Con esta estrategia se pretende dar continuidad al esfuerzo realizado para mejorar la gestión del agua y promover la sostenibilidad del regadío, iniciado con el Plan de Choque de Modernización de Regadíos 2006-2008. Precisamente una de las obras realizadas en el marco de este Plan de Choque ha sido el canal de Villalaco, inaugurado hoy por Marta Moren, en las que el Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Medio Marino ha invertido 16’2 millones de euros. Las obras realizadas a lo largo de 33 kilómetros de canal supondrán un ahorro estimado de 25 hectómetros cúbicos de agua al año y mejoraran el riego de las 4.075 hectáreas en los términos municipales de Villalaco, Cordovilla la Real, Villamediana, Magaz de Pisuerga, Villamuriel de Cerrato y Baños de Cerrato, en la provincia de Palencia. Un hito muy importante para esta zona de la comarca cerrateña y una de las cinco actuaciones que se incluían en el Plan de Choque de Modernización de los Regadíos en Castilla y León, ha manifestado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato. Un plan que, según la directora general del Agua, está casi finalizado porque se han ido cumpliendo todas las etapas marcadas, y que dará paso ahora a la nueva estrategia marcada por el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas y los regantes. «Hay que seguir invirtiendo en la modernización de los regadíos y ser conscientes de su importancia en el desarrollo económico del país», ha manifestado Moren. La Estrategia supondrá un nuevo impulso a la modernización de los regadíos «imprescindible y vital» en comunidades como Castilla y León, con la que además se pretende fomentar el empleo en el medio rural e impulsar un nuevo enfoque en la gestión del agua, basado en el ahorro y las energías alternativas, ha añadido. Para ello ha solicitado el compromiso de todas las administraciones y su implicación económica en esta nueva apuesta cuyo objetivo final es «mejorar la calidad de vida del medio rural». Ha precisado que una vez finalizada la tramitación ambiental de esta estrategia y el periodo de alegaciones, es muy posible que sea una realidad a finales de 2010 o a principios de 2011, ha avanzado. De esta forma en los primeros meses de 2011 podría estar aprobado el Real Decreto, de forma que la Estrategia esté lista para llevarse a cabo, ha agregado. Un plan que tendrá el horizonte en 2015 y que contempla actuaciones en el canal de Los Payuelos (León) y en la Armunia (Salamanca), entre otras. De hecho, «Castilla y León puede que sea la comunidad autónoma en la que más se va a invertir», ha subrayado Moren. Durante la inauguración de las obras de modernización del Canal de Villalaco, el presidente de la Comunidad de Regantes, Jesús de Miguel Bravo, ha solicitado a la representante del Ministerio que se prorrogue todo lo posible el pago de la amortización de las obras y de las tasas que corresponden a los regantes. Al respecto Moré ha asegurado que se pueden estudiar formulas de pago que beneficien a todas las partes pero ha recordado que el pago de estas tarifas es una obligación legal a la que tendrán que hacer frente los regantes.

Bajo el lema “El futuro es nuestro”, UPA Joven se presenta los días 4 y 5 de noviembre en Ciudad Real, en unas jornadas que contarán con la presencia de Lorenzo Ramos, secretario general de UPA; Gabriel Alconchel, director general del INJUVE; Sergio Gutiérrez, secretario general de las Juventudes Socialistas y eurodiputado del Grupo Socialista y Javier Gallego, director general del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, entre otros.

UPA Joven pretende asegurar el relevo generacional y la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería familiar en España. Para ello, “es fundamental que los jóvenes agricultores y ganaderos, y las jóvenes agricultoras y ganaderas, unamos nuestra fuerza, nos organicemos para defender nuestro derecho a trabajar en el campo y vivir dignamente de nuestro esfuerzo”, afirman desde la organización.
UPA Joven pretende constituirse en plataforma de interlocución de la gente joven que desarrolla su profesión en el mundo rural. “Queremos ampliar el abanico del espectro social que representa la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, para que canalice también las reivindicaciones de los jóvenes que viven y trabajan en el mundo rural”, explica Ricardo Bayo, presidente de UPA Joven.

La organización propone y exige un mayor apoyo a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, otorgándoles mayor prioridad en todas las políticas de ayuda al sector, con ayudas directas, préstamos a bajo interés o exenciones de impuestos.
UPA Joven apostará también por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta habitual de los más jóvenes en su vida personal y profesional. En este sentido, en breve pondrá en marcha la página web upajoven.es

Ricardo Bayo, presidente de UPA Joven, nació en Valencia en 1980. Tras cursar estudios de enología, en la actualidad gestiona una explotación de cítricos en la serranía del Turia. Bayo se afilió a UPA con 22 años, y en 2006 fue elegido secretario de Organización de UPA País Valenciano. Forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal de UPA desde el 7º Congreso de la organización, celebrado en diciembre de 2009.

Los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento de agua del 61 por ciento más que la media del año pasado y un 121,4 por ciento más que la media de los últimos 10 años, según ha informado este jueves la Delegación de Gobierno en un comunicado.

El agua embalsada en el conjunto de España en la actualidad se ha incrementado un 42,3 por ciento sobre la media de los últimos 10 años, lo que supone un aumento significativamente inferior al experimentado en la cuenca del Júcar en la última década.

Actualmente, la cuenca del Júcar dispone de unas reservas de 1.594 hectómetros cúbicos (20 menos que la semana anterior), cifra equivalente a un 47,8 por ciento total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico, con un incremento de 604 hectómetros cúbicos respecto al año anterior.

Asimismo, el dicha cuenca el año pasado por estas fechas había un 29,7 por ciento, mientras que ahora hay un 47,8 por ciento, es decir, 18,1 puntos porcentuales más que el año pasado. La reserva de agua ha aumentado en 26,2 puntos más que la media de los últimos 10 años.

Según las organizaciones agrarias, sólo en Albacete se han presentado 30 expedientes que suman 90 millones de euros, cuando el presupuesto para toda la comunidad es de sólo 100

 La última orden de reconversión del viñedo podría morir de éxito, ya que la respuesta de los viticultores al programa ha desbordado todas las previsiones de la Junta de Comunidades, según reconocía ayer el director general de Producción Agropecuaria, Francisco Martínez.
En declaraciones a La Tribuna de Albacete, Martínez admitió que, en estos momentos, los agricultores de toda Castilla-La Mancha han presentado solicitudes de reconversión equivalentes a 70.000 hectáreas, cuando la previsión de la Administración regional era la de haber llegado, como máximo, a las 30.000 hectáreas.
Para hacerse una idea, sirva como ejemplo que, según las cifras de la Junta y de las organizaciones agrarias, Asaja y UPA, sólo en Albacete, se han aprobado 26 expedientes, cuyo montante económico asciende a 90 millones de euros. La partida presupuestaria, para toda la región, es de 100.
El problema, según el director general, se encuentra en un pequeño, pero importante, cambio en la normativa. «Hasta ahora, podíamos prorratear las solicitudes pero, este año, con la normativa de la nueva OCM, había que aprobarlas o denegarlas de una, en bloque», lo que ha creado un problema de dimensiones imprevistas.
Prorratear significa, en este caso, que si había un aluvión de solicitudes, éstas se podían escalonar, de forma que, si no podían aprobarse un año, podían pasarse al siguiente. «Pero esta vez no ha sido así -señaló- y, como el agricultor estaba acostumbrado a que, al poco de aprobarse, se paga, nos hemos encontrado con que todos y cada uno de los viticultores que hay detrás de estas 70.000 hectáreas esperan que les paguen ya».
Dicho de otra forma y, aunque suene paradójico, que la diligencia de la Administración regional a la hora de hacer los pagos ha jugado en su contra. Pues, «aunque en esta orden, y en todas las anteriores, pone que se paga en función de la disponibilidad presupuestaria», lo cierto es que, por primera vez, hay que implantar un sistema de prioridades a la hora de realizar los pagos.
«Por poner un ejemplo, en 2009 y 2010 aún hemos estado pagando planes de reconversión que corresponden a la orden de 2001 -indicó- porque, en esa ocasión, se pudo escalonar la tramitación y aprobación de los expedientes, pero el problema es que ahora no».    

La Confederación Hidrográfica del Júcar le acaba de reclamar, sólo para este ejercicio del 2001 más de 400.000 euros a una decena de ayuntamientos de la provincia de Albacete, en concepto de diferentes obras relacionadas con el abastecimiento o la depuración de las aguas.
De esta cifra, dos terceras partes corresponden a sólo tres ayuntamientos, que son, por orden de cantidad, el Ayuntamiento de Albacete -139.000 euros por obras destinadas a la ciudad, más otros 16.000 por obras para la pedanía de Tinajeros- el de Peñas de San Pedro -99.360 euros por obras de conexión a la Estación de Tratamiento de Albacete- y el de Pozohondo -99.242 euros por obras similares de conexión.
Los otros ayuntamientos a los que la Confederación del Júcar les reclama el pago de diversas cantidades, pero de una cuantía sensiblemente menor, son los de Alcalá del Júcar, Chinchilla, Casas de Juan Núñez, Cenizate, Bonete y Valdegana. Las cantidades oscilan entre los 9.000 y los 16.000 euros.
El mayor problema, no sólo por la cuantía, sino por la escasa disponibilidad presupuestaria para hacer frente a estos pagos, lo tienen dos municipios, que son Pozohondo y Peñas de San Pedro, por motivos que explicaba el alcalde peñero, Antonio Serrano.
«Desde el año 2008, la Confederación nos reclama cada año cantidades que rondan los 100.000 euros anuales por unas obras que no pedimos», recuerda Serrano, «y, desde 2008, hemos recurrido estas cantidades, simplemente porque no podemos pagarlas; somos ayuntamientos pequeños, no como Albacete, y pagar una sola de estas facturas nbos abocaría a la bancarrota».
Hace dos años, los alcaldes de Peñas, Pozohondo y Alcadozo se encontraron con una desgradable sorpresa. Debían pagar, por espacio de 25 años, el 100% del coste de una serie de obras de emergencia que creían gratuítas, y que habían sido pactadas entre la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente.
«Desde entonces, hemos venido negociando, con la mediación y el apoyo de la Junta y de la Diputación de Albacete, para hacerle ver al Gobierno de la nación que no podemos pagar -señaló- y, aunque desde la Confederación se nos dan muy buenas palabras y se nos brinda toda la comprensión del mundo, todos los años, por estas fechas, una factura más, y ya van unas cuantas».
Por este motivo, el alcalde de Peñas que, en su calidad de portavoz del PP en la Diputación, ha ejercido como voz de los tres ayuntamientos más perjudicados por este problema, se decía ayer «muy harto, muy cansado» de tener que ver a la misma gente, para que le digan las mismas cosas y, al final, le pasen al cobro la misma facttura que, al igual que en años anteriores, recurre.
«Esto sólo lo arregla el Consejo de Ministros -afirmó- sea a través de una exención o una moratoria, pero es que, se pongan como se pongan, no podemos pagar».    

El éxito cosechado por el II Encuentro Hispano-Luso de Agricultura Ecológica, que acogió el Palacio de Congresos, ha convertido a la provincia de Albacete en un referente internacional para el sector.
Este foro, que congregó a más de 500 profesionales del sector procedentes de toda la Península Ibérica, que analizaron los retos y oportunidades de la producción ecológica, estuvo organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; la Diputación Provincial de Albacete; el Ayuntamiento; y la Asociación CAAE.
Actualmente, se está elaborando la Declaración de Albacete, a partir de las conclusiones del encuentro, que plasmará las necesidades del sector ecológico, y en la que se recogen las opiniones y sugerencias de los agricultores, ganaderos, investigadores y empresarios del sector ecológico, procedentes de 11 comunidades autónomas y de Portugal, que participaron en este evento.
Precisamente, el delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Mompó, señaló en la clausura del Congreso la necesidad de introducir el debate sobre la producción ecológica en la sociedad, ya que el sector ofrece un importante valor añadido que debe ser reconocido. Reflexión que coincide con los objetivos sobre los que se está articulando la Declaración de Albacete.
Asimismo, el presidente de la Asociación CAAE, Francisco Casero, durante la inauguración del Foro, subrayó que «la provincia de Albacete ha apostado por la producción ecológica y quiere ser un referente». No en vano, Castilla-La Mancha es la segunda Región en superficie ecológica certificada (un 15% del total nacional), tras Andalucía, y Albacete es la provincia más significativa tanto en operadores como en número de hectáreas dedicadas a estas producciones. El programa del encuentro contó con las intervenciones de medio centenar de ponentes expertos en producción ecológica que abordaron los principales retos del sector.    

Asaja Ciudad Real pidió ayer públicamente que parte de los impuestos que pagan los agricultores se destinen a servicios de seguridad privados para vigilar el campo ante la oleada de robos e inseguridad que se vive los últimos días.

Desde la organización agraria solicitaron que se destine parte de la recaudación de los impuestos que pagan los agricultores, como el IBI rústico, a sufragar servicios y métodos privados de vigilancia en fincas y explotaciones del campo.

Desde la Organización, su secretario general, Florencio Rodríguez, afirmó que resulta lógico que la Administración se haga cargo del coste de unos servicios que los agricultores y ganaderos se están viendo obligados a contratar al no prestarlos los ayuntamientos ni los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Rodríguez explicó que sencillamente se pide una compensación por el gasto de un servicio que debería ofrecer el Estado, pero que por falta de medios y de efectivos ha dejado de prestar».

«No es lógico que paguemos impuestos y no recibamos un servicio que antes se prestaba», apuntó el dirigente de Asaja.

Pagado

Para Rodríguez, el servicio de vigilancia debe ser sufragado por la Administración, que es la que recauda los impuestos y la que está obligada a prestar en condiciones un servicio básico de todo ciudadano, como es la seguridad. Agricultores y ganaderos, comentó Rodríguez, están dispuestos a seguir pagando este impuesto pero demandan que la parte correspondiente del tributo se destine a la contratación de los servicios de seguridad de empresas privadas.

Según un estudio elaborado por la empresa Seguridad CV para Asociación de Jóvenes Agricultores (asaja) de Ciudad Real, este coste se estima entre uno y dos euros mensuales por hectárea, dependiendo de las características de cada explotación (extensión, secano, regadío, bienes incluidos, naves, etcétera).

Además, desde la organización agraria, dijo Florencio Rodríguez, «se van a solicitar subvenciones y ayudas para la instalación de diversos sistemas electrónicos de vigilancia incorporados en los sistemas de riego, para su protección».

Asaja lleva mucho tiempo demandando más vigilancia en las zonas rurales, pero la situación está empeorando y los robos se han convertido en algo habitual en el campo, generando una gran inseguridad.

Recientemente, la organización reclamó al Ministerio del Interior más efectivos y medios destinados a mantener la seguridad en el campo porque está viviendo ya una situación «insostenible», con continuos robos en casas de campo, fincas y explotaciones agropecuarias.

A nivel nacional Asaja solicitó reiteradamente un endurecimiento del Código Penal, una mayor presencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas rurales y un mayor control administrativo y policial de quienes compran los objetos o efectos sustraídos

El acuífero de la Mancha Oriental , del que ha dependido históricamente el caudal del río Júcar, se ha recuperado en unos cinco metros durante el último año debido a las abundantes lluvias, a los desembalses de aguas superficiales realizados desde Alarcón y a la gestión de los regantes de Albacete, según se puso de manifiesto en la última asamblea celebrada por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo).
La asamblea acordó las normas de gestión para 2011 en las que no se preven restricciones. Según el documento remitido a la asamblea, el estado actual de las reservas de agua del Sistema Júcar se considera «suficiente para asegurar el abastecimiento a población con aguas de procedencia superficial, así como el desembalse necesario para mantener un caudal ambiental adecuado en el río Júcar».
En declaraciones a la prensa en Albacete, el presidente de la Jcrmo, Francisco Belmonte aseguraba que las lluvias y las nieves de todo el año hidrológico han permitido que se registre un superávit de agua en los acuíferos de 230 hectómetros cúbicos ya que los regantes han consumido en torno a 220 y las recargas han alcanzado los 450.
«Hemos tenido una recarga de los acuíferos de cinco metros y medio, y nunca habíamos visto una subida de los niveles así», reconoció Belmonte, que atribuyó también a la «buena gestión» de los regantes la evolución experimentada por el acuífero.
Pese a la bonanza hídrica, Belmonte subrayó que los precios de la energía y de los productos «no animan» al agricultor a plantar. La cuota de potencia de los pozos se ha disparado un 600% en apenas tres años, lo que ha provocado un descenso en las extracciones e indirectamente una mejoría en la situación del acuífero.

Central eléctrica
Por otra parte, la Cooperativa Valenciana de Criadores de Ganado de Cerda y Vacuno, Cocerva, ha recibido autorización de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana para rehabilitar una antigua central hidroeléctrica existente en El Saladar, una finca situada junto al río Cabriel en el término municipal de Requena.
Una vez recuperada, la antigua central albergará una turbina tipo Kaplan con una potencia eléctrica de 70 kilovatios.
La central del Saladar es una de las antiguas «fábricas de luz» existentes en el río Cabriel y que fueron abandonadas a mediados del siglo XX conforme se ponían en marcha otras infraestructuras de mayor rentabilidad.
Algunas de las concesiones hidroeléctricas del río Cabriel han caducado y sus derechos corresponden al Estado. Hasta ahora, la administración hidráulica se ha mostrado reacia a conceder nuevas concesiones de minicentrales en el Cabriel debido a los valores medioambientales de este río y al impacto de estas instalaciones.

EN DATOS

376

hectómetros cúbicos anuales se extraen de media del acuífero de la Mancha Oriental para tareas de riego. Hay años en que el volumen total se ha situado en 387, si bien en el último ejercicio contabilizado (2007-2008), baja hasta 301,9.

236

es el límite que pide fijar la Conselleria de Medio Ambiente para no mermar los derechos del resto de usuarios del Júcar.

El pasado 16 de abril, en plena polémica sobre la reserva hídrica prevista por Castilla-La Mancha en su Estatuto de autonomía, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva) aprobó un documento donde, además del rechazo frontal a la iniciativa, reclamaba la declaración de sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental. Aunque en segundo plano, era una forma de reivindicar la solución a un problema que se dilata en el tiempo y que perjudica al río Júcar, y por extensión, a sus regantes.

Como publicó LAS PROVINCIAS, la estimación media del agua que toman los agricultores manchegos a través de pozos se sitúa en 376 hectómetros cúbicos anuales, cuando la normativa vigente establece un tope de 320. Es decir, se extraen una media de 56 hectómetros cúbicos de más. El problema no sólo radica en que se tome más agua de la debida, sino que además, el acuífero sólo es capaz de recuperar, gracias a su ciclo natural, una cantidad mucho menor: 236 hectómetros anuales.

La cifra tiene cierta importancia, ya que la Conselleria de Medio Ambiente se posiciona a favor de limitar a este volumen el caudal dedicado a los regadíos manchegos. «Las extracciones superan los 320 hm3 que establece el plan vigente. Además, si 236 hm3 es la recarga actual, tendría que ser ese valor al que deberían limitarse», tal y como se puede leer en las alegaciones presentadas por la Conselleria al Esquema de Temas Importantes del Júcar, estudio que radiografía los problemas que debe afrontar la Confederación Hidrográfica (CHJ) en el futuro plan de cuenca.

Si se aplicara esta disminución, los regantes castellanomanchegos verían reducido su caudal de riego en 140 hectómetros cúbicos, un 37% menos que lo extraído de media en los últimos años.

Sin embargo, fijar un nuevo límite de extracciones no está en la agenda de la Confederación, que al fin y al cabo, también debe velar por lo derechos de los regantes de la Mancha Oriental al estar incluidos en su ámbito geográfico. Por eso, sólo propone ‘cerrar el grifo’ en épocas de sequía, y se decanta por obras de modernización de regadíos, sustitución de bombeos y por la aportación de aguas depuradas para reducir la asfixia del acuífero.

A juicio de José María Benlliure, director general del Agua de la Conselleria, si no se limitan las extracciones, sólo se puede acabar con el problema reduciendo los cultivos de la Mancha Oriental, fundamentalmente herbáceos, que superan las 110.000 hectáreas, unas dimensiones que en 1970 se situaban en 5.000. Esta ‘explosión’ se produjo a raíz de la aprobación de un Real Decreto en 1989 que declaraba de interés general la transformación en cultivos, con agua del Júcar, de 69.000 hectáreas de la zona.

Las alegaciones valencianas también piden la redacción de un plan de explotación del acuífero, pendiente desde 1998, así como la instalación obligatoria de contadores. De hecho, advierten de que solicitarán la declaración de acuífero sobreexplotado si no se elabora el citado documento.

Recuperación del acuífero

Esta es, precisamente, la reivindicación que planteó la Federación de Regantes. Así, en cumplimiento de la Ley de Aguas, solicita que la junta de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas «declare que los recursos hidráulicos subterráneos del acuífero de la Mancha Oriental están sobreexplotados, acordando la elaboración de un Plan de Ordenación para la recuperación del acuífero, que deberá ser aprobado en el plazo de dos años».

El problema es medioambiental y jurídico. Al tomarse mucha más agua de la que vuelve a entrar en el acuífero, baja el nivel total, de manera que es el Júcar el que nutre a la masa de agua subterránea, y no al revés. Por lo tanto, la sobreexplotación repercute en el volumen que debería llegar aguas abajo, perjudicando al resto de usuarios del Júcar, que además, tienen derechos prioritario sobre el uso del caudal.

Además, los regantes también pedían, hasta tener listo el plan de recuperación, que se limitaran las extracciones para mejorar la sostenibilidad del acuífero.

La bonanza hidrológica, con los embalses del Júcar alcanzando niveles desconocidos en las últimas décadas, ha dejado en segundo plano las disputas sobre el uso del agua entre los principales usuarios, los regantes. Uno de los problemas que debe solventar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), arrastrado a lo largo de los años, es la regulación de los caudales que se extraen del acuífero de la Mancha Oriental, la enorme masa de agua subterránea de donde beben gran parte de los habitantes de la zona, entre ellos los de Albacete, y sobre todo, de donde se riega mediante pozos una superficie de cultivo que en 40 años ha multiplicado 22 veces su superficie.

Los datos que obran en el Esquemas de Temas Importantes del Júcar (ETI), que servirá de base para el futuro plan de cuenca de la demarcación, establecen que las extracciones del acuífero destinadas a regadíos se sitúan en 376,2 hectómetros cúbicos al año, tomando como referencia la serie histórica de los últimos años.

Sin embargo, el plan vigente apunta a un tope máximo de 320, lo que supone una pérdida de hasta 56 hm3 anuales, lo que desenboca en problemas ambientales y jurídicos. Se perjudica a los regantes situados aguas abajo de la masa subterránea, que ven mermado su estatus de usuario prioritario. Y el problema se recrudece ya que se extrae más agua de la que entra en el acuífero por su ciclo natural.

No es una cifra baladí. Por poner un ejemplo, el agua que se toma más allá de la que establece la normativa supone más de la mitad del caudal que llevará el trasvase Júcar- Vinalopó (80 hm3), e incluso supera el volumen de agua que producirá, una vez construida, la segunda desalinizadora más grande de la Comunitat, la de Guardamar.

Necesidad de regulación

Las alegaciones presentadas al ETI por la Conselleria de Medio Ambiente, a través de la dirección general del Agua, advierten de la necesidad de mejorar el control del agua que se ‘desvía’ de la cuenca del Júcar para corregir el déficit.

El problema se acentúa en épocas de sequía, lo que ha producido numerosos encontronazos entre las comunidades de regantes. De ahí la importancia que le da la CHJ de cara al futuro plan de cuenca, el documento marco que regirá la gestión del río en los próximos años. No en vano, tiene la competencia de regular el agua que se extrae para evitar situaciones de «trato de favor», como apuntan las alegaciones presentadas por la Conselleria. El ETI analiza las extracciones realizadas en los últimos años, exactamente en el periodo comprendido entre 2000 y 2008, lo que da una media de 376,2 hectómetros cúbicos anuales, con ejercicios donde se han alcanzado los 387,3, como sucedió en 2000-2001.

La situación «produce una detracción de aportes que debían llegar a los embalses de Alarcón y Contreras», siguiendo con las alegaciones del gobierno autonómico. El déficit genera más complicaciones, como las ambientales, pues puede comprometer el volumen de agua necesario para el mantenimiento medioambiental del Júcar.

Las alegaciones al ETI, firmadas por el director general del Agua, José María Benlliure, apuntan que se debe prestar especial atención en los periodos secos, debido a que los cultivos manchegos requieren una mayor aportación de agua, por lo que se critica que el cálculo realizado se base en consumos medios.

«Esto nos puede llevar a infravalorar de modo importante los volúmenes que se extraen en periodos secos, que son los que resultan más conflictivos para garantizar los caudales ecológicos y las demandas prioritarias aguas abajo», rezan las alegaciones. «No hay justificación alguna para que, siendo esta una zona de mayores extracciones, no se dispongan contadores como se hace en otras unidades sobreexplotadas, como las del Vinalopó», continúa el documento.

Explosión agrícola

Precisamente, el tamaño de los cultivos es otro de los caballos de batalla entre la Confederación y la Conselleria. La primera calcula en sus estudios una superficie de regadíos de 80.000 hectáreas, mientras que los datos que aporta la Conselleria hablan de una extensión de 110.000. Por hacerse una idea, en 1970, apenas alcanzaban las 5.000, según la información incluida en el documento ‘Regímenes natural y artificial del río Júcar’, elaborado por el profesor Antonio Gil Olcina, de la Universitat de Alicante.

Tal explosión agrícola se produjo, siguiendo con la misma fuente, tras la aprobación del Real Decreto 950/1989 del 28 de julio, que declaraba de interés nacional la transformación en regadíos de 69.000 hectáreas de la zona.