No es la única materia que ha generado recursos de inconstitucionalidad contra un buen número de los nuevos Estatutos de Autonomía que han ido entrando en vigor en los últimos años, pero sí que es una de las más destacadas. El agua se ha convertido en uno de los puntos más controvertidos. El Estatuto de Andalucía ha introducido referencias a esta materia; el valenciano incluye el derecho a recibir aguas de cuencas excedentarias, lo que pretende abrir la puerta a un derecho al trasvase del Ebro; el aragonés defiende una reserva estratégica, propia, de agua a guardar en embalses de esta tierra y a tener que dar su opinión antes de que se hable de cualquier posible trasvase de aguas del Ebro a otras cuencas.
El caso es que, por el agua o por otros motivos, el caso es que hay un cruce de recursos de inconstitucionalidad realmente importante entre comunidades vecinas. A saber: Aragón ha recurrido el Estatuto valenciano por el agua y el catalán por sus disposiciones sobre el Archivo de la Corona de Aragón; La Rioja ha recurrido el Estatuto de Aragón por el agua; Baleares ha recurrido el Estatuto de Cataluña también por el Archivo de la Corona de Aragón; y Valencia ya anunció hace más de un año su lucha contra el Estatuto catalán a vueltas con las alusiones a la política hídrica.
En manos del Constitucional
En definitiva, un auténtico enjambre de recursos. Pero los juristas creen que, al final, todo será más sencillo de lo que parece. En Zaragoza, esta semana se han reunido expertos de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Es decir, los territorios que comparten historia común en el marco de lo que fue la Corona de Aragón.
Juristas de Aragón, Valencia y Baleares han coincidido en que, al final, habrá sido más «ruido mediático y político» que controversia legal. El profesor zaragozano Antonio Embid se muestra convencido de la constitucionalidad del contenido del Estatuto de Autonomía de Aragón. Sin embargo, duda seriamente de que ocurra lo mismo con el valenciano: «El Estatuto de Valencia dice que los valencianos tienen derecho a las aguas sobrantes de cuencas excedentarias. y el primer problema es ver cuáles son esas cuencas, porque si están fuera de la Comunidad valenciana se han equivocado».
«El polvo y la paja»
Respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, el profesor Embid afirma que, a su juicio, «está sustancialmente ajustado a la Constitución, al margen de redacciones cuestionables de algún artículo». Este jurista aboga por «distinguir el polvo y la paja» e insiste en que será el Tribunal Constitucional el que, al pronunciarse ante los distintos recursos, ordenará definitivamente la cuestión.
Algo parecido opina el letrado mayor de las Cortes Valencianas, Javier Guillem. Evita pronunciarse directamente sobre el Estatuto de la Comunidad Valenciana en lo relativo al agua, porque «está recurrido ante el Tribunal Constitucional y estamos ejerciendo la defensa letrada, así que es un punto sobre el que justo no me puedo ni debo manifestar».
Eso sí, matiza que lo que ha hecho el Estatuto valenciano es incluir el agua en su Título II, no como un derecho directamente ejercitable por los ciudadanos valencianos, sino como «una manifestación programática, un principio». Advierte también que el agua y cualquier competencia sobre esta materia debe fijarse en todo momento «en el marco de la legislación del Estado».
La cohesión del Estado
Por su parte, el director general de Desarrollo Estatutario del Gobierno aragonés, Xavier de Pedro, cree que las polémicas cruzadas con los Estatutos de Autonomía es algo que acabará salvándose sin más problemas y defiende el avance que suponen realmente como aportación jurídica al Estado de las Autonomías. Según Xavier de Pedro, «el tiempo irá demostrando que los nuevos Estatutos lo que pretenden es dar mayor cohesión al Estado de las Autonomías». De hecho, se autodeclara optimista y cree que hasta el catalán acabará contribuyendo a ello.
La jurista María Ángeles Berrocal, letrada de la Comunidad autónoma de Baleares, cree que a lo que conducirán las controversias será a «una solución de consenso, tanto entre las comunidades autónomas afectadas como con el Estado». Y eso que, en su caso, en lo relativo a las pugnas por las competencias hídricas, reconoce que en Baleares lo ven «desde la distancia».
