuatro operaciones -la última se estudia esta semana- para comprar derechos de agua a los regantes madrileños de Aranjuez y Estremera, por parte de los regantes murcianos y de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Sustitución de caudales

Otra prerrogativa que entra de lleno en la esfera estatal es la «sustitución progresiva de los caudales» del Tajo-Segura por aguas desalinizadas, a lo cual aspira el pacto de Barreda (PSOE) y Cospedal (PP). El director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, ha asegurado que no habrá canje de aguas desalinizadas por aguas del Tajo, sino que las primeras son un complemento al trasvase.

El cuarto punto más polémico es la fijacion de nuevos caudales ambientales y ecológico en el río Tajo, unido a las nuevas necesidades de agua de Castilla-La Mancha que deben ser recogidas en el Plan de Cuenca del Tajo que se está revisando y que debe ser aprobado en el año 2009. El nivel de participación de Castilla-La Mancha en los órganos decisorios y de gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo -y en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, a la cual también aspira- no llegará al extremo de dominar este organismo, aunque sea a través de la nueva estructura de demarcaciones. El Estado se asegurará la mayoría y el control, según la nueva reforma de la ley de aguas.

Mínimo ecológico

El mayor peligro sobre los volúmenes excedentarios trasvasables al Segura se encuentra, técnicamente, en la fijación de nuevos caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, como principal punto de referencia en el curso alto de este río. Duplicarlo o aumentarlo en un 50 por ciento (ahora es de 6 metros cúbicos por segundo) implicaría una merma considerable de los excedentes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ésta es una de las cuestiones por las cuales mostró mayor interés el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura en su reunión con el presidente Rodríguez Zapatero.

De todas las reformas estatutarias referidas al control de los ríos, la de Castilla-La Mancha es la más amplia y ambiciosa. El texto ha entrado recientemente en el Congreso de los Diputados y muy probablemente no estará aprobado hasta después de verano. Las reivindicaciones castellano manchegas ocupan un capítulo entero de su Estatuto, con ocho artículos y una disposición transitoria dedicada exclusivamente a liquidar el trasvase Tajo-Segura.Las comunidades autónomas que la han precedido no han ido tan lejos. Cataluña, por ejemplo, sólo dedica explícitamente al agua un artículo con cinco apartados. Andalucía, por su parte, refleja un sólo artículo al agua y otro breve a la cuenca del Guadalquivir. Y Aragón, se centra en la coparticipación en los órganos de gestión, de acuerdo con la Constitución; así como en la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para uso exclusivo de su territorio.

Aportaciones del Ebro

Esta reserva ya venía recogida en el Pacto del Agua de Aragón de 1992, y fue asumida después por el Plan Hidrológico Nacional del PP. En este sentido, los caudales que podían ser trasvasados anualmente desde el Ebro ya tenían descontada esa reserva, apuntan en el Partido Popular. Esto quiere decir, a juicio del PP, que los 6.550 hectómetros no invalidan futuros trasvases, sobre todo teniendo en cuenta que las aportaciones del Ebro al Mediterráneo en su desembocadura oscilan entre los 10.000 y 15.000 hectómetros cúbicos en los últimos años.

El Gobierno central pretende abrir de par en par las puertas a un trasvase privado del Ebro en la reforma de la Ley de Aguas, cuyo borrador comienza hoy a estudiar la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente destacaron que el texto, hecho público ayer, no es definitivo y puede ser modificado.

El borrador propone mantener la actual regulación de los contratos de cesión de caudales, que permiten ceder derechos de uso del agua entre particulares, es decir, el arriendo del agua. Los organismo de cuenca solo pueden vetarlos mediante resoluciones motivadas.

El documento mantiene el precepto según el cual los contratantes de una cesión deben presentar a la Administración hidráulica, para su aprobación, un «documento técnico que defina adecuadamente» las «obras e instalaciones» necesarias para «la realización material de las cesiones acordadas». En el caso de una transferencia del Ebro a Levante, no lo sería, por la existencia del tramo del Canal Xerta-Calig hasta la localidad tarraconense de La Senia.

Y, paralelamente, elimina la prohibición de «usar infraestructuras que interconecten» distintas cuencas si las transferencias no están previstas en «el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada trasvase». Si el borrador sale adelante, el uso de las «conexiones intercuencas» solo requerirá la «previa autorización» del Ministerio de Medio Ambiente.

El proyecto de reforma que impulsa la ministra Cristina Narbona prevé crear un armazón jurídico para trasvases de carácter público.

Por un lado, posibilita la unión de dos cuencas en una demarcación mixta como «ámbito de planificación y gestión coordinada de los recursos». Por otro, da al Consejo de Ministros la potestad de «acordar la constitución de bancos públicos de agua» y de «autorizar transferencias de pequeña cuantía dentro de los límites establecidos por el Plan Hidrológico Nacional», aunque una decisión de este tipo puede ser tomada también por el Ministerio de Medio Ambiente.

En cada territorio hidrográfico habrá un banco de agua, a través del cual la Demarcación podrá lanzar «ofertas públicas de adquisición de derechos»; es decir, ofertas para adquirir, total o parcialmente, las concesiones de agua de los usuarios. El borrador de la reforma indica que «los Comités de Autoridades Competentes de demarcaciones limítrofes podrán acordar la realización de transferencias de pequeña cuantía entre los ámbitos territoriales respectivos, determinando las condiciones en que podrán llevarse a cabo». Es decir, que las futuras confederaciones podrán rescatar concesiones de su cuenca para ponerlas a disposición de una vecina siempre que lo decida el Comité de Autoridades, en el que la Administración central se reserva «la mitad más uno del número legal de miembros».

El documento señala que las OPAs hídricas podrán tener como fin, además de las «operaciones de intercambio con otros bancos públicos de agua», ceder esos derechos a las autonomías y a «otros usuarios mediante el precio que el propio organismo oferte», constituir reservas para fines previstos en el plan de cuenca y lograr un «buen estado ecológico de las masas de agua».

Reclamará que en los nuevos órganos de gestión el valor del voto no solo esté en función de la población sino también del territorio

El Gobierno regional está satisfecho con el borrador de la nueva Ley de Aguas que ha elaborado el Ministerio de Medio Ambiente pues se «dan avances interesantes» en la coparticipación de las Comunidades Autónomas (CCAA) en los órganos de gestión hídricos. Sin embargo, considera que hay varios aspectos «mejorables» y así se lo harán saber al Gobierno central a través del Consejo Nacional del Agua.

Tras presidir la reunión de la comisión delegada para asuntos de agua del gobierno regional, el vicepresidente primero, Fernando Lamata, explicó que entre esas cuestiones mejorables se encuentran las demarcaciones hidrográficas. A juicio del Ejecutivo regional, dijo, es preciso inclinarse siempre por la unidad de cuenca pues al intentar combinar en una demarcación varias cuencas se puede perjudicar a una en beneficio de otra.

Asimismo, se mostró partidario de corregir la representatividad de las CCAAen los nuevos órganos de gestión. En este sentido, indicó que ésta ha de guiarse por una proporcionalidad, para la cual el criterio de superficie «tiene que tenerse en cuenta con mayor precisión en el borrador» y el criterio de población, aunque «defendible», no puede «encadenar a un blindaje de los ríos en beneficio de los tradicionales usuarios económicos», ya que se estaría suprimiendo el derecho al desarrollo equitativo de los distintos territorios.

Fernando Lamata defendió también la figura de los bancos de agua públicos en una misma cuenca pero cuestionó su eficacia cuando los intercambios hídricos se produzcan entre distintas regiones. A su juicio, si no se establece un control muy estricto se puede correr el peligro de que el agua se convierta en un negocio entre particulares, lo que podría perjudicar a una comunidad autónoma en beneficio de otra. Insistió en que el agua es un bien público y así debe gestionarse.

Por último, se mostró partidario de que en materia de agua el Ejecutivo central sea el que tenga la última palabra pero recordó que las CCAA tienen que tener una participación suficiente para dar respuesta a las competencias transferidas.

El plazo de propuestas al PEAG termina a finales de abril

l plazo de presentación de propuestas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) terminará a finales del próximo mes de abril. Así, lo explicó ayer el vicepresidente primero, Fernando Lamata, en un receso de la reunión de la comisión delegada para asuntos del agua del Gobierno regional, que entre otros, analizó este asunto. Lamata señaló que el PEAG salió a información pública el pasado 15 de marzo, estableciéndose un plazo de 40 días naturales para que los agentes sociales puedan plantear sus propuestas. Una vez finalizado este tiempo se asumirán las iniciativas oportunas y el proyecto pasará a debate en el Consejo de Ministros.

La comisión delegada para asuntos del agua también analizó la evolución del programa AGUA, con el que la Junta se siente muy «satisfecha» y el Plan de Desarrollo de los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, de vital importancia para la zona y de cuyo seguimiento se encargará esta comisión.

Asimismo, se analizaron distintos desarrollos urbanísticos en distintas cuencas y su compatibilidad con las dotaciones de agua para los diferentes usos y se debatió sobre los nuevos planes de cuenca, que deberán estar aprobados en 2009, y que serán «claves» para CLM al establecer los volúmenes de agua para cada Comunidad Autónoma.

El diputado socialista Alejandro Alonso aseguró ayer que Castilla-La Mancha ya ha conseguido «la primera victoria» en el borrador de la Ley de Aguas enviado por el Gobierno al Consejo Nacional del Agua por la inclusión de la capacidad de decisión de las comunidades autónomas en la gestión del agua.

Alonso, en rueda de prensa, atribuyó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, la autoría de ese planteamiento y aseguró que el Gobierno central «ha aceptado» su propuesta de dar participación a las comunidades en los órganos de decisión del agua.

Alonso apuntó que el peso de las comunidades en los Comités de Autoridades Competentes de cada demarcación hidrográfica no dependerá sólo de la población, sino también de la extensión el territorio.

Coparticipación

En la misma línea, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, apreció «avances interesantes» sobre coparticipación en la gestión hídrica en el borrador ministerial de la Ley de Aguas, pero también «aspectos mejorables» respecto a las demarcaciones hidrográficas y la compraventa de derechos de agua.

En rueda de prensa en Toledo en un receso de una reunión de la comisión delegada para asuntos de agua del gobierno regional, Lamata explicó que Castilla-La Mancha defenderá el criterio de unidad de cuenca en cuanto a las demarcaciones, así como la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente para las compraventas intercomunitarias de derechos.

Lamata valoró que el borrador otorgue representación en los órganos de gestión de agua a las comunidades, pero indicó que ésta ha de guiarse por una proporcionalidad, para la cual el criterio de superficie «tiene que tenerse en cuenta con mayor precisión».

Por su parte, la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, eludió pronunciarse sobre el anticipo de la Ley de Aguas publicado en un diario nacional, aunque indicó que, en principio, el que «las CC AA podamos participar en los organismos de gestión de las cuencas y confederaciones hidrográficas es algo que me parece muy bien y absolutamente necesario».

De Cospedal, que hizo estas declaraciones en Toledo al ser preguntada por los periodistas sobre la información publicada en el diario El País, señaló que «los borradores yo los miro cuando son borradores de las leyes, pero todavía El País no es el Boletín Oficial del Estado para que sea un borrador», aseveró. En este sentido confió en tener «un documento algo más fiable para poderlo comentar».

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla repetirá la operación del año pasado y comprará más de 35 hectómetros cúbicos de agua a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez. Los miembros del Comité Ejecutivo de este organismo han sido citados para el próximo jueves con el fin de estudiar el precontrato de compra de los derechos de agua de esta comunidad de regantes madrileña ribereña del Tajo. El objetivo del Ministerio de Medio Ambiente es constituir otra reserva estratégica en los pantanos de la cabecera del Tajo para garantizar todas las necesidades de abastecimiento, tanto en el Tajo como en la cuenca del Segura, mediante la adquisición de derechos de agua.

El último Consejo de Ministros de febrero dejó la puerta abierta a esta posibilidad, toda vez que los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía sumaban en esa fecha 340 hectómetros, una cantidad similar a la del año pasado. Con el fin de tener totalmente cubiertos los abastecimientos de 2,5 millones de personas en Murcia, Alicante y Almería, este año se volverá a repetir la operación.

Esta nueva compra de agua mediante el intercambio de derechos -una fórmula regulada por real decreto que es la antesala de los bancos de agua que tiene previsto introducir el Ministerio de Medio Ambiente en la nueva reforma de la ley de aguas- culminará cuando lo autorice la comunidad de regantes del Canal de las Aves, y después deberá ser ratificada por el Ministerio. Estos volúmenes corresponden a la concesión anual del Tajo de estos agricultores madrileños.

El precio será probablemente inferior al del año pasado, ya que no habrá que abonar indemnizaciones por los cultivos ya realizados en Aranjuez, teniendo en cuenta que este año se ha adelantado la operación. En la anterior compra se abonaron 28,8 céntimos por cada metro cúbico. La tarifa del Tajo para abastecimientos ronda los 13 céntimos.

Pendientes de Mazarrón

En la situación actual, es muy probable que la Mancomunidad de Canales del Taibilla precise este año natural de las aportaciones máximas de la cabecera del Tajo que le atorga la ley, cifrado en 123 hectómetros cúbicos en destino, ya que no contará con los pozos de emergencia del acuífero de Calasparra. Asimismo, la segunda planta desalinizadora de San Pedro del Pinatar no habrá alcanzado su techo de producción anual; y está pendiente además la nueva unidad de Valendentisco (Mazarrón) cuyas obras están en la última fase. Los más de 35 hectómetros que se comprarán representan un 15% del abastecimiento total del Taibilla.

Con la adquisición de derechos de agua, el Ministerio de Medio Ambiente va haciendo frente a la delicada situación en la que se encuentra la cabecera del Tajo, ya que en el último año y medio ha permitido la compra de más de 125 hectómetros cúbicos a dos comunidades de regantes madrileñas, la de Aranjuez y la de Estremeras, que han cedido temporalmente sus concesiones a cambio de un precio superior al de la tarifa del Tajo-Segura.

La anterior operación autorizada a principios de este mes por el Ministerio de Cristina Narbona ha sido la compra de 31 hectómetros para los regadíos de Murcia y Alicante.

Pese a tratarse de concesiones de agua de fuera del territorio de Castilla-La Mancha, el Ejecutivo de José María Barrera se opone a ellas y ha anunciado la presentación de recursos.

El próximo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona presentará los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, además de las conclusiones del Comité de Expertos en Sequía.

En la presentación, que tendrá lugar en la sede del Ministerio, en Madrid, participarán el subdirector general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, Teodoro Estrela y los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Júcar y Segura, José María Macías, Juan José Moragues y José S. Fuentes, respectivamente.

Los Planes Especiales de Sequía, cuya creación está recogida en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, están elaborados para mejorar la gestión de los recursos hídricos durante este fenómeno cíclico y propio del Mediterráneo y proponen medidas consensuadas entre todos los agentes sociales para afrontar las situaciones de escasez de agua en cada Confederación Hidrográfica.

Los Planes pretenden la minimización de los efectos de las sequías sobre el abastecimiento de las ciudades y las actividades económicas así como garantizar la disponibilidad de agua. Asimismo, su objetivo es proteger y recuperar los ecosistemas dependientes del ciclo del agua, en especial el mantenimiento de los caudales ecológicos.

Comité de expertos
Durante este acto, el primero de los que conformarán el Foro Internacional sobre la Sequía, que se celebrará en Sevilla del 17 al 20 de junio, también tendrá lugar la presentación de un avance y resumen de las conclusiones del Comité de Expertos en Sequía. Se trata del informe La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto , un encargo del Ministerio de Medio Ambiente que servirá como documento de referencia y guía en la política de gestión del agua y de la lucha contra la sequía.

El director del Instituto Tecnológico del Agua en la Universidad Politécnica de Valencia, Enrique Cabrera, y el presidente de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, Luis Guijarro, serán los encargados de presentar estas conclusiones.

El libro oficial con los trabajos finales del Comité de Expertos en Sequía, órgano consultivo en el que participan especialistas independientes, se hará público durante la celebración del Foro Internacional sobre la Sequía, en Sevilla.

El Plan del Gobierno para zanjar la guerra del agua ya tiene letra: el borrador de la Ley de Aguas con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere contentar a las comunidades autónomas y aplacar sus reivindicaciones sobre la gestión de los ríos. Para ello crea un consejo supremo en las confederaciones hidrográficas. El Gobierno controlará ese organismo -tendrá la mitad más uno de los votos- pero por primera vez desde que en 1926 se crearon las confederaciones, las autonomías tendrán voto. Su peso en ese organismo dependerá de la población que beba agua de esa cuenca. La norma crea una tasa por el consumo de agua, que podrá subir cada año, y amplía de cinco a diez metros la franja de protección de los ríos.

Participación de las autonomías, sí; pero bajo control del Gobierno. Ése es el concepto de la reforma de la Ley de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado al Consejo Nacional del Agua para debatir el texto el miércoles, y que traspone la directiva marco del agua. El texto reorganiza las confederaciones hidrográficas, que pasan a llamarse demarcaciones, para dar entrada a autonomías y ayuntamientos. Para ello crea el consejo supremo o «comité de autoridades competentes» como «órgano de cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas» que ocupan más de una comunidad. El presidente de la demarcación reportará a este organismo, que será el encargado de proponer al Gobierno los planes de cuenca y la delimitación del dominio público y demás «planificación, gestión y protección de las aguas».

Este comité se convierte así en el nuevo organismo clave en la gestión de los ríos que cruzan varias autonomías -las cuencas que sólo afectan a una comunidad ya están transferidas-. Y aunque el Ejecutivo quiere dar voz a las autonomías, mantendrá el control. El borrador de la ley establece que el Gobierno nombrará a la mitad más uno de los miembros, con lo que tendrá mayoría de voto.

Cada comunidad autónoma tendrá un representante, pero no todos sus votos valdrán lo mismo. «El voto se ponderará entre 0 y 1 en función de la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación», señala el borrador. Es decir, Murcia tendrá un representante en la demarcación del Guadalquivir, pero su voto valdrá mucho menos que el del andaluz: sólo el 0,2% de la cuenca está en Murcia mientras que el 90,2% está en Andalucía. Lo mismo ocurre con cuencas como la del Ebro, que abarca a nueve comunidades autónomas. Los ayuntamientos tendrán un representante en ese comité.

Además, el Gobierno crea una conferencia sectorial del agua, una reunión permanente de todas las comunidades con el ministerio para abordar el tema. En realidad se trata de crear un órgano similar a la conferencia de medio ambiente, pero exclusivamente para el agua. Los usuarios, regantes y ecologistas, critican que el Gobierno les deja fuera de los órganos de gestión, ya que ahora pasan a estar en un organismo consultivo.

Con esta ley, el Gobierno pretende aplacar las reivindicaciones de las comunidades autónomas y adecuarlas a los nuevos estatutos. El presidente socialista de CastillaLa Mancha, José María Barreda, por ejemplo, siempre había pedido participar en la gestión de los ríos, pero no controlarlo. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó hace una semana que la reforma traerá «serenidad al debate» sobre el agua.

El Gobierno no puede dar más voto a las comunidades, ya que la Constitución afirma que es competencia exclusiva del Estado «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma». El Estatuto de Andalucía otorga a la comunidad la gestión del Guadalquivir en su territorio y por eso lo ha recurrido Extremadura, y con muchas probabilidades de éxito.

Además del nuevo reparto de competencias, la norma incorpora novedades muy importantes y que serán polémicas, como la creación de una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua». Se trata de un nuevo canon que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. En realidad es una cantidad mínima, ya que un regante pagaría de media 1,4 euros por hectárea al año y todos los usos urbanos apenas darán un millón de euros, pero el texto ya advierte de que «estos precios básicos podrán revisarse periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado». Los usuarios temen que este artículo es una cuña para ir subiendo el precio del agua.

CONTAMINACIÓN: La norma duplica las sanciones

Además de las reformas competenciales, de gran interés para la bronca política, la reforma incorpora un tono ecologista que está presente desde el primer punto del texto. El objeto de la ley incluye como novedad que la norma debe «promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles». En muchos artículos hay coletillas que obligan a proteger el buen estado ecológico de los ríos y los acuíferos.

La norma duplica las sanciones por vertidos y por extracciones ilegales. Las más leves pasan de 6.000 euros a 300.000; las graves de 300.000 a un millón y las muy graves, de un millón a dos millones de euros. Además, extiende de cinco a diez metros la franja de dominio público y de protección de los ríos.

ABASTECIMIENTO: 60 litros diarios por habitante al día

La ley crea una «garantía del derecho de los ciudadanos al margen de su capacidad económica al suministro de agua potable de cantidad y calidad adecuadas» de como mínimo 60 litros por habitante y día. En realidad, el efecto práctico es mínimo -en España todo el mundo tiene garantizados los 60 litros- pero Ecologistas en Acción (autor de la propuesta) afirma que puede servir de modelo para otros países.

Además, el agua desalada tendrá carácter público, como la de un río o un acuífero. Hasta ahora, comunidades como Murcia planeaban sus desaladoras al margen del Gobierno central. La ley afirma que «las obras de desalación que sean competencia de las comunidades autónomas» precisarán el visto bueno del Gobierno.

PRESAS Y EMBALSES: Registro de seguridad en los pantanos

El texto crea todo un nuevo capítulo (12 artículos nuevos) a la seguridad de presas y embalses. Obliga a registrar todas las presas y balsas de más de cinco metros de altura -muchas son privadas y están fuera de control- y crea una Agencia Estatal de seguridad de Presas, y que todos los embalses tengan un plan de seguridad.

Otro punto importante es el referido a las aguas subterráneas. En España existen 500.000 pozos, muchos de ellos sin control y que han llegado a secar un parque nacional como el de las Tablas de Daimiel. La norma obliga a clausurar «los pozos abandonados o en desuso», cambia el sistema de concesiones para

Tal y como pedía el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el Gobierno de Zapatero ha decidido satisfacer las viejas demandas de las comunidades y les concederá parte del control de la gestión de los ríos.

Para ello, se creará un consejo supremo o «comité de autoridades competentes» que será el órgano de «cooperación y dirección de las demarcaciones hidrográficas» que ocupan más de una comunidad, como explica EL PAÍS en una información publicada este domingo.

Así, el presidente de la demarcación informará al citado organismo, que a su vez será el encargado de proponer al Gobierno de la Nación los planes de la cuenca y la delimitación del dominio público y demás «planificación, gestión y protección de las aguas».

Representantes y votos

Este «comité de autoridades competentes» se convierte en un organismo clave en la futura gestión de los ríos que cruzan varias regiones. Sin embargo, el Gobierno sigue manteniendo el control. Pues, además, el borrador de la Ley de Aguas fija que el Ejecutivo nombrará a la mitad más uno de los miembros de este órgano, con lo que se garantiza una mayoría de votos.

Cada una de las comunidades autónomas tendrá un representante en este comité, si bien no todos los votos se valorarán de la misma manera. Así, el voto se ponderará entre 0 y 1 según la superficie y población comprendida en el ámbito de la demarcación, según se contempla en el borrador de la ley que prepara el Ministerio de Cristina Narbona. Los ayuntamientos también tendrán un miembro en ese organismo.

Asimismo, el Gobierno constituye una conferencia sectorial del agua muy similar a la que ya existe de medio ambiente.

Con esta ley, el Ejecutivo busca poner calma a la «guerra del agua» y satisfacer las viejas reivindicaciones que en esta materia han venido defendiendo algunas comunidades como Castilla-La Mancha. Y es que el presidente Barreda ha reiterado en multitud de ocasiones la necesidad de participar en la gestión de los ríos, aunque sin controlarlos.

Novedades polémicas

Además del reparto de competencias, que no puede ser mayor pues, como establece nuestra Constitución, esta es una materia competencia exclusiva del Estado, el borrador de la ley incorpora novedades significativas y que serán objeto de la polémica.

Es el caso de la creación de una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua».

Se trata, como recoge la información de EL PAIS, de un nuevo impuesto que oscilará desde 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad.

Aunque se trata de una cantidad pequeña, en el texto se incluye la advertencia de que podrá experimentar incrementos periódicos.

El Ministerio de Medio Ambiente ha redactado un nuevo texto de la Ley de Aguas, que llevará al Consejo Nacional del Agua del próximo miércoles, con el que pretende apaciguar la guerra del agua que enfrenta a las autonomías. Una de las principales novedades será la participación de las comunidades y los ayuntamientos en las confederaciones hidrográficas (ahora controladas sólo por el ministerio) que pasarán a denominarse demarcaciones, según publicó ayer El País .

También se creará un consejo supremo de las confederaciones hidrográficas donde el Ministerio de Medio Ambiente se reserva el 51% de los votos (mediante el nombramiento de la mitad más uno de sus miembros) y el 49% restante lo cede a las autonomías y a los ayuntamientos que participarán por primera vez en las decisiones de las confederaciones desde que se crearon por primera vez en 1926. En este consejo supremo hídrico cada comunidad autónoma tendrá un representante, pero sus votos se ponderarán en función de la superficie y la población. Una novedad que permitirá a la Comunitat Valenciana tener mayor voz en las decisiones que se adopten sobre el río Júcar, al contar con mayor población que Castilla-La Mancha, según reconoció ayer,Francesc Signes, responsable de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV. Signes califica de muy positiva «la oportunidad que tiene la Comunitat Valenciana de apuntalar su presencia en el nuevo órgano gestor de las demarcaciones hidrográficas» y confió en que la reforma de la Ley de Aguas «tapone las guerras del agua que plantea contínuamente el Partido Popular» , aunque se mostró convencido de que «el PP y Francisco Camps abrirán otras nuevas, porque el agua es para ellos un arma electoral y no un problema a resolver» . De hecho, tal como adelantó Levante-EMV , la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende proponer que se desgaje la Albufera de Valencia y su área metropolitana (más todos los habitantes que viven en ella) de la demarcación del Júcar y se considere del Turia. La autonomía vecina tendría así una mayor población y superficie similar a la de la C. Valenciana y, por lo tanto, similar representación en los órganos de la futura demarcación hidrográfica del Júcar. A este respecto, el nuevo texto legal Ley de Aguas «supera estos rumores -según Signes- porque el Gobierno tendrá el control de las demarcaciones hidrográficas que, tras muchos años, por fin se adaptan al modelo autonómico surgido con la democracia» .

La vieja política del agua

El presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, afirmó hoy que «mientras Rajoy y el PP nacional, que son los que mandan en ese partido, sigan defendiendo la vieja política del agua, aquí no habrá desaparecido la amenaza del trasvase» del Ebro y «el PP de aquí seguirá inhabilitado para gobernar en Aragón» . Según Iglesias, «ningún aragonés va a volver atrás, ni quiere volver a manifestarse por esto, ni va a aceptar nunca un presidente de gobierno que no defienda nuestros recursos y sus posibilidades de futuro» . Iglesias, que presentó ayer las candidaturas socialistas aragonesas en presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, recordó que la derogación del trasvase del Ebro fue la segunda decisión del Gobierno tras ganar las elecciones en marzo de 2004, por lo que «cumplió su compromiso de resolver el problema del agua en Aragón y también de resolverlo en Levante porque no sólo fue una decisión para Aragón sino para todos, para resolver el problema del agua en España» .

La primera oferta pública de adquisición (OPA) de derechos de agua que una Administración ha presentado en España ha sido un fracaso. La Confederación del Júcar ofrecía entre 0,13 y 0,19 euros por cada metro cúbico de agua que ahorren los regantes del acuífero de La Mancha oriental en Albacete. Sólo han aceptado la mitad. Como no se ha cubierto el ahorro de agua previsto con esta iniciativa encaminada a evitar que el río se seque, la Confederación decidió imponer restricciones sin retribución. Pero al final se ha plegado a las peticiones de los regantes y amplía el plazo de aceptación de la OPA.

«Estado de emergencia», señalan los indicadores de sequía de la cuenca del Júcar. El actual año hidrológico iniciado el pasado octubre (en coincidencia con el ciclo agrícola) atraviesa la segunda peor sequía de la historia de la cuenca después de la temporada 2004-2005.

Es el tercer año consecutivo con precipitaciones muy inferiores a los valores normales. Las reservas de agua embalsada sólo alcanzan a sumar 232 hectómetros cúbicos brutos (sobre 3.346 de capacidad total), menos de la mitad de la media de los últimos cinco años. Ante la gravedad de la situación, crítica para una cuenca habituada al uso intensivo de agua en su parte baja, la Confederación Hidrográfica propuso para la campaña actual una reducción del 40% en el consumo y la implantación de un paquete de medidas de ahorro para evitar que el río acabe seco.

Entre estas medidas y por primera vez en la historia (otro intento puesto en marcha por el PP para el alto Guadiana no prosperó), se lanzó a finales de diciembre pasado una oferta pública de adquisición (OPA) de derechos de agua con el objetivo de ahorrar 61 hectómetros cúbicos. La OPA se dirigía en concreto a los regantes de aguas superficiales o subterráneas situadas en una franja de 10 kilómetros de ancho en cada una de las márgenes del río Júcar, en un tramo comprendido entre los embalses de Alarcón y el Molinar y el acuífero del Mioceno, que vierte sus aguas al río a su paso por Albacete.

La Confederación valoró el precio total de la OPA en 12 millones de euros, equivalente al lucro cesante de los regantes que acudieran a ella. Esta cantidad se distribuía en una horquilla comprendida entre los 0,1957 euros el metro cúbico de agua no consumida y 0,13 euros en el segmento más caro.

Cuando el pasado 16 de febrero se abrieron los sobres para conocer cuántos y quiénes aceptaban la cesión de derechos de agua, un silencio sepulcral se adueñó del ambiente en la delegación de la Confederación del Júcar en Albacete.

A pesar de que la OPA se había negociado de manera transparente y consensuada con los regantes, a la hora de la verdad el agua que estaban dispuestos a ahorrar sumaba sólo 38,1 hectómetros cúbicos, la mitad de lo que se perseguía: 26,8 corresponden a la OPA en sí y 11,3 al ahorro que adicional, voluntaria y gratuitamente se habían comprometido a ahorrar los agricultores opados. Al no cubrirse la oferta de adquisición de derechos de agua, los regantes tendrían que ahorrar forzosamente otros 20 hectómetros cúbicos adicionales sin ninguna compensación, según decidió la Comisión de Sequías del Júcar. Días después dio marcha atrás para abrir un nuevo plazo de aceptación de ofertas que expira el próximo día 23.

La Confederación del Júcar y los propios regantes desean a toda costa levantar la sensación de fracaso que ha cundido entre la propia gestora de la cuenca, regantes y agentes económicos, sociales y académicos de la zona. Un territorio de 28.000 hectáreas incorporado al regadío con agua subterránea apenas veinte años atrás con el impulso estatal, a través del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Cuarenta y cinco variedades

La zona opada comprende el municipio conquense de Casas de Benítez y otras 16 poblaciones de la provincia de Albacete, entre ellas, Madrigueras, Tarazona de la Mancha, La Roda, Villagordo del Júcar, La Gineta, Casas de Juan Núñez y la propia capital manchega. Se trata de una comarca paradigma de la geografía manchega que ha elevado su renta en los últimos años gracias a la incorporación del regadío por aspersión, del que dependen alrededor de 6.000 agricultores o unidades agrarias agrupados en la Junta de Comunidades de Regantes, constituida en 1995, una de las pocas que administra aguas subterráneas.

El consumo de agua por aspersión es reducido, si se compara con el sistema por inundación que se practica tradicionalmente en la cuenca baja del río en tierras de la Comunidad Valenciana. Las dotaciones medias aquí son de 4.500 metros cúbicos por hectárea frente a los 18.000 y hasta 20.000 de la plana valenciana.

El regadío permite sembrar aquí más de 45 variedades de cultivos diferentes como cebollas, ajos, trigo de alta calidad para panificación, cebada para maltería, alfalfa o adormidera, un cultivo trasladado a La Mancha desde Andalucía a partir de la gran sequía que azotó al Guadalquivir en los años noventa.

El presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, admite que si no se han cumplido las expectativas de la primara fase de la OPA es por la recuperación de los precios del maíz y los cereales y la esperanza entre los agricultores de que cambiaría la situación meteorológica. Pero no se siente derrotado. Se congratula de que por primera vez se haya creado una relación «fiable» entre la Administración y los regantes y se hayan despejado las dudas sobre el cumplimiento de compromisos adquiridos. «Se ha roto la tradicional desconfianza del agricultor con la Administración».

Éxito agridulce

José Pérez Cuenca, presidente provincial del sindicato Asaja en Albacete, cree que la Confederación «tenía que haber ofrecido más dinero». Y aunque en un principio los agricultores se mostraron de acuerdo, dice que el escenario cambió porque «quizá algunos no se lo creyeron o la información no fue lo suficientemente explícita para que entendieran que iba en serio».

Los regantes coinciden en esa misma apreciación. El presidente de la junta Central de Regantes de La Mancha oriental, Agustín González, cree que la OPA ha tenido un «éxito agridulce» por culpa del bajo precio ofrecido. «Su no aceptación demuestra que los cultivos de La Mancha son rentables, aunque no estén subvencionados y que el agricultor prefiere trabajar la tierra a cobrar un dinero por quedarse de brazos cruzados».

La meteorología no ha cambiado desde que se lanzó la OPA. No ha llovido lo que se esperaba. La prórroga de una semana más del plazo de aceptación parece ser el último cartucho de la Confederación por ganar a los reticentes.

Evitar una nueva guerra del agua entre La Mancha y la Comunidad Valenciana

Tras el fracaso de la OPA, la Junta de Castilla-La Mancha votó en la Comisión de Sequía del Júcar en contra de que la Confederación Hidrográfica impusiera restricciones forzosas y gratuitas a los regantes manchegos. Pero el peso de los administradores de la cuenca y la abstención de los regantes tradicionales valencianos inclinó la balanza hacia la imposición, una decisión que en el fondo todos repudian y pretenden evitar, porque daría paso a una reedición de la guerra del agua entre manchegos y valencianos. Por eso se ha abierto un nuevo plazo para agotar los 12 millones incluidos en la oferta de adquisición temporal (sólo esta campaña) de derechos de agua.

El presidente de los regantes manchegos Agustín González subraya que a pesar de todos los obstáculos es la primera vez que los agricultores y una Administración se ponen de acuerdo para dejar de usar agua por una causa medioambiental: «Siempre hemos entendido que las masas de agua tienen que estar en el mejor estado posible. No tenemos derecho a hipotecar el futuro y les pedimos a nuestros vecinos de Levante que hagan lo mismo. Sabemos que en la región valenciana tenían que haber modernizado sus tradicionales sistemas de riego», afirma, tras resaltar que sus asociados ya se habían comprometido en noviembre pasado a reducir voluntariamente un 20% del consumo.

Para los expertos, el asunto tiene otro enfoque. Alfonso Calera, director de Teledetección de la Universidad de Castilla-La Mancha califica de «ejemplar y sin precedentes» la autorregulación de los regantes. Su equipo tiene firmado un convenio con ellos para vigilar por satélite el control de regadíos y augura una campaña difícil para quienes dejen de regar. Pero también para otros sectores inducidos como los transportistas y los comerciantes de semillas y fertilizantes. Cree que la OPA ha llegado con retraso para quienes tenían ya firmados contratos de campaña. Y considera que la aplicación de «medidas desproporcionadas, tardías o no pactadas, como la imposición de un ahorro adicional del 20% por el fracaso de la OPA» tiene el riesgo de generar situaciones de insumisión, que «pondrían en peligro muchos años de control y autorregulación del acuífero de La Mancha oriental».