Durante los últimos días hemos visto cómo el señor Camps, nervioso an­te la más que probable pérdida de las próximas elecciones de mayo, se escuda en formalismos para no hacer pública la documentación administrativa por la que con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana está financiando la guerra del agua.

El objetivo del Partido Popu­lar se concreta en impedir a to­da costa que las actuaciones del programa Agua sean una realidad, torpedeando al máximo su ejecución. Su estrategia de que cuanto peor le vaya a la Comunitat Valenciana en materia de agua, mejor le podrá ir electoralmente al PP, se ha concretado recientemente en dos accio­nes: la impugnación judicial del Júcar-Vinalopó y la denuncia ante Bruselas de la desaladora de Torrevieja, además de la orden de paralización de las obras.

Poco le importa al señor Camps que ambas actuaciones hayan sido evaluadas por la Unión Europea y cuenten con decisión firme de cofinanciación por un importe superior a los 200 millones de euros. Si se pierden los dineros europeos, para el PP, mejor. Poco le impor­ta al señor Camps que estas dos actuaciones por sí solas consigan un aporte de recursos hídri­cos igual a la mitad de lo que allá por el 2017 iba a traer el Ebro. Que se pierden 160 hm3/año de nuevos aportes de agua para la provincia de Alicante, pues mejor para el PP.

El cinismo del PP llega a extremos insospechados cuando se jactan de no ejecutar sus propios compromisos escritos y firmados. «Que se entere todo el mundo que no pensamos hacer las obras del postrasvase Júcar-Vi­nalopó», se quedaba tan pancho un conseller del ramo pontificando su ineficiencia. Pero es que el conseller de al lado tampoco se quedaba rezagado: «No pensamos hacer la moderni­zación de los regadíos tradicio­nales porque los propios agricul­tores no quieren», reconociendo implícitamente su incompetencia para poner en valor de mercado nuestros productos.

A estas alturas de la fiesta del endeudamiento astronómico al que el PP ha llevado las arcas de la Generalitat Valenciana, comprendemos que no tienen más remedio que hacer de la necesidad virtud. Como hemos llevado a la quiebra financie­ra a la Generalitat Valenciana, no hacemos las obras que teníamos comprometidas, ¿pa­sa algo? Pues sí que pasa. Cuatro años más, perdidos con el PP para modernizar nuestras infraestructuras hidráulicas, con grave perjuicio para los intereses del conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunitat.

Para lo que interesa, sin embargo, sí que hay todo el dinero público que sea menester. Des­de el año 2004, la Fundación Agua y Progreso ha recibido más de 5 millones de euros de todos los valencianos, exclusivamente para hacer agitación y propaganda contra el programa Agua. Además de pagar 4.000 euros por charla a esos ponentes tan científicos que niegan el cambio climático, esta fundación se dedica a subvencionar a todas aquellas entidades que le están haciendo el trabajo sucio al Partido Popular. Ésta es la manera que tienen de escapar al control públi­co de los legítimos representan­tes de los ciudadanos. Me monto una fundación pública de la Generalitat, a la que no es de aplicación ni la Ley de Proce­dimiento Administrativo ni la Ley de Contratos de las Adminis­traciones Públicas, y a través de ella le encargo toda la faena gruesa de comprar volun­tades, sin transparencia, sin publicidad y sin concurrencia com­petitiva alguna. Igual me da la campaña de los vasos de agua que las paellas con vino pa­ra todos.

El PP no va a salirse de rositas de este turbio asunto. Las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat tienen dere­cho a saber dónde van cada uno de los euros que sus representantes públicos administran. Pa­rapetarse detrás del formalis­mo para esconder la dilapidación en propaganda de los recursos de todos tiene dos fechas de caducidad. La primera la pondrán los jueces cuando obliguen al señor Camps a considerar legitimidad e interés a quienes ellos se la niegan. Y la segunda fecha de caducidad se la pondrán el próximo 27 de ma­yo las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat, cuando, también por higiene democrática, envíen al banquillo de la oposición la manipulación que representan.

*Consejero delegado de Acua­júcar. (José Mª Marugan)

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, desmontó ayer las críticas del conseller de Territorio y Vivienda al emplazamiento de la desaladora de Torrevieja al recordar que el Consell de la Generalitat Valenciana ha autorizado en el mismo emplazamiento la ampliación de la depuradora de Torrevieja y una subestación eléctrica de Iberdrola.
La ministra, que asistió ayer a la presentación de una guía para la realización de estudios de viabilidad en proyectos de aguas depuradas, criticó también que la Generalitat «no siga los cauces institucionales» y dijo que su ministerio no ha recibido ni la orden de paralización de las obras ni la comunicación de apertura de expediente sancionador que el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha anunciado coincidiendo con el inicio de las obras.
González Pons pidió ayer a la ministra de Medio Ambiente, que «empiece a aplicar el modelo de urbanismo sostenible del que tanto alardea» paralizando la desaladora de Torrevieja, «un ejemplo de agresión medioambiental y de atentado contra un Parque Natural»,
Por su parte, la ministra recordó que la ubicación de la desaladora «es la misma que tiene ya la ampliación de una depuradora aprobada por la Generalitat y una subestación eléctrica de Iberdrola que ya tiene autorización, por lo que nos encontramos con obras que, como mínimo, tienen la misma importancia que la que se critica y para las que no ha habido objeciones».
Cristina Narbona dijo que su ministerio está en disposición de entregar la documentación que reclama la Generalitat. «El problema es que se acude primero a los medios de comunicación y no a través de los cauces normales de comunicación por los que todavía hasta ahora no hemos recibido esa carta que anuncia la Generalitat».
Sin cortes de agua
La ministra destacó que gracias a las desaladoras y a las inversiones realizadas por el Ejecutivo «Alicante y Murcia no han sufrido ningún corte en el suministro de agua» pese a que el Júcar, el Segura y el Tajo alto sufren por tercer año consecutivo un déficit «histórico» de precipitaciones. «En la última sequía que sufrió España, de la que ahora se cumplen 14 años un total de 12 millones de españoles padecieron cortes de agua».
En esta linea reivindicó el papel del Gobierno y dijo que el 2006 terminó con una inversión que fue «cuatro veces más elevada que la inversión en materia de política de agua en 2003», destacó.
Por su parte, Francesc Hernández, autor de la guía sobre aguas residuales dijo que el incremento de la depuración y la desalación son instrumentos capaces de paliar el déficit hídrico en la Comunitat Valenciana.
La ministra subrayó el potencial de reutilización de aguas residuales que todavía tiene la Comunitat y dijo que el uso de nuevas tecnologías va a permitir el aprovechamiento de acuíferos en Castelló que «triplican la demanda que se pedía al trasvase», confirmando la información adelantada por Levante-EMV sobre el uso de satélites y de tecnología de origen ruso en el conocimiento de las aguas subterráneas castellonenses.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo regional ultimará la próxima semana el recurso al último trasvase para regadío aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 2 de febrero, en el que se autorizaron once hectómetros cúbicos.

García-Page hizo referencia a la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, que, como ha informado EL DIGITAL, este mismo martes recomendó 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano en los próximos tres meses. Según el vicepresidente, esta decisión «es doble, pues no propone un trasvase para regadíos y sí uno trimestral para consumo humano, y la opinión del Ejecutivo regional sobre el consumo de población difiere netamente del uso agrario».

En este sentido, manifestó que «mantenemos un planteamiento de prudencia pero distinguiendo con claridad el abastecimiento humano, lo que nos da una fuerza y consistencia extraordinaria para negarnos en la derivación para regadío».

El portavoz regional recordó que «no hace tanto tiempo, era muy fácil hacer trasvases para regadíos, era lo habitual. Ésta sigue siendo la demanda del Levante español y, sin embargo, se han reducido de una manera drástica los trasvases del regadío y, con mucha frecuencia, se atiende a la posición de Castilla-La Mancha para que los trasvases de este tipo no se planteen al Consejo de Ministros».

Recurso contra la venta de agua de Estremera

Por otro lado, García-Page anunció que el Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando plantear un recurso a la compra de 31 hectómetros cúbicos de agua para riego por parte de los regantes de Murcia a los de Estremera (Madrid).

A su juicio, «más allá de que se busquen parches para solucionar situaciones de relativa necesidad, no nos parece razonable establecer un mercado del agua como se está planteando. Esta política -prosiguió- pone de manifiesto contradicciones y conflictos de intereses que son, en algunos casos, bastante despreciables. Consideramos que tenemos muchas posibilidades de plantear el recurso y de ganarlo».

Asimismo, explicó que «podemos entender el apremio de la Administración del Estado para intentar parchear de mala manera una situación de este tipo, pero no compartimos esa filosofía y creemos que no se han cumplimentado los procedimientos que el propio decreto que establece esa posibilidad definía en el pasado», apuntó.

Desaladoras: alternativa o complemento

Respecto a la intención de la Comunidad Valenciana de paralizar las obras de construcción de la mayor desaladora de España en Torrevieja (Alicante), que aliviará el trasvase Tajo-Segura, García-Page manifestó que es una «contradicción lacerante» que en el Levante español digan que necesitan agua y luego pongan pegas a una obra que les garantiza el agua de por vida.

«Ya hemos dicho muchas veces que lo realmente quieren no es agua. Lo que quieren es el agua tirada de precio, y que además la paguemos todos los españoles», indicó el vicepresidente segundo, quien denunció que esta situación «pone al descubierto la hipocresía de muchos discursos del Levante español».

En su opinión, «o necesitan agua o no, pero si la necesitan lo que no pueden hacer es dificultar la generación de infraestructuras que la van a garantizar de por vida». De esta manera, indicó, el agua del mar será «complementaria en el Levante de los recursos superficiales con los que ya cuentan, pero el trasvase no puede ser permanentemente un elemento complementario. Debe tener fecha de caducidad».

Posible recurso también al Estatuto andaluz

Preguntado por los medios sobre las declaraciones del presidente andaluz, Manuel Chaves, quien ayer dijo que está «abierto» a reunirse con los presidentes de Extremadura y de Castilla-La Mancha para ofrecerles la información necesaria sobre el Estatuto de su comunidad, García-Page aseguró que «nosotros estamos dispuestos a escuchar todos los argumentos», pero al final, el que prevalecerá en la decisión de recurrir o no el texto andaluz «será sólo uno: la defensa de nuestros intereses regionales».

Así, el portavoz regional manifestó que «no queremos entrar en conflictos de vecindad con otras comunidades autónomas», pero si los informes jurídicos concluyen que el Estatuto andaluz afecta o perjudica los intereses de Castilla-La Mancha «huelga decir cuál va a ser nuestra decisión, porque lo más importante es que todo el mundo sabe cuál será», apostilló.

La consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez, defendió ayer en Madrid, durante el coloquio “La problemática del agua en España” organizado por el Club Siglo XXI, la necesidad de que “en la nueva política hidráulica nacional se contemple la cogestión en la planificación por parte de las comunidades autónomas”.

María Encina Álvarez ha debatido sobre la situación hidráulica de nuestro país con el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, y el consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón.

A este respecto, la consejera ha basado su intervención entre aspectos fundamentales para la realidad hidráulica de Castilla-La Mancha: la escasez de este recurso, las crecientes necesidades de nuestra región y la caducidad del trasvase Tajo-Segura. Asuntos de los que es responsable el Gobierno de España pero los que se debe buscar una mayor participación de las comunidades autónomas, tal y como ha puntualizado Álvarez.

La titular de Obras Públicas ha incidido en que los recursos hidráulicos disponibles van a ser cada vez menores por el descenso de los niveles pluviométricos pero también por las restricciones medioambientales que fija la normativa europea. En este sentido, Álvarez ha manifestado que “todos debemos ser conscientes de esta escasez, o al menos Castilla-La Mancha lo es, y por ellos debemos abogar por un uso eficiente del recurso”.

Por otro lado, María Encina Álvarez ha resaltado el incremento de las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha debido a su crecimiento demográfico, económico o industrial, y que por lo tanto “no podemos prescindir de los recursos que se generan en nuestro territorio, ya que queremos que este crecimiento sea sostenido y sostenible en el tiempo”. En esta línea, el director general del Agua, Jaime Palop, ha incidido en que comunidades del interior de la península, como Castilla-La Mancha, Madrid o Aragón, no tienen mayor disponibilidad de recursos para su desarrollo que aportes de las lluvias, por lo que hay que pensar en alternativas en aquellas regiones que disponen de otras posibilidades como la desalación.

Finalmente, la consejera ha sido tajante al afirmar que “Castilla-La Mancha no puede soportar por más tiempo la existencia del trasvase Tajo-Segura”. Álvarez ha destacado la solidaridad ejercida por nuestra región y ha aseverado que ha quedado demostrado que los trasvases son un sistema en crisis e ineficaz para resolver los problemas hídricos en los territorios y garantizar un crecimiento sostenible. Hay que destacar, según ha afirmado Jaime Palop, que “cuando se tenga que elaborar el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, habrá que plantearse determinadas cuestiones” a este respecto.

María Encina Álvarez ha remarcado que “la desastrosa experiencia para Castilla-La Mancha del trasvase Tajo-Segura es el mejor ejemplo para que cualquier territorio se resista a soportar un trasvase”, ya que junto al agua derivada “se transfieren la riqueza y las oportunidades de desarrollo”.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, afirmó ayer que la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional creó  “desconfianza y desconcierto” y que “fue el germen que motivó el enfrentamiento territorial y la insolidaridad que vivimos hoy”.

El consejero murciano hizo estas declaraciones en el transcurso de su intervención en el Club Siglo XXI, donde participó en un debate coloquio sobre agua junto a María Encina, consejera de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, José Ramón García Antón, consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana y Jaime Palop, director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente.

El responsable del Agua de la Región apeló a la Constitución y al modelo creado en todo el siglo XX con el Plan Hidrológico Nacional para recuperar “el consenso y la participación” ,y criticó “la falta de política del agua y de parches que plantea el Gobierno socialista en su política actual ”.

“La derogación del trasvase del Ebro fue el mayor atentando político que han sufrido las regiones del Mediterráneo y sus legítimas expectativas de desarrollo sin ningún razonamiento técnico, económico y ambiental. Tras la derogación de este trasvase y el cuestionamiento de otras iniciativas como el Tajo-Segura, no parece percibirse un modelo conceptual coherente que restituya la unidad de acción desarrollada en los últimos veinte años conforme a la ley de 1985”, dijo el consejero murciano.

Los blindajes y las caducidades

“Estamos sufriendo una verdadera anarquía del agua cargada de propaganda mediática sin intención real de solucionar de manera definitiva un problema que estrangula la agricultura de  nuestras comunidades”, dijo en su primer discurso ante los asistentes a este acto.

Cerdá dibujó una Región de Murcia que “depura más que nadie”, que “tiene los regadíos más modernizados de España”, y también, que “paga el agua más cara”, pero añadió, “tenemos un déficit estructural que resolver”.

Para el consejero de Agricultura “el Programa Agua, -alternativo al trasvase del Ebro-, se ha planteado de forma improvisada, sin estudio previo alguno, y con previsiones irreales, reveladoras de una profunda ignorancia de la realidad hídrica de las regiones afectadas.”

Además, afirmó que “el concepto de banco de agua fue introducido en la reforma de la Ley de 1999, y que entonces fue políticamente rechazada por la actual ministra de Medio Ambiente”, y se preguntó públicamente, “¿No hay agua para trasvases (trasvases cero) y sí para los bancos?”

Para el consejero murciano, “no se puede forzar a las Comunidades Autónomas a ir en la dirección de la separación territorial. Asistimos a un desafío político igual que el que está sufriendo el modelo territorial de España”, dijo.

“Blindar los ríos quiebra el concepto de Nación. Un río de carácter nacional e internacional como es el Tajo no es un recurso ajeno a ninguna región de España, y los ríos españoles son bienes de Estado. Los blindajes y las caducidades, sean del Ebro, del Tajo o incluso de los Trasvases, son situaciones ridículas  y contrarias al concepto de nación”, concluyó.

La Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se declaró ayer partidaria de incorporar todos los costes al precio del agua, aunque habrá excepciones en agricultura, según declaró en la presentación del informe «Precios y costes de los servicios de agua en España».

En el caso de los regadíos el pago medio por los servicios del agua es de 263 euros por hectárea y año, lo que supone una media de un 15 por ciento de los márgenes netos de los regantes y un 18 por ciento de los costes medios ponderados de los diferente cultivos.
Cristina Narbona, señaló que de acuerdo a la directiva europea los precios del agua deberán ir incorporando el principio de recuperación de costes en 2010, incluyendo los costes de depuración y tratamiento, por ejemplo. «Hay que implantar la racionalidad económica, sostenibilidad ambiental y participación pública de acuerdo a la directiva europea», dijo.
No obstante, la ministra adelantó que habrá excepciones en la agricultura, donde se realizará un estudio por tipos de cultivo para determinar lo que deben pagar. «Se determinará la capacidad de cada cultivo sin precio subvencionados», añadió.

El Ministerio de Medio Ambiente, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana se acusaron ayer mutuamente de romper el consenso en torno a la política del agua y de generar un clima de “insolidaridad e ingobernabilidad”.

El director general del Ministerio, Jaime Palop; el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá; la responsable de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, María Encina Álvarez, y su homólogo valenciano, José Ramón García Antón, protagonizaron en el Club Siglo XXI de Madrid un agrio debate acerca de las políticas hidrológicas estatal y comunitarias.

Así, los consejeros valenciano y murciano, ambos del PP, acusaron al Gobierno y a las comunidades socialistas, de practicar una gestión hidrológica “insolidaria”. García Antón incidió en que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha permitido que sean las comunidades las que “digan qué se puede hacer y qué no” respecto a la gestión hidrológica. “Se ha creado una dinámica de apropiación del agua, lo cual genera insolidaridad.El agua está llegando a cotas de ingobernabilidad”, afirmó.

El consejero de Agua, Antonio Cerdá, por su lado, advirtió que su región “no consentirá” la caducidad del trasvase Tajo-Segura fijado en el Estatuto castellano-manchego. Cerdá Cerdá situó el origen de la crispación que sobre el agua originan los agentes políticos en la derogación del trasvase del Ebro por el Gobiern

El Ministerio de Medio Ambiente no tiene ninguna duda: la desalinizadora de Torrevieja es legal y cumple todas las normativas medioambientales. Así lo destacó ayer el director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Adrián Baltanás, quien encabezó una amplia representación del Ministerio de Medio Ambiente en el acto de colocación de la primera piedra de la planta de este tipo más grande de Europa. También asistieron el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, acompañado por el delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Ángel González, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Alicante, Etelvina Andreu, entre otras autoridades provinciales, regionales y locales del PSPV y de EU.

La representación del PP se limitó a la asistencia del director general de Regadíos de la Región de Murcia, Julio Bernal. No acudió ningún cargo de la Generalitat Valenciana ni del equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Torrevieja.

Antes de la colocación de la primera piedra, en la que se enterró una urna con los periódicos del día, monedas de curso legal y el acta del evento, en la que firmaron Adrián Baltanás, Fuentes Zorita y los representantes del Gobierno en Murcia y Alicante, tanto el director general de Acuamed, como el presidente del CHS, el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor, y la subdelegada del Gobierno en Alicante, se dirigieron a los presentes para hablar de la futura desalinizadora. Obviaron cualquier enfrentamiento político con el Consell valenciano o con las autoridades locales del municipio de Torrevieja, donde se ubica.

Todos coincidieron en la importancia de una obra destinada a «garantizar el agua para siempre» en una zona con un problema endémico de escasez hídrica.

Durante los discursos, se pudo oír en repetidas ocasiones que con la desalinizadora «se acaba el problema del agua para siempre». Algo que permitirá «dejar de mirar al cielo y mirar sólo al futuro». Un futuro que tendrá «garantizado», con la nueva desalinizadora, «el progreso de los dos puntales de la economía de la zona, el turismo y la agricultura».

Para riego

Con la nueva desalinizadora, según hicieron constar también las autoridades presentes en el evento, los agricultores no tendrán que renunciar al agua para riego, como cuando la sequía hacía que todo el agua disponible se dedicase al abastecimiento. Algo que, recordó Fuentes Zorita, ha sucedido recientemente, durante la sequía que aún afecta a la región. «Mano tendida a los responsables autonómicos» fue otro de los conceptos que se repitieron durante el acto de colocación de la primera piedra de la desalinizadora, porque todos coincidieron en la necesidad de «olvidar las confrontaciones» para solucionar uno de los más graves problemas que vienen sufriendo tanto la Región de Murcia como la provincia de Alicante, las áreas a las que abastecerá de agua la la nueva planta.

Aun manteniendo el tono conciliador, y exento de una voluntad de confrontación con las autoridades autonómicas valencianas, que, desde la Conselleria de Territorio, han amenazado con paralizar la obra, el presidente de Acuamed, Adrián Baltanás, aseguró que la desalinizadora cuenta con la preceptiva declaración de impacto ambiental, al señalar: «Tenemos la tranquilidad de que se ha cumplido con toda la tramitación ambiental de acuerdo con la ley, como no podía ser menos».

Aseguró que la citada declaración de impacto ambiental, realizada por la Dirección General de Prevención de la Contaminación y Cambio Climático, «dice que no hay ningún impacto significativo que pueda causar esta infraestructura sobre ningún ecosistema».

En cualquier caso, el director de Acuamed afirmó: «Estamos a disposición de la Generalitat desde la máxima colaboración institucional, para, si falta algún tipo de documento o alguna información, facilitárselo».

Como parece que las dudas parten de la Generalitat, porque, según señaló el conseller de Territorio, Esteban González Pons, no se había hecho declaración de impacto ambiental tras la ampliación del proyecto, Baltanás aseguró que el primer informe ya contemplaba, a la hora de estudiar el impacto, la posibilidad de una ampliación, por lo que se incluyó en ese estudio.

Baltanás indicó que «en la información aparecida en los medios de comunicación se decía que se nos había solicitado alguna documentación, pero ayer no había llegado esa solicitud a Acuamed». El director general de la sociedad de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo descartó que las tensiones puedan llevar el asunto a la Fiscalía por parte del Consell, y reiteró su voluntad de brindar todas las informaciones que soliciten. Además, atribuyó a la época preelectoral las declaraciones que se han hecho en la localidad sobre la desalinizadora, al asegurar que «el Ayuntamiento cuenta con toda la información desde el primer momento, y dispone del proyecto desde hace meses».

La desalinizadora, definida como «la más grande de Europa», producirá 80 hectómetros cúbicos anuales, que se obtendrán con una producción diaria de 240.000 metros cúbicos. Con ellos se abastecerá a los usuarios del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura con 40 hectómetros anuales, y los otros 40 se destinaran al Taibilla para abastecer a 450.000 personas.

El presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, afirmó que en la cabecera del Tajo «había agua suficiente para haber aprobado un envío» para regar los cultivos en los próximos tres meses y criticó que el argumento de la Comisión para no aprobar un envío al regadío haya sido asegurar agua suficiente de cara al verano para el abastecimiento humano. Además, señaló que el Gobierno «debería indemnizar» económicamente a los agricultores y regantes del Segura por el daño que la falta de agua supone para los cultivos y el arbolado, y confió en que al menos se apruebe la exención de la tarifa del trasvase.

Agricultores

Por su parte, la organización agraria Asaja-Murcia calificó de «intolerable» que la Comisión Central de Explotación no haya aprobado en Madrid un desembalse para riego que, según su secretario general, Alfonso Gálvez, «no era un capricho sino una verdadera necesidad». Gálvez dijo además que «Nos parece increíble que no se haya tenido en cuenta la petición de los regantes, porque parece como si el Gobierno central quisiera secarnos para acabar con nuestra agricultura y, desde luego, eso no lo podemos consentir», afirmó.

Proexport

Desde el colectivo de exportadores, el presidente de Proexport, Miguel Durán, aseguró que la decisión de la Comisión no le «sorprendía para nada porque nos someten al mismo castigo una y otra vez». Durán indicó que no «había excusa» para denegar ese desembalse y dijo que, con esta decisión, «va a ser muy difícil mantener el arbolado de la Región», por lo que espera que «se ponga cordura a todo este asunto». Además, el presidente de Proexport volvió a demostrar su absoluto apoyo a Del Amor «para que adopte las decisiones más positivas desde el Comité de Crisis».