La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha considera que la nueva Ley de Tasas, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y que será tramitada por las Cortes regionales en breve, generará nuevos gastos para los sectores agrícola y ganadero de la región.

Según la organización agraria, esta modificación no tiene más que un afán recaudatorio ya que incrementa algunas de las tasas que ya existían pero además, crea nuevas tasas lo que aumentará el gravamen de ciertas actividades de ganaderos y agricultores. En algunos casos donde ya existían tasas lo que se hace es incrementar el gravamen de las mismas, como ocurre en la prestación de servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes en materia de agricultura: análisis de tierra, agua, fertilizantes, material vegetal, etc.Así, UPA-CLM denuncia la creación de nuevas tasas por expedición de documentación y certificados como guías de origen y sanidad animal o certificado oficial de movimiento y tramitación de peticiones de elementos de identificación animal (crotales, identificación electrónica).También aquellas que se soliciten para homologación de cursos y emisión y renovación de certificados o diplomas de capacitación en materia de bienestar animal así como nuevas tasas por autorizaciones y registros de empresas de alimentación animal, explotaciones ganaderas, etc.Finalmente, se crean también nuevas tasas por prestación de servicios de diagnóstico, análisis y dictámenes en materia de ganadería.Según UPA-CLM “nos preocupa especialmente las nuevas tasas que se crean para el sector ganadero, un sector que está atravesando un momento complicado y que en vez de ayudarle, se le generan más gastos”.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (Fava) envió ayer un escrito a la alcaldesa -que también entregó en los tres grupos municipales- en el que pide a Carmen Bayod que medie para evitar que los regantes de Los Llanos tengan que hacer frente a los pagos que le exige la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En este escrito, que fue facilitado ayer a los medios de comunicación por el concejal socialista Ramón Sotos, la Fava asegura haber recibido muchas quejas de los vecinos de las pedanías de El Salobral, Santa Ana y Los Anguijes y de la entidad local menor de Aguas Nuevas, sobre el coste que les va a suponer las obras realizadas por la CHJ para mejorar la toma de agua del trasvase.

En opinión de la Federación de Vecinos, el montante total del precio de las obras reseñadas no debe recaer sobre estos pequeños y medianos agricultores de Los Llanos de Albacete, «ya que fue una inversión de la administración pública sin coste alguno». En los mismos términos se pronunció ayer el exconcejal de Medio Ambiente, Ramón Sotos, quien instó a la alcaldesa Carmen Bayod a que haga las gestiones oportunas ante las presidentas de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, y de la CHJ, María Ángeles Ureña, para evitar que 1.200 familias de esta ciudad tengan que pagar 2,2 millones de euros los próximos 25 años, lo que supondría una amortización anual de más de 87.000 euros.

Obras sin coste

Sotos recordó las obras de mejora de regadíos que promovió la Junta de Comunidades en Los Llanos de Albacete a finales de 2005, que culminaron con una segunda actuación para solucionar las dificultades de la toma de aguas del trasvase Tajo-Segura, obras que supusieron una inversión de 2,2 millones de euros.

«En todo momento -rememoraba el concejal socialista-, la Confederación, la Junta y el Ayuntamiento fueron conscientes de que los usuarios, todos ellos pequeños regantes, solicitaban esas obras sin coste alguno para ellos, por entender que eran complementarias de las que en su día había realizado la Junta, lo que siempre fue conocido y aceptado por todas las administraciones».

Ahora, según publicó el BOP el pasado 10 de octubre, los regantes tendrán que abonar tarifas por importe de 87.303,33 euros anuales durante más de veinte años para amortizar el total de la obra.

Indignación

Ramón Sotos mostró ayer más que indignado porque desde el grupo municipal del PP «todavía no han tenido tiempo de estudiar el problema», a pesar de que «tienen 16 concejales y la mayoría absoluta en la Diputación y en la Junta». Recriminó a Carmen Bayod, Francisco Núñez y Dolores Cospedal que no hayan «tenido a bien» dirigirse a los regantes «que están bastante angustiados» ni preguntarles a la CHJ por esta decisión.

Por este motivo, el edil Ramón Sotos anunció que en el próximo pleno presentará una moción para que la Corporación se pronuncie.

Respecto a las últimas inundaciones en el Hondo de la Morena, el concejal socialista criticó que el responsable de Urbanismo, Francisco Javier Díaz de Prado, afirmara que el plan de avenidas elaborado por la CHJ solo recogiera la procedencia de las aguas, cuando en realidad «también aporta soluciones» entre ellas, «las mismas balsas de laminación de las que habló el edil popular».

La Consejería de Agricultura detalla que los controles sobre el terreno, que afectan como máximo a un 5% de las solicitudes dependiendo de la línea de ayuda, pueden ser «aleatorios, de riesgo o dirigidos».

Este tipo de comprobación es, junto con el control administrativo (que se hace al 100% de las peticiones), la que permite evitar fraudes o irregularidades en el cobro de ayudas de la PAC. Asimismo, la Consejería recuerda que se efectúa una supervisión «de calidad» con una muestra del 1% de entre los controles sobre el terreno ya realizados. Al margen de todo ello, fuentes de la Consejería explicaron que Hacienda les realiza auditorías.

En la provincia de Albacete, las ayudas de pago único correspondientes al último ejercicio cerrado, 2011, ascendieron a 104,4 millones de euros. Esta cantidad supone un 16,7% respecto al total de Castilla-La Mancha, que fue de 622,9 millones de euros.

El conjunto de ayudas directas que se pagaron en la provincia albaceteña en 2011 alcanzó la cifra de 118,6 millones de euros, mientras que a nivel regional se abonaron 701,2 millones de euros por este concepto.

No todas las ayudas de la PAC que se dan tienen como beneficiarios a agricultores a título principal.

Los cultivos de la zona de El Hondo amanecieron el lunes con sobresalto. Durante la noche anterior fueron robadas las cabezas de más de 600 aspersores del sistema de regadío a lo largo y ancho de 39 hectáreas. Uno de los afectados fue José Cifuentes, que explicaba que su plantación de ajo no puede estar sin riego porque perdería toda la cosecha. Dos terceras partes de sus casi 20 hectáreas de cultivo se vieron afectadas por el robo.

Las piezas son de latón y los agricultores piensan que los ladrones las quieren para extraer el cobre que contienen, un material alrededor del cual se ha creado un auténtico mercado negro. El caso es que el robo y el estado del sistema obliga a la reposición completa de los aspersores con lo que el daño, sólo en este terreno, podría superar los 30.000 euros. Las lluvias del pasado fin de semana dan algo de margen, porque han empapado la tierra, pero en el plazo de una semana debería estar el sistema de riego reemplazado para no tener mayores pérdidas. Los propietarios del cultivo creen que al menos cinco personas han tenido que intervenir en esta acción delictiva

Ayer quedó constituida oficialmente la Comisión Regional de Cambio Climático, presidida por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que será el órgano consultivo y de coordinación en esta materia en Castilla-La Mancha, y cuyo fin es lograr una gestión eficaz y una coordinación adecuada de las políticas medioambientales.
Para Soriano, la puesta en marcha de esta comisión -que celebró en Toledo su primera reunión- permitirá «impulsar las actuaciones de lucha contra el cambio climático, lo que evidencia la decidida apuesta del Gobierno regional por el cuidado del entorno».
La titular de Agricultura aseguró que «actuar contra el cambio climático supone proteger la riqueza paisajística y medioambiental de una región cuya superficie forestal supone el 45 por ciento de su territorio, que cuenta con 1,8 millones de hectáreas dentro de la Red Natura 2000 y posee un importante patrimonio de flora y fauna que debemos salvaguardar».
Este organismo, que sustituye a la anterior Comisión Regional de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, cuenta con representantes de todas las consejerías del Gobierno regional, que trabajarán juntas para impulsar políticas de acción, que se centrarán en dos ejes: mitigación y adaptación.
El primer eje, el de mitigación, se marca dos objetivos estratégicos, como son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con el horizonte 2020 y el incremento del efecto sumidero. Por su parte, el segundo eje, el de adaptación, se centra en minimizar los impactos y reducir vulnerabilidades de cara al futuro.

Publicidad

23-10-2012 / 15:11 h EFE

Los embalses de la cuenca del Júcar se encuentra al 36,5% de su capacidad, dos décimas más que la semana pasada, mientras que los del Segura está al 39,9%, dos décimas menos.

En España, la reserva hidráulica se encuentra al 45,6 por ciento de su capacidad total, con 25.252 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que representa una disminución de 475 hectómetros cúbicos, un 0,9 por ciento más que la semana anterior.

Las cuencas con menor porcentaje de agua embalsada son las del Duero, 36,4%; Júcar, 36,5%; Ebro, 38,6%; Tajo, 39,3%; y Segura, 39,9%.

Según ha informado hoy el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado, las mayores lluvias se han producido en San Sebastián con 114 litros por metro cuadrado.

El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:

Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada

—— ——— —————- —————

.Galicia Costa 684 364 53,2 %

.Miño Sil 3.030 1.372 45,3 %

.Cantábrico 633 378 59,6 %

.CCI P. Vasco 21 13 61,9 %

.Duero 7.507 2.732 36,4 %

.Tajo 11.012 4.234 39,3 %

.Guadiana 8.635 5.016 58,1 %

.C.Atl.And. 1.878 636 63,0 %

.Guadalquivir 8.101 4.282 52,9 %

.C.Medit.And. 1.177 636 54,0 %

.Segura 1.141 455 39,9 %

.Júcar 3.336 1.218 36,5 %

.Ebro 7.507 2.896 38,6 %

.Cataluña 736 382 51,9 %

.TOTAL 55.398 25.252 45,6 %.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha considerado que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, tiene voluntad de resolver «de una vez por todas» el problema del agua en España.

   En una entrevista concedida a ‘Onda Regional’, Cerdá ha destacado que el ámbito del agua es un aspecto en el que «tenemos que colaborar todos», y ha insistido en que el agua es un recurso que «tiene que ser gestionado por el Gobierno central, porque es un recurso de todos».

   Así, destaca que «nadie se puede apropiar de ríos, que son del Estado y, por lo tanto, lo tiene que gestionar con la voluntad del ministro».

   A este respecto, ha manifestado que lo primero es «terminar los planes de cuenca que tenían que haber estado terminados en 2009». Así, el ministro ha dicho que tienen que estar terminados antes del 31 de diciembre de 2013.

   «Ahora mismo se está trabajando de una manera silenciosa, pero primero hay que aprobar los planes de cuenca, el del Tajo, el del Júcar y el del Segura», ha añadido Cerdá.

   «Una vez que se haya planificado y conozcamos realmente cuáles son los recursos, cuáles son las demandas y cómo ha variado todo esto respecto al anterior Plan Hidrológico Nacional (PHN), lo que hay que hacer es actualizarlo y ver cómo han variado los recursos y las demandas para ajustarlos», ha añadido.

  La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobará y enviará previsiblemente este miércoles al Senado el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, dada la mayoría absoluta del PP en el arco parlamentario, que entre otros aspectos centraliza las competencias hidráulicas en materia sancionadora, así como regular las aguas subterráneas.

   Fue a finales de abril cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, ante «el desorden legal» existente en la normativa española. Ya en mayo, el Grupo ‘Popular’ en el Congreso accedió a tramitar la norma como proyecto de ley, para poder incluir las aportaciones y «mejoras» de los grupos parlamentarios en el texto del Gobierno.

   Entre otros puntos, esta ley modificará cuatro leyes vigentes: la Ley de Aguas; la de Patrimonio Natural y la Biodiversidad; de Residuos y suelos contaminados; así como la Ley del Mercado de Valores.

   En materia de Aguas, el Estado recupera la competencia sancionadora (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.

   En prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, y sin perjuicio de las decisiones que en este contexto deban tomarse, la presente ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca.

   Además, con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, en línea con directivas europeas, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas para «reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como una mayor flexibilidad para gestionar disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

   Igualmente, esta ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.

   Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la recuperación de acuíferos.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

   En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de protección que rigen sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios «tengan claras» las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

   En materia de residuos, cambia el sistema de notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos, señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas.

   Referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), se precisa el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones».

SUBASTAS DE DERECHOS DE EMISIÓN

   Finalmente, esta ley incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores, de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia, cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explica la norma.

   Según los cálculos del Gobierno recogidos en la memoria aneja al decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, España podría ingresar de 1.010 a 1.515 millones de euros anuales por participar en las subastas mundiales de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

   Es más, especifica que tales modificaciones consisten en someter al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la competencia sancionadora en la materia.

   A modo global, el Ejecutivo detalla que, desde el punto de vista de los Presupuestos, el decreto en sí implica un ingreso y a la vez una reducción de las cargas administrativas. «No suponen un incremento de gastos y sí se espera una aportación de beneficios directos, si bien no es posible cuantificar los mismos», puntualiza.