En 1991, cuando el socialista Josep Borrell presentó su plan hidrológico -trasvases entre todas las cuencas-, recomendó no hablar de trasvases, sino de transferencias de agua. La palabra ya estaba maldita. Nada ha cambiado. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega negó ayer que el Gobierno central prepare un trasvase del Ebro a Barcelona como solución de emergencia para evitar restricciones en el consumo de agua: «No habrá ningún tipo de trasvase». Lo hizo tras el primer Consejo de Ministros y después de reunirse con el presidente catalán, José Montilla, y la titular de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Espinosa. Ambas presentaron a Montilla la opción del Gobierno de enviar agua del Ebro a Barcelona mediante una tubería paralela a la autopista AP-7 y le garantizaron que el agua llegará a tiempo. La instalación no será desmontada. Montilla logró convencer a ICV de que era un despilfarro eliminar una obra cuyo coste superará ampliamente los 100 millones de euros.

El presidente valenciano anuncia movilizaciones contra el trasvase

«La solución está muy próxima», dijo De la Vega. Se hará oficial hoy en una nueva cita en Barcelona. El Gobierno huye de la palabra trasvase y lo llama «banco público de agua», ya que comprará el agua a dos comunidades de regantes de Tarragona que tienen una concesión de agua del Ebro. El caudal que vierte el río al mar será teóricamente el mismo. Los regantes ya han vendido el agua al Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT): 120 hectómetros cúbicos. De ellos, el CAT consume unos 80. Los que irían a Barcelona son los 40 restantes, así que no hay nueva extracción de agua del río. La fórmula no es nueva: los regantes de Murcia han pagado 5,7 millones de euros a regantes de Madrid por 31 hectómetros cúbicos de agua, lo que recibiría Barcelona en 10 meses con la nueva tubería. Por eso De la Vega declaró: «No hemos optado por el trasvase, sino por lo mismo que en otros territorios».

Esa tubería, los barcos de agua desde Tarragona, Marsella o Almería (opción más cara, pero no contestada) y los pozos recuperados permitirán evitar las restricciones en Barcelona. La medida necesita un decreto ley de intercambio de agua entre cuencas.

El trasvase del Ebro a Barcelona fue considerado por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (PP), «una humillación» para esa comunidad. Camps, que ha mantenido viva la guerra del agua desde la derogación del trasvase del Ebro, anunció manifestaciones para lograr que los excedentes de este río lleguen a su comunidad. «No voy a admitir la humillación que significaría que lo que no se permite para nosotros se permita para otros territorios de España», declaró. Camps prevé reunirse con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el líder del PP andaluz, Javier Arenas, en los próximos días para coordinar actuaciones de protesta contra la decisión del Gobierno. Para ellos, la fórmula elegida es un trasvase del Ebro encubierto.

El derogado plan del PP ya incluía un trasvase del Ebro a Barcelona, pero permanente y mucho mayor. Tras su derogación, Murcia pidió al Gobierno que le dejase construir una tubería desde el Ebro para comprar agua a los regantes de Aragón. Recibió una negativa. El presidente de la gestora de los socialistas valencianos, Joan Lerma, afirmó que la fórmula no supone sacar ni un litro más de agua del Ebro. Lerma recordó que hace dos años el Gobierno socialista actuó de manera similar y compró agua del Júcar a los regantes de Castilla-La Mancha para abastecer el área metropolitana de Valencia a través del canal Júcar-Turia.

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Recuperar y mantener los caudales «verdaderamente ecológicos» del Júcar, y acometer la restauración de las riberas de este río. Son dos de las acciones que habría que llevar a cabo para preservar el río Júcar, a juicio de Miguel Ángel Rubio , coordinador del proyecto Eflus, un exhaustivo estudio sobre este río y sobre Cabriel.

Rubio también hizo hincapié, durante la presentación del estudio ayer en Albacete, en la necesidad de que se produzca una revalorización social del río Júcar. «Durante bastante tiempo la gente de la ribera ha vivido de espaldas al río», señaló Rubio indicando que para muchos el Júcar sólo ha sido un sitio del que «extraer un recurso que se llama agua».

En otros casos, según explicó, el río se ha tomado por una cloaca, ha supuesto una frontera física, o una amenaza en forma de posibles inundaciones. Para el responsable de este proyecto, que se ha llevado a cabo durante dos años y en el que han trabajado miembros del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) y de la Facultad de Humanidades de Cuenca, «se ha de entender que los ríos son algo más, que son un patrimonio fundamental que debe conservarse y protegerse».

Rubio indicó que precisamente en estos momentos la Confederación Hidrográfica del Júcar está elaborando un Plan de Restauración del Júcar que se centra en diversos aspectos. De hecho los autores del trabajo de investigación presentado ayer han puesto a disposición del organismo de cuenca los resultados obtenidos para que sean utilizados en la elaboración del Plan.

Objetivo

En cuanto al objetivo del proyecto Eflus, en palabras del coordinador, con esta iniciativa «se pretende promover modelos de gestión sostenible de todos los espacios ligados a estos dos ríos, modelos que pueden ser extrapolables perfectamente a cualquier río, basándose en el uso racional e todos los componentes del medio físico, biológico y la puesta en valor de los recursos asociados a los ríos».

Gracias a estos trabajos se han podido determinar algunos de los peligros que amenazan al Júcar y al Cabriel. En el caso del primero, Rubio afirmó que han detectado un poco de contaminación en la parte más baja. No obstante, señaló que quizá el gran problema es la ocupación de los espacios hidráulicos por parte de las infraestructuras. En el caso del Cabriel reconoció que éste se encuentra en mejor estado.

El Júcar se seca en la Mancha. Así de claros y rotundos se muestran desde la plataforma Xúquer Viu, quien, ante esta situación, pedirá al Gobierno y al Confederación Hidrográfica del Júcar que se declare oficialmente sobreexplotado al acuífero de la Mancha Oriental.

Además, solicitará, «frente a la grave situación, la suspensión cautelar de los riegos, dependientes del Júcar o de su acuífero, en la Mancha durante esta primavera y verano, destinando el agua exclusivamente para el mantenimiento del caudal del río y el abastecimiento humano».

La plataforma señala que, ahora, la situación «es más grave, porque la sequía es muy aguda y, principalmente, por la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, que antes volcaba sus aguas subterráneas en el Júcar e incrementaba notablemente su caudal».

«Y ahora absorbe como una esponja la poca agua que lleva el río hasta dejarlo completamente exhausto», lamentan desde la plataforma.

Los ecologistas culpan de la situación creada en el Júcar a «la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental durante décadas, lo que ha mermado la capacidad del acuífero hasta términos completamente insostenibles».

Según la plataforma, las consecuencias de esta sobreexplotación «afectan no sólo al tramo medio del Júcar, a su paso por la Mancha, sino al tramo bajo donde, al no llegar el agua que antes aportaba el acuífero, se queda prácticamente sin caudal y pone en peligro el mantenimiento de los regadíos tradicionales de la Ribera».

Por esto, Xúquer Viu pedirá la declaración de sobreexplotación del acuífero, lo que permitirá la elaboración de un Plan de Ordenación para la Recuperación de este acuífero.

Los regantes valencianos del Júcar expresaron ayer su indignación por el intento de sus "compañeros" manchegos de responsabilizarles de la delicada situación por la que atraviesa el río, que llegó a secarse el lunes. Amenazan con pedir formalmente que se declare sobreexplotado el acuífero mientras que Xúquer Viu más allá y pide a la Confederación del Júcar que prohíba regar con los pozos en Alba.

J. Sierra, Valencia
Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), que representa, entre otros, a todos los regantes valencianos del Júcar, emplazó ayer a los representantes de los regantes albaceteños a asumir «su propia responsabilidad» en la desecación del cauce del Júcar y rechazó cualquier intento de culpabilizar a los usuarios valencianos de lo sucedido «si quieren mantener la pax en el Júcar».
Previamente, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte había atribuido el hecho de que el Júcar se secara el pasado lunes en un tramo de 6 kilómetros, entre los términos municipales de Motilleja y Albacete a una «explotación masiva y en un momento concreto»; y responsabilizado de la falta de recursos en Alarcón, que impide liberar más caudales para evitar estos episodios, «al incumplimiento del Plan Hidrológico del Júcar, por parte de los usuarios valencianos, que en 2002 deberían haber modernizado sus regadíos, ajustándose a las asignaciones que en mencionado plan se le daban , y que sin embargo han sobrepasado en mas de 400 hectómetros cúbicos».
Valero de Palma enmarcó las declaraciones de Belmonte en la «territorialización de los problemas del agua» y en «un intento simplista de presentar un esquema en el que ellos son los buenos, mientras que los malos, los que esquilman el Júcar, son los valencianos».
Para Juan Valero de Palma, Belmonte «ha roto la pax del Júcar» con sus declaraciones «y lo único que pueden generar es enfrentamiento o que USUJ pida también que se declare sobreexplotado el acuífero».
El secretario de USUJ retó a confrontar sus datos – parte de ellos están en el gráfico adjunto- con los oficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar y dijo que la «única realidad» es que los regantes valencianos están cumpliendo el Plan Hidrológico del Júcar consumiendo agua muy por debajo de la que tienen asignada mientras en la Mancha se está consumiendo más de la asignada».
Denuncia de Xúquer Viu
Xúquer Viu anunció ayer que «es necesario declarar legalmente sobreexplotado el acuífero manchego y reducir las actuales extracciones a una cuarta parte», por lo que exigirá al Gobierno esta declaración y a la CHJ la suspensión de los riegos en La Mancha para lo que queda de temporada.
«Hay que terminar con la situación actual en la que se extraen más de 400 hectómetros cúbicos para regar cultivos subvencionados por la Unión Europea y que ahora, en plena sequía, todavía reconozcan la extracción de 340 Hm3 mientras las recargas son la mitad de esta cantidad», dijo Paco Sanz, de Xúquer Viu.
El colectivo valenciano se suma también a la iniciativa de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha y denunciará a la Fiscalía la falta de agua en el río Júcar.

La conducción que llevará agua del Ebro hasta Barcelona «no es un trasvase, sino una medida «provisional y reversible, que soluciona un problema de desabastecimiento acuciante de agua» en la capital catalana, aseguró ayer el portavoz socialista de Medio Ambiente en las Corts, Francesc Signes. «Los barceloneses tienen suministro para 20 días y nosotros apoyamos esta medida como lo haríamos si se tratara de Valencia».

Signes destacó que en la capital valenciana esta situación no se había producido porque se ha hecho una buena gestión del agua, y porque se han comprado derechos a los regantes manchegos. «El canal Júcar-Túria ha hecho posible que Valencia nunca haya estado en la situación de desabastecimiento en la que se encuentra ahora Barcelona».

En opinión del parlamentario socialista, «la discriminación a la Comunitat en temas de agua no la ejerce el Gobierno sino la actitud de la Generalitat». Asimismo, indicó que el presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, «ha apostado por el diálogo, ha atendido a los criterios del Gobierno y ha renunciado al trasvase que pedía desde el Segre al Llobregat porque ha constatado que es más rápido y eficaz llegar a acuerdos».

El Gobierno central comprará a Aguas de Tarragona los derechos de agua de los regantes del Ebro que no se utiliza para poder abastecer a Barcelona. «Esto no es un trasvase y demuestra que una adecuada gestión del agua es más eficaz, rápida y segura que estas infraestructuras».

A su juicio, el presidente del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps, y el PP «siguen mintiendo y engañando a los valencianos de forma descarada e intolerable intentado disfrazar de trasvase lo que no es más que la cesión de un agua asignada al regadío para un fin distinto como es el abastecimiento». En este sentido, explicó que esta medida, conocida como bancos del agua, «figura en el programa AGUA del Gobierno».

«Camps denuncia discriminación cuando el Ejecutivo central lleva tiempo haciendo lo mismo que ahora hace en Catalunya para la Comunitat», aseguró el dirigente socialista.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (Fava) reclamó ayer que el agua de subterránea de los pozos se destine a la agricultura y la superficial procedente del río Júcar sea para beber, mientras se construye la planta de ósmosis inversa, «para garantizar una mayor calidad del agua destinada a consumo humano».

Así lo aprobó ayer la asamblea celebrada por el movimiento vecinal que consideró que debe ser prioritario el abastecimiento humano a la agricultura. El presidente de la Fava, Francisco Hurtado, admitió que los vecinos «están preocupados» por la calidad del agua de los pozos «y nos preocupa que el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta no tomen medidas en ese sentido». «Queremos que la poca agua que tenga el río se destine a consumo humano» reivindicó el máximo dirigente del movimiento vecinal que incluso reclamó que «se riegue menos en la parte alta del río» y abogó por un cambio de cultivo hacia productos que requieran de un menor consumo de agua.

La asamblea de la Fava también sirvió para aprobar otras dos mociones presentadas por la Asociación de Vecinos de Fátima, para solicitar que el Conservatorio Superior de Música se instale en la ciudad de Albacete (una vieja reivindicación) y para que se abra un nuevo puesto de Urgencias en el Hospital Perpetuo Socorro. En este sentido, Hurtado consideró positivo el traslado de las Urgencias de Atención Primaria desde Pedro Coca al centro de Salud del barrio Cañicas, aunque abogó porque la ciudad tenga un nuevo punto de atención de las Urgencias extrahospitalarias «para desahogar la situación del Hospital».

Priorizar las demandas

Hurtado también valoró la disposición de la nueva alcaldesa, Carmen Oliver, para trabajar por los barrios, «porque vamos a empezar a trabajar con presupuestos encima de la mesa para atender las necesidades más imperiosas que tengamos». El máximo responsable del movimiento vecinal explicó que la Federación está trabajando en la elaboración de un documento que recoja también de manera gráfica, las necesidades que tenga la ciudad y que será analizado por una comisión que se creará por el Ayuntamiento y con la participación de los vecinos para priorizar las demandas de cada uno de los barrios.

En este sentido, se mostró preocupado por la situación del barrio Cañicas que consideró «inhumana» la situación en la que se encuentra y criticó que «a los plenos se lleven peticiones de barrio independientes y se dejen atrás otras necesidades más urgentes». Así, consideró prioritario que se acometa el asfaltado de un gran número de calles para que pueda llevarse a cabo la señalización vertical «porque mientras se sigan abriendo calles para meter nuevos servicios no se puede acometer».

La Fava aprobó también ayer el presupuesto del 2008 que ascenderá a 190.000 euros y estudiará, a través de una comisión, la integración en la asociación que se ha creado del Foro de la Participación.

El 30 de noviembre de 2004, Medio Ambiente llevó al Consejo Nacional del Agua su propuesta de crear un impuesto sobre el agua para reducir el despilfarro. La medida estaba pactada con Agricultura, pero ya en la puerta, el representante de este último ministerio, Francisco Amarillo, se volvió hacia el de Medio Ambiente, Jaime Palop, y le anunció que iba a votar en contra del proyecto de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Fue el primer gran choque entre los dos ministerios, que han convivido porque no tenían otro remedio. Mientras uno hablaba de reducir el consumo de agua, el otro fomentaba el regadío; si Narbona pedía contención en las cuotas pesqueras, Espinosa se ufanaba de lograr en Bruselas cupos superiores a los recomendados por los científicos, y si la ministra de Medio Ambiente se enfrentaba a cazadores y agricultores, Agricultura no salía a defenderla.

Por eso, la decisión de Zapatero de unir los dos ministerios dejó atónito al equipo de Narbona. No sólo porque no seguía la ministra, algo que el sector daba por casi seguro, dado su gran cantidad de detractores (De la Vega entre ellos), sino porque le entregaban las llaves a Agricultura.

Quizá para evitar que la derrota del medio ambiente sea total -desaparece el ministerio que Aznar creó en 1996-, va primero en el largo nombre: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural.

Medio Ambiente será clave ya que probablemente, Espinosa y su equipo no pongan tantas pegas como hasta ahora en las declaraciones de impacto ambiental, algo vital para el desarrollo del plan de obras públicas con el que Zapatero intentará paliar el paro de la construcción.

Espinosa asume un gran ministerio con competencias amplísimas (agricultura, pesca, agua, alimentación, biodiversidad, incendios, ganadería, enfermedades de origen veterinario, caza…) y mantiene la lucha contra el cambio climático, algo que según Zapatero es uno de los grandes retos de la legislatura. Además, gestionará Salvamento Marítimo y la contaminación en la costa, hasta ahora en manos de Fomento.

Pero el panorama es más que complicado: el precio de los cereales y de la cesta de la compra está disparado, las emisiones de CO2 crecieron en la pasada legislatura cerca de 10 puntos y España se ha alejado aún más del protocolo de Kioto. Además, la guerra del agua se agravará mañana cuando el Gobierno anuncie la construcción de un trasvase del Ebro a Barcelona paralelo a la AP-7 para evitar las restricciones. Gestionar la sequía y recuperar apoyos en Valencia y Murcia será su primer gran reto, así como culminar el plan de desaladoras que Narbona no supo hacer en cuatro años.

Espinosa (Ourense, 1960) tiene un perfil gestor y quienes la conocen dicen que es una trabajadora incansable. Su antecesora, Narbona, más política, se enfrentó a comunidades de todos los colores (también socialistas), a cazadores, regantes, constructores… Greenpeace o WWF/Adena defendieron su gestión y señalaron que «ni ella ni su equipo merecían tanto castigo».

Elena Espinosa ha recibido el encargo del presidente del Gobierno de liderar la lucha contra el cambio climático, la «gestión integral del agua», además de las política de Agricultura, que se integrarán en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Espinosa, nacida en Orense en 1960, ha sido militante socialista desde su juventud y fue alumna del actual secretario general del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela.

En 1985, pasó a formar parte de la denominada Zona de Urgente Reindustrialización, órgano creado por el Gobierno de Felipe González para potenciar las comarcas más afectadas por el proceso de reconversión industrial de 1984 y en el que permaneció hasta 1988, año en que fue nombrada presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo.

En la anterior legislatura ostentó el cargo de ministra de Agricultura Pesca y Alimentación.

Tal y como avanzó José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, combatir el cambio climático será una «prioridad» para el nuevo Ejecutivo. De ahí la creación de este «gran ministerio», responsable de la «gestión del territorio para que quienes vivan de él aseguren su protección».

La ‘guerra del agua’ y el cumplimiento del Protocolo de Kioto son los principales desafíos ambientales de este nuevo ministerio, que inicia su andadura con controversias con la Generalitat de Cataluña, debido a la oposición del Gobierno central a realizar un trasvase de agua desde el Segre (afluente del Ebro) para evitar los cortes de suministros de agua en el área metropolitana de Barcelona a partir del próximo otoño.

El próximo mes de mayo la Generalitat tiene previsto decretar el nivel I de emergencia por lo que al nuevo titular de Medio Ambiente le urge buscar y negociar soluciones alternativas al trasvase preferido por el Ejecutivo catalán. Pero los conflictos sobre el agua no terminan en los problemas de abastecimiento de Barcelona. La anterior legislatura no pudo sacar adelante la reforma de la Ley de Aguas, para adaptar a la directiva europea, que exige, entre otras cosas, que se fije un precio del recurso que refleje realmente su coste.

A pesar de todo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que en 2012 esté solucionado el problema del agua en todas las comunidades autónomas, durante el discurso de investidura, para lo que apuesta por las desaladoras. La UE también exige que en 2009 estén aprobados los nuevos planes hidrológicos de cuenca.

Pero la ‘guerra del agua’ es, sobre todo, la que enfrenta a unos territorios contra otros en el Tribunal Constitucional. En estos momentos, tres comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja) han recurrido el estatuto catalán por competencias en materia de agua. Además, Extremadura ha recurrido tanto el andaluz como el de Castilla y León por la misma causa, y La Rioja ha hecho lo propio con el estatuto aragonés. Las decisiones del Alto Tribunal también marcarán la política de agua del Gobierno.

Emisiones de CO2

Por otro lado, la ministra deberá hacer frente en esta legislatura al cumplimiento del Protocolo de Kioto para luchar contra el cambio climático. El convenio internacional obliga a España a no incrementar en más de un 15 por ciento en 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero en España, cuando en el último año este porcentaje ya ha superado el 50 por ciento de crecimiento. El Ejecutivo se propone poner en marcha una Ley de Eficiencia y Ahorro Energético, promover las energías renovables y estudiar la llamada ‘fiscalidad verde’.

Aunque forma parte de las competencias de Industria, la nueva titular de Medio Ambiente deberá posicionarse respecto a la energía nuclear. Aunque el programa socialista comprometía el cierre de las centrales nucleares al final de su vida útil, Zapatero abrió la puerta a una nueva reflexión durante el discurso de investidura cuando condicionó su apoyo o rechazo a las nucleares a la disponibilidad energética y las directrices europeas. La Central de Garoña, en Burgos, finaliza su vida útil el próximo año, y el Ejecutivo deberá decidir si amplía la autorización del titular o desmantela la instalación.

Reforma de los cultivos mediterráneos

En el ámbito de la Agricultura, el principal reto al que ha de hacer frente Espinosa es la reforma de los cultivos mediterráneos, cuyas negociaciones aplazó la Presidencia irlandesa de la UE al 19 y 20 de abril ante las dificultades de los Estados miembros de acercar posiciones y por la postura del comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, que se mostraba inflexible en sus planteamientos sobre el régimen de ayudas.

Los Estados miembros se enfrentan a mayores presiones de lo habitual para cerrar las reformas de la Organización Común de Mercado (OCM) de aceite de oliva, algodón y tabaco a más tardar el próximo 26 de abril, fecha del último Consejo de Ministros europeos de Agricultura antes de la entrada a la UE de los países candidatos.

Programa Socialista

En esta materia, el programa del PSOE contempla también, entre otros aspectos, la aprobación de una Ley Básica de Orientación Agraria como instrumento de una agricultura sostenible basada en el modelo de agricultura familiar y la aprobación de un nuevo Plan de Regadíos para hecer efectiva la modernización de los mismos, con, al menos, una actuación anual real sobre 150. 000 hectáreas.

El nuevo Gobierno pretende además elaborar una Plan de Modernización Agraria, coordinado con las comunidades autónomas, para fomentar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, con financiación suficiente para incentivar 10. 000 nuevas incorporaciones anuales en la legislatura.

En el área de pesca, el PSOE pretende reforzar el papel de España en la Política Común de Pesca, así como exigir de la Unión Europea una política decidida de apoyo al sector pesquero en los acuerdos comerciales con terceros países.

Asimismo, centrará su atención en la pesca en el Mediterráneo para conseguir unas normas uniformes de conservación y gestión para todas las flotas que tengan en cuenta la especial problemática de este caladero en los aspectos biológicos, económicos y sociales.

Las disputas que mantuvieron en los anteriores cuatro años Elena Espinosa y Cristina Narbona como titulares de Agricultura y Medio Ambiente, respectivamente, se han saldado con una clara ganadora para esta legislatura. Narbona no repite como ministra y sus competencias han sido traspasadas a Espinosa, que dirigirá el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en el que la prioridad número uno será la lucha contra el cambio climático, tal y como reconoció el propio presidente del Ejecutivo en sus primeras declaraciones tras ser investido el pasado viernes.

España está aún bastante lejos de cumplir los objetivos fijados en el protocolo de Kioto (reducir en 2012 un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, cuando ahora las supera en un 48%) y las políticas puestas en marcha durante la anterior legislatura, sobre todo la potenciación de las energías renovables y la fiscalidad medioambiental para el transporte, no han surtido los efectos deseados.

La irrupción del nuevo ministerio, que podría ser interpretado como beneficiosa para ganaderos y agricultores, que han mantenido buenas relaciones con Espinosa durante estos cuatro últimos años, ha causado justamente el efecto contrario en las organizaciones agrarias. Todas temen que la agricultura pierda peso frente a otros intereses. ‘No me parece bien que le quiten el nombre de Agricultura a un ministerio que lo ha llevado desde la década de los 30, quizá sea porque la defensa del campo irá desde ahora en adelante por otros derroteros más de moda en la actualidad’, aseguró ayer el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Y uno de los primeros frentes de batalla que se puede abrir en breve puede ser con el tema del agua. En la anterior legislatura, Medio Ambiente abogaba por la reducción del gasto hídrico de los agricultores, que representan el 70% del total del consumo, mientras que Agricultura, a través de Espinosa, luchaba por defender el papel del regadío como fuente de riqueza para el sector agroalimentario y como elemento vertebrador del campo.

La situación puede cambiar en breve. La falta de agua en algunos núcleos urbanos puede obligar a establecer restricciones o tasas por consumos elevados a los agricultores, lo que provocará con toda seguridad movilizaciones, al igual que se produjeron con la subida del precio de los cereales o la leche.

En medio de la polémica por la caducidad del trasvase Tajo-Segura, demandada desde la Junta de Castilla-La Mancha y rechazada por los gobiernos de Valencia y Murcia, el Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado las obras para dotar de agua del Tajo a los regadíos de la localidad murciana de Pliego. Esta actuación es la única que quedaba por ejecutar para dar por completado el postrasvase Tajo-Segura en la Región de Murcia y, por tanto, en la Cuenca del Segura.

Las obras para la «Dotación de los recursos del trasvase Tajo-Segura a los regadíos del término municipal de Pliego» habían sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en diciembre del pasado año, por parte del Ministerio, que ahora ha adjudicado estos trabajos a la mercantil Ferrovial Agroman SA por un importe de 6.595.000 euros.

El plazo de ejecución está fijado en 14 meses, según informó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en un comunicado.

Esta obra -añade el comunicado- supone «otra muestra más del compromiso del Gobierno por asegurar el correcto funcionamiento y la buena gestión de esta infraestructura, además de corregir el agravio comparativo que, años tras año, han venido sufriendo los agricultores de Pliego».

Pero mientras el Gobierno de Zapatero adjudicada obras para asegurar los regadíos de Murcia a través del acueducto Tajo-Segura, el Ejecutivo presidido por el socialista José María Barreda sigue reclamando que el agua de la cabecera del Tajo se utilice en Castilla-La Mancha. En este sentido, el viceportavoz socialista en las Cortes, José Manuel Caballero, exigió ayer a la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, que aclare si apoya el «informe Camps» aprobado el jueves en el Comité de las Regiones y si está en contra del trasvase para abastecer a la Llanura manchega.

«Silencio vergonzante del PP»

Caballero reclamó a Cospedal que rompa su silencio «vergonzante» en relación con el denominado «informe Camps», un documento no vinculante contra la sequía que defiende la política de trasvases que fue aprobado el jueves en el Comité de las Regiones con el rechazo de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, informa Efe. Al respecto, el diputado socialista preguntó si «la lideresa» del PP castellanomanchego va a llamar a los presidentes de Murcia y de Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, para trasladarles su oposición a dicho texto, o si, por el contrario, «tiene miedo a enfrentarse a sus compañeros del PP».

El dirigente socialista también exigió explicaciones a Cospedal por las declaraciones realizadas por la portavoz parlamentaria del PP, Ana Guarinos, en las que pidió al presidente de la región, José María Barreda, que aclare si su oposición a la política de trasvases incluye también un rechazo al trasvase del Tajo a la Llanura manchega. Caballero acusó a Guarinos de «cuestionar» esa obra -una «reivindicación histórica» de la Comunidad a través de la cual se dará de beber a más de medio millón de manchegos- al compararla con el trasvase Tajo-Segura.